Jorge Zepeda Patterson
Dice un refrán anglosajón que si no te va a gustar la respuesta mejor no hacer la pregunta. El Presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido de que las respuestas a las dos consultas que está impulsando le serán favorables y, consecuentemente, no ha ocultado su impaciencia para llevarlas a cabo. En la primera de ellas este 1 de agosto se someterá a plebiscito la posibilidad de llevar a juicio los presumibles actos de corrupción cometidos por los expresidentes. O bueno, esa era la intención original, antes de que la Suprema Corte interviniera para evitar una incongruencia absurda, porque la justicia no puede ser sometida a una votación en una sociedad que pretende regirse por leyes. Pero como la Suprema Corte no quería contradecir al Presidente, los ministros terminaron por redactar una pregunta cantinflesca que los sacara del apuro: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Como los mexicanos estamos acostumbrados al galimatías de los abogados y a sus cláusulas deliberadamente esotéricas, la opacidad de la pregunta tendrá poca importancia, más allá de lo anecdótico. Para efectos políticos el resultado será interpretado como un dictamen para investigar a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
No se necesita echar mano de la cábala para anticipar el resultado. Los pocos que acudan a las urnas se inclinarán abrumadoramente por el sí, pero ni de lejos se alcanzará el 40 por ciento que la Constitución establece para que la decisión sea “vinculante” y obligue a las autoridades a iniciar un proceso judicial. Recordemos que las elecciones intermedias apenas consiguen rebasar esa cifra de participación y eso pone en juego la elección de la Cámara y entrañan meses de campaña en todo el territorio.
Por consiguiente, el resultado de esta consulta será meramente político y se prestará a cualquier tipo de interpretación que quiera darle el Presidente. Por otro lado, no está claro para qué pueda servir más allá de lo discursivo. López Obrador seguramente va a considerar el resultado de la consulta como un mandato del pueblo para someter a juicio a los exmandatarios. Lo que siga sólo puede especularse. Se supone que las pruebas no las pueden fabricar y se entiende que si las hubiera la autoridad tendría que haber actuado por oficio.
Una posibilidad es que tras el resultado se decida organizar una especie de Tribunal de la Verdad para juzgar crímenes del pasado, particularmente sobre derechos de las víctimas y lesiones al patrimonio. No está claro que eso concluya en averiguaciones penales, considerando que incluso un caso tan visible como el del exdirector de Pemex y su involucramiento en el caso Odebrecht se le ha hecho engrudo a la Fiscalía. Pero ciertamente será un activo político para AMLO, porque le permitirá mantener en el escenario el morboso y llamativo espectáculo de un supuesto cobro de cuentas con los mandamases del pasado. Algo nada despreciable para una 4T que generó grandes expectativas con sus promesas de combate a la corrupción y ofrece pocos resultados a mitad de camino.
Tema aparte será la siguiente consulta, impulsada también desde la Presidencia: la revocación de mandato, referéndum que tendrá lugar el próximo año. La iniciativa no parece mala, al menos en papel. Originalmente López Obrador la propuso como un mecanismo que permita a los ciudadanos echar de la silla presidencial a mitad de sexenio a un Presidente ostensiblemente repudiado. Una salida que le vendría muy bien a los brasileños en este momento, considerando el rechazo que genera Bolsonaro.
Pero la consulta debió recorrerse un año más para que no coincidiera con las elecciones intermedias y contaminara las preferencias electorales. Tampoco hay dudas del resultado que arrojará. Por más que la oposición quiera considerarlo como una oportunidad constitucional para deshacerse de López Obrador, es obvio que sus niveles de aprobación lo galvanizan contra cualquier riesgo. Difícilmente esto cambiará en un año. Por lo demás muchos ciudadanos se lo pensarán dos veces antes de votar por sacar de Palacio a un Presidente en funciones, incluso si no aprueban su gestión, más aún cuando solo faltarían dos años para concluir su período.
Las consecuencias serán más bien políticas que jurídicas o constitucionales. López Obrador interpretará el resultado como un espaldarazo del pueblo a su gestión personal y lo convertirá en combustible para su confrontación con los adversarios de la 4T.
En ambos casos, pues, se trata de consultas que muy seguramente ayudarán a apuntalar la imagen del Ejecutivo de cara a la tribuna; un activo político muy conveniente para ayudar a compensar el desgaste que sufre todo Gobierno en el último tramo del sexenio.
Las consultas y referéndums pueden ser una herramienta para tomar decisiones democráticas en una comunidad. Pero como todo en la política, son recursos que los protagonistas utilizarán en su beneficio y nadie con mayor capacidad de hacerlo que el Ejecutivo, habida cuenta del carácter presidencialista de nuestro régimen.
En ocasiones da la impresión de que el obradorismo opera como si nunca más pensara dejar el poder. Tendrían que comenzar a asumir que el empoderamiento que le están facilitando al Ejército o recursos institucionales, tales como los referéndums, lo tendrán a su disposición futuros mandatarios. Y lo que ahora es un recurso mañana podría parecerles una maldición.
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