Uruapan, recuerdo de la
muerte
Raymundo Riva Palacio
Diecinueve cuerpos
desmembrados y colgados regresaron a Uruapan a la arena pública. Apurado por la
prensa a una definición, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró dijo
que de ninguna manera declararía la guerra a los cárteles de la droga, porque
esa estrategia fracasó. Esa es la percepción pública, derivada de un error de
la comunicación política del presidente Felipe Calderón, que sigue pagando el
costo de la propia distracción causada por haber declarado la guerra al
narcotráfico, sin anticipar que su fuerza retórica ocultaría el análisis de su
estrategia a partir de sus méritos.
La estrategia de Calderón
rompió los equilibrios de los gobiernos previos con el crimen organizado, donde
no enfrentaban a todos en forma simultánea, sino eran aleatorios y selectivos.
Los cárteles sabían que si un sexenio les tocaba ser perseguidos, al siguiente
la cacería caería sobre otros. De esa forma, pactaban entre ellos territorios y
pagos de piso. En Uruapan, precisamente, eso comenzó a desbaratarse en
septiembre de 2006, cuando La Familia Michoacana dejó cinco
decapitados sobre la pista del prostíbulo “Sol y Sombra”, en desafío al Cártel
del Milenio, placenta del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Semanas antes de tomar
posesión, Calderón tenía un diagnóstico sobre la penetración del narcotráfico
en México. Más de 80 municipios eran controlados totalmente por los cárteles en
Guerrero y Tamaulipas. En Michoacán, la lucha entre criminales rebasaba al
gobierno de Lázaro Cárdenas -hoy coordinador de asesores del presidente-, y le
pidió ayuda a Calderón. La DEA, en una reunión secreta en Cuernavaca en
septiembre de 2006, presionó para que no fuera laxo como el presidente Vicente
Fox, y combatiera decididamete a la delincuencia organizada.
La estrategia cambió. Sacó
a la calle a las Fuerzas Armadas para combatir junto con la Policía Federal a
todos los cárteles simultáneamente, modificando los incentivos de no pelear
entre ellos para evitar la fuerza del Estado, por tener que pelear con los
demás para sobrevivir el embate del Estado. La violencia se disparó. El
entonces procurador Eduardo Medina Mora decía que se habían equivocado al
“pegarle al avispero” sin prever que la atomización de los cárteles, hizo
surgir grupos más pequeños y más violentos con enorme rapidez. Criticaba
sutilmente al arquitecto de la estrategia, el secretario de Seguridad Pública,
Genaro García Luna, que había adaptado lo que hicieron en Palermo, Bogotá,
Medellín, Miami y Nueva York.
Calderón se vistió de
militar -otro error- y endureció su discurso. García Luna explicaba que el
incremento en la violencia era resultado del combate frontal, y que la
estrategia consistía en ser más rápidos que los cárteles en su reorganización y
reclutamiento. Afirmaba que si lo hacían bien, la incidencia delictiva bajaría.
En mayo de 2011, con dos mil 131 homicidios dolosos registrados, se dio ese
punto de inflexión, y comenzó a bajar la tasa. Sin embargo, convencieron a Peña
Nieto que la violencia obedecía a que el Estado los confrontaba y prohibió
combatirlos. Ocho meses después, al ver la equivocación, revocó la orden. Llegó
tarde. Dejarlos en paz permitió a los cárteles su recuperación.
Uruapan es uno de sus
botones, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación recuperó el
control territorial y están liquidando a una de las externalidades de la guerra
de Calderón, la banda de Los Viagras. El mismo error comete López
Obrador. No está enfrentando a los cárteles y quiere que sean las propias
organizaciones criminales las que se depuren. Dejar de combatirlos, como hizo
Peña Nieto, no resolverá la inseguridad ni bajará la violencia. Permitir que
opere el Cártel Jalisco Nueva Generación elevará los índices criminales y aumentará
los homicidios dolosos, como se está viendo en el comparativo con los gobiernos
anteriores.
Uruapan es claro ejemplo de
ello. Como publicó La Voz de
Michoacán el viernes pasado a propósito de los 19 cuerpos desmembrados y
colgados, “asesinatos, balaceras, cuerpos embolsados, ataques a civiles y
servidores públicos, calcinados, mutilados y decapitados han sido los
constantes hechos de violencia ocurridos en Uruapan desde que comenzó este
año”. Ha sido el semestre más violento en esa ciudad, al incrementarse 175% la
incidencia delictiva, y en el primer semestre del año, casi se duplicaron los
homicidios dolosos registrados en ese mismo periodo del año pasado.
La segunda ciudad más
grande en Michoacán es un microcosmos del país, y un anticipo del destino al
que vamos si no se corrige el rumbo. Peña Nieto dejó un desastre de país en
materia de seguridad y un sistema colapsado. El primer mes de gobierno de López
Obrador, diciembre pasado, la cifra de homicidios dolosos llegó a dos mil 474;
en junio, alcanzó fueron dos mil 560. Funcionarios federales aseguran que la
incidencia bajará, pero probablemente seguirá subiendo. A la estrategia
equivocada se le suma un factor adicional, la política de austeridad, que
redujo la capacidad de fuego de las fuerzas federales, mientras que la
impunidad a los narcotraficantes les permite grandes márgenes de utilidad para
contratar más asesinos y comprar mejores armas.
El gobierno de López
Obrador camina hacia el pantano en donde se ahogó el gobierno de Peña Nieto sin
darse cuenta. Aún así, hay una gran diferencia entre ellos. Peña Nieto y su
gobierno fueron incapaces de sanar lo que dejaron pudrir, pero nunca se
plantearon como estrategia final abrazos en lugar de balazos. Dada esta visión,
si no hay cambio radical, habremos estado mal en el pasado, pero vamos para
peor en el futuro.
Nota: En la columna publicada el 8 de agosto
se menciona incorrectamente que Luis Vega Aguilar es diputado plurinominal. Fue
registrado como tal, pero la asignación de plurinominales no le favoreció ante
los resultados electorales.
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