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PUEBLA. Pese a los señalamientos y críticas en contra del exalcalde poblano, Guillermo Pacheco Pulido, éste será la propuesta de la fracción de Morena, con el respaldo del PRI y de Movimiento Ciudadano (MC), para ocupar la gubernatura interina de Puebla.

Aunque aún se desconoce si la postulación de Pacheco Pulido tendrá el respaldo del Partido del Trabajo y de Encuentro Social, este domingo trascendió que es la propuesta que Morena llevará a la Junta de Coordinación Política, mientras que el PAN propondrá a Jesús Rodríguez Almeida, secretario general de Gobierno y actual encargado de despacho de la gubernatura.

De acuerdo a esto, el congreso local podría sesionar este lunes para decidir el nombramiento del interino, para lo cual tienen fecha límite, según la Constitución local, el 25 de enero.

Sin embargo, hay versiones de que esta decisión se tomará antes del 24, fecha en la que está programada la primer visita oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador a territorio poblano desde que asumió el poder. El mandatario estará el jueves en Huauchinango, como parte de su recorrido por municipios huachicoleros, para explicar su batalla en contra de esa actividad delictiva y anunciar apoyos sociales extraordinarios para los habitantes de esas localidades.

El líder de la fracción del PT, José Juan Espinosa, dijo que de la lista de 61 personas que hasta este sábado se habían anotado en el Congreso para ser tomados en cuenta para nombrar al interino, sólo cuatro considera con posibilidades: Pacheco Pulido, el diputado federal Héctor Jiménez y Meneses, el exrector de la Udlap, Enrique Cárdenas y el exrector de la BUAP, José Doger.

Sin embargo, fuentes de Morena confirmaron que la propuesta que pondrán sobre la mesa será la de Pacheco Pulido, quien además tiene el respaldo del PRI.

Esto, pese a que la propuesta del extitular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado generó controversia no sólo por su participación en el caso de tortura y detención arbitraria de la periodista, Lydia Cacho, sino por haber sido mencionado por un testigo en el llamado “Caso Cancún” que se siguió contra el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva.

En 1998, el testigo Ramón Gumaro Garza relacionó a Pacheco Pulido con el tráfico de cocaína hasta la frontera con Estados Unidos.

“Teniendo entendido que esta última persona (Pacheco) se dedicaba en esa época a transportar droga, que arriba a Cancún vía lanchas, procediendo a transportar la misma al estado de Veracruz por vía terrestre, la cual posteriormente se transportaba en unas pipas que son arregladas para ese efecto, hasta la ciudad de Puebla, Puebla, y que de ahí procedían a transportarla en camiones con madera hasta la ciudad de Juárez, Chihuahua”, relató el testigo clave.

Según Gumaro Garza –asesinado el 20 de diciembre de 2011 en el penal de Apodaca, Nuevo León–, en febrero de 1999 fue testigo de reuniones que sostuvo Pacheco Pulido con colombianos en Cancún para acordar el precio de un cargamento de droga.

Igual, la propuesta del ex alcalde poblano para ocupar el interinato, fue criticada por la periodista Lydia Cacho, quien recordó que Pacheco Pulido era el titular del poder judicial cuando ella fue detenida arbitrariamente como una reprimenda impuesta por parte del entonces gobernador de Puebla Mario Marín Torres.

Lydia Cacho fue acusada de difamación en 2005, luego de la publicación de su libro “Los Demonios del Edén” donde ponía al descubierto una red de pederastas, que incluía al empresario México-libanés Kamel Nacif Borge.

Pacheco Pulido ha logrado el respaldo de Morena por su cercanía con el ex candidato a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa, luego de que al hijo del primero, el empresario Javier Pacheco Pensado, se le ubica como uno de los financiadores de la pasada campaña de Morena.

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CIUDAD DE MÉXICO. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, informó que 67 restos humanos hallados en el lugar donde una explosión de una sección del ducto Tuxpan-Tula, aun no han podido ser identificados.

El mandatario local señaló que será en acompañamiento con los familiares que se podrá determinar la identidad de los restos.

Detalló que, de los 73 muertos, tres han podido ser entregados a sus familiares.

De igual forma, a partir de mañana él y procurador del estado y la secretaría de gobierno abrirán audiencias privadas con los familiares de desaparecidos para atender estos casos en particular.

“Pedí al procurador que, si fuera necesaria la contratación de peritos, lo haríamos para tener plena certeza en esta investigación”, dijo Fayad en conferencia con medios
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El gobernador explicó que las labores de los peritos de la Fiscalía General de la República han concluido en Tlahuelilpan.

