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Chilpancingo, Gro.- El diputado Julián López Galeana propone que los ayuntamientos realicen y garanticen periódicamente audiencias públicas con sus gobernados, para fortalecer la democracia y la participación ciudadana, impulsando el desarrollo y bienestar de la comunidad; asimismo, que los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo regulen las actividades de las personas “franeleras”, a fin de erradicar abusos y cobros indebidos a automovilistas por el uso de la vía pública.
En dos acuerdos parlamentarios que se analizan en las Comisiones de Asuntos Políticos y Gobernación y de Transporte, respectivamente, el diputado señala la urgencia de fortalecer la democracia, dando la voz a la ciudadanía y sentando las bases de una política municipal eficaz que erradique prácticas ilegales, garantizando el derecho de la ciudadanía a un tránsito libre y seguro.
En la primera propuesta, el diputado señala que las audiencias públicas permiten que las personas expresen libremente sus opiniones, planteen propuestas, manifiesten inquietudes y, cuando sea necesario, expresen sus inconformidades, siendo este un ejercicio de diálogo y corresponsabilidad que fortalece la convivencia democrática.
Reiteró que la bancada de MC asumió el compromiso de trabajar para que las audiencias públicas dejen de ser una formalidad y se transformen en espacios funcionales, accesibles e inclusivos, donde la voz de la población no solo sea escuchada, sino que tenga un impacto real y vinculante en la construcción de nuevas y mejores políticas públicas.
Por ello, propuso exhortar a los 84 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres para que, a través de sus autoridades competentes, realicen y garanticen periódicamente audiencias públicas con sus gobernados, con la finalidad de fortalecer la democracia y la participación ciudadana, impulsando el desarrollo y bienestar de la comunidad.
En el exhorto a los ayuntamientos de Acapulco y Chilpancingo, el legislador destacó que la falta de oportunidades en los ámbitos laboral y educativo ha llevado a millones de personas a buscar alternativas de sustento en el sector informal, con trabajos que, aunque brindan ingresos inmediatos, carecen de seguridad social, prestaciones y certeza laboral.
Entre estas actividades, agregó, se encuentra el comercio ambulante, el servicio doméstico sin contrato, la venta en tianguis y, de manera muy visible en las ciudades, los llamados “franeleros o viene-viene”, que son personas que apartan espacios de estacionamiento o vigilan vehículos en la vía pública a cambio de una cooperación que no siempre es voluntaria.
Añadió que lo que inició como una alternativa de sobrevivencia hoy se ha convertido en un problema social que impacta directamente en la movilidad, la seguridad y la tranquilidad, ya que su presencia se ha extendido a zonas comerciales, colonias populares y eventos masivos, en los que, en muchos casos, los automovilistas se ven obligados a pagar no por voluntad, sino por temor a represalias o daños a sus vehículos.
“Este problema se ha vuelto aún más grave en festividades tradicionales o temporadas vacacionales, cuando se imponen cuotas excesivas, bloquean calles y reservan espacios públicos como si fueran propiedad privada, generando una inconformidad creciente en la ciudadanía, misma que se siente extorsionada en lo que debería ser un derecho: transitar y estacionarse libremente en la vía pública”, manifestó.
En ese sentido, considera necesario implementar medidas firmes, regulaciones efectivas y acciones de supervisión que erradiquen estas prácticas, protegiendo la libre circulación y garantizando que los espacios públicos cumplan con su función en beneficio común, evitando que intereses particulares limiten los derechos fundamentales de la sociedad.
Propone exhortar a la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y al presidente de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias para la regulación de las actividades de las personas “franeleras o viene-viene”, a fin de coadyuvar a la erradicación del abuso y las cuotas económicas indebidas hacia los automovilistas por el uso de la vía pública.
El diputado Julián López Galeana también propuso reformas al artículo 34, fracción IV; al artículo 35, y derogar los artículos 37, 39 y 40 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, en materia de modificación de los requisitos para presentar una iniciativa ciudadana.
Esta propuesta, que analiza la Comisión de Participación Ciudadana, tiene como objetivo eliminar la exigencia de recabar el 0.2 por ciento de firmas de la lista nominal y establecer que, una vez validada su procedencia legal, la iniciativa sea asumida formalmente por un legislador local.
