Editorial

Evidencias del desabasto de combustible

El reciente episodio de desabasto de gasolina puso en evidencia la dependencia que la población tiene a los combustibles fósiles. Si bien es cierto que los vehículos particulares fueron los principalmente afectados, también hubo implicaciones a la distribución de productos perecederos y para los servicios de transporte, incluido el aéreo. Esto debido al cierre de poliductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que también transportan turbosina y diésel.

Hubo malestar ciudadano observable en las calles, aunque también encuestas indicando un apoyo mayoritario a las acciones del gobierno federal; reflejando así la polarización que caracteriza al país en estos tiempos. En esta sintonía, algunos criticaron la estrategia para combatir el huachicoleo, pues la importancia del combustible es crucial para las distintas actividades económicas del país; mientras que hubo quienes vieron la oportunidad para fomentar un cambio en la forma de transportarse, organizándose mejor y buscando, incluso, que rindiera el combustible que les costó tiempo obtener.

Mientras unos y otros observan consecuencias diferentes, hay un punto en común que es importante valorar: las implicaciones de esta estrategia para el medio ambiente. Es sabido que la reducción del aforo vehicular solo puede mejorar la calidad del aire en un país con varias ciudades que presentan esta problemática cotidianamente. Tal fue el caso en la Ciudad de México y en Toluca, donde hubo reducción de ozono troposférico durante los días con desabasto, de acuerdo a los registros de monitoreo atmosférico de ambas ciudades. Puede ser el mismo caso en las ciudades donde aún no se normaliza la distribución de gasolina y diésel.

Haya sido por no tener combustible o por cuidar el poco con el que se contaba; el uso de medio alternos de transporte, como la bicicleta, la motoneta eléctrica o el patín del diablo eléctrico afloró en la Ciudad de México. Si bien esto es adecuado para desincentivar el uso del vehículo a combustión interna, es importante regular este tipo de transporte a la brevedad, pues se corre el riesgo de convertir la ciudad en una versión latinoamericana de Nueva Delhi. Si bien es cierto que el automovilista tiene que aprender a convivir con el ciclista y el peatón (tema aún pendiente en la agenda de movilidad de la ciudad), también lo es que el usuario de estos modos de transporte debe estar capacitado sobre cómo usarlos; respetando la señalización, la dirección del tránsito y al peatón.

Ahora bien, estos medios de transporte no son viables para quienes deben transitar distancias largas o porque tienen determinada condición física (adultos mayores y mujeres embarazadas, por citar un par de ejemplos), por lo que el uso del transporte público también debe fomentarse. Éste fue remedio para quienes suelen usar vehículo propio, pareciendo estar a la altura aun cuando estuvo saturado más de lo normal en horas pico durante dicho desabasto. Esto muestra que es posible un cambio gradual de paradigma: transitar del transporte privado al público. El siguiente paso debe ser la electrificación de este medio, y que no sean únicamente los trolebuses los que tienen esta característica. Así se podrán reducir las emisiones contaminantes del transporte, mejorando en consecuencia la calidad del aire.

Es así que el desabasto de gasolina evidencia la dependencia de la sociedad al combustible fósil, pero a la vez presenta beneficios a la sociedad en materia de calidad del aire, mientras que indirectamente promueve una movilidad diferente al uso del transporte privado. Puede haber inconformidad al respecto, o se le puede poner buena cara, más allá de las preferencias político-electorales. Sin embargo, el carácter temporal del cierre de ductos infiere que todo se puede normalizar: el tráfico habitual generado por la presencia de un numeroso parque vehicular, los niveles de emisiones contaminantes diarias por encima de la norma, y una creciente presencia de medios alternos de transporte que abonan a conflictuar el tráfico por la falta de un comportamiento adecuado por parte de sus usuarios. Ante esto, vale la pena cuestionarse si es oportuno buscar la bonanza de gasolina, y mejor aprovechar este desajuste en la cotidianeidad para replantear un tránsito a un modo más sustentable de vivir en la ciudad.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El presidente de la República está en Guerrero. Ayer jueves estuvo en Iguala, donde puso en marcha las becas para el bienestar, y hoy estará en Ciudad Altamirano, para poner en marcha el programa de fertilizante para productores de granos básicos, único en su tipo a nivel nacional.