“La investigación está cerrada porque lo que hay ahí (en el área del incidente) ya no es evidencia para el Ministerio Público Federal. La Procuraduría General de República anunció que lo que aparece ya no resulta ser evidencia”, aseguró.

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CIUDAD DE MÉXICO. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó este jueves que, hasta el momento, se han presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público Federal por comercio ilegal de combustible, que involucran a 15 personas morales cuyas cuentas bancarias ya fueron bloqueadas.

En una conferencia de prensa en Palacio Nacional, agregó que, en la lucha contra el robo de combustible, también bloquearon las cuentas de 13 empresas que, aunque tienen franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex), no le compran combustible pero sí reportan venta de hidrocarburos.

Investigan además a 14 empresas cuyas cuentas han sido bloqueadas por operaciones relevantes o inusuales. Tan sólo en uno de los grupos de estas empresas detectaron ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos, de los cuales reportaron utilidades marginales por 6 mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Investigan a 8 mil 482 personas

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que han investigado a 8 mil 482 personas, por operaciones con “cifras relevantes”.

De ellos, identificaron a 23 sujetos que presuntamente realizaron operaciones ilícitas.

Por su parte, el subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Ochoa, dijo que del 1 de diciembre del 2018 al 16 de enero de 2019 ha iniciado mil 839 carpetas de investigación, de las cuales 266 fueron con detenidos y mil 565 sin detenidos. En total, 435 han sido detenidas por el presunto delito de robo de combustibles ese periodo.

Del total de carpetas, agregó, se han judicializado 97, y 165 personas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. De éstas, 124 han sido vinculadas a proceso y a 45 ya les dictaron prisión preventiva justificada.

Ochoa agregó que se han emitido 12 sentencias, de las cuales 11 fueron condenatorias y que tienen pendientes 50 órdenes de aprehensión.

Además, se han hecho cateos en mil 21 tomas clandestinas, además de que han sido asegurados 4 millones 321 mil 88 litros de hidrocarburos, 955 vehículos, 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas, 4 mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego.

Alfonso Durazo dijo que, como parte de la estrategia para el combate del robo de combustible, el gobierno federal estableció un Comité de Inteligencia Interinstitucional en el que participan representantes de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, PGR, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Policía Federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Petróleos Mexicanos y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

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CIUDAD DE MÉXICO. El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que tratarán de restituir el artículo cuarto transitorio sobre la temporalidad de la participación de los efectivos militares en las tareas de seguridad pública, como estaba previsto en la propuesta original de la reforma constitucional de la Guardia Nacional, aprobado el 16 de enero en la Cámara de Diputados.

Monreal explicó en conferencia de prensa que el tema de la Guardia Nacional no es materia del periodo extraordinario del Senado y, por tanto, tendrá que ser revisado en la Cámara alta en el periodo ordinario.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado afirmó que retomarán el planteamiento inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador para darle claridad al objetivo de la Guardia Nacional y actuar “en un auténtico afán de colaboración de poderes, respetando nuestra autonomía”.

“En razón de lo que escuché hoy en la mañana del presidente, que tiene observaciones a la minuta que nos enviará, vamos a actuar sensiblemente. En un auténtico afán de colaboración de poderes, vamos a escuchar a los senadores de los distintos grupos parlamentarios”, afirmó en rueda de prensa.

Monreal mencionó tres temas que serán revisados: “la posibilidad de restituir el cuarto transitorio que habla sobre la temporalidad de las fuerzas armadas”; “el carácter y objetivo de esta nueva agrupación de la Guardia Nacional”; así como todo lo relacionado a “la capacitación, formación y adiestramiento que pareciera ser se apartaron de la idea original que se había planteado el Ejecutivo federal”.

El coordinador de Morena, la bancada mayoritaria en Senado, afirmó que revisó el cuarto transitorio aprobado en la Cámara de Diputados y afirmó que “pareciera ser que sí es procedente” la modificación, aunque indicó que tendrá que conversarlo con los otros coordinadores.

“Esto implica que se regrese a la Cámara de Diputados, como cámara de origen. Lo que hagamos de revisión, lo podemos hacer en los próximos días”, pronosticó.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que está insatisfecho con la reforma aprobada por los diputados e hizo un llamado a los senadores: “Nosotros tenemos que pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen temas que fueron eliminados en la aprobación. Sobre todo, lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, formación y la definición con claridad sobre la facultad para intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar claro”.

