SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Resulta imposible no revisar lo que está sucediendo con el programa de Fertilizante, que a partir de este año pasa a ser de jurisdicción nacional. Primero, porque el gobierno federal, léase Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), determinó en diciembre pasado nominar a Héctor Manuel Popoca Boone para conducir este programa, y consumar su traspaso del estado a la federación, lo cual pasa forzosamente por la revisión de los padrones y el saneamiento de la corrupción que es inherente desde los inicios a este programa, que comenzó como un incentivo estatal para los productores, pero que durante el gobierno de René Júarez Cisneros, precisamente con Popoca Boone como secretario de Desarrollo Rural en Guerrero, le fue transferido de manera arbitraria a los ayuntamientos, pese a que estos no reciben una partida específica para ese asunto, razón por lo cual comenzaron a echar mano de los dineros del Ramo 33, que viene etiquetado por la Federación para obras sociales.

Hemos dicho que nadie fue capaz de revertir esta arbitrariedad. Al contrario, cada gobernador a partir de entonces dejó hacer y dejó pasar, condenando a los municipios y sus comunidades a un terrible rezago en su desarrollo.

Poco a poco, sin embargo, se fue cerrando la pinza. A la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Sedesol revisó los tremendos rezagos en materia de desarrollo humano en Guerrero, y llegó a la conclusión de que esto se debía a que los recursos del Ramo 33 se estaban desviando. La titular de la dependencia, Rosario Robles Berlanga, intentó por todos los medios prohibir el uso de esos dineros para la compra de fertilizante, pero la presión política del gobierno estatal, con Ángel Aguirre Rivero como gobernador, así como los presidentes municipales y partidos de la entidad, impidió el cambio.

Finalmente, en 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto hizo una revisión de los programas sociales y de desarrollo, y eliminó muchos de ellos, algunos por ser innecesarios, otros por no haber dado resultados y otros más porque duplicaban el esfuerzo de diversas secretarías. Así fue que se eliminó el programa “Huerto Familiares” de la Sedesol, el cual utilizaban los presidentes municipales para justificar el desvío de recursos del Ramo 33 a la compra del fertilizante.

Con la llegada de AMLO, el gobernador logró que el presidente de la República centralizara el programa, y para este año se etiquetaron 650 millones de pesos (de los 1,200 que en realidad gastaban estados y municipios). Eso fue el acabose, porque por todos lados hubo presión para que se incrementara la cantidad etiquetada por los diputados federales, y el problema lo enfrentó Popoca Boone, a quien responsabilizaban de la caída de la inversión. Él explicó en su momento que los alcaldes compraban el fertilizante con un sobreprecio de 40 por ciento. En realidad eso fue lo último que declaró, antes de saberse que había sido quitado del programa.

Con el nombramiento que le fue otorgado 28 de diciembre de 2018, vía oficio (el cual fue expedido por la oficina del secretario del ramo y firmado por el mismo titular de la dependencia, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula), Popoca Boone comenzó a moverse, con el objetivo de consolidar la transferencia de este programa a la federación, y de inmediato anunció la revisión de los padrones, algo que siempre se ha prometido pero que nunca se ha hecho en realidad.

Anunció Popoca Boone que el programa sería de distribución directa a los campesinos, sin la intervención del gobierno estatal ni de los presidentes municipales, y que las compras de los insumos se harían a través de dos empresas federales que se crearían para ello. Además, comenzó a realizar asambleas comunitarias y ejidales en la Tierra Caliente, región a donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudirá el 8 de febrero para marcar el arranque de este programa.

Pero el nombramiento de Popoca Boone fue impugnado por organizaciones afines a Morena –incluso connotados experredistas revestidos ahora de morenistas- así como por agrupaciones agrícolas ligadas al PRI. Le escupían en la cara sus antecedentes como servidor público y figura política, ligado al renejuarismo.

Bueno, ese prurito de morenistas y la presión de los priístas, por fin hizo agua. Lograron su objetivo, pues removieron a Popoca Boone para nombrar a un fuereño priísta al frente del programa de fertilizante. Se trata de Jorge Gage Francois, excoordinador de Ramas de Producción y Negocios de la Confederación Nacional Campesina (CNC), una organización de productores agrícolas ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero esto no es lo más grave, sino el cambio de estrategia. De antemano se cancela la revisión del padrón y la construcción de uno nuevo. Se suprimen las asambleas comunitarias, que estaban siendo avaladas por la SADER, y se anuncia que para el reparto se utilizará el padrón que ya tiene la Sagadegro, cuyo titular es Juan José Castro Justo, así como el padrón del programa Procampo, ahora conocido como ProAgro.

Evidentemente hubo mano negra para revertir todo el proceso que ya había encaminado Popoca Boone, con base en las nuevas reglas del programa.

¿Así o se los envuelvo?

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

La corrupción crea miseria

La ASE se mueve a paso de tortuga

La corrupción, mis estimados, es el mal de todos los males; es una podredumbre que contaminó al país en general. Todos los mexicanos conocemos de qué tamaño es el boquete de pudrición que supura pus en nuestro México lindo y querido, y por eso el país tiene millones de personas en pobreza extrema, y que vive carencias muy severas en relación a la educación y salud, alimentación y vivienda.

