Ajustan la estrategia de seguridad
Raymundo Riva Palacio
La captura en Estados Unidos del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, le abrió un enorme e inesperado espacio político al presidente
Andrés Manuel López Obrador, que desde el 17 de octubre, cuando sucedió el culiacanazo,
había perdido su magia por la mala estrategia en el combate a los cárteles de
la droga. La caída de García Luna proporcionó la excusa ideal. “Hay quienes
volteaban con aguerrida nostalgia hacia la ‘estrategia’ de seguridad del
pasado”, escribió el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en su cuenta de Twitter. “La detención…
la ha reducido a la trágica protección oficial del gobierno de (Felipe)
Calderón al Cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que
heredamos en esta materia”.
Los datos no le dan la razón al secretario Durazo, pero eso no es lo
importante en este momento. Tampoco la narrativa política para justificar el
fracaso del gobierno en el combate a los cárteles de la droga, ni la política
laxa que ha llevado a México a una Pax Narca. Menos aún la discusión
sobre García Luna, que deberá defenderse ante las acusaciones de la Fiscalía del
Distrito Este de Brooklyn y probar que las imputaciones son falsas. Lo que es
importante, porque apunta en la dirección correcta, es lo que sucedió en las
vísperas, un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para ajustar la
estrategia de seguridad.
La visita del procurador general estadounidense, William Barr, la semana
pasada a México, y su plática con López Obrador, selló ese acuerdo. Los
detalles permanecen ambiguos, perdidos en los espacios de opinión pública. Un comunicado del Departamento de Justicia,
indicó que Barr había discutido con el gobierno mexicano el combate a las
organizaciones criminales trasnacionales, y un fortalecimiento en la
cooperación bilateral para llevarlas a tribunales. El comunicado del gobierno
mexicano aportó un dato adicional, al informar que se
reforzaría el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos, integrado
en agosto pasado sin que hubiera dado señales de vida.
Los acuerdos a los que llegó Barr con el gobierno de México hicieron que el
presidente Donald Trump se desistiera de clasificar a los cárteles de la droga
mexicanos, como organizaciones terroristas. Reactivar un grupo de coordinación
bilateral no habría sido suficiente para que reculara Trump, pero frente a la
vorágine de información sobre las negociaciones de último minuto del acuerdo
comercial norteamericano, nadie reparó en ello. La postura de Barr, como todas
las que han mantenido en situaciones críticas con el gobierno de López Obrador,
fue inflexible.
El presidente había anticipado pocas horas antes de recibir al procurador,
que analizarían un documento que iba a presentar. El plan que llevó Barr tenía
una exigencia, la de fortalecer la cooperación en materia de seguridad, y
trabajar conjuntamente con el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía
General, para combatir a los cárteles de la droga. Abrazos no, y balazos cuando
fuera necesario para someter a las organizaciones criminales. No importaría el
discurso que quisieran usar el presidente y el gabinete de seguridad, porque en
todo caso sí se haría el ajuste exigido por Trump para impedir que su amenaza
se concretara.
No esperaríamos un cambio de narrativa. Si López Obrador la pudo mantener, aunque
con gran desgaste, en los momentos más difíciles de su gobierno en la materia,
el culiacanazo y la matanza de la familia Le Barón, tras la captura de
García Luna, de la cual fue notificado el gobierno mexicano pero no fue
producto de una negociación, esa retórica le podrá dar frutos renovados y
fortaleza política. Para efecto de la seguridad de los mexicanos, no importa.
La pusilanimidad ante las organizaciones criminales y la pérdida de Estado ante
su violencia, tendrá un corrector que en un principio difícilmente se verá,
pero que deberá funcionar.
Lo fundamental es detener el avance territorial de los cárteles y la
colonización de las instituciones. Previamente a la visita de Barr, pero tras
la experiencia de Culiacán, se reactivaron diversos sistemas de inteligencia en
el viejo Cisen, llamado actualmente Central Nacional de Inteligencia, que fueron
apagados al llegar el gobierno de López Obrador. Igualmente, se ha
comenzado a recuperar inteligencia y equipos tácticos de la Marina para
trabajar en el desmantelamiento de las bandas criminales en la Ciudad de
México. Un reciente trabajo en ese sentido, de acuerdo con funcionarios
federales, permitió que volvieran a acercarse a José Antonio Yépez, El Marro,
jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima, renaciendo la posibilidad de que
capturen al rey del huachicoleo en El Bajío.
Aunque producto de un desastre y tragedias, lo que está sucediendo por
fuera del escrutinio público en materia de seguridad, es positivo. La
rectificación que se está haciendo ayudará al gobierno a ir recuperando la paz,
aunque ciertamente, pronto, si se empieza a confrontar a los cárteles de la
droga, se empezarán a notar bajas en las fuerzas federales. Sólo no combatiendo
se evitan víctimas en el Ejército y la Guardia Nacional. Sólo enfrentándolos,
la promesa de recuperar la paz y la tranquilidad nacional, de mantener la nueva
estrategia, va a ser una realidad.
Tras el respiro que le dará a la economía la firma del acuerdo comercial
con Estados Unidos y Canadá, frenar el alza de los índices delictivos y el
incremento de homicidios dolosos, debe ser el siguiente objetivo. López Obrador
no perderá cara. Sólo necesita no a empatar en términos definitivos su discurso
y la narrativa sobre el fenómeno, con las acciones. El presidente ha demostrado
su pragmatismo y que está dispuesto a tomar riesgos aun mediante políticas en
las que ideológicamente no cree. Enfrentar criminales es una de ellas, y lo que
está haciendo es encomiable.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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