Suicidio por una
injusticia
Raymundo Riva
Palacio
René era un niño
el 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal, según la recomendación de la CNDH dada a conocer al año siguiente,
utilizó excesiva y letalmente la fuerza en Nochixtlán, y cometió graves
violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y
dejaron más de 500 lesionados, como consecuencia del “pésimo” diseño,
planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces
responsable de ese cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo carretero
en protesta por la Reforma Educativa.
Los policías
federales entraron en Nochixtlán en domingo, día de plaza, y el repiqueteo de
las campanas alertó de la incursión. El padre de René, como muchas otras
personas que no participaban en la movilización de los maestros, vio amenazada
su comunidad y salieron a defenderla. La policía arremetió sin discriminación,
y dispararon sus armas de alto calibre. Una bala impactó en la pierna del padre
de René, que fue rescatado por su hijo y sus dos hermanos. Los federales los
embistieron y jalaron por las calles a René, para coronar estrellándole sus
escudos en la pierna, rompiéndosela.
El padre de
René era cabeza de familia, y se ganaba la vida realizando varios oficios en
Nochixtlán. Pero tras el disparo nunca volvió a quedar bien. El trabajo, que
requería de la fuerza de sus piernas y brazos, se vio mermado por sus
incapacidades físicas y la familia entró en una crisis profunda. La economía
familiar se descompuso, y la crisis económica se volvió profunda. René y sus
hermanos sintieron esa presión y contra el deseo de sus padres, llegaron a la
Ciudad de México hace no mucho tiempo, para trabajar y enviar el dinero de
regreso a Oaxaca.
De los tres,
René, el mayor, era quien más golpes recibió de los federales. Le aplicaron
el Protocolo de Estambul y en prácticamente todas las pruebas
salió positivo. Lo habían torturado. Fue uno de los sobrevivientes de
Nochixtlán que fue incorporado al Registro Nacional de Víctimas, pero nunca recibió, como sus
hermanos, ningún apoyo de contención, que es un apoyo emocional al cual tenían
derecho. En ese contexto se mudó con sus hermanos a la Ciudad de México y encontraron
un cuarto en donde vivir en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano
Carranza.
El sábado
pasado, al mediodía, encontraron a René, colgado en su cuarto. El hijo mayor de
la familia agredida en Nochixtlán, se había suicidado. No dejó ninguna nota que
explicara su muerte. El domingo fue trasladado a su tierra oaxaqueña, donde
recibió sepelio. El suicidio de René no fue un caso aislado. Al menos tres
intentos de suicidio se han registrado desde la masacre de Nochixtlán entre los
sobrevivientes. No hay estudios aún sobre las razones por las que han llegado al
extremo de quitarse la vida algunos de quienes fueron reprimidos hace ya casi
tres años, pero ni ellos ni nadie de los agredidos por la Policía Federal, sin
que la investigación de los hechos les hubiera hecho justicia legal.
han visto
resultados la investigación.
La
investigación sobre lo que sucedió en Nochixtlán está detenida. “¿Qué
sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a
policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies
heridos por las bombas caseras que les explotaron?”, se preguntó en este espacio
en octubre de 2017. “Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos,
y lo que estaba informando el Gobierno Federal en voz del entonces comisionado
de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía
Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán ‘sin ningún tipo de
incidente’, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de
los mexicanos”.
En aquél
entonces, Galindo refutó en privado que era falso lo escrito y que habían
actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al gobierno federal.
Pero no hubo mucho más. Las autoridades federales interrogaron a unos dos mil
policías y a más de 600 funcionarios. De las más de 50 víctimas en Nochixtlán,
sólo se entrevistó a 30.
El abuso y la
impunidad han acompañado lo que sucedió aquél domingo. Un policía que mató a un
joven de 18 años, fue detenido y menos de 48 horas después, fue liberado, sin
que haya una sola orden de aprehensión por ese crimen. Un anciano en Huitzo, a
unos 40 kilómetros de Nochixtlán, que no tuvo nada que ver con los bloqueos ni
estuvo en la refriega, fue detenido por policías federales que, además, le
deshicieron los testículos a patadas. Tampoco se castigó a los responsables de
este abuso.
La
documentación que hay sobre lo que sucedió en Nochixtlán es abundante. Hay
informes del CISEN que muestran el nivel de infiltración del movimiento
magisterial y de las mesas de tomas de decisiones, que habrían permitido, con
un trabajo de inteligencia, evitar la masacre que cometieron los federales.
Existen los oficios en los hospitales que narran cómo los federales pidieron
que no se atendiera ni a civiles ni a maestros en las clínicas. Existen videos
donde se muestra el uso y abuso de fuerza policial que fueron incoporados a la
denuncia de las víctimas de Nochixtlán, que no ha tenido seguimiento. Las
peticiones para que fueran ingterrogados Galindo y el entonces gobernador de
Oaxaca, Gabino Cué, jamás fueron atendidas.
Nochixtlán es
un caso de represión que dejó abierto el gobierno del presidente Enrique Peña
Nieto. Por tanto, es una oportunidd para el gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador, de hacer justicia para aquellos que ha prometido
defender.
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