Pasos para atrás
Raymundo Riva Palacio
Un año más y no hemos podido impedir el hundimiento del Estado de
Derecho. Incluso, se puede argumentar, vamos en retroceso. Arrastramos
deficiencias crónicas de años atrás, y con una quinta parte del sexenio
caminada por la nueva administración, que es muy visible en el discurso a favor
de los derechos humanos y el combate a la corrupción, los resultados siguen
siendo decepcionantes. Se puede hablar de mucho ruido y nada sustantivo. Hay
problemas sistémicos, como la corrupción, que son transversales -funcionarios,
policías y jueces en las nóminas del crimen organizado-, y hay batallas que
parecen imposibles de ganar, como el freno a la impunidad. El andamiaje legal
parece más débil hoy que hace un año, y fuera del descrédito reputacional, que
en la mayoría de los casos se irá evaporando, nada profundo y de largo aliento
ha sido concretado. En síntesis, un año más perdido.
El Proyecto Mundial de Justicia, una organización independiente y
multidisciplinaria en Washington, dio a conocer el Índice de Estado de Derecho
en México 2019-2020, que es resultado de una encuesta a más de 25 mil personas,
y una muestra con más de dos mil 600 abogados y expertos. Los resultados son
deprimentes, particularmente en lo que se refiere a Orden y Seguridad, donde el
país viene en franca picada desde 2014-2015. El gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador heredó un desastre en esa materia del gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, cuyo colapso en el restablecimiento a la
seguridad va a seguir impactando a este gobierno y, probablemente, a quien le
siga. En poco ayuda que el actual gobierno, al igual que el anterior, haya
equivocado su estrategia, al pensar que siendo laxos con el Cártel de Sinaloa
en el combate y en voltear a ver hacia otra parte con sus negocios ilícitos,
serían sus jefes quienes se encargarían de pacificar al resto del país.
Los resultados que más sobresalieron, pero en sentido negativo, fueron
los que tienen que ver con ese factor. El índice apunta un retroceso en 19
entidades, estadísticamente “significativas”: Baja California, Chiapas, Ciudad
de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Yucatán y Zacatecas. Esto fue como consecuencia, explica, del aumento en la
tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas, y
del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos. El otro factor
que se encuentra en la parte alta de las preocupaciones del Proyecto es el de
Justicia Civil, que mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos
y efectivos para resolver sus controversias. “En la mayoría de los estados, los
subfactores que tienen los puntajes más bajos son los relacionados con el
acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de
justicia civil”, señala el informe.
Esto explicaría la reciente radicalización de las policías comunitarias
en Guerrero y la tendencia al alza de los linchamientos: la justicia civil ya
no es una opción para muchos. Por eso, la alta tasa de delitos que no se
denuncian, 9 de cada 10, según el INEGI. Asimismo, estos dos factores explican
en buena medida la forma como los medios de comunicación proyectan una realidad
violenta y roja en sus noticieros y primeras planas, generando ansiedad y
sentimiento de zozobra entre los ciudadanos, como se aprecian en distintas
encuestas realizadas por instituciones mexicanas. El problema por delante es
que no se ven puertas hacia la solución del fenómeno, sino mayores
complicaciones de inseguridad y violencia, cuando menos, en el corto plazo.
En los datos generales, el Índice muestra que las entidades que más han
hecho por mejorar el Estado de Derecho, son las mismas del reporte de 2018,
Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, mientras que quienes ocuparon los sitiales
más bajos en la tabla fueron Guerrero -último lugar por segundo año
consecutivo-, Puebla y Quintana Roo. En estas dos entidades, aunque con mayor
profundidad en Puebla, el deterioro en materia de seguridad ha sido galopante.
Entre los datos de 2018 y el nuevo Índice 2019-2020, los puntajes ascendieron
en 15 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Yucatán.
Sobresale el dato en Veracruz, al tener el gobernador Cuitláhuac García
una de las peores percepciones como gobernante dentro del gobierno de López
Obrador. Entre los que descendieron, que son el resto, sobresale, la Ciudad de
México, gobernada por Claudia Sheinbaum, la número uno del presidentre para la
candidatura en 2024, y a quien más apoyo en seguridad, logístico y presupuestal
le han dado en el país. Todos los gobiernos de Morena, salvo Veracruz, tienen
malos resultados.
El informe aparece un mes antes de que la organización de a conocer el
Índice a nivel global. En el reporte del año pasado, que se basó en los datos
del último año de gobierno de Peña Nieto, los resultados fueron horribles. De
126 países encuestados, en la mitad de los ocho factores analizados, México
estuvo en el último segmento en cuanto a Orden y Seguridad (117), Ausencia de
Corrupción (117), Justicia Criminal (115) y Justicia Civil (113). Fue el lugar
87 en Aplicación de Regulación, el 84 en Contensión a los Poderes
Gubernamentales, el 73 en Derechos Fundamentales, y el 35 en Gobierno Abierto.
Si vemos lo sucedido el año pasado, se podría esperar una reducción en estos
últimos cuatro rubros al haber desaparecido los contrapesos, los ataques
sistemáticos a la libertad de prensa, la colonización de los órganos autónomos,
y la opacidad en la que navega López Obrador.
El Ínice del Proyecto Mundial de Justicia mostrará lo mal que estamos.
El problema es que de seguir así, estaremos peor en 2021.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
