Como se ha dicho en múltiples ocasiones, los efectos negativos que sobre la economía ha causado -y seguirá causando- la pandemia del coronavirus son, al menos, igual de graves que los de carácter sanitario, sobre todo de cara al futuro, pues aunque cada vida humana perdida debe lamentarse, el bienestar futuro de millones de personas no puede preocuparnos menos.
En este sentido, la pérdida de un millón 114 mil empleos -hasta el último día de junio pasado- constituye una de las peores noticias que hayamos tenido en muchos años.
Y aquí, igual que en el caso de las más de 35 mil muertes que oficialmente se contabilizan en México, los puestos de trabajo perdidos no son simplemente números que deben leerse de forma conveniente para que no nos parezcan tan graves o nos resulten menos relevantes.
Cuando decimos que más de 1.1 millones de puestos de trabajo formales se han perdido en el período de marzo a junio, lo que debemos entender es que estamos hablando de 1.1 millones de personas que tenían un ingreso seguro y hoy se encuentran en la calle buscando una alternativa.
El problema es que lo hacen en una situación de recesión, en medio de la peor contracción que la economía mexicana haya sufrido en décadas lo cual implica que no hay oferta de puestos de trabajo, sino exactamente al contrario porque la pérdida de plazas laborales se debe, en el mejor de los casos, a la reducción de operaciones de las empresas, pero en el peor de ellos, a su cierre.
En estas circunstancias, quien pierde su trabajo tendrá muchísimas dificultades, ya no digamos para encontrar otro igual, sino incluso para encontrar una oportunidad que le permita contar con al menos un ingreso fijo para sobrevivir.
El Presidente de la República ha dicho que no debemos preocuparnos porque antes de concluir el presente año el Gobierno Federal impulsará la creación de dos millones de empleos.
Pero a un obrero calificado, a un supervisor de planta, a un experto en finanzas o a un ingeniero especializado en técnicas industriales de nada le sirve que se impulse la siembra de árboles frutales -así esto ocurriera en todo el país- o que se construya una refinería en Tabasco o un tren en el sureste, si él o ella viven en Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana o Saltillo.
Esto es lo que el presidente López Obrador no parece entender -o no quiere entender, o no le importa-: las personas que pierden el trabajo fuera de las regiones donde su gobierno impulsa proyectos de infraestructura lo que quieren es recuperar “su” empleo, volver a realizar las actividades para las que tienen conocimientos y experiencia, seguir viviendo en las ciudades donde han hecho su vida y tienen fincadas sus expectativas.
Por lo demás, las voces de todos los especialistas coinciden en señalar que en México jamás se han creado dos millones de empleos en un año y por ello los ofrecimientos presidenciales no pueden ser tomados en serio.
Y si esto es así, el mensaje presidencial no podría ser más ominoso: los efectos económicos de la pandemia serán brutales y el Gobierno de la República está dispuesto a ver, impasible, cómo ello golpea de forma demoledora al sector que sostiene la economía del país.
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