Sin embargo, la magnitud del problema apenas se revela, y para muestras un botón: Durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, recordarán que siempre presumió el combate a la corrupción; no obstante, los datos oficiales muestran lo contrario. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por la organización Transparencia Internacional, puso al descubierto al ex presidente mexiquense, pues en su administración el país cayó 33 lugares en el ranking de posiciones, al pasar del lugar 105 en 2012 al 138 el año pasado.

Tan sólo en el último año, México cayó tres lugares respecto al 2017 y se ubicó en la posición 138 de 180 países, al obtener una calificación de 28 puntos sobre 100. México se ubica al final de la tabla, apenas por arriba de Guatemala y Nicaragua, naciones con crisis de gobernabilidad democrática. ¡Caray!, con razón los estados y municipios del país están infestados de delincuentes. Con estos datos, mis estimados, pueden darse una idea del porqué el país está en desdicha, con altos índices de criminalidad y pobreza, pues la corrupción tiene un tremendo impacto negativo para el desarrollo de la población. Al haber corrupción e impunidad, dos flagelos que van de la mano, se reducen los recursos públicos, y eso se refleja en menos recursos a rubros prioritarios para el progreso de los pueblos, como por ejemplo educación y salud.

Con el cambio de gobierno se destapó la cloaca y es inevitable la hediondez que alcanza a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno, pues el gobierno de AMLO no se callará semejante asunto y en su momento va a revelarlo todo, como ya hizo en el caso del petróleo, e irá desenredando la madeja hasta dar con los culpables.

De hecho, volvió a decir el presidente López Obrador, que va a terminar con la corrupción, al costo que sea.

Sin embargo, en el tema llamado corrupción el estado de Guerrero no canta nada mal las rancheras, y el efecto nacional está metiendo al aro a los funcionarios estatales. El gobernador Héctor Astudillo Flores, el año pasado puso en marcha un plan de combate a la corrupción; no obstante, fue revelado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que continúa un proceso resarcitorio contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), pues según la ASE dicho organismo paramunicipal, durante el periodo del presidente Evodio Velázquez Aguirre, incurrió en irregularidades financieras y cuatro ex funcionarios tendrán que devolver más de 100 millones de pesos al organismo. ¡Caracoles bien refritos!

¿Será que le va a caer la tartamuda al perredista Evodio Velázquez Aguirre? Dudo mucho que trascienda el caso. Dijo el auditor que en diciembre iniciaron el procedimiento resarcitorio contra cuatro ex funcionarios de la Capama, pero adivinen qué, el auditor Damián Peralta se negó a dar los nombres de los ex funcionarios, como ya es su costumbre, aludiendo que están en proceso y que los involucrados serán llamados de nueva cuenta por la ASE para concluir el procedimiento.

Damián Peralta aseguró que la ASE volverá a llamar a los ex funcionarios involucrados en este fraude y que estos tienen derecho a presentar la documentación que compruebe ese billetito. Pero sino solventan las observaciones financieras, indicó el auditor, se notificará a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que se haga un procedimiento de ejecución fiscal y embargue los bienes con los que habrán de pagar los más de 100 millones de pesos. ¿Qué tal?

Lo malo del relato, mis estimados, es que los ciudadanos desconocemos en qué paran estos procesos, pues nunca se da a conocer si devuelven el recurso los ladrones ex funcionarios, si los inhabilitan por cinco años o si los encarcelan. Una cosa nos queda clara: nadie ha pisado la cárcel por robarle al pueblo.

Además, ese correctivo de la inhabilitación política es de risa loca; deberían inhabilitarlos de por vida para ocupar cargos públicos, pues para no variar el auditor Damián Peralta dijo que la ASE inhabilitó por cinco años al ex presidente de Leonardo Bravo (Chichihualco), Alfredo Alarcón Rodríguez, y a tres ex funcionarios más: el síndico, el tesorero y el director de obras públicas de ese municipio, en la administración 2015-2018, por la omisión en la presentación de la cuenta pública del 2017. Por eso hacen lo que les da la gana los funcionarios, pues los castigos son menores.

Al que también le van a cobrar los berrinches y le pasará la guillotina es al ex presidente del municipio de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena. La auditoría que viene para este angelito es del programa anual de 2018, pues le pusieron el dedito meñique en su foto al chilpancingueño, y si la suerte lo abandona le van a cobrar muy caro sus arranques de soberbia.

Los funcionarios del gobierno de Antonio Gaspar Beltrán, comienzan a cantar como los grillos a la oreja al ex alcalde Leyva Mena, que de plano solito cavó su propia tumba, políticamente hablando. Y dice un dicho popular que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Jojojo.

Aunque yo no me trago el discurso de la ASE, pues ni están en la lista todos los que deberían estar, ni están todos los que son y que en su momento fueron señalados de desvíos de recursos; sin embargo, lo que ha trascendido en redes sociales, en relación al desvío de recursos por parte del gobierno del ex alcalde acapulqueño, el perredista Evodio Velázquez Aguirre, no tiene ninguna comparación con los 100 millones que reveló el auditor Damián Peralta. Se habla en realidad de una millonaria fortuna. Pero el ex alcalde se defiende y dice que no todo ese desfalco es de su administración, que hay otros muñecos involucrados, pero tampoco revela nombres.

