El
avión que no se vende
Raymundo
Riva Palacio
En
tres ocasiones en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 “José
María Morelos y Pavón”, ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López
Obrador, ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irá para
zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo
que nadie en la industria de la aviación creen que sucederá, eso tendrá que
esperar. El avión presidencial que compró el gobierno del presidente Felipe
Calderón y sólo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en
ese monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores
dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.
Sólo
hay dos interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal
Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr.,
de San Antonio, que entre sus empresas, está Jetran, que es de aviación.
Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al gobierno mexicano
fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alreededor
otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde
que asumió la Presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70
helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.
De
acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y
revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados
terroristas en Estados Unidos en 2001 y la dramática caída de pasajeros, que
colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para remplazar su vieja
flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López
Obraror puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada
por el avión presidencial, que llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo
de “la opulencia y lo ridículo”.
El
TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San
Bernardino, en California del Sur, donde no hay aviación comercial pero que
entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing,
y de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929 obtenido por Milenio
a través de Transparencia en febrero de este año, está pagando poco más de
un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo
por otro.
Cuando
el avión iba a partir para California, la cuenta oficial de Twitter del
gobierno de México celebró su partida y la puesta en venta de un avión “casi
nuevo y muy lujoso”. No lo es tanto, salvo que por lujo se incluya todo el
sistema de seguridad y comunicaciones que tiene un avión presidencial, como el
mexicano. En diciembre de 2015 se publicó en este espacio que la compra del
avión fue presentada al Congreso para su aprobación y lo incluyó en el
presupuesto de 2012. El dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425
votos a favor, incluidos 45 legisladores del PRD, incluidos dos prominentes
morenistas hoy en día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el
alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.
La
decisión técnica y financiera fue adquirir el 787 Dreamliner de la Boeing, uno de los
aviones más sofisticados de la industria que tienen gobiernos y más de 55 aerolíneas
en el mundo. El que adquirió el gobierno tiene una arquitectura más ligera que
cualquier otro avión comercial, que le permitía ser más eficiente en consumo de
combustible y tener un mayor rango de vuelo. En ese momento había dos tipos de
Dreamliners, el modelo 9, con más capacidad de pasaje y un precio de lista de
250 millones de dólares, y el modelo 8, que costaba 212 millones.
El
avión presidencial tuvo un precio inferior al modelo 9 -231 millones de dólares-,
pese a los avanzados sistemas de telecomunicaciones y defensa que se le
incorporaron. Durante la campaña, López Obrador dijo que había costado siete
mil 500 millones de pesos (573 millones de dólares al tipo de cambio de
noviembre de 2012, cuando se cerró el trato con Boeing), aunque en realidad,
Banobras, que hizo la operación financiera, pagó menos de la mitad en ese
entonces. Ese avión nunca tuvo la capacidad para 280 personas, como dijo López
Obrador, sino para 110, y estaba lejos de ser un avión lujoso, para los estándares
de la aviación. Por ejemplo, el Air Force One del presidente de Estados Unidos,
un Jumbo 747, con quien lo comparó, tiene salas de conferencias y comedores, y
su precio es de 379 millones.
La
configuración del avión presidencial es uno de los problemas para poder
venderse. Estuvo armado de acuerdo a lo que pidió el gobierno -como es la
configuración de las aeronaves presidenciales en el mundo-, por lo que su
capacidad de pasajeros es reducida, para efectos comerciales, y las turbinas
tienen menor potencia, porque tiene menos peso. Adicionalmente, el TP-01 era el
avión que la Boeing utilizó como demo para mostrarlo en todo el mundo, y
similares a él existen otros tres en el mercado. Es decir, es una nave vieja
para la velocidad como van los modelos Dreamliner y no sirve para vuelos
comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea
comercial adquirir uno nuevo.
El
avión “José María Morelos y Pavón” se está deteriorando pese al servicio de
mantenimiento contratado, y entre más demore su venta, menos dinero se obtendrá
por él. Los clientes también se han estado desanimando, y de una decena cuando
se anunció su venta, se redujo a la mitad en verano y ahora sólo están Wyatt y
Jaffe, a quienes todavía no les aceptan la oferta.
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