Categoría: Regional

Un día para no olvidar

Raymundo Riva Palacio

Dieciocho de agosto de 2020 es un día para no olvidar y para luchar de ahora en adelante porque lo que se sembró este lunes no florezca. Este fue el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador aplastó la Ley y demostró que el Estado de Derecho le hace lo que el viento a Juárez, que el debido proceso es una sopa de la que no come, y que a quienes deben ser guardianes de la Ley, los utiliza, manipula y desecha con desparpajo. El fiscal general independiente al que tanto presume, luce como su apéndice, y el presidente de la Suprema Corte, parece su operador legal por sus silencios injustificables. Habrá quien aplauda el corto plazo de la lucha contra la corrupción, pero el largo plazo corrompe la esencia de nación y mina la certidumbre jurídica de sus ciudadanos.

López Obrador usó el atril presidencial para referirse a un video donde aparecen dos ex funcionarios del Senado vinculados a panistas, recibiendo dinero en efectivo. No hay nada más ahí. Ni quién llevó el dinero, ni quién lo enviaba, ni qué destino tendrían los recursos. El video se volvió viral en las redes sociales cinco horas después de que López Obrador le pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero que diera a conocer el que entregó el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como prueba de corrupción en el gobierno anterior. La sola sugerencia presidencial violenta la Ley, a la que juró defender sobre la Constitución. Lo llamó “asunto de Estado”, que es una rara forma de concebirlo al pedir la difusión del video que para que se respete la ley, hay que violarla.

El Presidente se dijo sorprendido por la viralización de un video que materializó su sueño, y apretó la marcha. Aunque jurídicamente el video no prueba nada, y probablemente tampoco sirva como una prueba ante un juez, López Obrador dio su propia versión de lo que informaba el video que, por si alguien no lo había visto, reprodujo en la mañanera: “Este video es bastante fuerte, muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos”. 

¿De dónde sacó el Presidente que ese dinero era para comprar la conciencia de legisladores? De su imaginación. “La declaración del señor Lozoya…”, agregó. “Parte de este dinero se utilizó para la aprobación de la llamada Reforma Energética, que tanto se promovió, se defendió por medios de comunicación, los escritores, los columnistas, intelectuales orgánicos”. Con esta afirmación, el Presidente vinculó el video, que hasta ese momento no era parte del expediente del ex director de Pemex. Tampoco forma parte de la declaración de Lozoya, y López Obrador carecía de pruebas para afirmar que fue utilizado para los fines corruptores que describió como verdaderos.

López Obrador tejió una narrativa donde vinculó verdades con verosimilitudes que injertó en la cabeza de millones de personas. La única verdad es el video donde se recibe de manera irregular –lo ilegal tendrá que demostrarse-, que incorporó en las verosimilitudes –las acusaciones de Lozoya que falta que pruebe-, y acomodó en el marco mental mexicano que ataca todos con la frase de que todo el pasado, en el universo de los últimos 36 años, fue corrupto. Con esas imputaciones, el Presidente violó la presunción de inocencia y generó el llamado “efecto corruptor”.

Este “efecto corruptor” lo desarrolló el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, en la revisión del amparo directo de Florence Cassez en 2011, que se quejó de que la autoridad violó el debido proceso y su presunción de inocencia por no haber tenido la asistencia consular –es ciudadana francesa-, ni haber sido puesta inmediatamente al Ministerio Público, y haber formado parte de un “montaje” o recreación ante la prensa de su detención, en un operativo contra una banda de secuestradores, como fue sentenciada tiempo después por un juez.

En esa memorable tesis, Zaldívar señaló: “Esta escenificación o montaje tuvo como objetivo transmitir unos hechos ajenos a la realidad, que (afectaron)… el reconocimiento del derecho de la presunción de inocencia por el artículo 20 de la Constitución… un principio general del derecho que (se ha convertido) en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes públicos y que es de aplicación inmediata”.

La escenificación que hizo López Obrador ayer con la reproducción del video en Palacio Nacional como anexo a sus acusaciones, aniquiló la presunción de inocencia y el debido proceso, al afirmar que era un acto de corrupción de todo un sistema –no de individuos, en dado caso-, y que las reacciones que había generado eran una aceptación de validez. ¿Reconocimiento de qué? La respuesta se encuentra en el framing, el ángulo o la perspectiva desde la cual se cuenta una información, que empleó, y que vinculó automáticamente Lozoya-corrupción-políticos de oposición-Reforma Energética-compra de votos. “Siempre lo he dicho”, remató el Presidente. “Es un régimen en el que encontramos en decadencia, con una corrupción generalizada”.

