Otra bomba sobre López Obrador
Raymundo Riva Palacio
Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y
el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió
en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor
especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración
habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos
aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la
tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del
Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla
sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas
llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la
Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con EInova, filial de la
gasera estadounidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La
molestia radica en la violación mexicana del Estado de Derecho.
El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se
imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado
desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas,
comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE,
Manuel Bartlett, respaldado por el presidente, es el incumplimiento de
contratos a partir de la lectura errónea del mismo – si se llega al arbitraje
internacional va a perder-, así como una violación del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas
a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los
compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.
López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas
acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa
matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) “los contratos no fueron
aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general”, dijo,
lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de
Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y
autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque “las tarifas están por las nubes”
y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque
esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un
costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares
en el mercado doméstico
estadounidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.
La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores,
que han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado
información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso.
Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras
voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité
de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente,
Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial
norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que
pretendía Bartlett contra la gasera—que es también contra Trans Canada, cuyo
gobierno ha sido más beligerante y público que el
estadounidense. Una semana después, dijo: “No se puede, ya es la última vez que
lo digo, aceptar un contrato leonino”.
López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos.
El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en
caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica.
Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes
gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno
de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el
costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de
dólares diarios.
Ese gasoducto parte de Brownsville, en donde se concentra todo el gas de
Texas, que tiene excedentes, y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona
este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue
uno de los principales apoyadores de Trump para llegar a la Presidencia, por lo
que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también
convenció que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los
diputados el viernes pasado es una señal de que no es así. Adicionalmente, la
líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la
aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un
anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el
gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar
conforme a Derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein,
alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba
pasando.
Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una
señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo
pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la
confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a Derecho.
Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está
arrastrando al presidente y a México, donde un litigio por violar la ley
afectará inversiones, crecimiento y reputación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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