Y decíamos, mis estimados, por el rebenque de la corrupción, la pobreza e inseguridad golpea duramente al municipio de Acapulco. El puerto  posee altos índices de personas pobres y en pobreza extrema. Es inimaginable que un puerto como Acapulco maneje estas listas de pobres. Existe un rezago en el municipio en todos los rubros; sin embargo, lo que tiene en la lona al puerto es la criminalidad. El destino de playa está a centímetros del abismo y de no ser rescatado urgentemente por la federación y el estado, el puerto turístico se disipará  como la brisa del mar. Ningún guerrerense en sus cinco sentidos, desea que eso ocurra con el puerto de Acapulco; sin embargo, es bien urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y que hagan lo que corresponda para que los acapulqueños vivan en paz.

Les recuerdo que nadie debe estar por encima de la Ley; ese es el primer requisito para que haya orden en la entidad, por eso hay gobierno estatal, municipal y federal, cada cual en sus territorios. Todos debemos respetar las leyes, y es el gobierno quien debe meter orden en el estado y municipio. ¡Feliz día, mis estimados! 

Editorial

En la mira, políticos-empresarios huachicoleros

La exhibición de datos, así sea dosificados, sobre la forma en que el robo de combustible se extendió por diferentes zonas del país, deja dudas sobre quiénes podrían ser los responsables del robo a gran escala, tanto en la clase gobernante del pasado inmediato como en el sector privado.

En palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de un sistema paralelo, lo que alguno de los funcionarios inmersos en la implementación de la estrategia describió como un sistema encima del sistema de transporte de combustible por ductos.

De acuerdo con los datos de Pemex, actualizados a noviembre pasado, se estima que el robo de combustible representa el 7 por ciento de lo que se transporta por ducto, de manera que, en efecto, podría tratarse de la ganancia que hasta ahora Pemex dejó de percibir en un estimado de entre 46 mil millones y 70 mil millones de pesos, dependiendo de la fuente, en el último año.

En su edición 2204, actualmente en circulación, el semanario Proceso expuso la forma en que el gran robo ocurre a través de una red que, con tomas ilegales de extracción precisas, cuenta con ductos clandestinos que se tienden sobre varios kilómetros para llegar a terminales de almacenamiento, donde se cargan vehículos con capacidad para transportar decenas de miles de litros de combustible.

Hasta ahora, con los indicios que ha dado la Unidad de Inteligencia Financiera y, aunque en menor medida, la Fiscalía General de la República, resulta más o menos claro que hay franquiciatarios de Pemex involucrados en la recepción del robo de combustible.

Existe la posibilidad de que también participen del mercado ilegal de combustibles, tanto empresas transportistas de amplio parque vehicular, como grandes empresas de distribución de productos en transportes terrestres, inclusive, cadenas de supermercados.

Luego, el resultado de esta operación tiene que ser en dos vías: una, la que implica a poderosos servidores o exservidores públicos de la petrolera y otra, la de quienes de manera consciente comercializan el combustible robado.

Aun cuando se han anunciado averiguaciones previas y casos ya judicializados, hasta ahora no existen indicios de que las investigaciones lleguen hasta los más altos niveles de responsabilidad. Y, en el caso más sonoro de todos, el del general Eduardo León Trawitz, ni siquiera se ha abierto averiguación previa pese a que todo indica que será el primero en ser llamado a cuentas.

León Trawitz, quien fuera responsable de la seguridad de Enrique Peña Nieto cuando éste fue gobernador del Estado de México, ocupó la posición clave en la seguridad de Pemex durante el sexenio pasado y, para que esté disponible, la actual administración lo acaba de regresar de la representación diplomática en Panamá, a donde se le destinó como agregado militar.

Ese país centroamericano, famoso por los paraísos fiscales que ahí se desarrollaron fue un destino temporal para el mando castrense, ascendido en el sexenio peñanietista, notable su relación con el llamado Grupo Atlacomulco, que tiene en Acambay uno de sus semilleros, lugar enclavado en una región que se ubica como uno de los principales puntos huachicoleros.

Fieles a su tradición de combinar política y negocios al amparo del poder, los priístas mexiquenses son conocidos en parte por su empresas transportistas y por ser franquiciatarios de gasolinerías, aunque lo mismo ocurre en diferentes zonas del país, como ya se evidencia en Puebla con los alcaldes involucrados en el proceso ilegal.

Con tufo mexiquense en este primer momento, el huachicoleo parece encaminarse a dejar en evidencia a empresarios y políticos de distinto signo.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El PRD está en pleno proceso de renovación. Antes debe pasar por una dirección colegiada, que viene a sustituir a la actual dirigencia estatal, que opera bajo el modelo de un Comité Ejecutivo, rodeado de un secretariado y como órgano legislativo el Consejo Político Estatal.

Recordaremos que el año pasado, en su consejo nacional, el PRD determinó, entre otras cosas, modificar sus estatutos para comenzar su proceso de renovación y modernización, anulando de entrada a las tribus que desde su nacimiento en 1990 han venido dándole vida al partido, pero que en los últimos tiempos resultan ser inoperantes, pues al contrario, en lugar de permitir el crecimiento del partido lo han cooptado, arrebatándose unos con otros los cargos de elección popular, traicionándose y pactando con partidos enemigos cuando así conviene a sus intereses.