En esta ocasión –a diferencia de lo que sucedió en Tlapa- se están cuidando muy bien los escenarios y no hubo abucheos para nadie, y sí muchos aplausos. Sobre todo cuando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que gracias a las gestiones e intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores, se estaría entregando este beneficio a los productores guerrerenses de manera especial.

Y precisó que Astudillo “se ha portado bien, muy bien, requetebién”. AMLO no dijo qué fue eso de portarse bien, y no faltará quien lo acuse de ser condescendiente con el gobernador. Pero seguramente se refiere a que Astudillo fue el primer mandatario estatal en apoyar la propuesta de la creación de la Guardia Nacional. Además, aplaudió sin poses el combate al huachicoleo que está secando a Pemex.

Mientras otros gobernadores –priístas, panistas y perredistas- se ponen todavía sus moños y quieren una Guardia Nacional sin dientes, pues la presencia de una corporación con tinte militar les provoca prurito, más que las decenas de miles de muertos y desaparecidos que este país produce cada año; mientras otros gobernadores, decíamos, cuidan sus palabras y pretenden servir a Dios y al diablo, Astudillo ha sido muy claro en su postura de que la Guardia Nacional es algo no sólo necesario, sino también urgente.

Astudillo, como pocos gobernadores –incluidos los que le antecedieron- ha dicho sin espavientos pero sí con preocupación, que su gobierno apoya ampliamente la creación de la Guardia Nacional, lo cual implica que su partido en el estado también está a favor de esta medida, reconociendo que en la entidad se carece de una fuerza policial suficiente y entrenada para hacer frente a los grupos delincuenciales que se pelean entre sí por el control de regiones y municipios.

Mientras que los demás gobernadores de Guerrero han navegado de a muertito en el gravísimo problema de inseguridad y violencia que afecta a la entidad, Astudillo puso los puntos sobre las íes desde su llegada al poder y trató de que avanzaran dos iniciativas: primero, la de la legalización de la amapola con fines medicinales. Y, segundo, la creación de un mando único.

Sus dos propuestas se murieron en el intento simplemente porque quedaron empantanadas en una gruesa madeja de intereses que tenían que ver con la elección de julio de 2018, cuando los partidos políticos ya no se ocupaban del avance del país, sino de conservar sus prebendas, intereses y posiciones de poder. El resultado para los partidos tradicionales fue una de sus más terribles derrotas, y es el caso que ahora los vemos dando bandazos, llamando bueno a lo malo, y malo a lo bueno. A eso creo que se le llama tener mente réproba.

Recordemos que Astudillo llegó al poder en 2015, como resultado de la debacle del PRD por el Caso Ayotzinapa –por cierto, ayer AMLO ofreció protección para cualquiera que aporte datos de esa negra historia, a la comisión especial del caso. Y en lugar de tapar el cochinero que encontró, lo dio a conocer. Un desfalcó por 19 mil millones de pesos, un parque vehicular inexistente y un largo etcétera. Pero sobre todo puntualizó la situación de la inseguridad en Guerrero, cuál era la causa de ello, y cómo podría resolverse.

Por esta postura, el presidente de la República lo apapachó ayer en Iguala. Con esto no sólo lo desagravió con lo de Tlapa, sino que marcó una nueva ruta de entendimiento y colaboración entre el gobierno federal y el gobierno del estado.

Los correos secretos de Coca Cola

Alejandro Calvillo

A través del Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos se logró tener acceso a correos electrónicos entre funcionarios de Coca Cola y el Centro de Control de Enfermedades (CDC) en ese país, el órgano encargado de la salud pública de los estadounidenses. Al mismo tiempo de darse a conocer estos correos se publica una investigación que revela la estrategia de esta empresa para introducirse al mayor mercado del mundo, el chino, y capturar sus políticas de salud pública con el fin de evitar que se pongan regulaciones a las bebidas azucaradas ante el disparo del sobrepeso y la obesidad en ese país que tiene la mayor población mundial.

Los correos entre empleados de Coca Cola y el CDC muestran que unos y otros trabajaban en conjunto para proteger los intereses de la empresa. El objetivo era reducir la atención en las bebidas azucaradas como el principal responsable de la alta ingesta de azúcar en la dieta de los estadounidenses.

En los correos de 2015 destacan los intercambiados entre el ejecutivo y estratega de Coca Cola Alex Malaespina y la entonces directora de la División de Enfermedades del Corazón del CDC, la Dra. Barbara Bowman. Malaespina le explicaba su preocupación de que la directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Dra. Margaret Chan, promoviera la reducción en el consumo de bebidas azucaradas, especialmente, en la forma de impuestos.

