Categoría: Zihuatanejo

El trumpismo de López Obrador

Raymundo Riva Palacio

Quién sí y quién no felicitó a Joe Biden por derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales, se convirtió mundialmente en un juego de espejos entre quienes celebraron el triunfo del demócrata y quienes lo lamentaron, en una división que fue más allá de ideología –como subraya el saludo del presidente Nicolás Maduro al presidente electo-, y se volvió en un juego geoestratégico. 

Los europeos, con quienes Trump se enfrentó, lo celebraron rápidamente, sin olvidar que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien peleó de manera regular, fue el primero en hacerlo. Los autócratas guardaron silencio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que jugó con Trump todo el tiempo, tardó 12 horas en reconocer la victoria de Biden, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregado a él, en lugar de entender con el cálculo político del israelí la nueva realidad, salió con una gracejada.

“Vamos a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno”, dijo López Obrador. “Queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos”. El Presidente cometió con esto un error fundamental: en Estados Unidos, a diferencia de México, no hay una autoridad electoral central que dé resultados definitivos. Los medios de comunicación no cantaron la victoria mediante encuestas de salida, sino a partir de la información del cómputo en cada estado. 

La información era oficial, y las impugnaciones, por lo que se desprende, no serían suficientes para cambiar el rumbo de la elección. Los medios estadounidenses señalaban desde el sábado por la noche que en la Casa Blanca estaban analizando si había suficiente evidencia para poder ir a tribunales y revertir el resultado del voto, ante el riesgo de que Trump terminara como un perdedor ardido y liquidara el resto de su herencia política. Funcionarios mexicanos revelaron que López Obrador había sido informado en las vísperas que la elección iba a ser cerrada y que, en caso de perder, Trump no reconocería su derrota.

Es decir, su negativa a reconocer la victoria de Biden no fue elaborada el mismo sábado. Los diferentes escenarios sobre los resultados de la elección fueron planteados durante la semana en Palacio Nacional, y la razón por la cual se demoró tanto en darla a conocer, de acuerdo a la información proporcionada por los funcionarios, tendría que ver con el debate interno donde se partieron las opiniones de los principales asesores de López Obrador en política norteamericana.

Por un lado estaba el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien de acuerdo con lo que ha trascendido de Palacio Nacional, hizo fuertes alegatos a favor de que si ganaba Biden, el Presidente no debía felicitarlo hasta que terminaran todos los procesos judiciales. Por el otro lado se encontraban el coordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas, quien vivió una larga temporada en Washington y conoce la forma como funciona la política en ese país, y la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, que opinaban lo contrario. La discusión se prolongó hasta el sábado y perdieron Cárdenas y Bárcena, imponiéndose Ebrard.

López Obrador le hizo caso a quien menos entiende de política estadounidense, quien extrapoló incorrectamente la forma como opera el sistema electoral en esa nación, a México. Adicionalmente, el fraseo de la declaración fue desafortunado. La manera como se redactó sugiere que hubo irregularidades que podrían hacer de esta elección un proceso fraudulento, que es exactamente lo mismo que alega Trump, y que los líderes que felicitaron a Biden fueron imprudentes, oportunistas e irrespetaron los asuntos internos de Estados Unidos. Nadie en el mundo piensa así.

La declaración no sólo rompió un plato, sino toda la vajilla. En su error, Ebrard  llevó al Presidente a cometer el suyo, y lo colocó en el lado de los autócratas del mundo. Sin imitar su retórica, López Obrador se puso en la trinchera del primer ministro derechista de Eslovenia, Janez Jansa, que dijo que estaba claro que Trump había ganado la elección. Su posición acompañó a la de los autócratas Vladimir Putin de Rusia, Xi Jingpin de China, Jair Bolsonaro de Brasil y Recip Erdogan de Turquía, difícilmente las mejores compañías para quien se dice demócrata.

El trumpismo de López Obrador, alimentado por Ebrard, nubló la inteligencia. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dio una muestra de ella, y sin felicitar a Biden, reconoció su victoria y confió en tener una relación “constructiva” con él. Aliados de López Obrador en América Latina actuaron de manera clara, tendiendo puentes para lo que viene, como Alberto Fernández de Argentina, y Luis Lacalle de Uruguay. 

No se necesitaba tener un sofisticado pensamiento estratégico; sólo sentido común. La cancillería no procesó correctamente la información que tenía sobre las elecciones, al decir por la posición trumpista de Ebrard en Palacio Nacional, ni realizó un análisis acertado de las consecuencias de que el principal socio comercial de Estados Unidos, optara de manera ignomiosa meterse en la trinchera de un presidente que está siendo criticado acremente en su país, incluso por republicanos prominentes, por desconocer el resultado de las elecciones que, de acuerdo con todos salvo los trumpistas, se desarrollaron correctamente y dentro de los parámetros de la legalidad.

Se desconoce si este error político-diplomático tendrá consecuencias. Se puede argumentar que en la relación bilateral no, aunque sufrirá cambios –de lo que se hablará en otra columna-, pero no se puede saber si personalmente habrá algún efecto. En todo caso, López Obrador dejó claro que su corazón y su cabeza está con Trump, un autócrata que dividió a su país, lo polarizó, lo enfrentó y lo sigue tratando de destruir. Esto no será fácil de digerir en Washington.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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El traidor de la Patria

Raymundo Riva Palacio

Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, se fue con toda su furia emocional en contra del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien acusó de “traidor a la Patria” por su presunto uso de dinero de una empresa extranjera para financiar la campaña presidencial. Ayer se mostraron en este espacio las debilidades y falsedades en la acusación de Gertz Manero, a quien Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, quien le inyecta combustible a su temperamento, le ha ocultado un episodio que muestra quién realmente traicionó a la Nación, donde el fiscal, ignorante de esto, es su cómplice involuntario. 