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CIUDAD DE MÉXICO. La terna formada por Bernardo Bátiz, Alejandro Gertz Manero y Verónica de Gyves para ser el próximo titular de la Fiscalía General estaría aprobada este viernes 18, adelantó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, después del dictamen de la Comisión de Justicia tras la comparecencia de los tres aspirantes.

Los tres aspirantes también hablarán ante el pleno del Senado. Si no se aprueba por mayoría calificada de dos terceras partes de los asistentes a la sesión, en 10 días el Ejecutivo federal tendría que enviar otra propuesta, aclaró Monreal.

El primero de los candidatos en comparecer fue el exprocurador capitalino Bátiz, quien afirmó que se conducirá “sin enemigos ni amigos políticos, sólo aplicación de justicia”, y que su amistad con López Obrador no influirá en su trabajo.

“Queremos una fiscalía que sirva a la comunidad, a la justicia y a la verdad”, sentenció. Y en respuesta a su vínculo con el actual presidente, Bátiz respondió:

“Conozco al presidente desde hace mucho tiempo. Tengo con él alguna amistad, no soy su consejero personal, coincidimos en puntos de vista políticos, pero esa amistad para nada influirá en mi trabajo como fiscal general.

“No voy a recibir instrucciones de nadie, ni daré instrucciones indebidas a quienes colaboren conmigo. Habrá vigilancia, supervisión, organismos para ver que el trabajo funcione. No habrá consignas”.

Subrayó que pondrá atención especial en “los más indefensos ante ataques a derechos humanos: los marginados, incapacitados, menores de edad, mujeres que son propicias a ser víctimas de delitos específicos”.

La bancada del PAN adelantó su voto en contra de cualquiera de los integrantes de la terna porque “ya estaba definida desde enero de 2018, hace un año”, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo quiénes eran sus aspirantes, afirmó el senador Damián Zepeda.

“A mí me parece muy delicado que continuamos viendo un desprecio del presidente López Obrador hacia la división de poderes y hacia las instituciones. Vienen tres personas incondicionales de él, no hago una crítica a su capacidad técnica porque creo que la tienen los tres, ni a su trayectoria, hago una severa crítica a que propuso incondicionales”, afirmó Zepeda.

Para Zepeda, esta terna confirma que se quiere un “fiscal carnal” e hizo un llamado a todas las bancadas de oposición para que “nos juntemos”.

“Estas son las peleas que valen la pena, hay que defender, rechazar esa terna y que venga una propuesta que garantice una fiscalía autónoma e independiente”.

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CIUDAD DE MÉXICO. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó hoy que existen mil 700 carpetas de investigación por robo de combustible, por lo que hizo un llamado al Congreso de a Unión para que tipifique este ilícito como “delito grave”.

En conferencia de prensa, luego de reunirse con los gobernadores de las seis entidades más afectadas por el desabasto de gasolina, Sánchez Cordero adelantó que se fortalecerán estas carpetas de investigación para que “no se caigan” y así pueda judicializarse el tema.

Y pidió al Congreso de la Unión modifique el artículo 19 constitucional, para que ahí se tipifique como “delito rave” el robo de combustible.

“Requerimos a todas las fuerzas del Congreso federal, y los Congresos de los estados, a que nos apoyen para que el robo de combustible sea delito grave, que no haya una puerta giratoria en los reclusorios, que este delito no se enfrente en libertad”.

Lo anterior fue declarado por la encargada de la política interna del país, luego de sostener una reunión de más de dos horas con los mandatarios de las seis entidades más afectadas por el desabasto de gasolina: Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo y Jalisco.

En dicha reunión también estuvieron presentes Rocío Nahle, secretaria de Energía, y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, así como algunos funcionarios de Pemex.

Nahle indicó que a los gobernadores se les explicó cómo el gobierno federal está interviniendo los ductos para evitar el huachicoleo. Mientras que los mandatarios acordaron apoyar estas medidas.

“Todos tuvieron una actitud positiva para terminar con este flagelo”, dijo Nahle.

Alfonso Durazo dijo que a los gobernadores se les explicó “la complejidad” de este tipo de robo, que ya alcanza 65 mil millones de pesos.

Y agradeció “la comprensión” de los mandatarios estatales, así como su “disposición de sumar esfuerzos”.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, aceptó por su parte que “todos apoyamos esta estrategia”.

