2021 será un año crucial, pues se llevarán a cabo las elecciones más grandes del país. Se renovarán 500 diputaciones a nivel federal, así como las diputaciones de 30 entidades federativas. También se elegirán a 15 gobernadores, junto a presidentes municipales y alcaldes. Para dar una idea de la magnitud de la elección, alrededor de 3,000 personas tendrán que ser votadas para ocupar algún cargo público en el país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es la institución encargada de organizar dichas elecciones. Es el organismo autónomo más importante de nuestra democracia, ya que garantiza que las elecciones sean libres, imparciales, y equitativas. Además, es el encargado de definir cuestiones cruciales como los topes de gasto en las campañas, los tiempos de propaganda de los partidos políticos en la radio y la televisión, y los requisitos para la creación de nuevos partidos. Es también el principal árbitro en materia electoral, además de vigilar que las elecciones se lleven a cabo sin la injerencia indebida del gobierno.
Sin embargo, desde el inicio de la actual administración, el INE ha sufrido recortes importantes en sus presupuestos que han dificultado su operación. Además, el presidente ha atacado directamente a los órganos autónomos, entre ellos al INE, por ser “inservibles y caros”. Esto sin duda, con la intención de mermar el prestigio del Instituto y sus capacidades.
Para entender la importancia del INE, hay que hacer un poco de memoria: surgió a partir de una demanda ciudadana de equidad y transparencia, que cobró fuerza durante los 80, y especialmente a partir de los reclamos por un supuesto fraude electoral en 1988. El fondo de la petición era la separación del gobierno de la organización de las elecciones. No se podía ser juez y parte. Por ello, la esencia del INE es su autonomía y su cualidad más importante la imparcialidad. Si se trastoca cualquiera de estos atributos, el organismo ya no tiene sentido en tanto institución garante de procesos electorales realmente democráticos. El INE, en sus 31 años de existencia, no ha estado exento de momentos difíciles, pero en los últimos dos años se ha insistido en su debilitamiento, para favorecer la concentración de poder en manos del presidente López Obrador.
Recientemente, el INE se ha pronunciado en contra de las declaraciones que el presidente ha emitido en torno al proceso electoral de este año en sus conferencias de prensa matutinas. De acuerdo con el INE, los servidores públicos deben apegarse a la Constitución, misma que estipula que ningún organismo público o privado puede tener injerencia en las elecciones, además de que los servidores públicos no deben usar los recursos del Estado para orientar el voto hacia algún candidato o partido. Además, el Instituto instó a que no se transmitan íntegramente las conferencias de prensa del presidente durante las campañas, pues eso afectaría la contienda electoral.
Ante dichos pronunciamientos, el presidente atacó al INE, considerándolo como un enemigo a sus intereses políticos y desprestigiando sus capacidades. Estas acciones ponen en riesgo el juego democrático que se ha logrado construir en nuestro país. Es por eso que, independientemente de filiaciones partidistas, todos los actores con vocación democrática defendieran al INE. En este sentido, los ataques de MORENA, secundando al presidente, son una deslealtad al sistema democrático del cual forma parte.
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