Categoría: Zihuatanejo

¿Engañaron a López Obrador?

Raymundo Riva Palacio

Durante agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción. Paría de la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y la Fiscalía General, donde a cambio de que señalara con el índice a quien le dijeran, garantizaba su libertad, la de su familia, su dinero –incluidos 10 millones de dólares que asegura la empresa Odebrecht le dio como soborno- y, de paso, podría cobrarse cuentas personales. Pero desde hace tres semanas, el Presidente ha sido más cauteloso en sus dichos y subrayado todo el tiempo que esas acusaciones tendrían que probarse.

El entusiasmo de López Obrador en agosto no correspondía con lo que sucedía en el interior de la Fiscalía General, donde veían que Lozoya estaba incumpliendo el pacto que hizo con el fiscal Alejandro Gertz Manero, al no estar entregando a toda la documentación dura, demostrable e incontrovertible, que soportaran sus múltiples imputaciones. La molestia contra Lozoya motivó la petición a las autoridades alemanas para catear las propiedades de su esposa en Baviera, a principios de agosto.

En víspera de ese cateo, la Secretaría de Hacienda presentó una querella contra el ex director de Pemex por haber pagado menos impuestos de los que debía. El director general de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría Fiscal de Hacienda, Josué Miguel Contreras, presentó la querella a Gertz Manero el 27 de julio, donde señala que Lozoya declaró el 9 de mayo de 2017 ingresos menores a los “realmente obtenidos”, y dejó de pagar en impuestos sobre la renta dos millones 695 pesos. 

Contreras le entregó a Gertz Manero las declaraciones patrimoniales de Lozoya que mostraba que durante 2016 –él renunció a Pemex a mediados de febrero de ese año-, había tenido ingresos acumulables por casi 10 millones de pesos, de los cuales poco más del 8% habían sido por salario. Además, le entregaron la documentación que había tenido depósitos en sus cuentas bancarias por 18 millones de pesos, por lo que el pago de impuestos sobre la renta, se había quedado corto. Hacienda le pidió a la Fiscalía que investigara lo que a su juicio es un delito.

No se sabe del resultado que tuvo la querella, o si la Fiscalía General inició la investigación solicitada. El caso Lozoya, sin embargo, tiene síntomas que está resultando más difícil de armar de lo que alegremente pensaban en el gobierno, y que concediendo criterios de oportunidad como un sistema anticorrupción, podían fácilmente imputar a ex funcionarios, con sustento o sin sustento, para llevar a cabo la purificación de la sociedad que pregona el Presidente.

Pero algo extraño está pasando en el Caso Lozoya. El ex director de Pemex llegó a México, procedente de España, el 17 de julio. López Obrador dijo tres días después que ya había rendido su primera declaración ante la Fiscalía General, pero 48 horas después la Fiscalía General desmintió al Presidente y negó que fuera cierto. Lo que había entregado Lozoya, en realidad, y como parte de su negociación para no pisar la cárcel y caminar rumbo a la puerta de la libertad, fueron memorandos donde narraba diferentes casos de presunta corrupción, acusaba a ex funcionarios y legisladores, culpaba a todos de ilícitos y se decía inocente, víctima de un mecanismo que lo obligó a cometer delitos.

A regresar de España, Lozoya estuvo durante 11 días sin que nadie supiera de su paradero y sin que pasara por un juez. Hasta el 28 de julio, tuvo su primera audiencia, y una segunda el 29, tras las cuales el juez, siguiendo los lineamientos de la Fiscalía con Lozoya, lo dejó en libertad condicional, con un dispositivo electrónico colocado en el tobillo, y la obligación de firmar dos veces al mes ante la justicia, lo que hace de manera virtual. 

Lo que ha venido después es la nada. Se desconoce si ha rendido más declaraciones ministeriales, si ha empezado a aportar la documentación prometida, o si los entregables pudieron corroborarse. Gertz Manero logró que el juez extendiera el periodo de ampliación de la investigación hasta finales del año, por lo que no puede decirse que el Caso Lozoya esté en el limbo. Se encuentra en otro estadio, el de la suspicacia de que se trata de un gran timo, el de Lozoya a la Fiscalía, el de la Fiscalía al Presidente, y el del Presidente a la sociedad mexicana.

En la última semana, el lunes pasado para ser más preciso, se movió el caso, pero no por la Fiscalía General, sino por la Fiscalía de los fiscales de Hacienda, en donde colocó Contreras la querella, lo que los conocedores señalan que es una señal de que la van a impulsar, más allá de lo que haga la Fiscalía General. Si esto marcha por esa vía, Lozoya tendrá una presión adicional a las que ya tiene, donde su madre sigue en detención domiciliaria, y su hermana y su esposa son prófugas de la justicia, porque tienen orden de aprehensión. De proceder la querella hacendaria, enfrentará un presunto delito que no contemplaba, el de evasión fiscal.