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CIUDAD DE MÉXICO. “Son falsas, difamatorias y absurdas las acusaciones del narcotraficante colombiano en Nueva York”, soltó Francisco Guzmán, exjefe de la oficina presidencial de Enrique Peña Nieto, ante la declaración de Alexander Alex Cifuentes, quien dijo que Joaquín El Chapo Guzmán sobornó al exmandatario con 10 millones de dólares.

El exfuncionario dio la cara por su antiguo jefe al recordar que el gobierno del mexiquense fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera.

“Desde el inicio de la administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad”, aclaró Guzmán.

El capo mexicano, quien es enjuiciado en Estados Unidos por al menos 11 cargos, fue recapturado en 2014 en Mazatlán luego de fugarse por primera vez de Puente Grande en 2001.

El 11 de julio de 2015, durante el tercer año del gobierno de Peña Nieto, El Chapo huyó del penal del Altiplano a través de un túnel.

Medio año después, el 8 de enero de 2016, el narcotraficante fue recapturado por segunda ocasión. Finalmente, el 19 de enero de 2017, fue extraditado a Estados Unidos y recluido en una cárcel de Nueva York.

El nombre de Peña Nieto salió a relucir este martes en el llamado “juicio del siglo” contra el capo sinaloense, luego que Alex Cifuentes respondió así a las siguientes preguntas:

–¿En febrero de 2014, en una reunión que tuvo con los fiscales (de Estados Unidos), usted informó que el expresidente Peña Nieto le pidió a Joaquín Guzmán 250 millones de dólares?, –preguntó Jeffrey Lichtman, abogado de El Chapo, al narcotraficante colombiano.

–Sí, señor, –respondió el testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que testifica para inculpar a El Chapo de los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de dinero.

En otro diálogo, el capo colombiano revela:

–¿Que el pago de los 100 millones de dólares a Peña Nieto se hizo en octubre de 2012?

–Correcto.

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AGUASCALIENTES. Elementos de la policía ministerial de Aguascalientes detuvieron esta mañana al presentador de noticias José Luis Morales Peña en cumplimiento a una orden de arresto emitida por el juez segundo de lo civil, luego de que el comunicador violara una medida cautelar que le ordenaba no realizar acusaciones sin pruebas contra el gobernador Martín Orozco Sandoval y otros funcionarios de gobierno.

El locutor del programa Infolínea, transmitido por la emisora 91.3 FM “La Mexicana”, fue detenido al salir de su casa, ubicada en un residencial al norte de la ciudad, momentos antes de las 7 de la mañana.

En noviembre pasado, Orozco Sandoval interpuso una demanda civil por daño moral en contra del comunicador por lanzar acusaciones sin fundamento y ofensas contra los funcionarios del gobierno estatal. Posteriormente se sumaron a la querella Enrique Morán Faz, secretario general de gobierno y Manuel Appendini, titular de la Secretaría de Comunicación Social.

El juez determinó que Morales Peña permaneciera cinco horas bajo arresto como llamado de atención por no cumplir con la medida cautelar que le fue impuesta. Después de cumplir con la sanción fue liberado.

“Estoy muy triste, desconcertado, debo decir con mucho respeto que me está deteniendo el gobernador por instrucciones que le dio al juez segundo de lo civil. Esto es histórico, jamás había ocurrido en la historia del periodismo. El juez segundo giró una orden de arresto y es increíble en medio de los escándalos que hemos denunciado, es increíble que estén deteniendo a José Luis Morales. Voy arrestado cinco horas por hablar del peor gobernador de toda la historia. Esto nunca había pasado en México, es histórico. No me dejen solo pueblo de Aguascalientes, me he jugado la vida por ustedes. Voy a buscar personalmente al presidente López Obrador. Y de una vez confirmo me voy a lanzar Martín”, declaró vía telefónica en su programa momentos después de ser detenido.

Esta no es la primera vez que el comunicador recibe un llamado de atención. En 2015, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrió una carpeta de investigación en su contra por llamar “estúpida”, “babosa” y desear la muerte de una radioescucha que llamó para contradecirlo durante su programa.

La carpeta de investigación se sumó a otro expediente abierto en contra de Morales Peña por manifestaciones homofóbicas durante su programa.

Mientras que en 2017 enfrentó un proceso legal acusado de lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de la compra en efectivo de un automóvil con valor de 2.5 millones de pesos.

En Aguascalientes, la familia Morales Peña es propietaria de dos periódicos y mantiene la concesión de la frecuencia de radio antes mencionada.

