Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Ixtapa-Zihutanejo. de los siete destinos más sonados de México: Trip Advisor

“Nunca debes perder: tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo y el valor por la vida”: Leo Pavoni.

Mis estimados, con todo y confinamiento y playas cerradas por la pandemia de Covid-19; con todo y alertas máximas de los Estados Unidos por la inseguridad y ahora por los altos contagios de coronavirus en el municipio de Azueta y otras cosas peores, con todo, la plataforma de viajes Trip Advisor coloca en el séptimo lugar mundial a Ixtapa-Zihuatanejo, de entre los 10 destinos mejores y más populares para visitar en México.

Esta plataforma es una página que entre anualmente los premios Traveller’s Choice “Lo mejor de lo mejor”, y los galardones se entregan con base en la opinión de viajeros del último año, en la que incluye atracciones de playas, hoteles, restaurantes, aerolíneas y destinos turísticos.

No obstante, playa del Carmen, Cancún, Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Ciudad de México, quedaron con los primeros seis lugares.

Aunque el destino turístico de Costa Grande fue considerado con mayor polaridad que Tulum, Cozumel y Nuevo Vallarta, este año tampoco apareció Playa La Ropa entre las 10 populares de México, en cambio sí fue reconocido el hotel La Casa que Canta como uno de los mejores hoteles de lujo del destino. ¡Wii!

Aunque no mencionen Playa La Ropa el premio de la Casa que Canta vuelve importante al puerto.

¿Y de que murieron los quemados? ¡Ah!, ¿no, verdad? Disculpen, se me chipoteó.

Sigo con la entrega: les comento que recientemente una parte de Playa La Ropa fue certificada con el distintivo Blue Flag, como playa limpia; no obstante, el pasado domingo, motociclistas entraron al lugar y comenzaron a circular la franja de arena como si fuera autopista; anduvieron en la franja como Pedro por su casa. Un video enviado a esta casa editora por prestadores de servicios turísticos del lugar, muestra a los motociclistas circulando por la franja a de arena impunemente.

Sin embargo, los empresarios, al ver a los motociclistas poniendo en riego a los bañistas, pidieron la intervención de la policía y guardias ambientales, quienes detuvieron a los atrevidos muchachos, y fueron a parar a barandillas de Seguridad Pública.

¡Caray! Cuánta inconsciencia de parte de estas personas que dijeron ser turistas; sin duda es un suceso irresponsable por parte de los motociclistas, no sólo porque pone en riesgo la reciente certificación de la playa, sino también porque pudieron atropellar a un niño o adulto, ya que es una playa muy concurrida.

Mucha gente camina en ese lugar y los turistas pudieron haber provocado algún accidente.

No olvidemos que aunque están abiertas las playas en un 30 por ciento, el domingo asisten familias a disfrutar la playa y no deja de ser un peligro para los bañistas que los motociclistas transiten sin cuidado en la franja del mar.

Pero finalmente fueron atrapados y multados, por irresponsables.

Por donde lo vea usted, amable lector, eso es un acto irresponsable por parte de los turistas, pues todo eso pone en riesgo la certificación de la playa. Así que, señores empresarios y prestadores de servicios, los afectados con esos crueles actos serán ustedes, pues corren el riesgo que les quiten la certificación ya ganada con tanto esfuerzo. Entonces, deben cuidar la playa.

Esta vez actuaron rápido, pero no sólo unos cuantos van a cuidar la playa para que continúe con la certificación, para que no solamente sea la mitad, sino que a futuro se pueda conseguir una certificación general. Pero eso implica la participación y responsabilidad de todos.

Hace falta más disponibilidad del sector en ese lugar, hace falta que se involucren para cuidar la zona. Por alguna razón, Playa La Ropa no salió nominada entre las 10 playas más populares de México, como ya había sido elegida, pese a la certificación Blue Flag.

Entonces, el sector de esa zona debe cuidar los detalles, porque playa La Ropa es una bahía maravillosa, hermosa; algunos extranjeros han dicho que para ellos es una de las mejores playas del mundo, no tan sólo de México.

Entonces, señores empresarios y prestadores de servicios, cuiden la playa no sólo de los irresponsables motociclistas, también hay vacacionistas que dejan su basura regada en la arena y hasta pañales de bebé tiran.

Por cierto, restauranteros de Playa La Ropa se quejaron de que no hay vigilancia en playa, pues no es la primera vez que ocurren incidentes como la de los motociclistas. “Aquí siempre hay problemas y más en temporada; pero la policía turística no está por por ningún lado, sólo sabemos que existe por nombre, pero nunca se aparecen en la playa cuando se necesita”, dijeron.

Sin embargo -y sin que se ofendan, señores restauranteros y prestadores de servicios turísticos-, ustedes también deben hacer labor de vigilancia. Me pueden decir que para eso pagan impuestos y tienen razón; no obstante, si ustedes quieren mantener limpia su playa y conservar la certificación, tienen que involucrarse en sus cuidados, pues no olviden que esa playa les da de comer, cuídenla.

También les comento que en playa La Madera y Playa Principal, he visto extranjeros recogiendo basura, porque tristemente somos los locales los que dejamos tirada en la calle bolsas, vasos, envases de unicel y plástico: los aventamos impunemente a la vía pública, y aun teniendo un cesto de basura frente no lo echan.

Nos ha tocado recoger envases de jugo de cartón que personas dejan a un pasito del bote; hay bolsas de plástico con restos de comida que llevan para degustar ahí. Y está bien que disfruten el paisaje comiendo frente al mar, es muy bonito el lugar, pero debemos cuidarlo para que se mantenga limpio y disfrutemos el Paseo del Pescador.

A todos, los locales y turistas, no nos cuesta nada recoger nuestra basura. Si llevan tortas, jugos, refrescos o yogurt, recojan su basura, por favor, hay muchos botes en donde la pueden tirar.

El puerto es de todos y somos responsables del destino todos, no sólo la autoridad.

En otro tema, en nuestro México lindo y jodido, continúan las desgracias, no sólo provocadas por el Covid-19, sino que la violencia también está imparable y pone muertos.