En su opinión sobre Cassez, Zaldívar precisó: “Las consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas por parte de las autoridades… producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria”. El ministro subrayó: “Es necesario enfatizar que toda acusación debe sustentarse en evidencia solida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales. En este caso, (hubo) el efecto corruptor al haber subvertido el material probatorio (que) impide determinar la culpabilidad de la quejosa”.

Zaldívar dejó abierta la posibilidad de que las ilegalidades de las autoridades hubieran sido de manera no intencionada. En el caso de López Obrador, esa posibilidad no existe. Fue deliberado, con premeditación y dolo, llegando al extremo de pedirle a quien debe aplicar la ley, que la viole. Este 28 de agosto, no lo debemos olvidar.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

twitter: @rivapa

Las travesuras eróticas del secretario

Raymundo Riva Palacio

Víctor Manuel Toledo es un ecologista reconocido, por su trayectoria académica y por sus posiciones ideológicas. Desde que fue nombrado secretario de Medio Ambiente en mayo del año pasado, ha sido un funcionario con poca visibilidad, aunque cuando habla siempre genera controversia. Algunas de sus declaraciones rozan los linderos del absurdo, como cuando se pronunció contra la energía eólica porque “atrapa los aires de los pueblos indígenas”, o una más reciente que lo puso al umbral de su cese, al mostrar las contradicciones al interior del gobierno y al desinterés del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el medio ambiente.

Pese a que desnudó las limitaciones del cambio que busca el Presidente, lo defendió, como un hombre honesto. La honestidad, lo hemos visto bien, es concebida por López Obrador como símbolo de pureza, integridad y de lo incorruptible. También ya sabemos que su concepto es discrecional y que los impuros y corruptos son aquellos que no están con él. Para sus fieles e incondicionales, nunca hay sanción, sino eterno perdón y tolerancia. López Obrador es un hombre religioso, que se mueve en la praxis entre el Viejo y el Nuevo Testamento, y que muchas de sus referencias políticas las ancla en los evangelios. Bajo esos parámetros morales mide a las personas y emite sus juicios milenarios.

Toledo entra perfectamente en la dicotomía del Presidente, aunque muy probablemente López Obrador no conoce de las travesuras eróticas de su secretario. Desde antes de que fuera nombrado secretario de Estado de un gobierno que presume de moral, Toledo mostraba proclividad por lugares de masajes donde ofrecen todo tipo de servicio, y un interés particular por información y atención en sitios en internet especializados en ese tipo de prestación. El secretario no fue cuidadoso y dejó huella a su paso regular por empresas en ese ramo de la sexualidad en la Ciudad de México y otras entidades.

Un expediente sobre las debilidades del secretario fue conocido por esta columna, donde se aprecia el perfil demográfico por el que se inclina pero, sobre todo, la forma irresponsable, al ser un secretario de Estado, como establece contacto con algunos de esos lugares en zonas calientes, como se registra en particular uno que hizo en una colonia de Xalapa, Veracruz, conocida por el control que tiene la delincuencia organizada sobre esos negocios. Al encontrarse en los niveles donde se encuentra, la prudencia y contención deberían ser dos faros que lo guiaran.

Toledo puede hacer de su vida privada lo que desee, siempre y cuando no viole la ley, pero al ser un funcionario público de tan alto nivel, debería entender que su vida privada tiene que ser consecuente con su vida pública. Lo que lo rija en privado reflejará lo que es en público, y repercute no únicamente en su calidad como funcionario, sino impacta en la imagen del gobierno al que representa. Por eso, al haber sido políticamente irresponsable, por la negligencia como siguió manteniendo sus gustos sin haberlos suspendido mientras representara a un gobierno, o incrementar su discreción y seguridad, dejó las puertas abiertas para que emerja a la luz pública lo que había mantenido en la oscuridad.

