El mundo bizarro de Andrés Manuel
Raymundo Riva Palacio
La palabra bizarro tiene dos acepciones. Una
que proviene de su origen francés, usada también en inglés, que se refiere a
una persona extraña, peculiar o extravagante. Otra en español, donde suele
confundirse el término, que es positivo y quiere decir valiente. En el caso del
presidente Andrés Manuel López Obrador, los dos sentidos de la palabra se
ajustan perfectamente. Tiene un enorme valor para enfrentar todo y a todos todo
el tiempo para alcanzar el cambio prometido en la campaña. Al mismo tiempo,
utiliza sus enormes recursos políticos para forzarlos sin importarle que el
país que dirige no está aislado del mundo y que algunas de las decisiones que
están tomando podrán afectar a su gobierno, su proyecto y al país de una manera
inimaginable. Este sábado se dio el último paso al territorio de los problemas.
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados distribuyó
el proyecto de dictamen de 84 páginas donde cambia el esquema de gobierno
corporativo de Pemex. Hace casi un mes lo había anticipado la ex síndica de
Texcoco, Karla Yuritzi Almazán, miembro de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados, pero no hubo muchas voces que expresaran su preocupación. Este
sábado se concretó su iniciativa en donde se descabeza el gobierno corporativo
de Pemex y se le otorgan facultades plenas al titular de Pemex, que para
efectos reales y prácticos es el presidente López Obrador, para hacer lo que
plazca con la empresa productiva del Estado Mexicano sin rendirle cuentas a
nadie.
El proyecto señala: “La presente iniciativa
pretende establecer un marco jurídico que garantice y permita al director
general dirigir, ejecutar, administrar y operar Petróleos Mexicanos y las
diversas empresas que la componen, de manera integral para ejecutar y cumplir
con los objetivos de exploración, explotación y refinación”. En la actualidad,
agrega el proyecto, la ley “diluye la responsabilidad en las líneas de
actuación y porque un gobierno corporativo implica un órgano que ordena y
vigila, pero no opera”. Por lo tanto, los consejeros independientes dejarán de
ser realmente independientes y serán funcionarios públicos que le den “certeza”
a la buena marcha de Pemex, y se sacuden a la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
para que el titular pueda contratar lo que desee sin un órgano regulador.
Lo que pretende el presidente es regresar el
esquema que había venido construyendo Pemex en los últimos años para adecuarlo
a las reglas del mundo, y retroceder más de tres lustros, cuando la
arquitectura de las empresas cambió tras los escándalos corporativos en Estados
Unidos entra 2000 y 2002. Corporaciones como Enron Corporation, la empresa
petrolera y energía de Houston con fuertes vínculos con el gobierno de George
W. Bush, Tyco International y WorldCom,
encabezaron una serie de escándalos de malas prácticas que rompieron la confianza
de los inversionistas en las contabilidades que les presentaban al declararse
en bancarrota, pese a la solidez financiera de algunas de ellas. Esa crisis
originó demandas urgentes para reestablecer los estándares regulatorios que
habían sido desmantelados siete años antes, lo que les había facilitado actuar
fraudulentamente.
Con el fin de establecer nuevos estándares contables, el
senador Paul Sarbanes y el diputado Michael Oxley, prepararon una iniciativa de
ley que restablecía un marco regulatorio al que incorporaban una administración
corporativa y un consejo de administración corporativo, a fin de que nunca más
las empresas públicas se manejaran sin pesos ni contrapesos, o sin rendir
cuentas a nadie. Esta ley es lo que se conoce como el Acta Sarbanes-Oxley, que fue aprobada en
2002 para proteger a los inversionistas de posibles actividades contables
fraudulentas por parte de las empresas.
Esa
Acta creó un sistema de reglas, prácticas y procesos que se le llama gobierno
corportivo, que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de
gobierno de una empresa. Como explica Deloitte, una empresa
multinacional con operaciones en México, “establece las relaciones entre la
junta directiva y el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes
interesadas, y estipula las reglas oir las que se rige el proceso de toma de
decisiones sobre la compañía para generar valor”. La aplicación de un código de
buen gobierno, agrega, es la garantía para el crecimiento sostenible,
restablece la confianza de los inversionistas y aumenta el acceso al crédito.
El
proyecto que distribuyó la diputada Almazán el sábado, camina en sentido
contrario. Opacidad contra transparencia, sin contrapesos ni mecanismos de
rendición de cuentas, con manejo unipersonal de Pemex para tomar decisiones
verticales. El gobierno corporativo desaparece por completo y la empresa se
manejará de acuerdo a los intereses del presidente en turno a través del
titular en turno. De concretarse en Ley la iniciativa de Morena, chocará con el
Acta Sarbanes-Oxley que busca proteger a los invervionistas con lo que se abre
la posibilidad de que en el futuro, todo lo que quiera hacerf Pemex en el mundo
sea revisado por la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos.
No se
puede decir que de aprobarse la ley se le cerrará el crédito a Pemex en el
mundo y se parará la inversión extranjera en la empresa, pero sí se puede
argumentar que la colocación de bonos para financiamientos, la búsqueda de
líneas de crédito o de inversionistas, será cada vez más difícil de conseguir.
Es cierto que el presidente López Obrador ya dijo que Pemex no emitirá bonos de
deuda ni se endeudará, y que se revisarán los contratos con inversionistas
extranjeros porque no le gustan los resultados. También ha dicho que no quiere
tratos petroleros con el mundo sino mirar solamente hacia adentro. Eso también
es un proyecto de nación. Inexistente, por cierto, hasta en Corea del Norte.
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