Enoc López
La Asociación Civil de Pensionados de la Costa Grande suspendió este sábado su asamblea en Zihuatanejo debido a la falta de quórum, lo que impidió avanzar en la incorporación formal de socios provisionales. La sesión, convocada para dar certeza legal a nuevos integrantes, terminó en un ambiente tenso que reavivó desacuerdos internos sobre la legalidad de reuniones previas, la vigencia de los estatutos y la representación de la mesa directiva.
La asamblea fue convocada por la directiva encabezada por Ricardo Aguilar, quien explicó que el objetivo era retomar los trabajos pendientes relacionados con la validación de nuevos asociados. Según los estatutos, los aspirantes ingresan como socios provisionales mediante aprobación de la directiva, pero requieren el aval de la asamblea para obtener reconocimiento pleno. La suspensión mantiene en pausa a quienes esperan formalizar su integración y acceder a derechos dentro de la organización.
Durante el encuentro, varios asistentes reiteraron que una asamblea previa fue suspendida y que quienes permanecieron después actuaron “fuera de reunión”, lo que, afirmaron, invalida cualquier decisión tomada en ese contexto. Se insistió en que solo las asambleas formales pueden aprobar acuerdos y que la actual no cumplía con los requisitos legales para considerarse válida.
También se discutió la vigencia de los estatutos. Integrantes señalaron que únicamente existe un marco estatutario aprobado y que ningún otro documento ha sido formalizado. Recordaron que un grupo protocolizó un acta con puntos no avalados por la asamblea, entre ellos la adopción de un reglamento nuevo y la referencia a una “Asociación Mercantil”, lo que generó inconformidad. Se aclaró que, tras reformas legales de 2016, las asociaciones civiles no operan con acciones ni accionistas.
Otro punto de tensión fue el número real de socios fundadores. Un documento legal reconoce 411, mientras que registros contables señalan 224. Se estimó que 42 han fallecido, lo que dejaría alrededor de 369. Algunos asistentes aseguraron tener recibos que acreditan su calidad de asociados, aunque no aparecen en los listados actuales.
Se reconoció que la mesa directiva vigente es la única legalmente constituida. Las comisiones de vigilancia y de honor y justicia propusieron reunirse con los cinco integrantes de la directiva para revisar documentos, aclarar discrepancias y establecer un padrón definitivo. Ambas señalaron que su función es equilibrar las decisiones de la directiva y proteger los intereses de los socios.
En la reunión surgieron acusaciones sobre agresiones en encuentros previos, presuntas irregularidades en la conducción de asambleas y cuestionamientos a la presidencia de un integrante que, según algunos participantes, no cumplía con los requisitos estatutarios.
Ricardo Aguilar recordó que el inmueble donde opera la asociación —propiedad de la misma— también es utilizado por una delegación sindical y por un grupo de docentes activos. Señaló que el 8 de diciembre de 2025 integrantes de ambas representaciones irrumpieron en una asamblea, tomaron las instalaciones y cambiaron las chapas, lo que derivó en una denuncia ante la Fiscalía por presunto despojo.
La asamblea suspendida este sábado buscaba dar continuidad a los trabajos detenidos desde ese episodio. Sin embargo, la falta de quórum impidió avanzar y hasta el momento no se ha definido una nueva fecha para reprogramarla.
Como vía de salida, se planteó establecer una fecha, hora y lugar para una reunión formal con documentos en mano y, de ser necesario, con asesoría legal externa. El objetivo, coincidieron varios asistentes, es alcanzar un acuerdo verificable sobre la situación jurídica de la asociación y resolver los conflictos “en casa”, evitando que las diferencias se prolonguen indefinidamente.
