El camino a las expropiaciones
Raymundo Riva Palacio
El presidente Andrés Manuel López Obrador se está radicalizando. Al mismo tiempo, apura su proyecto endogámico. En tres días se dieron tres acciones en ráfaga que, si de manera individual son preocupantes, vistas en su conjunto configuran una amenaza para millones de mexicanos. Las acciones violentan el Estado de Derecho que dice defender, y pretende abolir eventualmente la propiedad privada –protegida por los artículos 14 y 27 constitucionales-, bajo la premisa lópezobradorista que el Estado dejará de ser “gestor de oportunidades”, y se convertirá en “garante de derechos”.
Los derechos para el presidente tienen que ver con la justicia, no con la aplicación de la ley, por lo que garantizarlos, en su racional, es subjetivo, discrecional y sujeto a fobias. Pese a que no ha terminado de arrasar los contrapesos, la posibilidad de que reoriente a la nación bajo esas líneas, es enorme. El rumbo ideológico que sigue López Obrador está definido en un párrafo en la página 22 del ensayo que publicó el sábado sobre su política económica, para “desechar la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función del mero crecimiento”.
“Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y la riqueza”, subrayó. Los conceptos no son lo mismo, pero los vincula para enterrar la medición del crecimiento mediante el Producto Interno Bruto, cuando al empezar a ver decrecimientos y rozar el cero por ciento, contra el 2% prometido para este año, se deshizo de ese criterio con la intención quizás que el costo del fracaso de su política económica no se le transfiriera a su imagen personal, sobre la cual descansa el proyecto de gobierno.
El PIB mide la productividad de una sociedad, la distribución de la riqueza permite la evaluación sobre la desigualdad económica, que eventualmente ayuda a diseñar políticas públicas para frenarla o erradicarla. La distribución del ingreso permite ver la relación entre la población y el ingreso nacional, y la aportación que cada individuo o empresa aporta a la generación de valor. López Obrador no aclaró a qué se refería específicamente al incorporar la distribución del ingreso como una de sus variables fundamentales en la política económica de su régimen, ni qué pensaba hacer. Pero hubo una sincronización con Morena, su partido, que esboza el propósito.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de Morena, propuso dotar al INEGI de facultades constitucionales para medir la riqueza en el país. “Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”, destacó. “Ya no se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”. Las dos se miden ya, mediante el Coeficiente de Gini, pero no es un error de Ramírez Cuéllar. La intención sugiere objetivos ulteriores.
Su premisa, cuando habla de una riqueza “inobservada”, es que hay ingresos ocultos y, por tanto, de procedencia ilícita, por lo cual plantea que el INEGI tenga acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria para que pueda ver la información financiera y bursátil de las personas. “El INEGI debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano”.
Quiere modificar el sistema jurídico para que la fiscalización con fines de hacerla pública la haga un órgano autónomo, no el gobierno, que hoy en día tiene toda esa información, obligado por la ley para mantenerla privada, con fines recaudatorios. La propiedad privada llevada al campo de la política, la polarización, y el linchamiento. Por lo mismo, se puede argumentar, para crear condiciones para expropiaciones en un nuevo entorno nacional donde el Estado sea “garante de derechos”.
La temporada de caza sobre el sector privado está abierta, en varios campos. En menos de tres semanas López Obrador también se ha referido a las Afores, cuyos más de cinco billones de pesos son manejados por los bancos privados. El presidente ha tenido la tentación de meterse en ellas y jalarlas para disponer de más recursos, pero las condiciones no se le habían presentado hasta la actual crisis del coronavirus, que le dio el espacio para insistir que tras la emergencia sanitaria, buscará una solución a lo que se hizo “en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros”. A buen entendedor pocas palabras. Desde finales de abril, el diputado de Morena, Edelmiro Santiago, propuso reformar la ley para que sea el Banco del Bienestar quien administre las Afores.
López Obrador quiere construir un Estado de bienestar a la mexicana, que proteja a los pobres de las desigualdades sociales, desventajas “y otras calamidades”. El planteamiento es política, social y éticamente correcto, pero la medicina para hacerlo es lo que genera preocupación. En su propuesta, Ramírez Cuéllar le vuelve a dar sentido al todo. Ese Estado de bienestar, como lo concibe López Obrador, quiere que quede plasmado en la Constitución, que de certeza “de lo que será la nueva normalidad”.
Esa “nueva normalidad” la estamos viendo: las leyes actuales no sirven y hay que cambiarlas. Mientras eso sucede con un Congreso a modo, se violan, como sucedió con el decretazo del viernes que elimina la inversión privada en energías limpias. Por medio de la ilegalidad y de la amenaza se va construyendo el Estado de bienestar tropical. Los órganos reguladores son hostigados hasta que se colonizan, porque como los medios, sometidos a ataque sistemático, también representan una molestia para López Obrador. Ramírez Cuéllar añadió cuerpo a la meta presidencial: un Acuerdo Nacional y de Solidaridad, tutelado, excluyente y represor. Las semillas del nuevo México, están plantadas.
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