Marcaje personal
Raymundo Riva Palacio
Las cosas van quedando
claras entre los gobiernos de México y Estados Unidos con respecto a qué está
haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete de seguridad
en materia de combate al narcotráfico y erradicación de drogas. Cada mes, desde
diciembre y cuando menos hasta que inicie la primavera, el procurador
estadounidense, William Barr, estará revisando si los compromisos de los
mexicanos realmente se están cumpliendo. Barr estuvo el viernes pasado en la
Ciudad de México y regresará en febrero. No se recuerda que haya existido antes
un marcaje personal y sistemático sobre las acciones de un presidente mexicano
por parte de Estados Unidos, y la amenaza de represalias si no se ajustan a los
intereses de la Casa Blanca, permanecen.
Los datos sobre erradicación
de drogas, en especial el fentanilo que es lo que motivó la nueva embestida del
gobierno de Estados Unidos contra México, todavía no muestran cambio, pero
presuntamente ya se reiniciaron las acciones para frenar el tráfico a aquella
nación. Ya comenzaron a extraditar presuntos criminales buscados por la
justicia estadounidense –el lunes pasado se anunció la inusual extradición de un paquete de ocho personas-,
y en vísperas de la visita de Barr en diciembre pasado, el Centro Nacional de
Inteligencia reactivó sus equipos de espionaje, incluidos los sistemas de la
empresa “Rafael”, y
el famoso “Pegaso”,
del Grupo NSO, ambos israelitas.
La reactivación de los
sistemas de inteligencia tiene alcances con la combinación de ambos programas
que no se habían visto en este país. Mediante la utilización de ambos, se están
pudiendo intervenir todas las conversaciones telefónicas de los números
objetivo –salvo las llamadas por WhatsApp que aún no pueden decodificarse-, así
como también se pueden leer todos los mensajes de texto o chats a través de la
misma plataforma o de otras a las cuales muchos se están mudando como Telegram.
La información disponible permite afirmar que el CNI, que sustituyó al CISEN,
no está utilizando la información con fines políticos, sino en contra de la delincuencia
organizada, y junto con la Marina, que ha sido reactivada, están proporcionando
inteligencia útil contra cárteles de la droga y narcomenudistas,
particularmente en la Ciudad de México.
La Marina, el CNI y el
Ejército, como pidió Barr en la reunión del 5 de diciembre, están trabajando
directamente con la CIA y el FBI, dentro de un proceso de restauración de la
cooperación bilateral que se había interrumpido, y que motivó mensajes duros y
cáusticos desde Washington. Uno de ellos, por ejemplo, cuando el gobierno
mexicano, en la oscuridad absoluta, pidió información inmediatamente después de
la captura del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y un funcionario
del Departamento de Estado respondió: “Los que piden información, no quieren cooperación”.
El trabajo de inteligencia es fundamental en el combate a la delincuencia
organizada, y ha costado enorme trabajo explicar para matizar los prejuicios
del presidente Andrés Manuel López Obrador y varios de sus colaboradores
cercanos que es lo mismo que el espionaje político.
El comunicado
del Departamento de Justicia, a diferencia del emitido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores, aporta, aunque de manera sutil, más
información sobre los acuerdos alcanzados, como “esfuerzos conjuntos contra el
narcotráfico, así como esfuerzos para combatir las organizaciones criminales
trasnacionales”. El de la Cancillería, farragoso y enredado en su texto, informó
que se está analizando la implementación de operativos no intrusivos, con alta
tecnología en la frontera, que le ayuda a ventilar como logros de este tipo de
reuniones los intentos por reducir el tráfico de armas a México. Barr está
considerando seriamente la propuesta, a cambio de que se utilicen recursos de
alta tecnología en puertos y aeropuertos mexicanos para frenar el tráfico de
fentanilo. Los comunicados, si bien acordados por las delegaciones, no son
idénticos. Un dato oculto en México y abierto en Estados Unidos, es que Barr
regresará en febrero, la tercera reunión consecutiva que sostendrá.
La intervención de Estados
Unidos está modificando la estrategia de seguridad que planteó el presidente
López Obrador, lo que va a tener consecuencias si, en efecto, su gobierno
cumple con los compromisos que están acordando con Barr. El regreso de la
Marina al combate del crimen organizado así como el que tengan cooperación
conjunta para enfrentar a los cárteles, llevará a que las Fuerzas Armadas
combatan a la delincuencia organizada, dejando de lado la amnistía de facto que
el presidente había decretado para los jefes de los cárteles de las drogas y
los criminales.
Este giro probablemente
vendrá con violencia. Al cancelarse el acuerdo no escrito con las
organizaciones criminales de permitirles el narcotráfico a cambio de que
comenzaran con un proceso de depuración –aniquilando a sus adversarios- y
pudiera quedarse un cártel con el control del narcotráfico en el país
–regresando al estado de cosas de principio de los 90’s-, a cambio que la
organización criminal contribuyera a la pacificación de México, deberá
esperarse una reacción. Si esto se cumple, como lo están acordando, situaciones
como la de la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, no deberían repetirse.
Aunque los compromisos con
Barr están quedando sellados, no está claro si llegaran a cumplirse. López
Obrador, que ha mostrado vulnerabilidad ante las amenazas del presidente Donald
Trump, y puede conjeturarse que cumplirá con lo que están pactando, aunque vaya
contra lo que ha pensado por mucho tiempo. El problema del consumo es de
Estados Unidos y el de México es la violencia, decía. En su lógica, no combatir
a los cárteles bajaría la violencia y del consumo, que se encargaran los
estadounidenses. El análisis estaba equivocado, pero así lo creía, hasta que
vino el ultimátum de Barr y, como hasta ahora, ha tenido que rectificar.
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