El PRD de Guerrero, por cierto, parece que no está dispuesto a seguir al ritmo que está marcando el partido a nivel nacional. Por ejemplo, la dirección colegiada debe ser integrada por 5 personas, pero en Guerrero quieren ampliar esa membresía para dar cabida a todos los liderazgos que en este momento, obviamente, son cabezas de tribus o corrientes.

Nadie quiere quedar fuera del órgano de dirección porque será la única manera de mantenerse vigentes. Los líderes saben que en este proceso se juegan el todo por el todo, y que el que tenga más saliva, comerá más pinole.

La verdad es que no sabemos qué sucederá con este partido. Al no estar capacitados para operar fuera de los grupos de poder –algo que también le sucede al PRI y al PAN-, y luego de tantos años de manejarse a través de grupos políticos, que en esencia representan grupos de poder, los perredistas parecen ahora chivos en cristalería.

Ellos siempre presumieron de ser un partido democrático, donde las tribus podían discrepar y pelear en público, al grado de que parecían enemigos acérrimos, pero siempre terminaban reconciliándose en aras de la unidad del partido, decían.

Sin embargo, algo se rompió en la elección de 2018 que no sólo los confrontó, sino que terminó por fraccionarlos al grado de que los liderazgos más visibles del perredismo tradicional están fuera. Unos, como Sebastián de la Rosa Peláez, se quedó huérfano, y aunque dijo que haría de su organización un partido político nuevo, la eliminación de las prerrogativas para organizaciones sociales en el presupuesto federal los dejó encuerados, de modo que ahora trasciende que se sumarán al Panal.

Es el caso también de David Jiménez Rumbo, líder del otrora poderoso Grupo Guerrero, herencia del finado Armando Chavarría Barrera, quien no pudo superar la intromisión del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, el cual terminó pactando la candidatura de Acapulco para un externo. David entonces se fue a apoyar al candidato del PRI, y hoy lo más probable es que se sume a este partido.

Otro gran sector del PRD se sumó a Morena, algunos directamente, pero otros a través del Grupo ProAMLO, que dirigió Félix Salgado Macedonio.

Para no dejar, a muchos otros los absorbió el Partido del Trabajo (PT), y para lo cual fue necesario que este partido reventara su alianza con Morena, alegando que no le estaban dando espacios. Lo cierto es que el líder petista, Victoriano Wences Real, jugó chueco en la pasada elección, a cambio de una curul para su mujer en el Congreso local y de la candidatura a la presidencia municipal de Tlapa para él, espacio que por cierto perdió.

El PT fue refugio para muchos perredistas que pretendían candidaturas en municipios y distritos, pero que no pudieron alcanzar por diferentes factores, sobre todo por la equidad de género a que están obligados los partidos, pues tienen que postular al mismo número de mujeres que de hombres.

Volviendo al tema del PRD en Guerrero, su dilema no será fácil de resolver, pues a menos que busquen a los que migraron, no vemos por dónde puedan recomponer sus debilitadas fuerzas.

Ciertamente consiguieron muchas presidencias municipales, pero salvo la de Chilpancingo, ninguna otra es de nivel, y más bien perdieron la perla de su corona, que era Acapulco.

El juego que jugaron en la pasada elección, además fue perverso. A nivel nacional se aliaron con el PAN y el MC, en un proyecto político suicida. Y a nivel local, pese al clamor de las bases para que se aliaran a Morena, decidieron mantenerse en alianza con panistas y emecistas –incluyendo la jugada maestra del PT. Parecía que estaban dando el paso de la muerte, pero obviamente siguieron la lógica de perder para ganar. ¿Cómo? Sí. Era necesario purgar al partido. Y en esa apuesta alguien ganó y mucho.

Hoy buscan una dirección colegiada. Y entre las propuestas a integrarlo se encuentra el exalcalde de Zumpango y excoordinador de los ediles del PRD en la entidad, Pablo Higuera Fuentes; la excandidata al Senado, Beatriz Mojica Morga; el exsecretario de Salud en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, Lázaro Mazón Alonzo, así como el exdiputado local en la 60 Legislatura, Amador Campos Aburto. Veremos de qué cuero sale más correa, y qué grupos logran sobrevivir a esta era de cambios.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Al fin Zihuatanejo tendrá muelle

Ultimátum a la CNTE de Michoacán

Las buenas noticias, mis estimados, se divulgan a los cuatro vientos. Después de muchas peticiones por sectores que hace más de nueve años pedían la construcción de un muelle para recibir el turismo de cruceros, la obra será una realidad. En entonces surgieron muchos problemas entre distintos sectores e incluso ambientalistas fueron férreos opositores a la construcción de un atracadero en la Playa Principal de Zihuatanejo, al grado que se dividieron los sectores y también confrontaron al sector pesquero, los mal informaron diciendo que empresas privadas vendrían a quitarlos de la Playa Principal, lugar que usan como embarcadero, ya que los pescadores salen a diario a pescar y ahí llegan con el producto atrapado. Incluso, para el destino de playa los pescadores son la identidad del puerto de Zihuatanejo.

No obstante, cierto o falso, fue informado que el dinero etiquetado para esa obra, la Federación lo destinó a otro lado debido a los pleitos entre sectores de Zihuatanejo; y para evitar disturbios entre la gente del pueblo, optaron las autoridades federales por derivar el recurso a otra entidad. Según cuentan, se lo dieron a Oaxaca, concretamente a Huatulco.

