Prisión para el zar anticorrupción
Raymundo Riva Palacio
Ernesto Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el
gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Si
le sirvió, empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de
Justicia de la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el
presunto delito de fraude en contra de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga
Milmo, por seis millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la
aplicación de la justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez.
Ahora, el blindaje se acabó. El juez Vigésimo Cuarto Penal ordenó el 24 de junio a la
Procuraduría que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.
Durante todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la
corrupción fue disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su
ineficiencia, se declaró inocente y el gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron
los detalles del caso en este espacio en
marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de mentiroso y Rodríguez
sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios que estaban siendo
investigados por presuntos delitos de corrupción. La imputación significaba una
contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el gobernador optó por
mantenerlo en su administración pese a la documentación del presunto delito.
La orden de aprehensión girada en su contra y que incluye a su ex socio
César Francisco Méndez, tiene su origen en la denuncia que presentó la señora
Cusi el 26 de marzo de 2012, por no haberle entregado seis millones de dólares,
en ese entonces unos 64 millones de pesos, como contraprestación por la entrega
del 16% de acciones de Televisa de la sucesión testamentaria. Meses antes de
que se revelaran los detalles del caso, en 2015, Canales buscó
amparos para bloquear fallos del ministerio público que impidieran el
esclarecimiento del caso. Dos años después un Tribunal Colegiado falló en su
contra, pero aún al quedar al descubierto que había mentido, las autoridades
capitalinas no actuaron. Tampoco hizo nada el gobernador Rodríguez, que había
ganado la elección en Nuevo León con una sola promesa: combatir la corrupción.
Rodríguez reclutó a Canales
como su zar anticorrupción pese a que el proceso en su contra estaba abierto y
se defendía en los juzgados. El objetivo fundamental de Rodríguez, que puso en
manos de Canales, fue documentar actos de corrupción del gobernador Rodrigo
Medina y ponerlo en la cárcel. El gobierno neoleonés investigó operaciones
financieras y triangulaciones con empresas off
shore, sin que jamás le pudieran probar nada ilícito. Paradójicamente,
documentó la defensa de la señora Cusi, Canales se quedó con los seis millones
de dólares mediante transferencias a empresas en el extranjero.
Apenas en junio pasado,
Canales le concedió una entrevista
al periódico El Occidental de
Guadalajara, donde afirmó: “Como una humedad ha permeado la corrupción en toda
la sociedad, y si la política es no perseguirla, ahora sí que el país está
condenado a ocupar un lugar de los bajos del mundo, lo que impacta en el
interior y en el exterior, porque es un enjambre… Por no perseguir los casos de
corrupción hay impunidad. Lo que se trata en los juicios penales es castigar a
los culpables, y si no hay juicios penales, menos hay culpables, a pesar de que
el ojo de la sociedad dice que la corrupción está en todos lados”.
Canales no pudo probar
en libertad su inocencia en la acusación de fraude en su contra, y tendrá que
seguir el juicio en prisión. Aunque el delito por el que lo acusaron no es
grave en el nuevo sistema penal acusatorio, en el viejo orden sí lo es, y al
estar su caso radicado en el anterior sistema, tendrá que ir al reclusorio. En
la entrevista, señaló: “La corrupción es un delito establecido en las leyes y
se tiene que acabar con las mismas leyes, con el castigo al corrupto y que sirva
al funcionario de ejemplo y de antídoto para evitar actos de corrupción”.
El ex zar
anticorrupción deberá estar a la altura de sus palabras, pero el hecho en sí
mismo deja abierta otra puerta, la forma de hacer política de Rodríguez, que lo
mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra. Ahora pagará el
costo político por defenderlo sin al menos haber explicado públicamente porqué,
pese a la documentación en contra de su ex colaborador, lo mantenía en el
cargo. La experiencia vista a través de los ojos de Rodríguez es algo que los
políticos no deben minimizar.
El ex presidente
Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra el ex
gobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido, convirtiéndose
Veracruz en el catalizador de la corrupción en su gobierno. El presidente
Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una
cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de corrupción en
su gobierno empiezan a emerger. Como dijo Canales a El Occidental, “la corrupción no se acaba con actos de amor o de
perdón”. López Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.
Nota: Rosario Robles refutó una mención en la
columna de ayer, “Ya se fue Peña Nieto”, donde una persona escuchó una
conversación de ella con el ex presidente donde le reclamó que la estuviera
dejando sola. Dijo que esa conversación no se refería a ella, “entre otras
cosas porque no he tenido hasta ahora ningún problema”, sino porque le habían
dado la espalda a José Narro y que él había dicho que no se metería en la
elección interna del PRI.
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