Reactivación desarticulada
Raymundo Riva Palacio
El plan de reanudación a una nueva normalidad del gobierno federal deja mucho que desear. Peor aún, no es un plan consensuado ni articulado con los gobiernos estatales, lo que significa que no es una iniciativa federal para ser aplicada en todo el país, sino un conjunto de guías normativas de cumplimiento discrecional. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es una imposición para ningún estado o municipio, por lo que cada quien, en función de su autonomía, podrá acatar las medidas que decida. Una vez más, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Y aténgase a las consecuencias.
El plan que guiará al gobierno federal se compuso de un paquete de enunciados y cronogramas pintados de colores, para buscar ser didáctico sin entrar el fondo o resolver las dudas y preguntas que dejó. Nadie explicó porqué se decidió que sólo los sectores de la minería, automotriz y la construcción se añadirían a la categoría de empresas esenciales, que hubiera ayudado a entender la lógica que, de cualquier forma, choca con lo ilógico. Los tres sectores se encuentran ubicados mayoritariamente en las zonas del país con alerta alta o máxima, lo que no excluye que puedan reabrir, pero exige saber las condiciones en las que lo harán para preservar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
Ese detalle fundamental, no existe aún. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, estuvo presente en el evento, pero tras escuchar su breve participación, era igual como si no hubiera ido. En ella recae el desarrollo de protocolos de seguridad laboral, pero no traía nada bajo el brazo. Incluso, quien trazó las grandes líneas del plan, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que estos se comenzarán a elaborar en las dos últimas semanas de mayo. ¿Qué hicieron entonces durante todo este tiempo? Alcalde, realmente nada. Quienes han estado hablando con las empresas para acordar protocolos de seguridad laboral son los gobernadores, no el gobierno federal.
Los gobernadores han marchado firmemente sobre el gobierno federal. Comenzaron el distanciamiento social y el confinamiento cuando el gobierno federal decía que no era necesario, probablemente salvando miles de vidas. Esta semana decidieron ignorar al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, de que las clases presenciales se reanudarían el 1 de junio, y casi la mitad de los estados dijeron que terminarían el ciclo escolar con clases a distancia, porque no pondrían en riesgo la vida de los menores y sus familiares. Moctezuma, presente en el evento del miércoles en Palacio Nacional, reculó en la intención original, y precisó que la reanudación de clases se haría hasta que no haya contagio en los municipios del país y no el día anunciado.
López Obrador cumplió con reiniciar escalonadamente el regreso a la normalidad diferente a partir del próximo lunes, pero aparentemente el diagnóstico que le dieron era impreciso. Esto es algo sobresaliente que dejaron ver las entrelíneas del evento en Palacio Nacional. El 20 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, escribió en su cuenta de Twitter que para el 18 de mayo, se podrían levantar las medidas de seguridad sanitaria en casi mil municipios, si la gente continuaba con la sana distancia. Tres semanas más tarde, el número de municipios sin contagio se había reducido significativamente: 269, una tercera parte de los que habían contabilizado.
De la lista de los estados con un mayor número de municipios sin casos, resalta la forma como se ha acelerado el contagio en esas mismas entidades. Hace un mes había 443 municipios vírgenes de coronavirus en Oaxaca; hoy, 203. Durante ese periodo, en Veracruz se contagiaron 77 municipios y 63 en Puebla. Yucatán tenía libre de contagio 50 municipios y hoy sólo tiene uno, mientras que en Chiapas, el Covid-19 se extendió a 43 de los 48 municipios que hace un mes estaban libres de enfermedad. Aún en estados donde los gobiernos locales han tomado medidas de distanciamiento enérgicas, la pandemia avanza. Jalisco es uno de ellos, donde el 50% de sus municipios limpios en ese entonces (26), está hoy infectado. Y Sonora, que tenía 32 municipios sin contagio, hoy tiene 17. La velocidad del contagio es tan rápida, que la lista de municipios libres de contagio se redujo en 10 entre la víspera y el anuncio del plan.
Las autoridades sanitarias federales han minimizado estos datos y afirmado que la curva se está aplanando. Su dialéctica es política-propagandística. ¿Cómo aplanar una curva cuando los casos a nivel nacional de contagios y fallecimientos van en aumento? No se ha ralentizado, sino acelerado, razón por lo que se recomienda realizar el mayor número de pruebas posibles a población que no está contagiada ni registra síntomas. Pero pruebas, como quedó demostrado ayer una vez más, no habrá.
La falta de protocolos, pruebas, y medidas de seguridad laboral, dejaron también en el aire cómo se va a echar a andar el sector de la construcción –fuertemente golpeado un año antes de la pandemia por las políticas del gobierno-, que tiene entre su principal actividad en las zonas metropolitanas, particularmente la del Valle de México, que se encuentra actualmente en máxima alerta del coronavirus.
El plan presentado está trunco y su calendarización refleja lo tardío que están llegando a la reactivación, o la improvisación con la que están manejando este proceso. Parecería que el gobierno federal no asume el papel rector y regulador que debe tener en esta crisis, y dejará que las cosas se resuelvan casuísticamente. Extraña, por tanto, que López Obrador diga que el plan no será impuesto a nadie. ¿Será una coartada para culpar a otros de lo que debió haber hecho su gobierno? No cabe que sea tan irresponsable, pero mejor esperemos para ver lo que presenta en los próximos días.
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