Por ejemplo, cimbró a la clase política el asesinato del notario Luis Miranda Cardoso en Toluca, Estado México, en la calle Texcoco, a unos metros de la notaría de la que era titular Miranda Cardoso.

El notario era padre del exsecretario de Sedesol, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Miranda Nava.

La Fiscalía indicó que las primeras diligencias en el lugar han permitido establecer, de manera preliminar, que el posible móvil de este homicidio es un robo a casa habitación, pero en las redes los internautas dicen otra cosa; no obstante, conforme avance la averiguación se sabrá el móvil, pues ya ven que cuando asesinan a un personaje de la clase política, de inmediato investigan las autoridades.

Pero la clase política del PRI exigió a la Fiscalía del Estado de México, que dé resultados. Sin duda, tiene una gran tarea la Fiscalía, pues también el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, lamentó el asesinato del padre de su compañero legislador, y al enterarse los diputados del homicidio del notario exigieron a las autoridades una pronta investigación del asesinato del político y abogado Luis Miranda Cardoso.

Lamentaron y condenaron los hechos los políticos, y todos vía Twitter enviaron condolencias a la familia y al diputado Luis Miranda Nava, por el homicidio de su señor padre.

Siempre serán lamentables los homicidios de cualquier persona; sin embargo, saber que asesinan con tanta impunidad a un personaje como era el abogado Luis Miranda Cardoso, nos damos cuenta de qué mal estamos en México en materia de seguridad. La violencia cunde en el país. ¡Feliz fin miércoles para todos!

Abasto de medicamentos en el IMSS

Los señalamientos se han multiplicado prácticamente desde que inició la presente administración federal: los derechohabientes del IMSS se quejan de desabasto de medicamentos y los especialistas en el tema aseguran que se trata de un problema provocado por la propia impericia de quienes hoy tienen a su cargo la administración del sistema de salud pública.

La explicación formalmente ofrecida es que el proceso de adquisición de medicamentos era un “foco de corrupción” que se sostuvo hasta el último día de la administración anterior… porque a partir del 1 de diciembre de 2018 todo es distinto en México.

El señalamiento sobre la existencia de una red de corrupción en el proceso de adquisiciones del sistema de salud pública, muy probablemente es real e incluso es probable que quienes hoy están a cargo de éste lo tengan documentado. Valdría la pena, desde luego, que además de “denunciarlo” públicamente se ocuparan de combatirlo legalmente.

Pero que dicho esquema haya existido –o que perdure hasta hoy– no es un problema que se resuelva suspendiendo las adquisiciones de medicamentos, equipo, material e instrumental médicos. La corrupción se combate y se contiene siguiendo el camino del dinero y persiguiendo a quienes se benefician ilegalmente de su existencia.

Aplicar en el caso de los medicamentos la misma fórmula que con el huachicol –es decir, cerrar los ductos para que no hubiera en éstos combustible que robar– implica poner en riesgo la vida de las personas, porque al dejar de suministrarles los medicamentos que requieren –so pretexto de combatir la corrupción– se viola su derecho a la salud.

Y si la realidad se juzga a partir de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por este motivo, parece bastante claro que, al menos en lo que hace a los derechohabientes del IMSS, el número de quienes consideran que se está poniendo en riesgo su salud y su vida se ha multiplicado en el tiempo.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, durante el primer semestre de este año, el IMSS ya acumuló en Coahuila un número de quejas igual al que tuvo durante todo 2019 por no entregar a sus derechohabientes los medicamentos que requerían.

Más aún: de todas las dependencias federales que han sido denunciadas ante la CNDH por presuntas violaciones a los Derechos Humanos de los ciudadanos, el IMSS ocupa el primer lugar y, en el caso específico de las quejas interpuestas en Coahuila, el grupo más grande se refiere al incumplimiento en la entrega de medicamentos.

¿Se trata de un hecho contingente que desaparecerá en cuanto se regularicen las adquisiciones, o estamos ante un proceso de deterioro que no hará sino agravarse ahora que el Gobierno de la República asumió el compromiso de entregar medicamentos gratuitos de forma universal?

Habrá que seguir con atención el comportamiento de los indicadores duros, pues si al final resulta que no estamos ante un hecho contingente, lo que estamos viendo ahora sería el reloj de una bomba de tiempo cuyo estallido podría ser de terribles consecuencias.

SOS COSTA GRANDE

(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

Ya se decía que Emilio Lozoya Austin iba a cantar alto y claro, y que estaba dispuesto a denunciar a sus cómplices, con tal de salvar el pellejo, el de su madre, su esposa y su hermana, a quienes involucró en sus tracalerías mientras estuvo a cargo de Petróleos Mexicanos.

Pero a diferencias de otras tramas de corrupción que hemos visto, como la de Elba Esther Gordillo, la de Rosario Robles y su Estafa Maestra, y la de algunos gobernadores priístas y panistas que andan a salto de mata, la trama del Caso Lozoya es la de más alto nivel que hayamos visto, pues se trata nada más y nada menos que de la élite política nacional de los últimos dos sexenios.

Así es. No sólo están involucrados el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quienes financiaron la campaña de 2012 con dinero del brasileño Odebretch, 100 millones para ser exactos, según lo dicho por Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República, y en la cual incrimina a sus ex jefes políticos.

Pero sólo ellos, decíamos, sino que Lozoya también reveló que, en realidad, la trama de Odebretch viene desde el gobierno de Vicente Fox, y la inició el también ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, creando una empresa denominada Etileno XXI, a través de la cual Odebretch hizo obras para Pemex a lo largo del sexenio calderonista, donde se afianzarían los lazos entre el presidente y el empresario que ha creado la red de corrupción más grande de todos los tiempos, a lo largo y ancho de la América Latina, y por la cual ex presidentes de varias naciones ya están en picota, excepto los de México, dónde el velo de impunidad.

Luego entonces, Odebretch se involucró en las elecciones de 2012 porque ya estaba en México y ya tenía intereses aquí. Incluso se dice que hizo varias obras para el gobierno de Lázaro Cárdenas Batell, en Michoacán, aprovechando la amistad de los Cárdenas con el presidente brasileño Ignacio Lula da Silva.

