La ilegalidad
del presidente
Raymundo Riva
Palacio
Las tres
primeras preguntas de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel
López Obrador el viernes pasado en Oaxaca, formuladas por el reportero de El
Universal, Alberto Morales, fueron puntuales y provocaron una respuesta de
consecuencias no vistas. Morales preguntó su evaluación sobre los eventos en Culiacán, cómo le informó el
gabinete de seguridad, quién tomó la decisión para liberar a Ovidio Guzmán
López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y qué se valoró para
liberarlo. Las respuestas merecen se transcritas:
“A mí me informaron
por la tarde. (El viernes) van a dar el relato sobre los acontecimientos en el
tiempo… Comenzó alrededor de las tres de la tarde, un poco más. De inmediato se
reunieron los integrantes del Gabinete de Seguridad para darle seguimiento a
todo este asunto. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el
secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento
al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó
muy difícil la situación.
“Y
estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y
se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso
porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó. No puede valer más la
captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa
decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que
llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto
delincuente; pero, como ya lo expliqué, hubo una reacción muy violenta y se
ponía en riesgo la vida de mucha gente”.
La respuesta del
presidente es moral, pero políticamente equívoca y legalmente una aberración.
López Obrador mostró:
1.- Que la ley,
para él, es discresional.
2.- Viola
el artículo 16 de la Constitución, en cuyo párrafo cuatro establece: “La autoridad que ejecute una orden
judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin
dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo
anterior será sancionada por la ley penal”.
3.- Él no tenía
atribuciones legales para liberar a Guzmán López. La Fiscalía General es quien
las tiene.
4.- Las
declaraciones del presidente lo hace un delincuente confeso, al violar el artículo 150 del Código Penal Federal, que
establece:
“Se aplicarán de seis meses a nueve años
de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o
condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos
contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de
siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un
condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión.
“Si quien propicie la
evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte
de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además será
destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un
período de ocho a doce años”.
5.- Violó convenios
internacionales suscritos por México, como el Estatuto de Roma, de la Corte
Penal Internacional, que establece en su artículo 28:
“El jefe militar o el
que actúe efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable por los
crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas
bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea
el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas
cuando:
1.- i) Hubiere sabido o, en razón de las
circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban
cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y
2.- ii) No hubiere adoptado todas las medidas
necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o
para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los
efectos de investigación y enjuiciamiento”.
6.- Violó tres
convenciones de Naciones Unidas, sobre Prevención del Delito y Justicia Penal,
Contra la Delincuencia Organizada Transacional, y Contra la Corrupción.
Las declaraciones del
presidente no dan lugar a duda sobre la violación en la que incurrió el
gabinete de seguridad y él mismo. Aceptar un chantaje del crimen
organizado lo desnuda como un presidente débil al frente de un Estado débil, y
sometido por acciones terroristas. El argumento moral sólo se sostiene en
términos religiosos, no en el mandato de la Constitución. Esta discusión es
sensible porque quienes apoyan la decisión de López Obrador lo ubican en la
coyuntura del jueves, sin considerar los mensajes previos de claudicación ante
el crimen organizado –amnistía o no confrontarlos-, ni lo que vendrá después.
Las primeras planas
de la prensa nacional e internacional sobre los sucesos en Culiacán tenían como
común denominador el énfasis de que se capturó a Guzmán López y luego se le
dejó en libertad. Lo que resaltaron fue la capitulación del Estado de Derecho y
la oficialización de un país sin leyes. Esto tiene consecuencias inmediatas. El
mensaje es el de la Pax Narca, donde las organizaciones criminales deciden la
suerte de la nación. Este interlineado llevará a inversionistas a considerar si
sus inversiones en México, actuales o en planeación, son una buena idea.
Adicionalmente, refuerza el viejo argumento del presidente Donald Trump de que
si las Fuerzas Armadas no pueden con los cárteles de la droga, el Pentágono se
encargará de ello.
Todo esto no es una
hipótesis. Desde el jueves ya hay preguntas de inversionistas en ese sentido y
señales desde Estados Unidos sobre este paìs sin leyes, por decisión,
públicamente señalada, del presidente López Obrador y mensajes de la familia
Trump de que México es un país sin leyes.
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