El expediente habla mucho de él, por estas razones, pero también del gobierno, que no tuvo el cuidado de revisar su pasado y sus relaciones, para evitar problemas políticos o de imagen a la administración con la que colaboraría. La falta de idea sobre lo que este tipo de verificación significa para un gobierno y la falta de profesionalización para hacer de ello un método, subraya la improvisación que caracteriza al gobierno de López Obrador. Por acciones similares a las de Toledo, en otros países cayeron ministros poderosos, o tuvieron que abandonar carreras presidenciales. Esto sucede no por cuestiones de moralina o hipocresía, sino porque los funcionarios públicos deben ser un ejemplo de comportamiento. 

Más aún, en un gobierno como el de López Obrador, donde la moral rige la política y sus decisiones, Toledo es una contradicción. Por un lado, sus acciones se encuentran en los linderos de la legalidad –de hecho, algunas de ellas violan la Ley, aunque en México los gobiernos son tolerantes a ello-, pero por el otro, en el marco de referencia del Presidente, comete un pecado capital. La palabra de un líder moral y religioso, como se asume López Obrador, que busca la purificación nacional de la sociedad y que repite a todos los grupos “pórtense bien”, queda en entredicho por las actitudes de Toledo.

Toledo fue buscado desde el viernes pasado para conocer su opinión. A través de su equipo de comunicación pidió que se le enviara su correo electrónico de la UNAM, con las razones de la búsqueda. El correo se envió el viernes por la noche, con información adicional a la publicada en este espacio. También se alertó a su equipo que se había enviado para que lo notificaran. 

El sábado y el lunes se volvió a preguntar a su equipo de comunicación sobre la existencia de una respuesta, que hasta el momento de escribirse esta columna, no se había dado. El viernes y el lunes se habló directamente al teléfono celular del secretario, sin éxito. El viernes nunca respondió la llamada y el lunes, su buzón estaba lleno, por lo que tampoco se pudo dejar un mensaje. 

Toledo optó por el silencio al derecho de réplica. 

Nota: La empresa Braskem-Idesa aclaró que nunca dejó de tener trato con Pemex cuando fue cesado Emilio Lozoya. Esta columna publicó que su relevo había suspendido todos los tratos por sospecha de corrupción. Son dos cosas diferentes. Braskem-Idesa hablan de la no suspensión del contrato; la columna no se refería al contrato sino a la relación fluida existente, que era el contexto en el cual fue escrito el párrafo que objeta la empresa. 

rrivapalacio@ejecentral.com.mx

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Jaime Ojendiz Realeño

El ex presidente municipal Eric Fernández Gómez, anunció su renuncia al PRI pues consideró que la dirigencia municipal está cerrada en cuidar sus privilegios y no la gestión social.

En comunicado dirigido a Esteban Albarrán Mendoza, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, sostuvo que es el medio en el que presenta su renuncia a la militancia que durante más de 50 años tuvo al partido.

“La vida política ha sido la pasión en mi vida. La he ejercido siempre con vocación de servicio a los grupos sociales que se esfuerzan todos los días para alcanzar para sus familias mejores condiciones de vida” manifiesta.

Expone que nació y se desarrolló durante su vida política en un PRI que había comprensión y compromiso en la dirigencia  partidista para la atención de los grandes problemas de desigualdad social e injusticia.

“Ese tiempo ya pasó. El partido fue alejándose del pueblo. La dirigencia privilegió sus propios intereses. La indignación popular contra el partido que la representó por décadas, se hizo sentir en el voto popular masivo de las elecciones de 2018” argumenta en su renuncia.

En lo municipal, Fernández Gómez asegura que se acercó muchas veces al partido con gestiones sociales y naturales aspiraciones políticas motivadas por el propósito de tener mayor posibilidades de gestiones exitosas para la ciudadanía y liderazgos de base: “No encontré ninguna respuesta. La prioridad de la dirigencia partidaria fue cerrarse para defender sus propios privilegios” lamenta.

El ex priista añade que renuncia y tiene el propósito de encontrar en otros espacios de organización política “la oportunidad de seguir ejerciendo mi vocación de servicio a las comunidades populares de Zihuatanejo.  De esa vocación hay testimonio vivo de ese medio siglo de militancia al partido que hoy estoy abandonando”, concluye.

No es la primera ocasión en el hombre renuncia a su militancia al PRI, en 2008 su argumento fue que no era tomado en cuenta, y fue diputado local y presidente municipal de Zihuatanejo en los años noventa.