A periodicazos traen a
Palacio Nacional
Raymundo Riva Palacio
El martes 10 de diciembre
fue el mejor día del joven sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Si firmaron los protocolos del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá,
que facilitaría la ratificación en el Capitolio en Washington y el Parlamento
en Ottawa, y se detuvo en Dallas al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna. Día feliz para el presidente. Inyectaría algo de certidumbre a las
inversiones y tenía el argumento perfecto para disfrazar su desastre en materia
de seguridad pública echando la culpa de todo al pasado y, de paso, buscar el
aniquilamiento político de su principal enemigo, el ex presidente Felipe
Calderón, con quien García Luna trabajó estrechamente. Todo lucía perfecto
hasta que comenzó a salir información de que aquella jornada, más bien, podrá
ser una más de ignominia.
De la secuela de ese día se
recoge la conferencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade,
responsable de la negociación, quien después de la ceremonia en Palacio
Nacional donde los tres países firmaron los protocolos con el presidente de
testigo, dijo que se “acababa de enterar” que Estados Unidos nombraría cinco
agregados laborales en su Embajada en México para supervisar la implementación
del acuerdo en ese capítulo, que no había sido consultado con México. Seade
mintió o sencillamente nunca supo qué estaba firmando. Pero no es un novato en
negociaciones comerciales, y extrañamente excluyó a todos, Embajada y sector
privado, del tramo final de la negociación de la concesión.
El mismo martes 10 de
diciembre, horas antes de que se firmaran los protocolos en Palacio Nacional,
el Comité de Procedimientos y Arbitrios de la Cámara de Diputados, por donde
pasan las legislaciones para implementar el acuerdo en Estados Unidos, dio a
conocer públicamente un resumen ejecutivo de lo que se había negociado, en cuyo primer capítulo, referido a la
vigilancia sobre México, en donde decía textualmente: “Los attachés (agregados)
laborales tendrán como base México y proveerán información in situ sobre las
prácticas laborales en México”. Nada para decirse engañado. Si Seade no
entendió ni explicó, por lo que ahora el gobierno se dice sorprendido, también hay
responsabilidad del presidente, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard y todos aquellos que por omisión, comisión o ignorancia, aceptaron las
exigencias demócratas anunciadas en Washington.
La mañana del mismo día, la
captura de García Luna provocó reacciones a lo largo de la intensa jornada. El
mensaje que se daba era que venían acompañando la investigación, reforzada por
informaciones de funcionarios federales que empezaron a señalar que el gobierno
de López Obrador había sido informado con anterior de la captura. Como en el
caso de Seade, no es cierto, pero a diferencia del tema comercial, en el caso
de García Luna sí fue mantenido el gobierno mexicano totalmente al margen de la
investigación.
Tras una reconstrucción de
lo que sucedió aquel día en Palacio Nacional, se puede afirmar que el gobierno
mexicano no tenía absolutamente ninguna idea de lo que se cocinaba en el
Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Embajada de México nunca fue
informada de lo que venía hasta minutos antes de que se diera la detención en
Dallas. No es un procedimiento usual que informen de ello, por lo que esto no
debe extrañar –la embajadora Martha Bárcena, incluso, iba volando a la Ciudad
de México cuando se realizó la detención-, pero recibir una comunicación del
Departamento de Estado minutos antes de que se concretara la acción en Dallas,
no puede se tomado como una consideración. La captura sacudió al gobierno, que
apenas ese día, por el comunicado de prensa de la Fiscalía de Brooklyn, en
Nueva York, supo que la orden de aprehensión se había girado desde el 4 de
diciembre.
La cancillería mexicana se
puso en contacto con el área de vinculación del gobierno de Estados Unidos para
pedirles información, pero les respondieron que al ser un asunto de política
interna, no podían compartir las investigaciones. El secretario de Relaciones
Exteriores, de acuerdo con funcionarios federales, le informó al presidente por
teléfono, y López Obrador convocó al día siguiente a una reunión a Ebrard,
Gertz Manero, Nieto, la secretaria de Gobernación, Olga Dánchez Cordero, y el
consejero jurídico, Julio Scherer.
En esa reunión, dijeron los
funcionarios, el presidente expresó que no podrían mantenerse al margen, e
instruyó al fiscal y al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera qué
acciones podrían para informar a la prensa. Nieto informó que se habían
congelado sus cuentas “esta semana” y esperaban la respuesta de los bancos para
conocer el monto, mientras el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, había
anticipado que tenía abierta una investigación en su contra, por lo que se
pediría la extradición. Para reforzarlo, se sugirió tomar contacto con
periodistas que habían mostrado animadversión con García Luna para hacer “un
frente común”.
Ebrard y Sánchez Cordero
fueron instruidos para que buscaran que el gobierno de Estados Unidos
colaborara con México en la integración de una carpeta de investigación por
temas relacionados con corrupción, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito,
lavado de dinero y narcotráfico, aunque ya habían tenido información desde el
mismo 10 de la forma como estaban siendo visto en Washington. Incluso, un
mensaje que dijeron funcionarios le hicieron llegar a Ebrard desde Washington
decían cáusticamente: “Quieren información los que no quieren colaboración”. El
gobierno quedó desubicado. García Luna rechazó el ofrecimiento de ayuda
consular, y lo más cerca que está el gobierno del caso es como observador en la
corte en Dallas.
Aquél 10 de diciembre
glorioso y espectacular para el gobierno, se ha venido desmantelando ante las
evidencias que al reloj que marca el tiempo a la vida en México, se le da
cuerda en Washington.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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