Por el Lic. Guillermo Arteaga González.
El presidente de México ha enviado en pasados días al Senado una nueva terna para ocupar un puesto de alto nivel en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta propuesta está compuesta por tres mujeres: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y Eréndira Cruzvillegas, todas ellas con vínculos reconocidos con el partido MORENA y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es innegablemente positivo el esfuerzo por incrementar la representación femenina en espacios de poder y decisión como la SCJN, la inclusión de mujeres en la justicia no sólo es una cuestión de equidad, sino que también enriquece las perspectivas y enfoques en la toma de decisiones judiciales, sin embargo, es crucial que estos nombramientos se fundamenten en la competencia y la experiencia en el ámbito jurídico, y no únicamente en afiliaciones políticas.
Las candidatas propuestas, si bien tienen trayectorias destacadas en la administración gubernamental, parecen tener una experiencia más limitada en el ámbito jurídico, este aspecto es fundamental, ya que la SCJN requiere de magistrados con un profundo conocimiento y experiencia en derecho para garantizar la correcta interpretación y aplicación de la ley, la preocupación principal radica en la posible falta de independencia judicial, la cercanía de las candidatas con el partido en el poder y con el presidente podría generar percepciones de parcialidad en sus decisiones, la independencia judicial es un pilar fundamental en cualquier democracia, asegurando que las decisiones judiciales se basen en la ley y no en influencias políticas.
Este tipo de nominaciones partidistas puede socavar la confianza pública en el sistema judicial. Cuando los ciudadanos perciben que los jueces están alineados con intereses políticos, pueden empezar a dudar de la imparcialidad y equidad de las decisiones judiciales, lo cual es perjudicial para el Estado de Derecho, si bien la inclusión de mujeres en la SCJN es un paso positivo hacia una mayor equidad de género, es crucial que los nombramientos se realicen basándose en méritos y experiencia jurídica, las nominaciones deben priorizar la independencia judicial y la capacidad de los magistrados para interpretar y aplicar la ley de manera imparcial, la integridad y la independencia del máximo tribunal del país deben ser la máxima prioridad para garantizar la justicia y el Estado de Derecho en México.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha generado preocupaciones legítimas en cuanto a la independencia y la imparcialidad del máximo tribunal de México, la terna presentada está compuesta exclusivamente por mujeres que provienen de su administración y que son familiares de altos funcionarios gubernamentales y del partido MORENA, esta situación plantea serias dudas sobre la intención detrás de estos nombramientos y sobre la salud democrática del país, es importante reconocer la necesidad de una mayor representación femenina en instituciones como la SCJN, no obstante, la inclusión no debe hacerse a costa de la competencia y la independencia judicial, las candidatas propuestas, más allá de sus lazos familiares y políticos, parecen carecer de una trayectoria jurídica destacada que las califique para un rol tan crucial, este hecho es alarmante, ya que la SCJN requiere de juristas de la más alta calificación y experiencia para interpretar y aplicar las leyes de la nación, el nombramiento de personas estrechamente vinculadas con el partido gobernante y con el presidente mismo sugiere un intento de apoderamiento del tribunal por parte del poder ejecutivo, esta situación es particularmente preocupante en un país donde la separación de poderes es fundamental para la democracia, la independencia de la SCJN es crucial para garantizar que las decisiones judiciales se tomen sin influencias políticas y se basen únicamente en la ley y en la justicia.
Este tipo de nombramientos también puede interpretarse como una forma de gratificación política, donde la lealtad al presidente y al partido en el poder parece ser un criterio más importante que la competencia jurídica, tal práctica no solo es deshonesta, sino que también mina la confianza del público en el sistema judicial, cuando los ciudadanos ven a la justicia como un instrumento de la política, se erosiona la fe en la democracia misma, la propuesta del presidente López Obrador para la SCJN, lejos de fortalecer la justicia en México, parece ser un acto de consolidación de poder que compromete la independencia judicial, esta situación no solo es reprochable desde un punto de vista ético, sino que también representa un retroceso para la democracia mexicana, es fundamental que los nombramientos para la SCJN se hagan basándose en la competencia y la independencia, alejados de cualquier atisbo de favoritismo político, para preservar la integridad y la autonomía de la justicia en México.
La elección de la sucesora de Arturo Zaldívar se encuentra en un punto crítico, especialmente porque se acerca el fin del periodo ordinario de sesiones y aún no se ha logrado un consenso claro, el dilema central radica en si el Senado podrá o no llegar a un acuerdo sobre una de las tres candidatas propuestas, teniendo en cuenta que la primera ronda de discusiones no resultó en una decisión definitiva, el escenario político actual sugiere que alcanzar un consenso no será tarea sencilla, por un lado, las propuestas del presidente han generado controversia, no solo por los vínculos políticos y administrativos de las candidatas con el actual gobierno, sino también por dudas sobre su experiencia y competencia jurídica, esta situación ha llevado a un escepticismo palpable dentro del poder legislativo, incluso entre algunos miembros del partido en el poder, el contexto político también juega un papel importante, MORENA y sus aliados tienen una mayoría significativa en el Senado, lo que teóricamente les daría la capacidad de aprobar la nominación presidencial sin necesidad de apoyo adicional, no obstante, la política no siempre sigue la lógica de las matemáticas, y las divisiones internas o las preocupaciones sobre la percepción pública podrían influir en la decisión final de los senadores.
La oposición aunque en minoría, tiene una voz importante en este proceso, su resistencia a aceptar las candidaturas propuestas por el presidente refleja una preocupación genuina por la independencia de la SCJN y la integridad del proceso judicial, la posibilidad de un consenso requiere que el presidente y su partido tomen en cuenta estas preocupaciones y busquen un terreno común que responda a los estándares de independencia y competencia judicial, la posibilidad de alcanzar un consenso en el Senado sobre la designación de una nueva magistrada para la SCJN es incierta, la decisión no solo depende de las mayorías políticas, sino también de la voluntad de los legisladores de priorizar la integridad y la independencia del máximo tribunal del país, la historia nos ha enseñado que en la política mexicana, los resultados finales a menudo pueden ser inesperados, y este caso no será la excepción.
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