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NUEVA YORK. Joaquín El Chapo Guzmán Loera contribuyó con dinero procedente del narcotráfico a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y, cuando ya era presidente electo, le pagó un soborno de 100 millones de dólares, aunque el priista había solicitado 250 millones, reveló este martes un capo colombiano.

Alexander Alex Cifuentes Villa, un narcotraficante colombiano que vivió varios meses con El ChapoGuzmán en la Sierra de Sinaloa, declaró en la Corte Federal de Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, que el soborno millonario a Peña Nieto se le entregó en octubre de 2012.

–¿En febrero de 2014, en una reunión que tuvo con los fiscales (de Estados Unidos), usted informó que el expresidente Peña Nieto le pidió a Joaquín Guzmán 250 millones de dólares?, –preguntó Jeffrey Lichtman, abogado de El Chapo, al narcotraficante colombiano.

–Sí, señor, –respondió el testigo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que testifica para inculpar a El Chapo de los delitos de tráfico de drogas ilícitas y lavado de dinero.

–¿Conoce a la Madre María?

–¿Madre María?, Comadre María.

–¿Usted dijo que ella entregó 100 millones de dólares a Peña Nieto en la Ciudad de México?

–Eso me dijo Joaquín, que los 250 millones de dólares fueron pedidos a Joaquín Guzmán Loera y a El Mayo Zambada (Ismael Zambada García).

Mientras el abogado cuestionaba a Cifuentes sobre el presunto soborno que le solicitó Peña Nieto y el pago que le hizo, El Chapo miraba entretenido y muy atento el intercambio de su defensor con su ahijado colombiano y exsocio en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana a Estados Unidos.

Lichtman insistía con su interrogatorio a Cifuentes para que dejará en claro ante el jurado y el juez Brian Cogan las cantidades supuestamente exigidas por el expresidente y lo que El Chapo accedió a pagarle.

–En abril de 2016, meses después de su primera reunión (con la fiscalía) usted participó en otra en la que contó la historia del pagó de los 100 millones de dólares al expresidente, ¿cierto?, cuestionó Litchman al testigo de la parte acusadora

–Así es.

–¿Que el pago de los 100 millones de dólares a Peña Nieto se hizo en octubre de 2012?

–Correcto.

–En otra reunión de usted y los fiscales, el 12 de abril de 2016, volvió usted a decir que Joaquín Guzmán pagó los 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto.

–Me lo dijo Joaquín, –repitió el narcotraficante colombiano.

Enseguida, y para que quedará asentado en las actas de los declarado en la Corte, el abogado del líder de una de las fracciones del Cártel de Sinaloa cuestionó a Cifuentes Villa respecto a su asistente personal y socia colombiana, Andrea Vélez Fernández, y la relación de ella con la campaña presidencial de Peña Nieto como abanderado del PRI en 2012.

“Andrea (Vélez) Fernández”, comenzó diciendo Lichtman, “y el asesor político J. J. Rendón, ayudaron a Peña Nieto en su campaña. Andrea le mandó a usted fotos de maletas repletas de dinero en efectivo para la campaña de Peña Nieto”, dijo el abogado de El Chapo Guzmán.

Pese a las objeciones de la fiscal estadunidense, Gina Parlovecchio, el juez Cogan permitió que Lichtman siguiera con el interrogatorio a Cifuentes Villa sobre la corrupción.

–Le enseñó Andrea las maletas llenas de dinero que iban en un avión de J. J. Rendón que iban para la campaña, ¿lo recuerda?, –interpeló Lichtman.

–No en un avión, las fotos que me enseñó Andrea de las maletas llenas de dinero estaban en el Distrito Federal, lo recuerdo, sí, señor.

–En otra reunión con la fiscalía en noviembre de 2017, usted les volvió a hablar de los sobornos a Peña Nieto.

–Creo que sí.

–Luego dijo que Peña Nieto, ya siendo presidente, contactó a Joaquín Guzmán Loera para decirle que no tenía que seguir escondido.

–Eso mismo me dijo Joaquín.

–¿Que la presidencia quería trabajar con él?

–Me imagino que sí.

–¿El presidente Peña Nieto pidió 250 millones de dólares, pero Joaquín Guzmán Loera ofreció 100 millones de dólares?

–Así es, pero puedo estar confundido en los números.

Lichtman, aprovechando que el juez le dio luz verde para ampliar el tema de la presunta corrupción por narcotráfico de Peña Nieto, le habló a Cifuentes de lo que le dijo a la fiscalía en otro encuentro, en noviembre de 2018 para que enfatizara las cantidades que supuestamente le pagó El Chapo al expresidente.

