Kriptonita para los militares (y II)
Raymundo Riva Palacio
Durante la LXIII Legislatura, la coordinadora de la bancada de Morena,
Rocío Nahle, le habló a Andrés Manuel López Obrador, que andaba en precampaña
electoral. La acababa de hablar el secretario de la Defensa, el general
Salvador Cienfuegos, y la había invitado a platicar sobre la Ley de Seguridad
Interior que deseaba fuera aprobada en el Congreso. López Obrador le respondió
en forma instantánea que declinara la invitación y que, además, votara todo en
contra de los militares. No les darían ningún apoyo, pero después, adelantando
su convicción de que llegaría a la Presidencia, les darían todo. López Obrador
así lo hizo.
Les dio todo, pero a su modo. En su primer encuentro con el entonces
secretario de la Defensa en los meses de la transición, el general Cienfuegos
le presentó los nombres de los dos militares que a su juicio consideraba eran
los más capacitados para encabezar la Secretaría durante su gobierno, el
subsecretario, el general Roble Arturo Granados, y el jefe del Estado Mayor
Presidencial, el general Alejandro Saavedra. En vísperas de tomar posesión, lo
primero que le dijo López Obrador en su último encuentro fue que su sustituto
sería una persona que le encantaría, y que además, hablaba muy bien de él.
Se trataba del general Luis Cresencio Sandoval, quien era el penúltimo
promovido entre 23, de los generales de tres estrellas. El presidente escogió a
quien pensaba un general con experiencia de campo, con menos compromisos
internos, que ha sido una de las variables fijas en la selección del gabinete
de López Obrador. Lo que le dijo a Nahle meses antes, lo cumplió. Con un
incremento de 11% en el presupuesto, la Secretaría de la Defensa fue de las
pocas dependencias que tuvieron un aumento, y quiere que se hagan cargo de la
Guardia Nacional, lo que, se puede argumentar, será una transformación hacia el
empequeñecimiento del Ejército para convertirlo en una policía militarizada. En
los altos mandos militares discrepan de esta hipótesis y sostienen que la
Guardia Nacional no será sustituto del Ejército sino una fuerza más, con
similar despliegue territorial.
Su desaparición, sin embargo, es una idea que rebota hace tiempo en la cabeza
del presidente. Durante la campaña dijo que no había necesidad de tener un
Ejército ni una doctrina de seguridad nacional, porque México no tenía enemigos
externos ni estaba en guerra. El papel de los militares estaba adentro, en la
seguridad pública. Parece una contradicción lo que ha hecho López Obrador por
militares, pero como se adelantó en el texto anterior, la Guardia Nacional es
más una trampa que un beneficio.
En el ley de la creación de la Guardia Nacional en el Senado, hay una
división con respecto al fuero. Los mandos civiles serán regidos por procesos
civiles, y los militares por la Justicia Militar. Esto es un contrasentido,
según explicaron militares de alto rango, ya que aunque toda su estructura,
capacitación y doctrina será militar, el elemento central del funcionamiento castrense,
la disciplina, se funda en el fuero. La dualidad de ellos traerá problemas con
los civiles, presentará distorsiones en las líneas de mando, y habrá disfuncionalidad
en sus tareas. Tal asimetría tendrá consecuencias en las operaciones de campo y
eventualmente en los resultados.
El fuero era lo que más buscaban en el Ejército, no la temporalidad porque
están convencidos de que sus funciones en seguridad pública trascenderán el
sexenio de López Obrador, ni el mando militar, porque seguirán operando como lo
hicieron en los últimos dos gobiernos, donde las decisiones macro -estrategias
y teatros de operaciones- las tomaban los civiles, y la operación de campo los
militares. Este elemento vital para los militares, que nunca estuvo bajo la
atención de la opinión pública, puede ser definir el éxito o el fracaso en sus
tareas futuras.
La Guardia Nacional apunta a un desvanecimiento en la fuerza del Ejército
como la institución que protege la seguridad nacional, y el fortalecimiento de
una policía militarizada. Dentro de la Secretaría de la Defensa consideran que
el proceso que se viviría con la Guardia sería precisamente el gradual retiro
del Ejército de las tareas de seguridad pública para regresar a sus cuarteles.
Es cierto ese proceso, pero tiende más hacia su desaparición que al retorno a
los cuarteles.
La hipótesis se irá probando cada año con los presupuestos. Un rubro para
ver es el equipamiento. El Ejército no puede equipar a la Guardia Nacional
porque las armas son de uso reglamentario y bajo los acuerdos internacionales,
no pueden ser utilizados para seguridad pública, Nuevas armas y equipo -como
cámaras de videograbación para los operativos- serán adquirida para el nuevo
cuerpo policial. Se verá si se mantienen simétricos los presupuestos o si se
empieza a disminuir el del Ejército por la Guardia Nacional.
Dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional se descarta por completo la
desaparición de las Fuerzas Armadas, pero el discurso de López Obrador sobre el
futuro del Ejército ante la ausencia de amenaza externa, no debe olvidarse. El
presidente es muy consistente entre lo que dice y lo que hace. El que tenga en
la mente desaparecerlas y dejar el país únicamente con una policía
militarizada, no hay que soslayarlo. Costa Rica, que abolió su Ejército en 1948
y creó una policía civil, reorientó su presupuesto en política social.
Costa Rica es un espejo pertinente, porque López Obrador necesita recursos
para financiar su proyecto de nación por los pobres y no le guarda aprecio a
los militares, como muchos en su equipo, desde 1968. La Guardia Nacional se
convierte de esta forma en el puente para cumplir un viejo objetivo
multifactorial.
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