Sin embargo, refrendo mis estimados que Ixtapa- Zihuatanejo tiene una estrella enorme que fulgura con su belleza, y como un sueño hecho realidad, el puerto de Zihuatanejo tendrá su anhelado muelle. Muy pocos destinos de playa tienen esa distinción, porque obra que rechazan jamás regresa al lugar. Se podrán etiquetar recursos para muchas otras, pero no para la misma obra ya rechazada; por eso son buenas noticias las que dio el presidente municipal, de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec. Recordemos que el gobernador Héctor Astudillo Flores, se comprometió a conseguir recursos para la construcción del muelle y cada que venía a Zihuatanejo, el reportero de este medio, Noé Aguirre, le preguntaba ¿para cuándo el muelle señor gobernador? “Ya merito conseguimos”, contestaba el mandatario estatal. Algunas veces señalaba: “Ya sueño a ese reportero que me pregunta por el muelle, pero lo vamos a construir”, exponía.

Y el presidente Jorge Sánchez dio la noticia de que la construcción del muelle va con recursos estatales. Que sólo están afinando detalles, que ya tienen listos los permisos ambientales, y están a la espera de la autorización de la Secretaría de Marina para arrancar la obra.

El munícipe adelantó que están a unos cuantos días de iniciar los trabajos de la construcción del muelle. Los pescadores quedaron felices con la noticia y agradecieron al gobernador Héctor Astudillo por la obra, y al alcalde Jorge Sánchez por la gestión y por concretar el proyecto del muelle para el puerto de Zihuatanejo.

Sin embargo, mis estimados, el mulle no sólo beneficia al sector pesquero, es un bien para todos los sectores del puerto. Cuando cosechen resultados se van a dar cuenta de cuánto perdieron por no darse la oportunidad a los cambios. Vivimos otros tiempos y como destino de playa estamos muy atrasados, hace falta infraestructura y no logran avanzar porque hay división entre los sectores y cada cual jala la panga para donde le conviene; y en un puerto turístico, en el que vivimos todos del turismo, de esa manera no se avanza, se estancan. Afortunadamente, el recurso lo aportó el gobierno estatal, resta apoyar para que los funcionarios agilicen los trabajos y poder recibir el próximo mes de octubre al turismo de cruceros. Hay tiempo suficiente, pues las navieras pidieron al puerto de Zihuatanejo un muelle seguro para desembarcar a sus cruceristas y el puerto va a cumplir con el requisito.

Bien pronto le cambiará la cara al destino de playa y la economía de los ciudadano. Ahí van a conocer la derrama económica que deja el turismo de cruceros.

Después de esta buena noticia se olvida todo lo pasado, y a soñar con lo que viene.

También el gobernador Héctor Astudillo Flores, dijo que la construcción del C-5 se realizará acorde a las normas del Consejo Técnico de Seguridad Nacional. Mencionó que el costo de dicho Centro de Control, de Comando, Comunicación, Computo y Calidad (C-5), que se construirá en Acapulco, con un costo aproximado de mil millones de pesos, es recurso federal y estatal, lo más austero posible.

Indicó también el mandatario estatal que la construcción del C-5 está orientada principalmente a Acapulco, pero estará conectado a Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo y Taxco.

La edificación del C-5, por el costo de la obra, se realizará en dos etapas: una en 2019 y la otra en 2020.

Son dos noticias buenas, pues para un puerto es importante la seguridad y también recibirá ese respaldo por parte del estado y la federación, con la construcción del C-5, que mantendrá vigilado el puerto de Zihuatanejo. ¡Enhorabuena!

Ya era hora que llovieran privilegios al bello destino de playa.

En otro tema, mis estimados, el conflicto entre el gobierno del estado de Michoacán con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), está llegando a limites peligrosos, pues los profesores disidentes llevan desde el pasado 14 de enero bloqueando al menos cinco tramos ferroviarios, que tiene paralizados miles de contenedores y millones de toneladas de mercancía, y los daños financieros son incuantificables.

El presidente AMLO hizo un llamado fuerte a los profesores. Dijo que ya había enviado la federación los primeros 200 millones para la primera quincena de enero de los docentes y apenas trasfirieron 800 millones para la segunda quincena y prestaciones. E invitó a los docentes a tomar conciencia y retirar el bloqueo, pues dijo el mandatario federal: “Yo no usaré la fuerza para quitarlos, los invito a tener conciencia; de lo contrario, hablaremos con la ciudadanía para que ellos decidan qué hacer con los docentes disidentes”.

Sin embargo, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, dijo muy orondo que él no le pidió 800 millones de pesos al presidente López Obrador, como adelanto presupuestal, y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), la que defina de quién es responsabilidad la nómina magisterial. Y como niño berrinchudo exclamó: “Si decide la SCJN que le compete al gobierno estatal, nosotros veremos cómo le haremos”. ¿Qué tal? Entonces el suyo es capricho.