Si Lozoya se está burlando de la Fiscalía, Hacienda está actuando. Objetivamente hablando, la credibilidad del ex director de Pemex está muy mermada, y futuras imputaciones, ante la presión a la que está sometido, tendrían que ser evaluadas y procesadas tomando en cuenta todo el contexto. Es cierto que en este gobierno, la legalidad no es prioridad mayor a la política, y López Obrador necesita al Lozoya locuaz de la denuncia de hechos, porque está teniendo rendimientos decrecientes en materia de corrupción, al empezar a salir información de presuntos delitos en donde menos esperaba, de su seno familiar, sin nada para contrarrestarlo. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

A juicio AMLO y las mañaneras

Raymundo Riva Palacio

Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, detenido en España en mayo del año pasado por varios presuntos delitos, entre ellos la venta de Agronitrogenados a Pemex, acaba de iniciar un proceso judicial que hará historia por dos razones: demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber violado sus derechos al transgredir 10 artículos constitucionales y uno más de la Convención Americana de Derechos Humanos, y exigió que se pronuncie el Poder Judicial sobre las mañaneras. El alcance de la demanda trasciende el caso de Ancira, al pedir respuestas para saber si caben dentro de la ley los agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido en las mañaneras. 

Las mañaneras son un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce la gobernanza, difunde las acciones de su gobierno, hace propaganda, y responde preguntas de periodistas, paleros para reorientar o desviar temas candentes, y de grupos de interés o gestores que llevan sus propias quejas, denuncias o demandas al Presidente. En sus respuestas suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones. En el caso específico de Ancira, de acuerdo con el pliego, “ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable”.

La demanda de amparo indirecto que fue presentada el miércoles en los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se refiere a las afirmaciones que hizo López Obrador en las mañaneras, lo que al mismo tiempo coloca ese instrumento de poder en el banquillo de acusados. “El poder que detenta el Presidente de la República tiene un alcance de enorme magnitud y las declaraciones que ha realizado implican un amedrentamiento a los Juzgadores nacionales”, apunta la demanda de amparo de Ancira. “Con sus manifestaciones se menoscaba seriamente la posibilidad de que el principio de independencia judicial tenga operatividad y eficacia”. 

A lo que se refiere es al fallo que obtuvo de un juez en Chiapas el 13 de agosto en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. La reacción López Obrador fue casi inmediata. Tras el fallo del juez, indica la demanda, entre el 20 de agosto y al menos el 4 de septiembre, el Presidente se empezó a referir a Ancira “como culpable de los hechos delictivos que se le imputan”, y a sugerir que el amparo que le dieron había sido obtenido de “manera irregular”. 

El litigio de Ancira está corriendo en los tribunales mexicanos, pero ante la forma como López Obrador se ha expresado en las mañaneras, aduce, se altera el debido proceso, como quedó plasmado en la doctrina del “efecto corruptor” que elaboró el actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, en el Caso Cassez.

“Los actos que se reclaman”, dice la demanda, “son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República, ostentando dicha investidura (y no la de un particular) en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso. Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa, al acceso información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”.

Pero la dimensión mayor de la demanda se encuentra en una batería de 17 preguntas donde piden al juez que antes de proceder al desarrollo de las violaciones que reclamaron, dé respuesta a las interrogantes que envuelven los problemas jurídicos que se enfrentan:

1.-¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?

2.- ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?

3.- ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?

4.- ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el Presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?

5.- ¿Qué autoridad del Estado Mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?

6.- ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del Presidente?

7.- ¿Cuál es el alcance del principio de división de poderes?

8.- ¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?

9.- El principio de división de poderes ¿protege las facultades de los órganos constitucionales autónomos?

10.- ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia? 

11.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?

12.- ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?

13.- La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?

14.- ¿Qué naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?

15.- ¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?

16.- ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputado que repare el daño de un delito?

17.- ¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aun no ha sido juzgado?

Todas estas preguntas son una radiografía de las declaraciones del Presidente en las mañaneras, planteadas mediante las interrogantes como violaciones a la Ley, que será tarea del juez determinar si lo son. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Jaime Ojendiz Realeño

El Congreso del Estado de Guerrero y el Ejecutivo Estatal no tienen voluntad política para decretar a la sierra como una región más en la entidad, reclamó Pedro Quiroz Basurto, secretario de la Asociación de Productores de Mezcal de la Sierra de Zihuatanejo.

Consultado sobre la vida de los productores del municipio, manifestó que el pendiente principal con las miles de familias de esa zona corresponde estrictamente al Congreso del Estado y el Ejecutivo, en relación a que la regionalización se haga oficial.

Se trata de un proyecto que está desde enero de 2015 por iniciativa del gobernador interino Rogelio Ortega, propuesta con la que la sierra mejoraría sus servicios de salud, educación y vivienda principalmente.

Debido a que no se avanza, expuso que la pobreza se recrudece en esa zona, “los problemas crecen y no se atienden se requieren acciones puntuales para que los pueblos y comunidades puedan salir adelante”.

Quiroz agrega que para lograr el decreto de que la sierra se convierta en una región más, se  necesita que las partes del gobierno involucradas asuman su responsabilidad por garantizar mejores condiciones de vida a las comunidades de la sierra.

Rememoró que si se hace ese cambio la comunidad de Vallecitos de Zaragoza de la sierra de Azueta se convertiría en cabecera municipal pero no hay voluntad política para lograrlo.

El proyecto se planteó por primera vez hace 25 años, y con el paso de legislaturas no se tiene avance, ya que las autoridades cuando están en el poder cambian su idea respecto al tema.

“Queda en la conciencia de los responsables del Gobierno del Estado sacar  la sierra adelante  no lo han hecho y ya  están terminando un periodo y en eso seguimos igual” lamentó Quiroz.