Víctor M. Alvarado
En un mes marcado por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, más de 250 alumnas que cursan sus estudios en la Universidad Autónoma de Zihuatanejo se vieron impedidas de ingresar a sus clases, tras el cierre de acceso ordenado por funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero.
La institución, según la maestra Miriam Ruíz Díaz, pertenecía inicialmente a la UNIPEG, pero debido a la lentitud en el proceso de su reconocimiento y otros problemas, se separó para formar la UAZI. Sin embargo, el reconocimiento oficial se encuentra aún pendiente, dejando en la incertidumbre el futuro educativo de cientos de estudiantes.
El pasado fin de semana, los alumnos se vieron sorprendidos al no poder acceder a las instalaciones de la escuela secundaria Técnica No. 52 de la colonia El Embalse, tras la emisión de un oficio por parte de la autoridad educativa prohibiendo el acceso.
Miriam Ruíz expresó su preocupación por la situación, señalando que la escuela está en proceso de obtención del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior (RVOE), y a pesar de los trámites realizados ante la autoridad educativa, aún no han recibido una respuesta favorable.
La necesidad de ofrecer educación gratuita es urgente, con una matrícula que supera los 320 alumnos, 250 de los cuales son mujeres, muchas de ellas madres solteras de escasos recursos que buscan continuar sus estudios profesionales.
Ruíz reveló que, como maestra voluntaria, se unió al proyecto cuando la escuela ya estaba en funcionamiento, colaborando en los trámites para obtener los RVOEs comunitarios. Los estudiantes y profesores organizaron eventos para recaudar fondos, incluso entregando dinero al rector de la UNIPEG, Daniel Flores Moyado, con evidencias de las transferencias bancarias.
A pesar de sentirse defraudados por el funcionario, los estudiantes no han formalizado una denuncia ante la contraloría del estado, optando por buscar soluciones pacíficas. No obstante, la situación sigue sin resolverse, dejando a los jóvenes afectados y sin acceso a la educación que merecen.
La comunidad educativa espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan esta situación para garantizar el derecho a la educación de estos jóvenes sin necesidad de recurrir a medidas extremas.
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