Cabe hacer mención, mis estimados, que en cierta parte tiene razón el gobernador Aureoles Conejo, pues administraciones pasadas se dedicaron a dar plazas sin tener techo presupuestal, donde no hay razón por parte del gobernador, que por capricho rechace el recurso enviado por la federación, permitiendo que avance el conflicto, pues trae pleito casado con CNTE el gobernador por las afrentas que les ha hecho, y de no intervenir el presidente de la República en ese conflicto, llegan las tragedias, los profesores seguirán en paro hasta que les cumpla el gobernador con los adeudos pendientes, que también no lo dude mucho que el movimiento sea político y que quieran provocar el gobierno de AMLO. Dice un dicho: “Piensa mal y acertarás”, pues el gobernador michoacano recibió mil millones de pesos de la federación para conciliar con los docentes pero no aceptó 800 millones, pues son un adelanto presupuestal, y se justifica que el 26 de noviembre envió un documento a las autoridades federales en el que anunciaba que devolvía la nómina magisterial al gobierno federal. Y la federación respondió a Silvano Aureoles que esa era responsabilidad del estado. Es decir que le atore.

Lo malicioso en este asunto es ¿por qué el gobernador Silvano Aureoles no devolvió antes la nómina a la federación? Digo, juzgue usted y verá que no está descabellada la duda. ¡Feliz día, mis estimados!

Editorial

Uruapan no es Europa

Usar al Ejército en tareas que competen a la policía es una aberración. Lo suyo no es la investigación detectivesca o la recolección de pruebas que respeten el debido proceso para llevar ante la ley a un sospechoso, por no hablar de la tendencia de los militares, de hoy y de siempre, a considerar los derechos humanos como un engorroso estorbo. Lo suyo es controlar, vencer, reprimir, defender por la fuerza.

En cualquier país que se precie se consideraría, insisto, una aberración utilizar al Ejército para estas tareas civiles. El problema es que nosotros estamos viviendo un absurdo aún más aberrante. En ningún país que se precie existen ejércitos criminales capaces de reunir 120 individuos en una docena de camionetas y poner en fuga a cualquier fuerza policiaca, como sucede en Michoacán o Tamaulipas. Los cuerpos de seguridad convencionales fueron derrotados, infiltrados y desbordados desde hace rato.

Por eso es que la discusión sobre militares sí o militares no, me parece académica y absurda a estas alturas. Simple y sencillamente no hay manera de que los policías puedan enfrentar a los ejércitos clandestinos que han surgido. Es fácil exigir que regresen los soldados a los cuarteles cuando no vivimos en una región plagada de retenes clandestinos en los que pueden detener y hacer lo que quieran con una familia; zonas en las que la policía se rehúsa a entrar porque sus elementos son acribillados por fuerzas infinitamente superiores.

Cuando fue candidato López Obrador criticó la presencia de soldados en las calles y prometió regresarlos a los cuarteles. Muchos de nosotros, opinadores y periodistas, escribimos en el mismo sentido. Y sin embargo, el músculo que hoy muestra el crimen organizado, su capacidad para dominar territorios, penetrar en el tejido social y controlar todos los aspectos de la vida diaria es mucho mayor de la que habíamos previsto. Por la misma razón que intentamos evitar un antibiótico por malsano pero reconsideramos la decisión cuando resulta indispensable para evitar una infección potencialmente mortal, ha llegado el momento de asumir que no solamente no podemos suspender el tratamiento sino que ahora resulta que tenemos que intensificar la dosis. Podemos desgastarnos en debates interminables sobre los inconvenientes de vivir con antibióticos, los efectos secundarios que provocan o los daños que derivan de un quirófano, pero no dejaríamos que un hijo muriera de apendicitis.

Todos estamos de acuerdo que la única manera de revertir la inseguridad pública es mediante la construcción de una sociedad en la que impere el Estado de Derecho y exista un sistema de justicia eficaz, lo cual incluye cuerpos policiacos capaces de imponer la ley. Pero aceptémoslo, eso no sucederá en el corto plazo, de la misma manera en que sabemos que para prescindir de los antibióticos es necesario desarrollar un cuerpo sano aunque eso no se consiga de la noche a la mañana. Entre otras cosas porque eso implica quintuplicar el número de policías, reclutarlos, capacitarlos e impedir que terminen en la nómina de los criminales.

Mientras eso pasa tenemos que impedir que la infección siga tomando el control de otros órganos y territorios como ha venido sucediendo en el país. Y, en este momento, ese antibiótico se llama Ejército.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Al menos los guerrerenses podemos descansar sabiendo que los perredistas no boicotearán el proyecto de la creación de la Guardia Nacional, como lo hicieron sus correligionarios a nivel nacional.

Ayer, diputados y líderes del partido se reunieron en Chilpancingo para anunciar que le darán un voto a favor a la Guardia Nacional. Y aclararon que aunque priorizan que ésta tenga un mando civil, tampoco se andarán con remilgos y votarán conforme a las necesidades que se tienen en la entidad en materia de seguridad pública, sin politizar el problema, como sucedió en San Lázaro, donde el PRD y el PAN votaron en contra o se abstuvieron.

Recordemos que sólo cuatro diputados federales perredistas votaron a favor de la Guardia Nacional, entre ellos el que representa el Distrito 6 de la Montaña baja de Guerrero, Raymundo García Gutiérrez, pero se toparon con la guillotina en su partido, que los quiere expulsar por haberse salido del guion dictado a la bancada perredista desde la dirigencia nacional, algo impropio tanto para el partido –que nada tiene que hacer dictando línea-, como para los diputados, que se supone son representantes populares y se deben al pueblo, no a sus líderes.