Un año antes, el impuesto a las bebidas azucaradas se había establecido en México. Les preocupaba que el impuesto aumentara en México al 20 por ciento, como recomendaba la OMS, y que el ejemplo fuera seguido por otras naciones, como ocurrió posteriormente con el Reino Unido, Portugal, Sudáfrica, Filipinas, en cinco ciudades de los Estados Unidos, en Cataluña, entre otros.

Malaespina le escribió a Bowman: “¿Alguna idea de cómo contactar a la OMS? Ahora ellos no quieren trabajar con la industria. Ella (refiriéndose a la Dra. Chan), es influenciada por el Gobierno chino y está en contra de los Estados Unidos. Algo debe hacerse”. Los correos muestran una familiaridad entre estos personajes y una colaboración con el fin de defender los intereses de la empresa. Bowman le contestó el mismo día sugiriéndole algunos contactos en las oficinas regionales de la OMS, y le propuso también contactar a Bill Gates. Se sabe que Gates tenía una gran inversión, al menos hasta hace unos años, en acciones de Coca Cola.

Las revelaciones de las estrategias poco éticas de Coca Cola han sido reveladas en diversos reportes y documentos hechos públicos. Entre otros, en 2016 Coca Cola y Pepsico financiaron 96 organizaciones nacionales de salud en los Estados Unidos al tiempo que las refresqueras cabildeaban en el congreso contra iniciativas para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Ese mismo año, la revista JAMA International Medicine publica una investigación basada en la revisión de miles de documentos de la industria del azúcar que muestran cómo esta industria elaboró toda una estrategia para generar la duda sobre los daños del azúcar en la salud y poner la atención en las grasas como la principal causa de las enfermedades del corazón. Esta estrategia fue exitosa en desviar la atención del azúcar como una de las principales causas de las enfermedades del corazón por más de 50 años.

EL CASO EN CHINA

Con 1.4 mil millones de habitantes, China es el mayor mercado en el planeta. Esta población en solamente veinte años, de 1991 a 2011, duplicó la incidencia de sobrepeso y obesidad, pasando de 20.5 por ciento a 42.3 por ciento. Coca Cola entró al mercado chino en 1979 y antes de que el Gobierno chino comenzara a poner el foco en la necesidad de reducir el consumo de bebidas azucaradas, la refresquera inició en 1999 su estrategia para que las políticas de salud pública no afectaran sus ventas.

China e India, junto con África y América Latina y otras naciones de ingresos medios y bajos, se han convertido en el mercado a conquistar por una empresa que ve disminuido el consumo de sus productos en las naciones de ingresos altos. El mismo fenómeno está ocurriendo con la industria tabacalera y del alcohol, ante las regulaciones y la reducción en el consumo de sus productos en gran parte de las naciones ricas, están invadiendo el mercado no regulado de las naciones de ingresos bajos.

Conociendo el impacto de su producto, en 1999, Coca Cola fundó en China el International Life Sciences Institute (ILSI) que ha establecido en diversas naciones para proteger sus intereses y argumentar que sus productos no dañan la salud. La función del ILSI es aparecer como una entidad científica independiente que cabildea entre la academia, las dependencias públicas, hace foros, publica reportes, todo encaminado en negar la evidencia del daño de los productos de esta empresa o, al menos, generar la duda sobre sus daños.

Para lograr este objetivo en China, a través de ILSI se contrató como su director a Chen Chunming, uno de los más destacados nutricionistas chinos, que había sido presidente de la academia China de Medicina Preventiva, una entidad científica que depende del ministerio de salud y aporta evidencia científica para las políticas de salud pública.

ILSI se presenta en China como “un puente entre el Gobierno, la academia y la industria, proveyendo la información científica más avanzada para tomar decisiones en políticas de nutrición, especialmente obesidad y desarrollo infantil, seguridad en alimentos y prevención y control de enfermedades crónicas”, escribe Susan Greenhalg, académica de Harvard y especialista en China, en el British Medical Journal titulado “Making China safe for Coke: how Coca-Cola shaped obesity science and policy in China”.

