Dura respuesta de Gertz
Raymundo Riva Palacio
Mal la ha pasado el fiscal general Alejandro Gertz Manero en las últimas
semanas. Su vieja idea de un ministerio público todo poderoso, por encima de
jueces y magistrados, con facultades extraordinarias incluso para obligar a
defensores a delatar a sus clientes se quedó a las puertas del Senado el 15 de
enero. Llegó con el paquete de ocho iniciativas para reformas de fondo
acompañado del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. El otro
convocado, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, se quedó en la calle, sin
entrar al Senado, en señal de protesta por haber sido excluido de la nueva
arquitectura jurídica del gobierno. El sabotaje de Durazo provocó una crisis y
las iniciativas no se presentaron. El 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel
López Obrador las sepultó. No se presentaría nada hasta después de las
elecciones del próximo año, y para salvar cara, mandaría al presidente de la
Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, a presentar una reforma al Poder
Judicial.
Desde entonces, de acuerdo con colaboradores y personas que han hablado con
él, Gertz Manero está muy enojado. Son conocidos los humores del fiscal y su
espíritu vengativo nato. Su respuesta, sin comprometerlo directamente, se dio a
través del periódico The Wall Street Journal, que reportó que una alta fuente
de la Fiscalía General reveló que, dentro de la investigación contra el ex
director de Pemex, Emilio Lozoya, se analizan las vinculaciones con el expresidente
Enrique Peña Nieto y presuntos actos de corrupción. El mensaje de la Fiscalía al
presidente fue contundente, al citar a un miembro de esa oficina en relación
con Peña Nieto: “La oficina del fiscal tiene evidencia que la corrupción de
Lozoya en Agronitrogenados y Odebrecht alcanza el más alto nivel. La
extradición y (posible) confesión de Lozoya son elementos que, junto con la
investigación en curso, decidirá si el expresidente es acusado en el futuro”.
López Obrador ha dicho que no quiere gobernar con el retrovisor, si de Peña
Nieto se trata, y ha ido pateando el tema de investigarlo para evitar
comprometerse. Ha hablado reiteradamente de una encuesta para transferir la decisión
de enjuiciarlo a la gente, pero no la ha programado. Mientras tanto, al no
existir una articulación política interna, las acciones de sus colaboradores le
están achicando el margen de maniobra para mantener el blindaje.
La clave de la investigación contra Peña Nieto, si se quiere iniciar un
proceso en su contra, no se encuentra en el caso Odebrecht. Los 10 millones y
medio de dólares que dijeron los ejecutivos de la empresa brasileña entregaron a
Lozoya para la campaña presidencial de 2012, ya prescribieron, por lo que aún
si se probara que el ex director de Pemex recibió ese dinero y lo inyectó a la
campaña de Peña Nieto, es jurídicamente irrelevante.
El caso de Agronitrogenados, por el cual vincularon a Lozoya con Alonso
Ancira, jefe máximo de Altos Hornos de México, detenido en España, tampoco
lleva a Peña Nieto, al haber sido una inversión aprobada por el Consejo de
Administración de Pemex, no en Los Pinos. Paradójicamente, quien mostró la escalera
por donde la investigación sobre Lozoya puede conducir a Peña Nieto, fue la
persona con la que Gertz tiene el mayor antagonismo dentro del gobierno,
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda.
El miércoles al salir de Palacio Nacional, Nieto reiteró lo que adelantó
días atrás, la apertura de una nueva línea de investigación relacionada con la
adquisición del astillero español Hijos de J. Barrales, adquirido por Pemex
cuando estaba prácticamente en quiebra, y donde se fabricaban los barco hoteles
para las tripulaciones de las plataformas marítimas. De acuerdo con la investigación, esa compra provocó un
dañó a Pemex de alrededor de 50 millones de euros. Esa operación involucra a
Peña Nieto, pero también al expresidente Felipe Calderón. El primero por haber
autorizado a Lozoya la adquisición del astillero, como el refrendo del
compromiso con el entonces presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que
originalmente había sido suscrito por Calderón.
Si Odebrecht es un tema que no tiene alas para volar, el caso de
Agronitrogenados tampoco parece tener el sustento de soborno por el cual el
gobierno actuó contra Ancira y tiene acusado a Lozoya. El presunto soborno se
dio dos años antes de la operación de compra por parte de Pemex -que no fue
sólo una planta chatarra, sino todo un complejo industrial que incluye un
puerto que funciona-, y prácticamente un año antes de iniciar la campaña
presidencial. Es probable que ese dinero que le depositó Ancira a Lozoya no
haya sido por un soborno, sino como pago por un proyecto para licitar, ganar y
construir segundos pisos en México.
Esta información la dio Lozoya al consejero jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer, durante una de las tres reuniones que tuvo con él para revisar
su caso. La misma información le fue proporcionada a Gertz Manero, quien, sin
embargo, de acuerdo con colaboradores suyos, tiene evidencia que, como le
declaró un funcionario de la Fiscalía al Journal de Nueva York, el ex
director de Pemex incurrió en actos de corrupción. Haberlo hecho público,
introduce presión a la Fiscalía, que tiene que probar sus imputaciones, pero
sobre todo a López Obrador, que cada vez parece más acorralado por sus
colaboradores para perseguir judicialmente a Peña Nieto.
Procesar a un presidente en México es prácticamente imposible, aunque
exista la voluntad política de hacerlo. Gertz Manero está metiendo presión al
presidente, que no quiere actuar contra su antecesor. Hablar sobre sus
intenciones contra Peña Nieto compromete a Gertz Manero; cumplirlas, provocará
el fin del pacto de impunidad que tenía con López Obrador. Hay un juego de
fuerzas, sin resultado previsible.
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