Fue sólo cuestión de que la gente de Odebretch contactara a Peña Nieto y a los operadores de campaña -el cerebro fue Luis Videgaray-, para aportar 10 millones de dólares, y habría sido Emilio Lozoya el encargado de repartirlos a quienes, escaleras abajo, se encargarían de promover el voto priísta.

Por lo tanto, eso pasa a involucrar forzosamente a los jefes del PRI a nivel nacional, y abre la puerta para que se revise la actuación del tricolor como instituto político, que además gozaba de sus correspondientes prerrogativas.

Ahora bien, lo interesante de todo esto es que se pensó que Lozoya solamente sería el garganta profunda de esta trama, y con eso terminaría su pacto con el gobierno de México, que con base en la ley actual lo aceptó como “testigo de oportunidad”, y como tal lo está tratando, pues Lozoya no ha ido a la cárcel, sino que alegando problemas de salud está en un hospital -el periodista Loret de Mola afirma que está libre y acaba de festejar su cumpleaños a todo lujo.

Pero no sería tan fácil para Lozoya, quien habría sido presionado a asumir un papel activo en la trama de desagravios. Por ello, los procesos en contra de su esposa, madre y hermana continúan. Ayer se anunció que el gobierno de Alemania cateó las casas de la madre de Lozoya, y que además éste tendrá que devolver al erario mexicano dos residencias que compró con el dinero que le tocó de los sobornos de Odebretch para la reforma energética, ya durante el gobierno peñanietista. Una de esas fincas está ubicada precisamente en este puerto de Zihuatanejo.

Como podemos ver, la de Odebretch es un caudal de corrupción de dos aguas: una es el haber financiado la campaña de Peña Nieto a cambio de contratos de Obras. Y, otra, el haber otorgado dinero para comprar el voto de diputados y senadores de todos los partidos, para sacar adelante la reforma energética, que significó la muerte de Pemex y de la CFE, y la entrada de los capitales nacionales y extranjeros privados al sector.

De momento, el caso dio un vuelco interesante. Con la presentación de la demanda, quedan de antemano indiciados y tendrán que ser llamados a declarar lo que a su derecho convenga, con base en el proceso que se tenga qué seguir. Si esto derivará en la detención del ex presidente, no lo sabemos, porque eso dependerá de las leyes vigentes y del criterio de jueces y magistrados.

El giro que de la situación es notable: no se trata de que Lozoya declare ante la fiscalía y que luego ésta investigue y haga las acusaciones. Lo que viene es que quien hace la acusación contra otros exfuncionarios es el propio Lozoya, abriendo la puerta para que un sinfín de funcionarios de todos los partidos, incluido el propio Peña Nieto, sean citados a declarar.

Y como el que acusa, prueba, esta carga le queda al propio Lozoya, no a la FGR, dando un amplio margen para una carnicería política. Políticos y partidos quedarán sumamente exhibidos, justo cuando está por comenzar el proceso electoral de 2021 (comienza en septiembre próximo).

Por eso hay quienes dicen que Lozoya, más que un delator, es un misil contra el viejo régimen. Veremos.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

La recuperación económica de Guerrero pasa por la recuperación del turismo, sí o sí. O parafraseando al médico Gatell, veremos mejoría “si y sólo si” se compone la situación en este sector.

A propósito de la próxima reunión de los gobernadores con el presidente de la República, que desde luego tratará acerca de la reactivación económica -ojalá así sea, pues, y que los gobernadores no se gasten su pólvora en infiernitos políticos-; a propósito, decíamos, el gobierno de Guerrero debe llevar este tema bien definido.

Primero, recordarles que nunca protestaron lo suficiente por la desaparición del Consejo de Promoción Turística, organismo mediante el cual a Federación se encargaba de la promoción de los destinos turísticos del país a escala internacional.

Sí, había corrupción, como en todo lo que hay en este país, pero no por ello el CPT era descartable. Y si lo duda, amable lector, revise qué tenemos ahora. Nada.

Los gobiernos estatales han tenido que navegar por su cuenta, algunos de manera exitosa, otros dando tumbos, dando palos de ciego porque las secretarías de Turismo estatales no estaban entrenadas para eso, ni tampoco tienen los contactos.

En lo personal, más que ocuparnos de los desatinos de Gatell, que son muchos porque también en el sector Salud se ha ido improvisando, como se hará en el sector Educación, los gobernadores deben revisar cuanto antes la agenda económica, porque lo que se visualiza en el corto, mediano y largo plazo es el desastre, no sólo para ciudadanos y empresas, sino para el gobierno mismo.

Es un hecho que los negocios caminamos solos, y no hay opciones casi para nadie. Lo digo a propósito de que el gobierno del estado tuvo a bien firmar un convenio con Nacional Financiera, para que las empresas que necesitaban recursos para la reapertura, tuvieran acceso a créditos blandos. El gobierno estatal fue el aval y se encargó de recabar los datos de las empresas, así como de palomear a las que consideraba que cubrían los requisitos.

El pero estuvo en que ni el gobierno del estado, ni Nafinsa, dieron la última palabra, sino los bancos, que en su mayoría son extranjeros, y quienes al revisar el historial de deuda de los solicitantes, simplemente se los denegaron, echando a perder todo el proceso que venía desde hace 2 o 3 meses.

¿Qué no se supone que las empresas no pueden sostenerse a causa de que dejaron de tener ingresos por un largo tiempo? ¿Qué no se supone que un préstamo emergente les ayudaría a sanear deudas y a comenzar de nuevo? Tan simple como haber negociado con cada persona el manejo del dinero, pagar deuda vieja y abrir deuda nueva. ¿Qué no?

Lamentablemente esta iniciativa sólo beneficiará a unos cuantos, no importa la buena voluntad y el dinero que aportó el gobernador.

Por lo tanto, si ya el mandatario estatal anunció un nuevo recorte por 200 millones de pesos al presupuesto de egresos 2020, debido a la baja recaudación de impuestos estatales, nada garantiza que este desequilibrio persistirá y aún se agravará si no se toman acciones decididas.