DEL CDC A COFEPRIS Y DEL ILSI A LA SECRETARÍA DE SALUD

El ejemplo del contubernio entre empleados de Coca Cola y el CDC en los Estados Unidos, se queda corto con el contubernio entre Coca Cola y Cofepris en México. Este organismo nos impuso, como parte de la estrategia nacional contra la obesidad, un etiquetado frontal en bebidas y alimentos que había introducido en México la propia refresquera. No basto que la OMS le advirtiera que este etiquetado no era entendible y que tenía un criterio de azúcar que representaba un riesgo, tampoco le importó a Cofepris que investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, la institución que brinda la evidencia para las políticas de salud pública en nuestro país, advirtieran públicamente que era mejor no tener etiquetado frontal que tener el que impuso Cofepris.

Por su parte, el ejemplo de ILSI en China tiene sus similitudes con la captura que hizo la industria de alimentos y bebidas, agrupada en ConMéxico, de la Secretaría de Salud, en especial de la Subsecretaría de Prevención, que protegió a Cofepris y a esta industria. Secretaría de Salud creó un organismo para evaluar la política contra la obesidad dominado por la industria, del que excluyó a los institutos nacionales de salud, especialmente al Instituto Nacional de Salud Pública. De esta manera se excluía la evidencia científica y la crítica.

También ha jugado un papel similar al de ILSI en China, la Fundación Mexicana para la Salud. FUNSALIUD ha desarrollado importantes investigaciones pero siempre y cuando no afecten los intereses de Nestlé que es su principal financiador, siempre y cuando no vaya a promover políticas que afecten sus ganancias. Varios funcionarios públicos en el área de salud han trabajado anteriormente en FUNSALUD así como actuales investigadores de FUNSALUD han trabajado en el Gobierno. Difícilmente estos profesionales van a actuar en contra de los intereses de esa empresa, la mayor de alimentos en el mundo.

La evidencia científica está sobre la mesa, diversas experiencias internacionales de política de salud pública están mostrando resultados, se ha declarado una separación entre el poder político y el económico, lo que debería evitar estas interferencias, falta ver los primeros hechos de este nuevo Gobierno.

Editorial

El nuevo presidente de la Corte y la advertencia de López Obrador

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, tiene ya su primera prueba frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo hizo el lunes un serio señalamiento en contra del Poder Judicial que el presidente de la Corte no puede pasar por alto, aun cuando su intención sea “evitar un choque de trenes”.

A propósito de la intervención de su gobierno en la Suprema Corte para impedir la devolución de impuestos a exaccionistas del Grupo Modelo, López Obrador arremetió en contra de los juzgadores que “protegen a delincuentes de cuello blanco” y advirtió que por lo menos los exhibirá.

“Una cosa es el respeto a otro poder y otra es que, sabiendo que hubo una transa me quede callado, porque no voy a ser cómplice”. Y remató: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para quede claro”.

Los destinatarios fueron los ministros que votaron a favor de la devolución de impuestos a los exaccionistas de la cervecera y que según el presidente habría significado un pago de 35 mil millones de pesos.

La devolución de impuestos, en efecto, ha sido una práctica de los grandes consorcios durante décadas y que han representado grandes mermas al erario.

Uno de los más conocidos fue el que gestionó en 2002 el despacho del entonces senador del PAN, Diego Fernández. En un litigio contra el Estado mexicano, el entonces legislador logró que Hacienda le pagara mil 800 millones de pesos a la empresa Jugos del Valle, por concepto de devolución de IVA.

Han sido numerosas las grandes empresas que han litigado en contra de las disposiciones fiscales o que se han beneficiado de perdones de la Secretaría de Hacienda. Entre ellas, Televisión Azteca, de Ricardo Salinas, ahora uno de los aliados del presidente.

López Obrador cambió de humor en unos cuantos días o decidió explotar el tema. La semana pasada, cuando dio a conocer que su gobierno había intervenido en la Corte para que se cambiara el proyecto de resolución que proponía devolver los impuestos por la venta de acciones del Grupo Modelo, dijo que hubo ministros que votaron en contra, pero que los respetaba porque “tienen derecho a hacerlo… son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes”.

Fue una victoria ante lo que definió como “huachicoleo de cuello blanco”. Pero en momentos en que el Senado está por decidir quién será la nueva ministra de la Suprema Corte a partir del 19 de febrero, en sustitución de la ministra Margarita Luna Ramos, López Obrador se fue en contra del Poder Judicial y advirtió que no se quedará callado y por lo menos denunciará a “cualquier juez, magistrado (o) ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco (y) solape actos de corrupción”.

