Categoría: Zihuatanejo

El mayor engaño de todos

Raymundo Riva Palacio

Todas las mañanas a las 6, comienza en Palacio Nacional la reunión del gabinete de seguridad. El Presidente siempre se refiere a él, transmitiendo el mensaje de que ese lacerante fenómeno sobre la sociedad mexicana, está siendo diariamente analizado para enfrentarlo, neutralizarlo y acabarlo. La realidad es muy diferente, y ese “gabinete de seguridad”, así, entre comillas, es el peor engaño para los mexicanos, que así como lo señalan entre sus tres principales preocupaciones, guardan esperanza de que López Obrador pueda hacer algo contra la inseguridad. 

Por una parte, ese “gabinete de seguridad” no existe legalmente, y sólo funciona para efectos de comunicación política. Y por la otra, esa sesión de gabinete es más bien una mesa política, donde se revisan los temas que interesan al Presidente y resuelve cómo abordar aquellos que le pueden costar. Como siempre lo hace, da instrucciones transversales, responsabilizando de temas a quien muchas veces no tiene las atribuciones, violentando la ley, lo que en los tiempos actuales, se ha vuelto aceptable para muchos.

Los temas de seguridad importantes no los tocan ahí los secretarios de la Defensa, ni de la Marina. Tampoco el director del Centro Nacional de Inteligencia. Asiste tanta gente, alguna que muchos de los asiduos no saben quién es, que ninguna de las áreas sensibles del gobierno expone los asuntos relevantes. Si el general Luis Cresencio Sandoval, o el almirante Rafael Ojeda, o el director de inteligencia civil, Audomaro Martínez, tienen cosas urgentes que informar al Presidente, se lo dicen en privado.

La seguridad, en la intimidad de Palacio, no está en las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es sólo en el corazón del poder federal, sino que se desdobla por todo el país. Hace ya varias semanas hubo ajustes en varias de las reuniones de coordinación de seguridad en los estados, donde los responsables de encabezarlas, regularmente el delegado del CNI, fueron presididas por los delegados de la Secretaría del Bienestar. Es decir, la seguridad fue hecha a un lado porque lo importante para el Presidente es el tema electoral.

Convertida en el brazo operativo de la maquinaria de votos que se diseña y maneja desde la oficina contigua de López Obrador, donde está Gabriel García Hernández, el coordinador de los delegados federales que tiene un rango superior en lo formal al titular de Bienestar, esa Secretaría se convierte en el receptáculo de la información no sólo de seguridad, sino de los componentes de la turbulencia social que se experimenten en un estado, así como los grupos y las fuerzas políticas que la incitan. 

Esto significa que toda la información de inteligencia, que debería estar circunscrita al conocimiento exclusivo de las áreas correspondientes, es capturada y procesada con fines políticos-electorales, lo que es una perversión del instrumento, que afecta invariablemente la tarea de prevención y combate a la delincuencia. Sin embargo, esto llega a ser superado en ocasiones por acciones  más graves del gobierno federal. 

Hay estados donde los representantes federales de Seguridad, Defensa, Marina, Gobernación y CNI, ni siquiera dialogan con sus contrapartes estatales para coordinar estrategias de seguridad, y hay otros, donde el delegado de la Secretaría del Bienestar abandonó las reuniones, en un acto de indolencia y negligencia, no del representante en sí mismo, sino de sus jefes. Hay otros donde la estructura original no ha sufrido demasiadas alteraciones, donde mensualmente se reúnen los más altos responsables en las áreas de seguridad con el gobernador –aunque nunca acude el representante del gobierno federal-, y las semanales las encabeza el secretario de Seguridad Pública local. En las reuniones diarias no existe coordinador alguno.

La seguridad, por cuanto a los delitos que más impactan en la sociedad, no va mejorando. Durante octubre, de acuerdo con las cifras del gobierno que dio a conocer la semana pasada el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, se incrementó el número de víctimas por homicidio doloso y feminicidios. La disminución de algunos delitos que había presumido antes de renunciar al cargo Alfonso Durazo, estuvo directamente relacionada con el confinamiento por la pandemia del coronavirus. El mes pasado, con el relajamiento de las medidas de confinamiento, se comenzó a recuperar la tendencia, y se registraron 97 homicidios dolosos cada día.

La cifra de homicidios dolosos en octubre, incluido feminicidios, fue de tres mil 20 víctimas, lo que representó un incremento de 7.39% en comparación con septiembre, cuando se registraron dos mil 812. Mejía Berdeja explicó que la violencia se concentra en 12 puntos del país, enfatizando que está focalizada. Lo mismo sucedía desde las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero el discurso que enarbolaban quienes ahora gobiernan o sus voceros, es que el país estaba incendiado.