En materia turística, decíamos, hay muchísimo qué hacer. Si yo fuera gobernador -dirán que qué bueno que no lo soy-, pediría en primer lugar la revisión de la actuación de Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo federal, para que explique un reciente acuerdo para que particulares manejen el sitio VisitMéxico, pero con recursos públicos.

Es decir, que prefirieron desmantelar el CTPM, por supuesta corrupción y para quitarse gastos -la dichosa austeridad, pues-, pero en contra parte se le entregan recursos públicos a particulares, para manejen la imagen de nuestro país a su antojo, sin tomar en cuenta a los principales interesados.

El presidente no puede ser ajeno a estos desatinos y tampoco puede estar dejando que sus secretarios hagan lo que les pegue la gana, aunque sean como Torruco, gente conocedora del sector, pero incapaces de imponer una visión clara de lo que es el Turismo en México y sus necesidades frente al mundo.

Estado de los ESTADOS

Lilia Arellano

* Lágrimas y condolencias, farsas presidenciales.

* PAN y PRD: los López culpables de mortales saldos

* Desastre educativo producto de reformas inconclusas

Jerarquizar las crisis existentes en el país, las de mayor afectación entre la ciudadanía es en extremo difícil, aunque la razón marque debe estar en el lugar número uno, ser la prioridad, pugnar por la vida de los ciudadanos. Sin embargo, todo indica no es este el renglón al cual quiera el gobierno federal prestarle toda la atención y menos aún se ve como un objetivo directo, sin curvas, sin pretextos, el cumplir con esa responsabilidad. La epidemia sigue imparable y registra ya 52 mil defunciones y el tabasqueño al tiempo de reiterar no habrá ningún cambio en este combate practica la demagogia, se hace el dolido al aseverar: me causa mucho dolor, me parten el alma los fallecimientos, lo cual nos lleva a recordar al expresidente que con expresiones igual de dolorosas nos aseguraba: “defenderé el peso como perro”. Hoy es “va disminuyendo el contagio”.

Frente a los altos números de fallecidos y contagiados en el país, es evidente México aún no aplana ni supera la curva de contagios y muertes por Covid-19, y todavía no alcanza la cúspide de la epidemia, por lo cual se espera se dupliquen las muertes y los contagios. De acuerdo a representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México vive “uno de los momentos más complejos y más peligrosos de la epidemia, donde varias entidades federativas están avanzando hacia la cima, algunos se encuentran en la cima y otros, muy pocos, han empezado a descender, pero todavía siguen muy cerca de la cima”, por eso “el “foco” para la población tiene que ser respetar las medidas de sana distancia que dicta la semaforización en rojo que caracteriza a todas las entidades”, en donde sin embargo irresponsablemente se ha pasado a naranja para permitir la reapertura de las actividades económicas.

Contra lo que consideran López Obrador y López-Gatell, Jean Marc Gabstou, asesor internacional de Emergencias de Salud de la OMS, el gobierno mexicano debe aumentar su capacidad de diagnóstico, elevar la aplicación de pruebas, para cuando se llegue a la fase de descenso de la curva epidémica. El especialista recomendó a las autoridades hacer “todos los esfuerzos posibles” para salvar vidas, al advertir “la alta exposición de la población mexicana a factores de comorbilidad, como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, el cáncer, el sobrepeso y la obesidad, colocan al país en una muy alta vulnerabilidad”. El punto máximo de la epidemia está por llegar a México, estimó Cristina Morales a nombre de la OMS y la OPS, por lo cual recomendó a las autoridades sanitarias no relajar las medidas como la “sana distancia”, el confinamiento, la higiene de manos, entre otras, porque el contagio de coronavirus todavía no avanza a su “máximo” pico. Sin una vacuna contra el Covid-19 y para evitar un mayor rebrote, las autoridades deben vigilar y cuidar que la población siga aplicando las medidas de prevención, en un periodo que se podría extender de 18 a 24 meses o más, subrayó.

Al parecer López Gatell y su jefe ni siquiera se dan a la tarea de estar al día en el seguimiento que investigadores de prestigio internacional dan a la pandemia. Estudios recientes muestran que pudiera llegar a ser el 50 por ciento de personas quienes alberguen células “T”, cuyas funciones son parte importante del sistema inmunitario. Quienes las poseen pueden controlar la infección mejor que quienes no las tienen. ¿En México como andamos? Porque aquí la única T existente es la de los tacos, las tortas y contra el estreñimiento, el tamarindo. Regresando a la seriedad estas células “T” pueden proteger casi como una vacuna. Según un reciente estudio publicado en la revista Sciencia, los coronavirus comunes que causan resfriados pueden ser una fuente potencial de células “T”, mismas que combaten también el dengue y el zika.

En tanto que las conferencias matutinas y los reportes vespertinos suplan los informes que debiera proporcionar el Consejo de Salubridad, seguirá considerándose totalmente deficiente la supuesta estrategia seguida para contener la pandemia. Llevar al país de nuevo a la centralización de los sistemas de salud ha demostrado su total fracaso y esto no es medible en pesos y centavos o en empleo o desempleo sino en vidas humanas y aún no sabemos cuantas necesita el presidente para reaccionar y enderezar el rumbo.

 PRD y PAN:

AMLO responsable

La coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, reiteró: el principal responsable de la estrategia fallida contra el coronavirus Covid-19, “es el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha empeñado en sostener al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo López-Gatell, quienes a todas luces fueron incapaces de dimensionar el impacto de la pandemia y de tomar medidas preventivas eficaces para proteger a la población”. La legisladora resaltó también se omitió el uso del cubrebocas y se adelantó el desconfinamiento, entre otras medidas tardías. A través de un comunicado la legisladora destacó: “Se ocultaron cifras de contagios y decesos desde un principio, porque se utilizó el presupuesto público para proyectos y programas de interés del presidente en lugar de destinarlo de manera prioritaria a la salud”. Además, el gobierno federal se empeñó en confrontarse con los gobernadores en lugar de definir una estrategia conjunta para enfrentar la “catástrofe sanitaria”.

También Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, responsabilizó a López-Gatell y a AMLO por el mal manejo y la falta de estrategia para enfrentar la enfermedad. “Han costado muchas vidas y han provocado una crisis más profunda”, escribió en Twitter. El líder panista sostuvo que tanto el mandatario federal, como su funcionario, “son responsables de los malos manejos de la pandemia”. El líder panista subrayó ambos funcionarios “necesitan ayudarse”, debido a que están desempeñando una pésima gestión para enfrentar la pandemia y mencionó en referencia a que no reconocen los errores que están cometiendo que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, y enfatizó tienen que hacerse responsables de ello. Hizo un llamado al gobierno federal para generar un gran acuerdo nacional donde se involucren todos los sectores para salir adelante de la crisis económica provocada por la pandemia, la cual no puede esperar.

Deserción

En menos de cinco meses, la pandemia dejo fuera de las escuelas a casi tres millones de estudiantes. La Secretaría de Educación Pública (SEP) reportó que en nivel básico en el ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10% de la matrícula. Esto significa dos millones 525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. En educación superior, el abandono se calcula en 8 por ciento, es decir, 305 mil 89 universitarios. Antes de presentarse el coronavirus, 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes mexicanos en edad de cursar preescolar, primaria y secundaria y bachillerato estaban fuera de la escuela, así como 61 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar la universidad. A ello se suma la deserción de 700 mil jóvenes de bachillerato cada año, en promedio, por motivos escolares, económicos o problemas familiares, entre otros, es decir, mil 917 estudiantes a diario.

Y a raíz de la pandemia por Covid-19, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que al menos un 15.5 por ciento de estudiantes de nivel medio superior, superior y posgrado no regresarán a clases para el ciclo escolar 2020-2021, lo que se traduce en un millón 431 mil 576 alumnos, ocasionando un retroceso en las condiciones en las que se encontraban el país en 2015. El reporte señala: 800 mil estudiantes de bachillerato, 593 mil universitarios y 38 mil 567 alumnos de posgrado no podrán regresar a las aulas. Con información reportada por la SEP y las estimaciones del PNUD, un total de tres millones 956 mil 906 alumnos desertaría, lo que equivale a una cifra similar a la de los que hoy ya están fuera del sistema educativo.

Y a lo anterior, se suman las decisiones tomadas por las autoridades federales en materia educativa. La semana pasada, se anunció el regreso a clases a nivel nacional, con un modelo y vías de transmisión de hace 50 años, desapareciendo por completo el uso y asistencia de herramientas digitales, lo cual amenaza gravemente con congelar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y competencias de una generación completa.

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, anunció una alianza –pagada con 450 millones de pesos y vigente sólo al 31 de diciembre- con cuatro televisoras privadas para el uso y la transmisión de contenidos escolares por televisión abierta. Así, la presumida alianza con Google desapareció. México y el gobierno de la auto denominada “Cuarta Transformación”, eligió renunciar al uso de plataformas digitales en esta difícil etapa de la pandemia. Por esta grave decisión regresiva, de un gobierno que canceló una reforma educativa que aún no se consolidaba, y echo a andar otra con los mismos modelos y contenidos de los años 70 y la cual tampoco ha logrado consolidarse, una generación de mexicanos es sacrificada en aprendizajes, habilidades y competencias del Siglo XXI. Los responsables sin duda, empezando por el presidente López Obrador y el secretario Esteban Moctezuma, serán señalados por la historia.

Colaterales del Covid-19

El número oficial de mexicanos muertos por la COVID-19 habrá llegado este viernes a los 50 mil, según los registros de la Secretaría de Salud. Sabemos que el número real es mucho mayor. Aterrador. Sobre todo porque la tendencia de contagios y fallecimientos sigue al alza, a pesar de todos los contradictorios vaticinios de la autoridad sanitaria.

Y no hay información oficial al respecto.

Hace un par de semanas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el hecho de que los servicios de prevención y tratamiento de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) se han visto gravemente afectados desde el comienzo de la emergencia en la región de las Américas.

Informó que una encuesta de la propia OPS/OMS confirmó que el impacto es mundial y que la interrupción de los servicios de salud de rutina constituye una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas.

Y es que desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados o interrumpidos y muchos dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, males renales y diabetes.

Asimismo, muchos trabajadores de la salud que suelen brindar esta atención fueron redirigidos a la respuesta de la COVID-19. El tratamiento y los cuidados para estos pacientes deberían continuar, advirtió la OPS; pero no ocurre así. En el 89 por ciento de los países americanos que respondieron a la encuesta, el personal de los ministerios de salud que trabajaba en la esfera de las ENT fue parcial o totalmente reasignado para apoyar la respuesta a la pandemia. “Los países deben buscar formas innovativas de garantizar su continuidad al mismo tiempo que hacen frente al coronavirus”, alertó la organización.

Y aportó un dato elocuente: antes de la COVID-19, el 81 por ciento de todas las muertes en países de América se debieron a ENT. Se estima que 62 millones de personas en los países de América viven con diabetes, y 1.2 millones de personas viven con cáncer sólo en América Latina y el Caribe. Además, alrededor de una de cada cuatro personas en las Américas tiene mayor riesgo de enfermar gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad crónica.

También el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se ha referido al asunto. En un mensaje, advirtió específicamente que los efectos secundarios que puede provocar el nuevo coronavirus en las mujeres, niños y adolescentes “pueden ser mayores” que las muertes que en sí ha generado la pandemia.

No es el caso de muchos otros enfermos rutinarios, ambulatorios o no contagiosos, como se les cataloga. Son miles. Muchos habrán muerto en estos meses por falta de atención. Nadie los cuenta. Y de ellos ninguna autoridad del sector salud hace siquiera referencia. Ni una palabra. Son invisibles. 

Corrupción: un virus endémico, ¿que no tiene cura?

Una de las preguntas que especialistas de las más diversas disciplinas han intentado responder es la relativa al origen, al germen de la corrupción. ¿Es un fenómeno cultural diseminado en toda la sociedad o es un mal que aqueja solamente a un segmento muy específico de la comunidad?