Lo dijo también cuando la Corte tiene que resolver los juicios constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual nadie en México puede ganar más de los 108 mil pesos mensuales que el presidente de la República se fijó.

Aunque se requiere de una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, un escenario es que la ley sea desechada por los vicios cometidos por el Senado en su aprobación.

Con los señalamientos del jefe del Ejecutivo, el ministro Arturo Zaldívar quedó en una posición incómoda.

Cuando asumió la presidencia de la Corte propuso “un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes” y en un ánimo de tender puentes dijo que la independencia del Poder Judicial “no es aislamiento, intolerancia o romper el diálogo”.

Con el apoyo que tuvo de Juan Luis González Alcántara Carrancá, el primer ministro de López Obrador, para ganar la presidencia de la Corte, el ministro Zaldívar está viendo cómo se derrumban los puentes que ofreció.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

René Bejarano Martínez, ex líder de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), y actual líder del Movimiento Nacional de la Esperanza, que en la pasada elección apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer la adhesión a este grupo político de unos 110 mil militantes de diversos partidos políticos, que dejarán su militancia actual para incluirse en una organización que si bien tiene intereses políticos, opera desde el ámbito civil.

Esto significa que el proceso electoral de julio del año pasado, no ha terminado de modificar el mapa político del país, ni tampoco de hacer mella en los partidos políticos mayores, que definitivamente perdieron tanto que ahora buscan sumarse en una gran coalición opositora. En Guerrero, por ejemplo, esa iniciativa proviene del PRD, que busca una alianza con el PRI, para competir por la gubernatura en 2021.

Ahora bien, el líder del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos Ríos, justifica que la alianza que están trabando ser hará con el ala izquierda del PRI, que eventualmente estará en desacuerdo con la postulación que haga el partido como tal en la siguiente elección para gobernador.

Esto es grave porque entonces significa que el PRD está promoviendo una desbandada del PRI hacia la coalición que pretende encabezar el mismo partido amarillo.

Eso un poco arriesgado y complicado pero no difícil de lograr, sobre todo cuando va de por medio la promesa de mantener el poder, aunque sea compartido apoyando a un perredista, que por ahora no se vislumbra quién pudiera abanderar esta gran coalición.

Porque siempre está la opción de que sea un priísta, que se meta por el PRD como “externo”, al fin que ya es común que eso suceda, que se arreglen los escenarios políticos, y se perviertan de tanto manipularlos. Cuando no hay buen pan, buena es la semita, dicen los calentanos.

Cruzando información, haciendo trenzas informativas –como solía decir un gran maestro del periodismo-, leyendo entre líneas, nos damos cuenta que lo que anuncia Bejarano es una realidad: el PRD se está derechizando, y la gente que aún conserva los ideales de izquierda se irá desplazando. Esto significa que en los próximos meses y todavía acercándose la siguiente elección estatal –que se empatarán con la elección legislativa federal-, veremos una sangría mayor y tal vez más agresiva en las filas perredistas.

¿Se van a Morena entonces? No. La opción que les ofrece Bejarano es hacer actividad política desde su organización, que es apartidista y aglutina a gente de varios institutos políticos, una extraña mezcla de militancias, que coinciden en un solo punto: evitar la contaminación de los escenarios políticos y la manipulación del electorado.

Pues bien, decíamos que cada militante del MNE decidirá de manera personal si hace vida partidista, y solicitará por su cuenta propia su adhesión a algún partido, pero sin dejar de pertenecer al grupo de Bejarano.

Recordemos que en Morena no hay corrientes ni grupos políticos, están prohibidos expresamente en sus estatutos. Por lo tanto, la jugada consistirá en crear organismos civiles que en su momento puedan meter personas a los partidos, para ir ganando espacios de elección popular, sobre todo en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo que busca Bejarano es que para 2021, la Cámara de Diputados no caiga en manos de la oposición, ya que eso debilitaría al gobierno federal de AMLO, dificultando la actividad legislativa, que es la base de movilidad para el poder ejecutivo.

Una red de organizaciones sociales, que a su vez representen una opción para los desencantados de otros partidos, parece ser la opción.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

El problema del turismo es la inseguridad

Desde hace poco más de un mes, mis estimados, distintas organizaciones civiles, empresarios, cámaras de comercio y prestadores turísticos, vienen haciendo comentarios fuerte en relación al verdadero problema con el turismo en México. Ellos indican que debido a los altos índice de violencia que se han disparado en exceso en casi toda la República, es que el turismo se desplomó en el país hasta 37 puntos.