Los perredistas se quedaron acostumbrados al son que les tocó Enrique Peña Nieto, cuando se integraron al Pacto por México, el cual consistió en que su dirigente nacional –en ese tiempo Jesús Zambrano, el Chucho menor-, tomaba acuerdos con sus homólogos del PRI y del PAN, con relación a las reformas estructurales, cediendo y concediendo, y enseguida aleccionaban cada uno a sus diputados para que votaran en consecuencia.

Aquel nefasto plan fue peor que un golpe de Estado, pues prácticamente inutilizaron al Congreso de la Unión, a través de venderse al mejor postor como líderes partidistas. Y en el caso de los diputados, incurrieron en una gravísima traición a sus representados, pues en lugar de velar por los derechos de estos, escucharon a sus corruptos dirigentes.

Esta vez parece que no sucederá así. Y más les vale a los perredistas de Guerrero deslindarse de la mafia nacional de su partido, actualmente en proceso de renovarse para no morir, porque aquí la iguana masca del otro lado.

No votar a favor de la Guardia Nacional, proyecto que el mismo gobernador Héctor Astudillo Flores ha dicho que es de extrema urgencia, será como condenar a Guerrero a una eterna guerra desigual entre la sociedad desprotegida y desarmada y los grupos delincuenciales.

En realidad, es tan grave el problema para los guerrerenses, que ya no la queremos con chongo. Como dijo la muerte cuando vino por uno que para no ser encontrado se rapó la cabeza: “Aunque sea este pelón me llevo”. Y se lo llevó.

El hecho de que los diputados, que durante 13 años han venido siendo testigos de la extrema violencia que se padece en cada una de las regiones de Guerrero –al grado de que incluso la clase política ha sufrido graves consecuencias-, se tomen libertades que van más allá de su papel como legisladores, debe terminar ya.

Nunca como ahora se antoja importante redefinir al papel de los legisladores, y obligarlos a sujetarse al mandato constitucional que rige su quehacer, so riesgo de fincarles un juicio político.

Estamos mal cuando nadie hace lo que le corresponde ahí arriba, condenándonos a los de a pie a seguir en las mismas, mientras ellos ejecutan sus vendettas políticas.

Lo declarado ayer por el líder de la bancada perredista, Celestino Cesáreo Guzmán, da un respiro a Guerrero, pues la Guardia Nacional, una vez que se vote en el Senado, y por tratarse de una reforma constitucional, tendrá que tender el voto de la mayoría de los congresos estatales.

Por lo menos Guerrero no figurará en la historia como la entidad con más muertos, pero también como la que se opuso a un nuevo modelo de seguridad pública, gracias a la mediocridad de sus diputados.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Cambian criterios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Mis estimados, los presidentes municipales del estado de Guerrero, en su mayoría apenas están dando informes de los 100 días de su administración en los municipios que gobiernan, y otros de plano ni se ocuparon de informar a sus gobernados qué lograron en este periodo.

Sin embargo los alcaldes que anunciaron lo realizado en sus primeros 100 días de gobierno, no ocuparon a la prensa local de sus municipios para difundir su trabajo administrativo de los primeros tres meses de gobierno, pues al difundirlos en los medios de mayor circulación de sus municipalidades, la gente del pueblo se entera y los critica. Y ellos, como son muy sensibles a la crítica, optaron por excluir a la prensa local como una estrategia para evitar las críticas de la población, cuando es su responsabilidad informar a la gente de sus actividades y sobre todo que sus gobernados conozcan en qué gastan los recursos del pueblo.

Al contrario, los alcaldes publicaron sus primeros 100 días de gobierno pero en sus redes sociales. Pero en esas redes informan a sus compinches solamente, pues recordemos que los Facebook, Twitter e Instagram, entre otros, funcionan con redes de amigos. No están ahí los que no son amigos del dueño de algún sitio, aunque ese sitio sea de un gobierno.

Son los amigos integrados a esas redes los que los siguen en el Facebook, por eso difunden por ese medio que además es gratuito, porque les encantan que les aplaudan cualquier movimiento y los adulen sus seguidores, mientras que el pueblo se queda en la sequía informativa.

Algunos alcaldes saturaron las red social de Facebook, que es la que está de moda entre la clase política, donde divulgan actividades, presumen obras y reparto de dadivas. Pero hubo quienes de plano subieron fotos a la red social de las dádivas que repartieron de cuando andaban en campaña, pues a decir de los críticos, a más de tres meses del mandato de la administración de estos munícipes, no han realizado ninguna obra en sus demarcaciones. Vamos, ni siquiera los baches de las principales avenidas de la ciudad han reparado.

Y lo trágico del tema es que en materia de seguridad pública, los presidentes municipales de la entidad suriana continúan ciegos, sordos y mudos.

Hay que decir, sin embargo, que los ciudadanos, después de los resultados de las elecciones pasadas, en la que vieron que se respetó el voto, están vigilando a sus gobiernos y los más fichados son los del PRI y PRD. Con los de Morena, por ahora, todo es miel sobre hojuelas entre alcaldes y sus gobernados, todavía les dura el romance, la gente está dispuesta a concederle el beneficio de la duda y les perdonan todo, incluso que no informen, o que les informen a medias.