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha señalado que el propósito fundamental de su gobierno es erradicar la corrupción, sostiene que se trata de un fenómeno de corte vertical que transita de arriba hacia abajo en la escala social, pues los menos favorecidos, el “pueblo raso” es “honesto por naturaleza” y solo se involucra en actos de corrupción si es forzado a ello.

De cuando en cuando, sin embargo, se ventilan públicamente casos que parecen evidenciar que la corrupción es un fenómeno que se encuentra arraigado más allá de lo deseable y que no está enraizado exclusivamente en una capa de la sociedad.

Señalar lo anterior no sirve, desde luego, para “exculpar” a quienes desde posiciones de poder -económico o político- se sirven de la corrupción para afianzar y multiplicar ese poder. Reconocer el hecho debe servirnos para acceder a un mejor entendimiento de cómo operan los resortes de la corrupción y de esa forma diseñar mejores soluciones para combatirla.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la denuncia formulada por Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos Siderúrgicos y Conexos, que agrupa a trabajadores de la empresa Altos Hornos de México.

De acuerdo con Leija Escalante, exempleados de la siderúrgica habrían pagado sobornos de hasta 100 mil pesos a médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social para que les expidieran certificados que les permitieran tramitar, sin merecerlo, una pensión.

“Alteraban dictámenes y le daban (una pensión) a un trabajador que no (la) merecía, trabajadores que están completamente sanos… pagaban hasta más de 100 mil pesos…Hay gente enterísima de 50 a 52 años y cuenta con mejores pensiones que esta gente que anda en muletas”, ha denunciado el dirigente sindical, quien dijo tener pruebas de sus dichos.

Se dirá, desde luego, que el problema está en el lado de los médicos -que en este caso serían “los de arriba”-, quienes con su actuar inescrupuloso promueven este tipo de conductas. Pero la corrupción, como bien sabemos, requiere necesariamente de la participación de al menos dos partes y en todos los casos ambas partes tienen la misma posibilidad de contenerla.

Sin duda que el grado de reproche es mayor en la medida en que los partícipes de la corrupción cuentan con mayor formación académica u ocupan posiciones de mayor jerarquía en la escala social o laboral. Pero eso no implica exculpar a quienes participan e intentan beneficiarse de la corrupción porque se encuentran en la parte “débil” de la ecuación.

Por lo menos el caso que hoy publicamos parece dejar claro que estamos ante un fenómeno de ramificaciones inmensas que solo si es reconocido en su exacta dimensión podrá ser combatido con eficacia.

SOS COSTA GRANDE

 (Misael Tamayo Hernández, in memóriam)

El gobernador anunció un nuevo recorte por 200 millones de pesos, debido a la baja recaudación de impuestos. Aunque no explicó exactamente de qué se trata el problema, se entiende que la hacienda estatal está muy mermada debido al cierre de playas y negocios. Por ejemplo, el titular de Turismo ya había dicho la semana anterior, que por concepto del 3 por ciento de impuesto al hospedaje el gobierno de Guerrero dejó de percibir 30 millones de pesos en el lapso que duró el cierre de playas.

Y eso no ha mejorado, porque aunque desde el 1 de julio pasamos al semáforo naranja, lo cual nos permitió abrir playas, hoteles y restaurantes, con excepción de bares y discotecas, el límite sigue siendo 30 por ciento.

Y no podremos aspirar a más, hasta que la pandemia se controle y bajen los contagios y al menos se aplane la curva, que ya parece cohete espacial, porque nomás no se detiene en estados y municipios.

De ahí el constante llamado del gobernador para que los alcaldes y la sociedad en su conjunto hagan la parte que a cada quien le corresponde, para contener los contagios.

A nivel nacional, la situación también es crítica. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se ha tenido una drástica reducción de ingresos por concepto del Impuesto al Valor Agregado, aunque por concepto del Impuesto Sobre la Renta se mantiene.

Y tan sólo para profundizar un poco en este asunto, recordemos que el IVA es un impuesto al consumo, y que todos lo pagamos al comprar, pero que se reporta a Hacienda sólo si el que vende está dado de alta, y si está relacionado con la actividad a la que la empresa o la persona física se dedica.

El ISR, en cambio, lo pagan empresas e individuos, y es la tasa que se le aplica a la ganancia que obtienen los negocios, y al sueldo y prestaciones de los trabajadores.

Si ha habido una baja en el pago del IVA, es por dos razones: porque el consumo per cápita nacional se redujo, forzosamente derivado del parón de la economía, y porque la gente se quedó sin empleo, lo cual le impide llevar un tren de gastos similar al que antes de la pandemia llevaba.

Al contrario, podemos apostar a que un alto porcentaje de los mexicanos llegaron al Covid-19 endeudados, y que sólo Dios sabe cómo han hecho para superar esta crisis, en la que el pollo -por poner un ejemplo-, pasó de 80 y 100 pesos por pieza, a 200.

Luego entonces, para estados que dependen casi al 100 por ciento de las partidas federales, lo mismo que los municipios, era de esperarse que la baja recaudación les coletearía de regreso, aunque afortunadamente se tiene el fondo de estabilización y la promesa del presidente es que estarán pagando este fondo cada mes a los estados, y estos tienen que hacer las transferencias correspondientes (20 por ciento), a los municipios.

En el contexto estatal, era obvio también que el parón económico afectaría los ingresos estatales, llamados “ingresos propios”. La gente lo que necesita es comer, no pagar placas, refrendos, tenencias, ni nada por el estilo.

Y los gobiernos municipales, ni se diga. De por sí casi nadie paga a los municipios los derechos y obligaciones de ley, menos ahora en que la gente no tiene ni para curarse del Covid-19.

¿Cuál es la alternativa que se tiene? No hay más que la reactivación económica. Evitar a toda costa volver al semáforo rojo, y que cada quien haga su parte en el control de la pandemia.

Para colmo, el gobierno de Estados Unidos lanzó una alerta a sus connacionales para que no viajen a México, país al que ubicó en “alerta máxima” (nivel 4), por el Covid. Claro, ellos también tienen millones de casos y cientos de miles de muertos, pero dirán que eso no nos importa.