Aún así, la violencia en el gobierno de Calderón tuvo un punto de inflexión en mayo de 2011, cuya tendencia se mantuvo durante los dos primeros años de Peña Nieto, que como López Obrador, pactó implícitamente con los criminales. El escenario de seguridad se le descompuso a Peña Nieto en 2015, y las tasas de homicidio dolosos se fueron incrementando. En el gobierno de López Obrador, esos totales han sido rebasados ampliamente, convirtiendo los dos primeros años de su administración, como los más rojos en la historia del país.

La seguridad, que ha competido desde hace varios años con la economía de bolsillo como el tema de mayor preocupación entre los mexicanos, fue la prioridad mayor que estableció López Obrador al llegar a la Presidencia, para devolverle a la Nación la paz y la reconciliación. A la luz de los resultados, ha sido todo lo contrario, sin ejes estructurados y desconfianzas dentro del gobierno y con gobiernos estatales. Lo que sucede en el “gabinete de seguridad” no es mas que la metáfora de un Presidente con la cabeza en las urnas, no en los criminales.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

López Obrador frente a Biden

Raymundo Riva Palacio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador debe apurarse a subirse en el tres de Joe Biden por su bien, el de su gobierno y el de México. Ya pagará el costo por respaldar al presidente Donald Trump en su denuncias de fraude electoral y sus intentos por revertir una elección violando los principios de la democracia, pero eso se puede mantener a nivel personal, pero su tozudez debe pasar al pragmatismo ante los anuncios que está haciendo el presidente electo en materia de política exterior y de seguridad, y que sus colaboradores establezcan contacto con quienes serán cabezas de esos sectores para empezar a trabajar. No se necesita que López Obrador felicite a Biden, sino que actúe con inteligencia porque los primeros nombramientos tienen políticas antagónicas a las suyas.

El tema de mayor confrontación será el energético. Durante el gobierno de Trump las fricciones fueron continuas con el sector privado estadounidense por el cambio de reglas, pero la displicencia del jefe de la Casa Blanca y la falta de energía del embajador Christopher Landau para defender los intereses del sector energético de su país ante las violaciones, cambiará en la Administración Biden. El próximo secretario de Estado será Antohny Blinken, muy cercano a él desde hace 30 años, y con una amplia experiencia en temas de política exterior.

Blinken tendrá entre sus misiones que Estados Unidos regrese al Acuerdo de Cambio Climático de París, que busca el impulso de las energías limpias. López Obrador es un enemigo de ellas, y ha optado por las energía sucias. Toda su política ha estado enfocada a la inyección de recursos para la generación de combustibles fósiles, buscando incluso renovar refinerías –como Cadereyta-, pese a los estudios de contaminación ambiental. Ignorar los estudios de evaluación de ella en proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, van contra las directrices perfiladas por Biden desde la campaña. “O ajustamos nuestras políticas, o las demandas al amparo del acuerdo comercial con Estados Unidos, podrían ser continuas”, admitió una fuente diplomática mexicana.

El tema energético es transversal en el nuevo equipo de Biden. Avril Hines, quien ocupará el cargo de directora de Inteligencia Nacional, un puesto clave dentro de la Casa Blanca porque bajo su supervisión están todos los servicios de inteligencia, civil y militares, del gobierno de Estados Unidos, trabajó en los últimos años en responsabilidades energéticas, trabajó durante el gobierno de Barack Obama como subdirectora de la CIA y directora adjunta del Consejo Nacional de Seguridad.

La Casa Blanca de Obama fue particularmente dura con Peña Nieto por su acercamiento con China, e intervino para que el Tren Bala entre la Ciudad de México y Querétaro, se frustrara por el financiamiento de Beijing. El gobierno abandonó otros planes de fuerte inversión china en Cabo Pulmo en el Mar de Cortés y en el Dragon Mart de Cancún.

Cuando Peña Nieto invitó a Trump durante la campaña presidencial de 2016, la entonces titular del Consejo Nacional de Seguridad, Susan Rice, le exigió a la ex canciller Claudia Ruiz Massieu, durante una reunión del G-20 en Asia, que tenía que haber consecuencias por esa afrenta a los demócratas. Al regresar, Peña Nieto cesó a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda que promovió el encuentro. Actualmente, si bien el canciller Marcelo Ebrard trabajó la relación con Trump igual que Videgaray, fue López Obrador quien mostró su entrega al jefe de la Casa Blanca, aceptando sus imposiciones.