A la única que traen los ciudadanos como cuche en callejón, es a la presidenta del municipio de Acapulco, de extracción morenista, Adela Román Ocampo. De plano la alcaldesa porteña rompió peinetas demasiado pronto con sus gobernados, y no sólo por la inseguridad que azota al puerto de Acapulco, también por la basura, falta de agua, calles con pozos, nepotismo… y critican los acapulqueños que Román Ocampo es una mujer indolente, que tiene cerca de una disturbio social a los acapulqueños. ¡Charros pero no panzones! Como dijera el presidente AMLO, pórtense bien, quiso decir el mandatario, porque una lente los está vigilando desde Palacio Nacional; no hagan cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Jojojo.

No obstante, hay acciones que el ciudadano no les perdona a los presidentes municipales. Lástima por Adela Román, pues los enemigos los tiene en su propia casa.

Sepamos, sin embargo, que hay cosas que el pueblo no perdona a los presidentes municipales, y se los cobra en las urnas. Por ejemplo, la pavimentación de calles; en este rubro están fallando los munícipes; la población reclama que las calles son intransitables en casi todos los municipios. Además, sufren por falta de agua, pues el recurso es indispensable para la gente y si no la provee el gobierno municipal a tiempo, la población se enoja con sus gobernantes.

Otra actividad básica es la recolección de basura y si los alcaldes tienen su reguero de desperdicios, es señal que no son buenos funcionarios, pues lo primero que deben hacer en sus municipios es limpiar la casa. Y si no lo han hecho a más de tres de tres meses de gobierno, es que realmente son funcionarios de papel, no sirven para gobernar.

Otro rubro que está pesando en la balanza a los alcaldes, es la inseguridad en cualquiera de sus ramas, pues la violencia tiene de cabeza a los 81 municipios del estado de Guerrero. En algunas municipalidades la violencia azota con furia a la población, y los alcaldes evaden esa responsabilidad y le echan la bolita al estado y la Federación. Lo cierto es que los presidentes municipales tienen igual de responsabilidad que los demás niveles de gobierno en el combate a la violencia y el flagelo de la inseguridad, pues en primer lugar les corresponde hacer un trabajo preventivo que simplemente no pueden evadir.

Es indispensable el trabajo entre los tres órdenes de gobierno, pues de otra manera continuará la violencia igual o peor. Los presidentes municipales tienen que entrarle con firmeza al combate de la inseguridad, de la mano con estado y Federación, pues la gente, al sufrir los embates de la violencia, va contra su alcalde, dado que es el orden de gobierno más cercano y al que tiene a su alcance para hacerle reclamos. Por eso los presidentes municipales tienen mucho que ver en ese flagelo de la inseguridad y tienen que tomar el buey por los cuernos, aunque tengan que usar un traje blindado. De lo contrario, si dejan a sus gobernados morir solos, eso también lo cobra la gente en las urnas. Y si lo duda, revise los datos de las recientes elecciones, sobre todo del PRI y PRD.

Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que presidió el presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadores, fueron aprobados 10 acuerdos en materia de Seguridad, como parte de la nueva estrategia del gobierno federal, a la que destinarán 11 mil millones de pesos.

Los miembros del Consejo aprobaron la modificación de la fórmula en la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad.

Sin embargo, lo que destaca de estos 10 puntos, fue lo que reveló el titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, pues dijo que pretenden pasar de un concepto limitado de violencia a otro de carácter amplio para construir la paz, a partir de garantizar empleo, educación, salud y bienestar, especialmente en las comunidades, donde los criminales se han convertido en la autoridad de facto”. Y también mencionó el funcionario que la Guardia Nacional no vendrá a hacer a un lado a los policías estatales y municipales, que la Guardia Nacional complementará esfuerzos con instituciones de seguridad y cuerpos policiales de los estados y municipios.

Sin embargo, también fueron asignados fondos anticrimen. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), asignó a las 32 entidades federativas del país, el monto que les corresponde del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP). La cantidad que se repartirá este año a los estados es 7 mil 202 millones 790 mil pesos, de la bolsa de 7 mil 210 millones aprobados por el Congreso de la Unión.

De ese recurso, al Estado de México le tocan 497 millones 135 mil 552 pesos; Ciudad de México, 474 millones 310 mil 111; a Jalisco, 306 millones 410 mil 642 pesos. Baja California, 283 millones. Nuevo León, 276 millones. Chihuahua, 265 millones. Guanajuato, 258 millones.

El recurso a estos estados suman hartos millones y faltan varias entidades en el listado, entre ellos el estado de Guerrero, que por cierto no lo menciona el informe, por eso es un hecho que le asignaron poco recurso a la entidad. Y es que según el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, son nuevos criterios y fórmulas de distribución. Sin embargo, la entidad suriana padece de todos los males, pero el CNSP eliminó criterios como combate a la delincuencia, capacidad de operación policial, información de seguridad y sistema penal. Ahora, para combatir el crimen, lo que regirá será empleo educación y bienestar.

El plan es bueno; sin embargo, varios estados de la República vive altos índices de criminalidad y será muy difícil combatirlo con discursos y promoviendo los Derechos Humanos. ¡Feliz día, mis estimados!

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