Una negociación a morir
Raymundo Riva Palacio
La forma como se procesó la reforma
constitucional que crea la Guardia Nacional en el Senado, dibujó la dinámica de
un Estado. El presidente manda una reforma controversial, que enmiendan en el
Congreso, por lo que pide que se corrija en el Senado para mantener su
propuesta de militarizar la seguridad pública, y que después de que exige que o
le dan atribuciones a los militares para dirigir las tareas policiacas o
denunciará las razones ocultas de los legisladores. Los senadores rechazan sus
amagos y aprueban una ley contraria a sus deseos. Pero el presidente no
denuncia nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo que hicieron. Todos
se congratulan. Todos satisfechos. Todos cedieron algo para ganar mucho. Así
funciona una democracia. Atrás de lo público fue muy diferente.
Las negociaciones de 20 días con los senadores
fueron políticamente muy violentas, con enfrentamientos en la Junta de
Coordinación Política, donde su presidente, el morenista Ricardo Monreal,
estaba decidido a forzar a la oposición para satisfacer el deseo del
presidente: Guardia Nacional con mando militar, sujeta al fuero militar, y
atemporal su tarea en seguridad pública. Desde un principio, la oposición,
particularmente los panistas, dijeron que no.
Incluso, una reunión de gobernadores con el
gabinete de seguridad el 15 de febrero, fue boicoteada por los del PAN para
evitar que les pidieran cabildear con sus senadores el apoyo al proyecto
presidencial. Ese desaire fue una señal clara, pero en el gabinete del
presidente Andrés Manuel López Obrador, no parece que se los perdonarán. Los
gobernadores del PRI sí asistieron y eso fue lo que intentaron. Presionaron a
sus senadores para que aprobaran la ley en los términos como planteaba Monreal,
pero no tuvieron eco. Las conversaciones en el Senado, mientras tanto, se
volvían más intensas.
Hubo un momento, de acuerdo con personas que
estuvieron en la mesa de las negociaciones, que el conflicto llegó al punto de
explosión, cuando Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, gritó que él se
dejaba las pláticas en la sesión del 18 de febrero. Monreal lo acusó de ser él
quien estaba promoviendo la oposición a la reforma y que había manipulado al
resto de los coordinadores en el Senado, lo que motivó una intervención de
Miguel Ángel Mancera, del PRD, reclamándole con cierto sarcasmo que les diera
el beneficio de una oposición real.
Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue uno de los factores que contribuyó
a que no reventara la mesa de negociaciones que se había instalado en Bucareli,
no sólo por su conocimiento sobre los procesos parlamentarios, sino por su mano
suave y conciliadora. En las reuniones estaba el emisario de López Obrador,
Julio Scherer, coordinador jurídico de la Presidencia, y participaba
activamente el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se
encargó de hablar con los militares para explicarles las posibilidades reales
que tenía el proyecto original donde ellos tendrían el mando, y buscar su
apoyo.
El presidente no quería que las cosas no fueran
como él deseaba, por lo que jugó rudo con amagos. Al coordinador del PRI, Miguel
Ángel Osorio Chong, López Obrador mismo lo amagó en una conferencia, al decir
que iba a informar sobre corrupción en el área de seguridad y en las compras de
alimentos para reclusorios y penales, que fue su responsabilidad en el sexenio
pasado como secretario de Gobernación. A la panista Xóchitl Gálvez, le
reciclaron en la prensa imputaciones de malversación de fondos cuando era
delegada en la Miguel Hidalgo. A Mancera le echó en cara la procuradora general
de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que había maquillado las
cifras de incidencia delictiva. Ningún senador de la oposición se amilanó y se
mantuvo firme. Los emisarios del presidente buscaron entonces persuadir a
senadores en lo individual y fueron hablando con un grupo por separado para
tratar de alcanzar el número de votos que necesitaban para aprobarla, pero
descuidaron al Partido Verde, que decidió sumarse a la oposición.
El problema que tenían para el miércoles eran
los militares. Insistían en el fuero militar para que sirviera como un
incentivo para mantener la disciplina, y estaban totalmente en desacuerdo que
prevaleciera el fuero civil. Durazo fue quien más trabajo hizo con ellos,
quienes al final se comportaron institucionalmente, pero la molestia persistió.
Un análisis elaborado por un militar de rango al que se tuvo acceso, decía: “La
reforma constitucional resultante en mi opinión es muy mala, ya que de las 250
páginas, el 80% es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que
fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y
porqué las Fuerzas Armadas son violadoras de los derechos humanos.
“El hecho de que le hayan quitado a la
Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de
la Guardia Nacional y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica,
disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación,
capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y
tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el
ámbito de la Fuerza Armada permanente, se puede traducir en que los resultados
positivos de su acción se atribuyan a la Secretaría de Seguridad y los
negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal, se castiguen a
la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Los militares no quedaron nada satisfechos con
la reforma constitucional, como tampoco quedó el presidente. Pero contrario a
lo que muchos pensaron –incluido quien esto escribe-, el consenso interno y
externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les
dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al gobierno: pese a ser una
fuerza minoritaria, hay momentos donde si se mantienen unidos, pueden frenar la
colonización nacional de la cuarta transformación.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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