Una medida que López Obrador hizo para satisfacer a Trump, será revertida en los primeros 100 días de gobierno de Biden, los Protocolos de Protección de Migrantes, cuando se cedió soberanía para aceptar que los centroamericanos que buscaran asilo en Estados Unidos, esperaran en territorio mexicano el proceso de su solicitud, mediante un memorando con el gobierno de Trump, firmado por Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería.

El responsable de desmantelar ese infame acuerdo será el nuevo secretario de Seguridad Territorial, Alejandro Mayorkas, un cubano-estadounidense que como fiscal federal en California, llevó los casos contra la llamada Mafia Mexicana, que operaba desde las cárceles, y fue director de Migración en el gobierno de Obama,  cuyo trabajo a favor de los derechos humanos de los inmigrantes fue ampliamente reconocido. Mayorkas, por otro lado, tiene una madrina desde hace 20 años, la senadora de California Dianne Feinstein, que desde el gobierno de Obama defendió arbitrariedades en México contra la empresa Sempra, cuya filial Inova fue pintada por López Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett, como el enemigo de la Nación.

En el tema de la seguridad, lo que probablemente cambiará radicalmente es la arquitectura de la cooperación bilateral, que se manejaba a través del Grupo de Alto Nivel entre los dos países, donde el embajador Landau se sentaba frente a seis secretarios, en una mesa presidida por el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval. Fue deficiente, y hoy se puede calificar de fracaso ante la pérdida mutua de credibilidad. La reconstrucción de confianza será muy cuesta arriba, porque la liberación del general Salvador Cienfuegos fue por razones políticas, ante las críticas recientes de la nueva directora de Inteligencia, Haines, a la politización de la justicia por parte de Trump.

Las redes de vínculos de los próximos funcionarios no pintan bien para López Obrador, quien dice que conoce a Biden, cuando en realidad, el entonces vicepresidente lo conoció en México cuando en la campaña presidencial de 2016, vino a palomear a la y los candidatos. No obstante, la relación bilateral es muy importante para Estados Unidos, que ayudará a López Obrador a matizar su desdén a Biden, si apura la reconstrucción de la relación con los demócratas, discretamente si quiere, pero en forma eficaz, y da luz verde para que oficialmente sus diplomáticos, se acerquen y trabajen con el equipo del presidente electo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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El profesor, José Luis Leyva Hernández, continúa arduamente con la formación de los comités en defensa de la “Cuarta Transformación”, este fin de semana se reunió con vecinos de las colonias Lázaro Cárdenas (La Noria), Morelos, Vista Hermosa y Manantial.

Los colonos coincidieron con el profesor, Leyva Hernández, que son realmente importantes los programas sociales implementados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues conocen a varias personas que ya son beneficiadas.

Aceptaron ser parte de los comités en defensa de la “4T”, pues la mayoría de los vecinos de estas colonias son comerciantes de bajos recursos y mediante los programas sociales podrán recibir apoyos económicos para poder invertir en sus pequeños negocios.

Leyva Hernández explicó a los ciudadanos que, por el momento sus dos objetivos principales son; promocionar sus escuelas, Ceusjic y Roosevelt, porque es un impulsor de la educación, y continuar con la creación de los comités en defensa de la 4T.

Finalmente, dio a conocer que no tiene relación con ninguno de los aspirantes que buscan la candidatura para presidente municipal de Zihuatanejo por medio del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que Leyva Hernández es completamente independiente es sus actividades y que se considera netamente “obradorista”.

El anhelo del general

Raymundo Riva Palacio

Teóricamente es correcto lo que dijo el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, de que las Fuerzas Armadas no anhelan el poder. Cierto, porque ya lo tienen. El tamaño de los problemas del país, que no imaginó ni calculó el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo obligó a dar un giro de 180 grados, y de querer desaparecerlas, las volvió pilar de su régimen. El Presidente vive hoy en una jaula de oro protegido por los militares que le han resuelto todo. Pero como nada es gratis, el pago han sido dinero, concesiones, privilegios, encubrimientos y cumplirles una exigencia: defender, a costa incluso de incomodar a su Némesis Donald Trump, al general Salvador Cienfuegos, a quien por presiones mexicanas liberaron en Estados Unidos pese a un expediente de “miles de documentos” que probaban, decían, sus nexos con el narcotráfico.