Todo se remonta al 3 de diciembre de 2012, en vísperas de que Lozoya asumiera formalmente la dirección general de Pemex, y cuatro días después de que apareció en la presentación formal del gabinete legal y ampliado del presidente Enrique Peña Nieto. Ese día se firmó el Convenio Modificatorio al Contrato de Suministro de Etano, entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Braskem Idesa, una empresa formada por la filial de Odebrecht, y la compañía propiedad de la familia política del primer secretario de Comunicaciones en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Javier Jiménez Espriú.

Ese día Pemex, con el aval de su director entrante Lozoya, modificó lo que se le llama la “cláusula de inmunidad”, que le daba ventaja jurídica a la petrolera mexicana en cualquier diferendo jurídico con Braskem Idesa, y mediante el cual la podrían mantener de rehén, como ha sucedido desde hace casi seis años, por incumplir con el suministro de gas natural al complejo petroquímico Etileno XXI, que hasta 2019, representaba tres mil millones de pesos en penalizaciones. La cancelación de esa cláusula dejó vulnerable a Pemex y benefició a la empresa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado varias veces de que ese contrato es “leonino”, y ha querido modificar los términos del contrato, sin éxito hasta ahora. López Obrador no trae buena puntería y Gertz Manero no lo ayuda. No se puede modificar el Convenio por los candados que tiene en el capítulo de Solución de Controversias, que es lo que tendría que estarse desanudando, y que se cambió, muy raramente cuatro años después de haberse firmado el contrato, y muy extrañamente como primer acto autorizado por Lozoya. El inciso clave del Convenio es el 12.6, sobre la Inmunidad”, donde Pemex “expresamente renuncia, de manera irrevocable con relación a sí mismo y a sus activos, a cualquier derecho de inmunidad que tenga ahora o en el futuro”.

De esa forma, el Pemex de Lozoya se entregó a Braskem Idesa, que buscó esa modificación ante los problemas que estaba teniendo en los tres años previos con el suministro de gas, y entendiendo que, sin esa modificación, no podía poner de rodillas al gobierno mexicano. El contrato, en el momento en el que se suscribió el 19 de febrero de 2010, tenía sentido. La idea original había surgido en el gobierno de Vicente Fox ante los excedentes de etano. Hasta ese entonces el etano, que sirve para la petroquímica, se incorporaba en las ventas de gas metano, que no sirve para la petroquímica, porque no había tecnología para separarlo del petróleo.

La planta petroquímica Proyecto Etileno XXI fue diseñada para ello, por lo que se construyó una fórmula de precio que establecía el máximo de precio al gas entregado en la petroquímica de Mont Belviu en Texas, menos el costo del transporte. Era un buen negocio para Pemex en ese entonces, ante los excedentes de etano, que rápidamente fueron siendo chupados por Braskem Idesa. No mucho después de la firma del contrato, el gas, que Pemex se había comprometido a entregar, comenzó a escasear, con lo que la fórmula del precio explotó. Para que pudiera seguir operando la planta se comenzó a importar etano, con lo cual la arquitectura del contrato orientada hacia la exportación perdió su costo de oportunidad porque se empezó a importar el etano, más lo que costaba el transporte. 

El contrato se convirtió en “leonino”, como califica ahora López Obrador, por lo que el sucesor de Lozoya en Pemex, José Antonio González Anaya, al enfrentar el alto consumo del gas etano, que no había más en México, y la caída en los precios de petróleo, comenzó una larga negociación con Braskem Idesa para modificar la fórmula del precio. La empresa que operaba Etileno XXI se resistió a modificarlo, y después de la elección presidencial de 2018, rompió las negociaciones con Pemex y dijo que ya no hablarían más con la administración de González Anaya, y esperarían a negociar con el gobierno entrante.

El nuevo gobierno de López Obrador tampoco se arregló con la empresa, y han tenido que vender más gas etano a Braskem Idesa de lo que le dio el gobierno de Peña Nieto, para limitar el monto de las penalizaciones. Pero el problema sigue siendo el mismo, la falta del producto, lo que llevó a interrumpir los suministros acordados en el contrato. El modelo del contrato se le conoce en la industria como “take or pay”, que es normal en los suministros de largo plazo asociados con inversiones en infraestructura, como es Etileno XXI, mientras que Pemex tiene que entregar el gas o pagar. 

El gobierno de López Obrador está atrapado por Braskem Idesa, pero no por el contrato en sí mismo, que pudo haber modificado por la llamada “inmunidad soberana”, que le da márgenes en los tribunales, pero que anuló la modificación de la cláusula 12 del Convenio. En Palacio Nacional ha habido frustración, y han pensado en proceder penalmente contra la empresa, sin haber encontrado aún la forma jurídica correcta. López Obrador está atado de manos, gracias a las decisiones del equipo entrante a Pemex, encabezado por Lozoya, que, por favorecer a Odebrecht, recibió sobornos por más de 10 millones de dólares. 

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