El abogado, dueño de la atención de todos los presentes en la sala, en especial la de El Chapo y de la prensa, preguntó al narcotraficante colombiano si creía o sabía si la policía, fuerzas armadas y políticos mexicanos eran corruptos. El testigo respondió a todo que “sí”.

–¿En febrero de 2016 usted dijo a la fiscalía que la organización de los Beltrán Leyva pagaba al presidente (Felipe) Calderón para darles protección en su guerra contra el Chapo Guzmán?

–No recuerdo bien el incidente, –dijo el capo colombiano.

En ese momento, el abogado de Guzmán Loera puso a disposición del testigo el documento con la transcripción de lo que había dicho a los fiscales sobre el asunto en febrero de 2016.

–¿Los Beltrán Leyva pagaban al presidente Calderón para que los ayudara en su guerra contra El Chapo Guzmán?

–No recuerdo si era al presidente o al ejército.

El abogado dejó así el punto y entonces le pregunto si Guzmán Loera pagaba al Ejército Mexicano para que a él lo ayudaran a ubicar y matar a los integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva, comandado por los hermanos, Arturo, Alfredo y Héctor.

Sin titubear, Cifuentes Villa afirmó y añadió que a un “capi” de las Fuerzas Especiales del Ejército, cuyo nombre no especifico, “la organización, el Cártel de Sinaloa, El Chapo, El Mayo y los otros pagaban al Ejército para que los ayudarán contra los Beltrán Leyva”.

El narcotraficante estableció que, dos o tres veces, el Cártel de Sinaloa pagó de 10 a 12 millones de dólares al “Capi” para que los apoyará en la refriega contra los Beltrán Leyva.

Por otro lado, Cifuentes Villa también aseguró ante la Corte que él y su exesposa, Angie San Clemente, tenían comprados a elementos de la Policía Federal para que los ayudaran a traficar cocaína de Argentina a México.

El colombiano indicó que la cocaína procedente de Argentina entraba a México por avión. Que él y su exmujer entregaban a los elementos de la Policía Federal las fotos de las maletas llenas de cocaína y el número de vuelo en el que arribaban, no sólo para que las recogieran en el aeropuerto, sino también para que los ayudaran en la venta de la droga.

Cifuentes Villa está acusado de narcotráfico en Nueva York y Florida.

El capo colombiano ya se declaró culpable de los delitos que le achacan, pero hizo un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia a la espera de que, gracias a sus declaraciones contra Guzmán Loera, no sea sentenciado a cadena perpetua, que es el castigo que le correspondería por sus cargos.

De ser mentira lo que declara Cifuentes Villa en el juicio contra El Chapo, quedaría anulado su acuerdo de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y sería sentenciado a pasar el resto de su vida en una prisión federal de alta seguridad.

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CIUDAD DE MÉXICO. Con la presencia de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó hoy la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Sobre el objetivo de dicha Comisión, mandatada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Sánchez Cordero:

“El objetivo es muy claro: conocer la verdad e impartir justicia, para fincar responsabilidades y hacer valer la ley”.

En el Salón Revolución de la dependencia, donde se realizó el evento, Sánchez Cordero agregó enfática:

“Pido a los integrantes de la Comisión su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el plazo más humano y científicamente posible”.

La Comisión será encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y estará conformada por representantes de la Cancillería —que tendrán contacto con organismos internacionales de derechos humanos– y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual asignará los recursos necesarios. Su primera reunión será el próximo 23 de enero.

Sánchez Cordero recalcó que el compromiso de López Obrador es aclarar las desapariciones de los 43 normalistas de Ayoztinapa, ocurridas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Por su lado, Alejandro Encinas hizo el siguiente compromiso:

“La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa… encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir”.

Padres agradecen disposición

Y a nombre de los padres de los desaparecidos, don Emiliano Navarrete agradeció la buena disposición del gobierno de López Obrador para llegar a la verdad de este hecho que marcó al sexenio de Peña Nieto.

“Para nosotros la esperanza renace. Agradezco como padre esa disposición que, como nuevo gobierno, tienen para llegar a la verdad. Les pido compromiso y seriedad”.

Y concluyó recalcando:

“Queremos la verdad. Saber dónde están nuestros hijos. Qué pasó con ellos”.

El 4 de diciembre de 2018, en uno de sus primeros actos de gobierno, López Obrador expidió el decreto presidencial para la creación de esta Comisión de la Verdad, la cual hoy se puso en marcha.