IRZA
Chilpancingo, Gro., (IRZA).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) observó presuntas inconsistencias en la consulta que realizó el Congreso de Guerrero en pueblos indígenas y afromestizos, en abril pasado, y que derivó en la reforma a la Ley 179 del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Derivado de un nuevo recurso de inconstitucionalidad promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, número 81/2022, la SCJN solicitó al Poder Legislativo que informe cómo realizó la preconsulta y la etapa informativa.
La CNDH nacional argumentó que la población indígena y afromestiza no participó en la elaboración de la preconsulta; es decir, en la metodología que se emplearía para realizar la consulta, además de que la información -o promoción- fue insuficiente.
“Argumentan varios puntos. Uno de ellos es la preconsulta; hablan de que el protocolo fue discutido en el seno de la Legislatura y eso deja ver que no hubo la etapa de común acuerdo con comunidades indígenas de cómo sería la consulta y quiénes serían los participantes”, confirmó el diputado Masedonio Mendoza Basurto.
Cabe mencionar que en la etapa de la preconsulta los diputados del Congreso local debían explicar en comunidades indígenas y afromestizas en qué consistían los sistemas normativos y sus ventajas.
Por esa razón, precisó en entrevista telefónica, el máximo órgano jurisdiccional solicitó al Congreso de Guerrero un informe de todo el proceso consultivo que realizó para sustentar la aprobación de la Ley 179.
Mendoza consideró que a la SCJN le corresponderá determinar si el Poder Legislativo de Guerrero cumplió los tratados internacionales, derivado de su informe, y declarar la validez del procedimiento u ordenar su reposición.
Este nuevo recurso de inconstitucionalidad, agregó el legislador, demuestra que la población indígena y afromestiza ya no se quedará inactiva ante la violación sistemática de sus derechos y tratados internacionales.
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