Es decir, que la caída del turismo no es por falta de publicidad en el extranjero. El vicepresidente de Asuntos Legislativos del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir), Erick Álvarez, señaló que la cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), no es el fin del mundo, pues sin los subsidios que se daban a través del órgano, los empresarios del sector ya trabajan en promocionar la actividad en el extranjero con sus propios medios. Reveló que el verdadero problema del turismo en México, es la inseguridad que azota a todo el país y sigue siendo un pendiente.

Por otro lado, los integrantes del sector expusieron también que el verdadero problema para el turismo mexicano es la percepción de inseguridad que hay sobre el país. Sin embargo, mis estimados, los integrantes del sector se fueron por la tangente y culparon de los altos índices de inseguridad a los docentes disidentes de la CETEG, por las dos semanas de bloqueos en Michoacán.

Pero la inseguridad que cunde en el país no es provocada por los docentes disidentes. Aclaro, no apruebo lo que hacen los maestros; sin embargo, tampoco se vale que le carguen todos los muertos a la CETEG. Los empresarios siempre se van por lo más fácil y culpan a la CETEG  de todos los males. Bien dice el dicho: Cría fama y échate a dormir.

Mientras los gobernantes no acepten que tienen un grave problema de inseguridad en todo el país, en algunos estados y municipios más que otros, bien pronto se va al carajo el México lindo y querido, con todo y sus bellezas naturales.

No se trata de culpar a los docentes disidentes de los problemas que acosan al país. Se trata de aceptar que tienen un grave problema de inseguridad y buscar cómo resolverlo, porque tampoco de la manera en que pretenden solucionarlo van a lograr controlar a tanto escorpión venenoso.

Si bien es cierto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa distintas tácticas para combatir la inseguridad en el país, también es verdad que aún no se logra concretar ninguna de ellas. El mandatario federal le apuesta al empleo y educación; no obstante, el tema de inseguridad rebasó todos los límites, no hay forma de lograr ese propósito con personas asalariadas y un libro bajo el brazo. Y que se entienda, no soy negativa. Ante tanto derramamiento de sangre, toda propuesta es bienvenida y vale la pena experimentar; sin embargo, los criminales que ya se dedican a ese negocio y que les deja buen dinero, difícilmente van a dejarlo por un salario de 3 mil 600 pesos quincenales. Aunque arriesgan su vida y anden a salto de mata, siguen ahí, no dejarán el negocio.

Por ejemplo, los delincuentes que secuestran, por eso matan a su víctima porque ellos ya contaban con ese dinero y no lo pudieron conseguir. Según relatan psicólogos, es lo mismo que hace un asaltante, que si no le das el dinero te mata, porque ya lo siente suyo. Y jamás un delincuente va a dejar su actividad delictiva que le deja mucho dinero, aunque ande a salto de mata, para irse a un empleo a encerrarse ocho o diez horas por 4 mil pesos quincenales, y me estoy yendo muy alto.

Todo esto es preocupante y lucha se hace. Recordemos que el presidente López Obrador lanzó cuatro alternativas a las personas que delinquen, para que se alejen del crimen y se conviertan en empresarios. La primera de ellas es la esperanza de una larga vida; la segunda la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; la tercera, que emprendan negocios legales y regulares. Y la cuarta, alcanzar la respetabilidad social.

La Estrategia Nacional de Seguridad Publica, donde se incluye la creación de la Guardia Nacional, la analiza el Senado, para su posible aprobación, ya que plantea el gobierno federal que los delincuentes puedan convertirse en hombres y mujeres de negocios legales y regulares. Esto es como un borrón y cuenta nueva, como una amnistía de facto.

El documento señala que una estrategia como ésta fue la que se utilizó hace nueve décadas en Estados Unidos para combatir el tráfico de alcohol. No obstante, mis estimados, el problema de inseguridad que vive el país, insisto, rebasó todos los límites y esas estrategias y alternativas que pretenden ofrecer a los criminales no motiva ni cumple sus intereses.