Entonces, tiene razón el general Sandoval. Si el Presidente quería mantener un cuerpo homogéneo para que le diera cobertura y permitiera hacer todo lo que desea, violentando normas y ajustando o ignorando leyes, tenía que hacerles caso. Con los militares mexicanos no se juega. No es que tengan un espíritu golpista, por lo que cada vez que se habla del tema, como el propio López Obrador lo ha llegado a decir públicamente, se recuerda que el Ejército es el más institucional de América Latina. Igual se decía del Ejército chileno hasta que el general Augusto Pinochet le dio golpe de Estado al presidente Salvador Allende en 1973 –un evento que tiene fijo el inquilino de Palacio Nacional-. El inhibidor aquí son los tres mil 200 kilómetros de frontera con Estados Unidos y las represalias políticas y económicas que habría con una toma de poder de facto.

Ese escenario no existe, porque López Obrador se los dio. Las Fuerzas Armadas desvanecieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Ejército absorbió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dejándole sólo la responsabilidad de prisiones y Protección Civil. Se desistió de pasar legalmente la Guardia Nacional al Ejército cuando se revelaron sus intenciones y generó protestas, pero en los hechos, le pertenece. Tanto es su poder sobre el Presidente, que pasaron sin escándalo ni remociones la violaciones a los derechos humanos que cometió la Guardia Nacional al reprimir la protesta social en Chihuahua, tragándose el régimen décadas de denuncias contra ese tipo de acciones que llamaban autoritarias.

El general Sandoval se siente con autoridad plena y profesa lealtad. La tiene, en efecto con el Presidente, porque López Obrador le permite todo. Incluso temas de índole personal. Como botón de muestra: el general quería que su hijo estudiara un posgrado que da la Secretaría de la Defensa a civiles, donde no se permiten militares. Para resolverlo, el general retirado, su protector e impulsor, Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, lo inscribió como miembro del aparato de inteligencia civil. Por supuesto, nadie les reclamó.

Tampoco ha habido objeciones para que, en la marca de la casa, ordenara el espionaje de un periodista crítico a las políticas de la militarización policial, que se discutió dentro de las reuniones de gabinete, donde por cierto, no son inusuales las referencias de molestia contra quienes cuestionan las políticas de gobierno. Es decir, el uso del aparato de inteligencia militar, que está para la defensa de la seguridad nacional, para saciar el coraje del secretario. 

Las Fuerzas Armadas lo tienen todo, en particular el Ejército, cuyos mandos cambiaron en meses su ánimo de molestia con el Presidente, en los tiempos que quería desaparecer las Fuerzas Armadas con el argumento que no había ninguna amenaza externa, a apoyarse plenamente en ellas. Un ejemplo importante es el Tren Maya, donde se descubrió que en uno de los tramos de la ruta que atraviesa por la selva, había campamentos de entrenamientos de Los Zetas que manejaban ex Kaibiles, los soldados de élite de Guatemala.

El Presidente anunció en octubre que los tramos 6 y 7 del Tren Maya iban a ser construidos por ingenieros militares. Lo que no dijo es que además de ello –era innecesario mencionar los narco campamentos-, el tramo se lo iba a concesionar a la Secretaría de la Defensa. Es decir, no sólo participarán en la planeación y la construcción, sino que además les permitirá manejar el tramo como un negocio, igual que con las constructoras privadas que participan en otra parte de la ruta, para que tengan ingresos. Negocio paralelo a los militares, pero hay que señalarlo, tan legal como ilegítimo.

López Obrador ha hecho cierta la frase de que el amor de un gobierno se ve en el presupuesto. Para el próximo año, sus recursos se incrementarán 15.7% del presupuesto de este año de 94 mil millones de pesos. La Marina tendrá un aumento de 2.1% en su presupuesto, que actualmente es de 33 mil millones. En septiembre se autorizó un incremento salarial para todas las Fuerzas Armadas, retroactivo a enero de este año, y un incremento significativo de plazas, cuando en el resto de la administración sólo hay austeridad. Adicionalmente, como reportó Mexicanos Contra la Corrupción, los fideicomisos del Ejército tuvieron un incremento de mil 48 por ciento, mientras López Obrador ordenaba que se cancelaran todos porque eran vehículos de corrupción.

¿Por qué anhelarían las Fuerzas Armadas el poder? Lo tienen ampliamente sin necesidad de desgastarse, sin que les llamen golpistas, sin que les recuerden 1968, ni Tlataya, ni que para los marinos en la lucha contra la delincuencia organizada nunca existieron los prisioneros, ni que se violen los derechos humanos y se permitan acciones de espionaje contra civiles. El único lunar negro que tienen con el gobierno es Ayotzinapa, pero ya se verá como se desvanecen las acusaciones contra un militar, o se le sacrifica, para que no digan que el general Sandoval quiere todo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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