El presidente anunció desde el pasado martes que se reuniría con los gobernadores, luego de que mediante una carta se lo exigieron. Tentativamente, la reunión es el 19 de este mes, en San Luis Potosí. El tema central será la obligada reactivación económica. Simplemente, los estados no pueden seguir cerrados, so riesgo de provocar mayores y peores problemas.

¿Más cambios en salud?

Armando Ríos Piter

La descentralización del sector salud en México arrrancó en la década de los ochenta con el propósito de redefinir las funciones y atribuciones tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. El llamado “cambio estructural para la atención de la salud”, comprendió una renovación legislativa y una reforma administrativa que buscó universalizar la prestación de servicios de salud, haciéndolos extensivos para todos los mexicanos.

Con el paso del tiempo, el objetivo de proveer servicios de salud con eficiencia, calidad y equidad a la población abierta, no se logró a cabalidad. No se logró abatir la dependencia de los estados y municipios respecto del gobierno central y la confusión en relación con las atribuciones de los distintos órdenes de gobierno creó grandes vacios en la rendición de cuentas.

La creación del Seguro Popular significó una mejora sustantiva por la “certidumbre” financiera sustentada en aportaciones federales y estatales, el incremento en la atención a personas “no aseguradas”, la reducción del “gasto de bolsillo” de los usuarios de menores ingresos y la claridad respecto al catálogo de servicios brindados. Adicionalmente, sentó las bases para un crecimiento del sistema de salud de acuerdo a la demanda descentralizada y problemáticas regionales.

No obstante, pese a que el diseño original partió de un buen diagnóstico, con el paso del tiempo se presentaron problemas. La asignación de recursos presupuestales como porcentaje del PIB no creció sustantivamente (5.6% frente al 9% del PIB en paises de la OCDE). Por otro lado,en varios informes de la ASF, se enfatizó la deficiente rendición de cuentas del ejercicio de los recursos financieros, principalmente de los gobiernos estatales. Derivado de ello, la población más pobre del país -46% de los hogares afiliados- en 2015 seguía pagando de su bolsillo la atención médica, hospitalaria o medicamentos.

Frente a esta situación,  en lugar de eliminar las áreas de corrupción, blindar los mecanismos para la atención e incrementar los recursos presupuestales como porcentaje del PIB, la decisión del gobierno de López Obrador fue extinguir al Seguro Popular y empezar desde cero.

En sustitución se creó el Instituto Nacional de Salud y Bienestar (Insabi), buscando re-centralizar el sistema de salud. Hasta hoy, pese a la promesa de “universalizar de forma gratuita los servicios en la materia”, persisten enormes confusiones en torno a las reglas de operación del Insabi, deficiencias graves en temas tan dolorosos como la falta de medicamentos y servicios, así como falta de claridad sobre la sostenibilidad financiera.

Por eso preocupa profundamente que la semana pasada, el gobierno Federal planteara nuevos cambios en el sistema de salud como disolver la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y que sus áreas se conviertan en elementos de la Subsecretaría de Hugo López-Gatell. Este organismo tiene la responsabilidad de garantizar la eficacia, seguridad y calidad de productos que se consumen en el país, que representan alrededor del 9.6%% del PIB (44 centavos de cada peso que gastan en promedio las familias mexicanas) y 11% de nuestras exportaciones.

Palabra de Mujer

Ruth Tamayo Hernández

Coronavirus apalea a México; 52 mil fallecidos

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquiera”: Martín Luther King Jr.

Mis estimados, recién comenzó la pandemia del Covid-19 en México. Expertos en salud se animaban a presagiar los daños que causará la enfermedad a la sociedad mexicana; es decir, que lo peor está por venir.

Se han visto tragedias en otras naciones. El virus en esos países dejó a su paso dolor, muerte y cuantiosas pérdidas económicas, al igual que a México, sólo que en este país la pandemia por Covid-19 puso al descubierto la gran escasez de medicina y utensilios de los que carece el sector salud en México, llámese hospitales generales, IMSS, ISSSTE, Centros de Salud, etcétera.

Son carencias que al llegar el Covid-19, fue casi imposible hacerle frente sin equipos y medicina. De ahí la gran mortandad.

A esto agregue el descuido oficial para prevenir enfermedades crónico degenerativas; por ejemplo, diabetes, hipertensión y obesidad, que están siendo las principales causas de muerte a la persona al infectarse de coronavirus.

Sin embargo, el daño está hecho, resta meter cuerpo y alma para que se paren las muertes en el país por el virus, pues en México el gobierno tuvo tiempo de prevenir, ya que vio el ejemplo de otras naciones y pudo actuar en consecuencia, pero no lo hizo.

No obstante, ahora tienen que tomar el buey por los cuernos para que ya no sigan muriendo mexicanos por el virus, pues los pronósticos de expertos en salud es algo verdaderamente escalofriante y un reto para el gobierno mexicano.

Lo más grave es que casi no queda tiempo y debemos actuar ya, todos. Tampoco hay tiempo para lamentos ni para buscar culpables. Es proceder con lo que se tenga a la mano para parar la pandemia y se nos permita volver a la normalidad cuanto antes.

En México, el coronavirius ha cobrado la vida de 52 mil personas, muertes que se registraron en tan sólo 161 días. Eso es grave.

Pero lo más peligroso es lo que auguran expertos en salud. Ellos predicen que en los próximos seis meses podría duplicarse la cifra de muertos por coronavirus en México. Es decir, podríamos pasar a 100 mil defunciones. Incluso algunos señalan que podríamos llegar a los 150 mil.

Es muy preocupante el dato, sobre todo porque en varios estados del país parecen haber tomado a la ligera el virus y su alto contagio. La gente no cree en el Covid-19.

Por si fuera poco, algunos estados se revelan al nuevo plan educativo a distancia por televisión. Otros gobernantes de plano andan en campaña rumbo al 2021, buscan relegirse, la pandemia del Covid-19 les vale un cacahuate la gente.