Y no quiero ser negativa, insisto, sino que soy realista. En materia de seguridad, el crimen se apoderó de una gran parte del país y es imposible que lo suelten ofertándoles empleos. Los criminales por actos delictivos -que por cierto son varios y no sólo las drogas-, tienen ganancias muy superiores a lo que ofrece el gobierno.

Son muy variadas las formas por las que ellos obtienen jugosas ganancias, y la forma de actuar de los criminales es terrible, no hay conciencia en ellos, imposible hacerlos razonar.

Como ejemplo tenemos el estado de Guerrero; ya ven lo que dice el dicho, que cada quien habla como le va le va en la feria.

El mismo gobernador Héctor Astudillo Flores se lamenta y dice que no es fácil gobernar Guerrero. En efecto, la descomposición en la entidad es un gran pozo imposible de cubrir con propuestas de buenos deseos.

En sus sierras, Acapulco, Zona Norte y Montaña, Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica, así como la capital Chilpancingo, vive la sociedad con traumas terribles por el crimen.

Si de buenos deseos se trata, también anhelamos que este pánico se acabe; sin embargo, así como lo puntean no se acabará; por el contrario, van alborotar el avispero más de lo que ya está inquieto.

Puedo mencionar muchos ejemplos, pero mejor nos quedamos con uno: el campo. Los campesinos y los hijos de ellos no quieren trabajar las tierras porque no les deja el dinero que les dan otros servicios. Y lo que les da dinero a eso se dedican, aunque pongan en riesgo su vida y la de su familia.

¡Feliz día, mis estimados!

Editorial

La delincuencia de cuello blanco

El robo de combustibles que ha ocupado primeras planas durante semanas es uno de los aspectos del Estado corrupto. Durante los próximos meses y años tendremos más y más primeras planas en donde se reflejará la profundidad de la corrupción como sistema.

Ya estamos viendo que el huachicol se estructura en amplias organizaciones donde aparecen servidores públicos. Dentro de poco eso irá quedando mucho más claro.

La corrupción, como parte del sistema político y mecanismo de la organización estatal, se desparramó sobre la sociedad. La forma más desgarradora en que el Estado corrupto tuvo impacto social fue el colapso del modelo de seguridad pública ante el surgimiento de la llamada delincuencia organizada, principalmente la vinculada al narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

A partir de esto se desenvolvió la crisis de violencia, los enfrentamientos armados y las ejecuciones cotidianas en amplias regiones del país.

La delincuencia organizada fue definida en la Constitución como la “organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia” (art. 16). La última parte de este párrafo confiere al Congreso, al expedir la legislación secundaria, la facultad de escoger cuáles delitos pueden ser vinculados al concepto de delincuencia organizada y, por tanto, cuáles no.

Al analizar la ley específica resulta asombroso, aunque del todo explicable, que no se encuentren los delitos que suelen cometer directamente los poderosos. Las transgresiones a la democracia, como son la compra de votos, la utilización indebida de bienes públicos, el enriquecimiento ilícito, el soborno, el tráfico de influencias, entre otras muchas, no están en la lista de aquellas vinculadas al delito de delincuencia organizada, el cual opera como una especie de delito de delitos.

La inmensa mayoría de actos punibles cometidos por servidores públicos en el ejercicio o con motivo de sus funciones se llevan a cabo en grupo. Es casi imposible robar y robar, enriquecerse a partir de fondos públicos, vender concesiones, simular operaciones, cobrar sobornos, etcétera, sin contar con una organización.

Resulta demostrativo que la ley de delincuencia organizada incluya al huachicol pero exceptúe a los servidores públicos involucrados y sus conectes, los franquiciatarios, los almacenadores, los transportadores.

Puede llegar la hora en que, por necesidades del combate al Estado corrupto, se deban incorporar los delitos que por su mecánica requieren una organización delictiva, aquellos de cuello blanco.

Si la figura de “delincuencia organizada” fue promovida con la idea de combatir a las mafias de narcos como los peores delincuentes, lo cual ha fracasado hasta ahora, podría usarse, sólo durante algún tiempo, para perseguir a los corruptos, ya que permite mayor holgura en los métodos legales de investigación, con la otra gran ventaja de que los funcionarios ladrones no viven en la clandestinidad.

Lo más difícil de la persecución de criminales se encuentra en el campo del combate a la corrupción, pues los poderosos son expertos en crear redes de complicidad. Por esto, podría no bastar la decisión política de desarticular al Estado corrupto. Podrían necesitarse también algunas reformas legales que favorecieran tan elevado propósito.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El ex gobernador Ángel Aguirre viene marcando la agenda política en el estado desde la semana pasada, cuando anunció en la Ciudad de México una probable alianza del PRD con el PRI, de cara a los comicios de 2021.

