Ernesto Videgaray
El próximo 6 de junio tendremos las elecciones concurrentes más grandes en la historia de nuestro país. Se calcula que estarán en disputa los 500 escaños de la Cámara de Diputados y 20 mil 292 diversos cargos locales. Claro, la amplia mayoría, corresponde a regidores de los dos mil 457 municipios con que cuenta el país.
El INE, entonces, se prepara junto con los institutos electorales de los estados para recibir los más de 94 millones de ciudadanos registrados en la lista nominal, lo cual consumirá la mayor parte de los 19 mil 523 millones de presupuesto – que sería aún más si se resuelve a favor del INE el amparo interpuesto contra un recorte de 870 millones-; pero, mientras son peras o manzanas, de esa multimillonaria cantidad se destinarán siete mil 266 millones a los partidos políticos nacionales.
Este indicador politológico creado en 2010 por un conjunto de instituciones académicas y de investigación, está comprometido con la construcción democrática de nuestro país, y muestra una fotografía anual de este desarrollo en los estados de la federación “tanto en sus aspectos institucionales, como en el sistema político en su conjunto y del logro de un mayor desarrollo para la sociedad local”.
Este índice mide cuatro dimensiones del desarrollo democrático con una serie de indicadores principales y secundarios:
Primero se encuentra la llamada democracia de los ciudadanos, que tiene que ver con el voto de adhesión política, respeto de los derechos y libertades civiles, condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad, el compromiso ciudadano y género en el Gobierno.
La segunda, vinculada a la democracia de las instituciones, esto es cuál es el nivel de cumplimiento Estado de Derecho, la calidad y eficiencia institucional que se mide a través de la percepción de la corrupción, la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo, la desestabilización de la democracia, el factor de anormalidad democrática y de intervención del Gobierno federal además de accountability legal, política y social; y lo que estaría referido a los fines y dan sentido a la democracia que tiene dos dimensiones.
Tercero, la democracia social y humana, referida a los resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad y que se manifiesta a través de desempleo urbano, nivel de pobreza, desempeño en salud y en educación.
Y, finalmente, la democracia económica, que se manifiesta en los resultados de la gestión pública que aseguran eficiencia económica a través de la competitividad en la relación de Estado-sociedad, el coeficiente de desigualdad de ingresos, PIB per cápita, la autonomía financiera e inversión.
¿En dónde estamos cómo país luego de 40 años de la reforma electoral de 1978-1979 que fue la primera gran iniciativa para reformar el sistema político?
El índice que cubre el periodo 2010-2020, esa decir, los últimos tres años del Gobierno del panista Felipe Calderón; todo el sexenio del priista Enrique Peña Nieto y dos del Gobierno de morenista de López Obrador, lo que significa que el resultado que se ha obtenido corresponde técnicamente a tres modelos diferentes de Gobierno.
Globalmente muestra que en 2010 había ocho estados que se ubicaban con un alto desarrollo, diecisiete con un nivel medio, tres de bajo desarrollo y tres con un mínimo desarrollo democrático, lo cual podríamos decir que es la herencia de los gobiernos panistas de Fox y Calderón.
Diez años después la fotografía mejora los ocho se convirtieron once, los diecisiete en once, los tres en cuatro y los tres en seis estados en la escala de desarrollo democrático, respectivamente.
En suma, tenemos que de los veinticinco estados que estaban en el nivel alto y medio de desarrollo democrático se redujo a veintidós mientras los estados con bajo y mínimo desarrollo democrático había pasado de seis a diez, lo que significa un retroceso en prácticamente en la trasera parte de estados de la federación.
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