Al aspirante a un cargo público no le importa la salud de la gente; ellos hacen leña del árbol caído y acarrean agua para su molino.

Este sucede en todos lados, pero nosotros hablamos de Guerrero, pues la entidad es una de las 32 que más pérdidas tiene en su haber por el Covid-19. Estamos hablando de mil 484 defunciones y 12 mil 299 contagios acumulados; de estos, 158 se registraron en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento del 1.3 por ciento con relación al día anterior.

Con todo, el estado de Guerrero continua en semáforo epidemiológico naranja y las playas siguen abiertas al 30 por ciento.

Sin embargo, el panorama para Guerrero, sigue siendo oscuro, pues el principal factor de economía, que es el turismo, sigue por debajo de la media y a ese ritmo es muy difícil salir del pozo en que están los guerrerenses.

Sin duda, que el estado no logrará ver pronto la luz al final de túnel. Aún nos cuelga para volver a la nueva normalidad.

Por otro lado, si el gobierno estatal está mal económicamente, imagine a los demás sectores. Es preocupante lo que el gobernador Héctor Astudillo Flores, anuncio ayer domingo, durante la conferencia del medio día; expuso que habría un segundo ajuste al presupuesto de egresos de este año, por 200 millones de pesos, debido a la escasa recaudación de recursos propios.

Esto es una visualización de la crisis que se avecina para todos los mexicanos, no piensen que somo los únicos. Aunque reiteró el mandatario que el nuevo ajuste financiero no afecta a la secretaria de Salud, Educación, y de Seguridad Pública.

El segundo ajuste que anunció el gobernador vendrá a desequilibrar aún más a los guerrerenses. Con todo. esperamos que en la entidad se paren las muertes por Covid-19.

El mandatario tiene que aplicar reglar más duras contra las personas renuentes a las reglas de higiene, como lo están haciendo otras entidades. Que en Guerrero se apliquen también, para evitar más contagiados del virus y, por ende, muertes.

Por cierto, cimbro al país el mensaje que dio el médico chapaneco, Gerardo Grajales Yuca, el doctor fue acusado injustamente por una joven de que su padre murió por Covid-19, y por eso el galeno hoy tiene arresto domiciliario. Bueno, estuvo en la cárcel, pero estuvo a punto de darle un paro cardiaco, y por eso lo sacaron, pero sigue el juicio en su contra.

La chica denunció al doctor que la mandó a comprar medicamentos, cuando en farmacia del ISSSTE había, y que supuestamente en ese lapso su padre murió, y por eso denuncia de negligencia al doctor Grajales Yuca.

Es lamentable la muerte de un ciudadano; sin embargo, lo grave es cómo actúan al aplicar la ley a un médico, que estaba asignado a una sala Covid, corriendo los riesgos de morir, mientras otros malvados andan en la calle y nunca los encuentra la autoridad.

Un doctor que hace todo por salvar la vida de los pacientes, lo atrapan como un delincuente peligroso y lo apresan.

Pero la gente ya se manifestó para pedir su liberación, y al sentirse la presión de la gente, la autoridad envió al doctor a su hogar, pero está en calidad de detenido hasta que se aclaren las cosas. ¡Qué injusticia tan más grande!

Los médicos en apoyo de su colega se manifestaron en diferentes estados, este domingo. Revelaron cuánta injusticia ocurre contra los doctores. “Han dañado al gremio del personal de salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinaos”. Los gritos de los médicos hicieron eco en las redes, y los internautas también se unieron en apoyo del médico Grijalva Yuca.

Es un influyente el que metió a la cárcel al doctor, porque a una persona común ni caso le hacen las autoridades, cuántas mujeres, hombres niños han muerto en los hospitales generales del ISSSTE y del IMSS en todo el país porque no hay medicamento, pero los doctores hacen lo que pueden con lo que tienen y mandan a comprar la medicina a los familiares; eso no es nuevo.

“En el ISSSTE están peor, ahí no hay nada, no tienen medicamento, ahí te mueres hasta de una deshidratación”, dicen algunos comentarios.

Pero no quieran culpar al doctor por algo de lo que somos culpables nosotros mismos, pues ahora que conocemos más de la pandemia, nos damos cuenta de porqué falleció tanta gente por el virus. Simplemente porque llegaron al hospital casi moribundos, con 40 de oxigenación, de modo que era imposible para los doctores salvarlos. Por eso murió mucha gente, porque no fueron pronto al médico. Y si fueron, los recetaron mal, les diagnosticaron otra cosa y se agravaron.

Hoy sabemos de muchos pacientes que se recuperaron y fue porque al sentir los síntomas se fueron de inmediato al médico. Así evitaron llegar al hospital.

Pero muchos no lo hicieron, y esos fallecieron.

Cabe hacer mención que los doctores siempre han sido lo que pagan los platos rotos. También el crimen organizado ha dado muerte a muchos médicos, y nunca las autoridades dieron atención a ese azote contra el gremio. Varios médicos han sido matados peor que perros, y nunca la autoridad ha tomado cartas en esa trama. Tampoco sacó la cara por ese sector, y hoy otra vez los inculpan de los muertos por Covid-19 y hasta los apresan.

¡Caray!, bien dice el dicho, que al perro más falco se le cargan las pulgas.

Pero con todo, va nuestro apoyo al doctor Grijalva Yuca, porque todos en casa tenemos un familiar, amigo, hermano o sobrino empleado en el sector salud, y no me gustaría que lo acusaran y menos que lo apresaran injustamente.

No sabemos cuántos doctores más paren en la cárcel, pues entre más avance el virus, más personas peligran de morir; y basta que la gente vea esta injusticia para que de ahí se agarren y acusen a los doctores.

El gobierno tiene una tarea difícil para parar los contagios por Covid. Las multas pueden resultar para bien, pues a la gente le duele desprenderse de dinero, más ahora que está muy escaso; de otra forma, no harán entender a la gente.

Si los expertos auguran que en seis meses se puede duplicar la cifra de 52 mil fallecidos que hay ahora, el gobierno debe actuar pronto y con mano dura. No olviden que es mejor prevenir que lamentar. ¡Feliz lunes para todos!

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