Claro que en el ámbito estatal, el líder del partido matizó el tema y dijo que, en efecto, el PRD va por la construcción de una gran alianza electoral, pero que primero buscarán la adhesión de la izquierda. Y que de no ser posible concretarla con Morena, pues luego entonces buscarían al PRI.

Se sospechaba que la búsqueda de diálogo con Morena era un mero pretexto para descartar a los lópezobradoristas y justificar la alianza con el PRI. El fin de semana, el ex gobernador se reunió con diputados y alcaldes, entre ellos Adela Román, de Acapulco, a la cual exhibió en sus redes sociales. Fue la alcaldesa la que dijo que no se trató de un encuentro privado con Aguirre, sino colectivo, y que asistió en su calidad de mujer política; aunque, claro, sin compromisos porque simplemente Adela no tiene capacidad para definir la ruta que su partido, el Morena, habrá de tomar en 2021.

Pues bien, ayer, el ex gobernador se reunió con el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar (quien por cierto salió del grupo político del gobernador Héctor Astudillo Flores). Fue un encuentro privado, pero obviamente se propició la presencia de la prensa –como suele suceder en estos casos-, y la entrevista fue inevitable.

En ésta, Aguirre fue contundente al indicar que la ruta más factible para el PRD es su alianza con el PRI, algo que no debe escandalizar a nadie, porque ya el partido ha hecho alianzas con partidos de derecha, como sucedió en efecto el año pasado, pero sobre todo en su propia campaña de 2010-2011, cuando a la gran coalición que lo llevó al poder se sumó el PAN, pues ambos partidos ya venían desde 2009 de una ruta de alianzas denominadas “estratégicas” e impulsadas por Los Chuchos, con Beatriz Mojica Morga como encargada de ellas.

Pero lo más sorprendente es que Aguirre no se descartó para competir por tercera vez a la gubernatura del estado de Guerrero. Y esto es ahora el tema de discusión. ¿De verdad el ex gobernador se lanzaría a otra batalla de este calibre? ¿O el que recibirá su respaldo será Toño Gaspar?

Primero, no es de extrañar que dos partidos que quedaron tan disminuidos en la elección reciente, busquen una alianza para presentar una candidatura común, con el ánimo de contener el avance de cualquier morenista –que a decir verdad con varios, pero hasta ahora ninguno con piernas de jinete para alcanzar la máxima magistratura del estado. Decir que el candidato a gobernador de Morena que resulte, podría competir impulsado solamente por lo que se logre de aquí a 2021 por el gobierno de López Obrador, es un sinsentido, pues si no sucedió cuando éste era candidato, menos sucederá ahora que ya está en el ejercicio del poder; simple y sencillamente porque el poder desgasta a cualquiera. Y si no, habría que preguntarle, por ejemplo, a Adela Román si es lo mismo ser candidata que alcaldesa. O a Pablo Sandoval Ballesteros, sobre quien están recayendo todas las quejas de Morena, por su plan avasallador.

Volviendo al tema, consideramos que de verdad una alianza PRD-PRI acabaría con cualquier intento de Morena por tomar el gobierno de Guerrero, partiendo de que en este partido no hay tela de donde cortar.

Pero hay una duda en este escenario, que dará mucho de qué hablar en los próximos meses y años: ¿El plan de Aguirre es también el plan del PRI? ¿Trabajarán los priístas para traspasar al PRD el poder? ¿Y, más aún, trabajarán para que Aguirre retorne al gobierno estatal? Lo dudo, de verdad.

Hasta ahora, el PRI nacional no se ha pronunciado al respecto. Al contrario, se observa más bien una alianza estratégica con Morena, como en su momento lo hicieron con el PAN, de lo cual depende su supervivencia.

Tampoco la dirigencia del PRD en el país ha dicho nada sobre el plan de Aguirre. Y en lo local, varios líderes perredistas ya mostraron su inconformidad, entre ellos el diputado Celestino Cesáreo Guzmán.

Estemos atentos al desenlace de este novelón, estimado lector, porque pensamos que ya todo está dicho en política, pero la verdad es que ese mundillo está lleno de grandes sorpresas.

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