Categoría: Estatal

CHILPANCINGO. Diputados del PRI y PRD pedirán que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Antonio Helguera Jiménez, transparente el gasto que ejerció en la renta de salones de hotel que habilitaron como sedes alternas de 4 sesiones de pleno legislativo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Verónica Muñoz Parra, del PRI, se deslindó del gasto ejercido por ese concepto: “Desconozco, porque administrativamente no tengo nada que ver allí. No manejo recursos económicos”.

Sin embargo, consideró que sí es necesario conocer el gasto que se ejerció en la renta de esos espacios, en los que, como sede alterna, sesionó el pleno debido a que los accesos a la sede del Poder Legislativo permanecieron “tomados” por trabajadores sindicalizados en demanda del 13 por ciento de aumento al sueldo base.

“Tendrá que transparentarse y siento que esto lo van a exigir los propios legisladores”, expuso este lunes en entrevista con Agencia de Noticias IRZA.

Explicó que personalmente contribuyó ante el magistrado Alberto López Celis, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que las sesiones del martes 11 y jueves 13 se realizaran en el auditorio “Siervo de la Nación” del Consejo de la Judicatura, en el centro de esta capital.

La primera sesión fuera del recinto legislativo se efectuó el martes 28 de mayo, en un salón del hotel Crown Plaza, ubicado en avenida costera Miguel Alemán, en Acapulco.

Para la sesión del jueves 30 de mayo, la Jucopo determinó rentar el salón Pérgolas Cuicalli, en esta capital. Las sesiones del martes 4 y jueves 6 de junio, rentaron uno de los salones del hotel Holiday Inn, al sur de la ciudad.

Sobre este tema, el diputado Alberto Catalán Bastida, del PRD, dijo que el secretario de Servicios Financieros y Administrativos del Congreso, Netzahualcóyotl Bustamante Santín, debe explicar el costo total de la renta de esos espacios y a detalle el acuerdo monetario al que se llegó el viernes 14 con los trabajadores sindicalizados.

“Yo creo que sí lo vamos a hacer. Queremos conocer realmente cuál fue el acuerdo con los trabajadores. En los próximos días estaremos acudiendo con el encargado de las finanzas del Congreso para que, primero, nos explique el monto que causó todo este mes sin entrar al Congreso, todos los gastos que se hicieron y se explique el acuerdo, para tener conocimiento pleno”, indicó.

Del acuerdo con los trabajadores sindicalizados, quienes aceptaron un 8 por ciento de aumento al salario base y 6.6 en prestaciones, dijo que lo único que saben es que “se levantó el plantón” tras aceptar los porcentajes ya descritos, pero insistió en que “queremos tener más claridad sobre eso”.

Cabe mencionar que, a partir del 1 de septiembre de este año, Catalán Bastida presidirá la Mesa Directiva del Congreso local, como parte del acuerdo político entre los siete coordinadores de fracciones y representaciones parlamentarias.

CHILPANCINGO. Diputados de Morena y del PRI coincidieron en cerrar filas para agilizar la entrega del fertilizante gratuito, y convocaron a evitar las confrontaciones que “no ayudan” a resolver este problema.

El priísta Jorge Salgado Parra reprobó que su homólogo morenista Luis Enrique Ríos Saucedo haya responsabilizado al gobernador Héctor Astudillo Flores de “sabotear” los programas federales, con el único objetivo –acusó- de “meter discordia” ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Castillo Peña, de Morena, aceptó por su parte que los funcionarios federales no dimensionaron el problema que generaría el atraso de la distribución del insumo. “Creo que hubo, en su momento, falta de criterio”.

En entrevista con Agencia de Noticias IRZA, Jorge Salgado acusó que el morenista Ríos Saucedo, suplente de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, “superdelegado” del gobierno federal en Guerrero”, quiere frenar la “buena relación” entre el presidente López Obrador y el gobernador Astudillo.

La tarde del sábado 15, en su perfil de Facebook, Ríos Saucedo acusó que el gobernador “mantiene una clara conducta de sabotaje permanente a la aplicación de los programas sociales” a través del PRI y el PRD, así como de organizaciones sociales.

Al respecto, Salgado Parra respondió este lunes: “Es lamentable que quiera crispar el ambiente, cuando de por sí ya tenemos problemas en la Montaña”, donde hasta la mañana de este día seguía “retenido” Julio Lázaro Bazán, subdelegado del Gobierno Federal en esa región, por pobladores de Tlatlahuquitepec, quienes exigen se agilice la entrega del insumo.

Enfatizó que el gobernador Astudillo ha puesto su empeño para que el programa del fertilizante “no sea un problema”, sobre todo porque las autoridades federales se responsabilizaron de su operación, pero ignoraron las recomendaciones que las estatales y los alcaldes les hicieron, particularmente sobre el uso del padrón de 328 mil campesinos que históricamente se había utilizado.

“Se estuvo advirtiendo que la falta de entrega iba a generar un problema en los momentos indicados, (pero) no se hizo caso. Creo que el Gobierno Federal pensó que era un tema electoral que el PRI tenía con la entrega del fertilizante; ya vieron que no. Hay 50 mil toneladas de fertilizante en bodegas, pero no tienen las listas, los vales. Es complicado que así pueda salir adelante este tema”, indicó.

También en entrevista con IRZA, el diputado Ricardo Castillo Peña, de Morena, consideró que “es un conflicto natural” y aceptó que “quizá no se dimensionó en su momento” el reto de la distribución.

-¿No le parece que las autoridades estatales están siendo rigurosas con los listados de beneficiarios? -se le preguntó.

“Creo que hubo en su momento falta de criterio de algunos funcionarios federales, posteriormente se suma lo que pudo haber hecho la parte estatal, pero en este caso hay un problema y hay que resolverlo”, resaltó, y llamó a “cerrar filas” para que “entre todos” resuelvan la distribución.

En ese sentido, declinó opinar sobre las acusaciones que hizo su correligionario Ríos Saucedo: “No me voy a enganchar con lo que dijo Luis Enrique, ni con lo que le hayan contestado; tenemos que buscar que ya se resuelva (este problema). Los dimes y diretes en nada benefician”.

También consideró que el “superdelegado”, Pablo Sandoval, “está poniendo su mejor esfuerzo” y anunció que en esta semana se reunirá con diputados locales de Morena “para ver en qué podemos ayudar”, pues resaltó que la intención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es incentivar a los campesinos con el reparto del insumo gratuito.

“La intención es de beneficio para los ciudadanos; que fallaron los procedimientos no es una cuestión que tenga que ver con el presidente Andrés Manuel, sino con el gobierno federal y estatal, pero creo que hay muchas cosas que tuvieron que ver: inercias e intereses de las organizaciones (campesinas), de los liderazgos. En 25 años de este programa, hay que decirlo, se habían creado intereses, inercias difíciles de atender. Todo eso está teniendo que ver”, expuso.

CHILPANCINGO. El gobernador Héctor Astudillo Flores no permitirá que se le responsabilice de los “errores y omisiones” de funcionarios federales en la operación del programa de fertilizante, y estableció que el atraso en la distribución del insumo químico “sigue atorado entre las listas (de beneficiados) y los vales”.

“No permitiremos que se nos responsabilice por las omisiones que se están cometiendo”, escribió este domingo en su cuenta oficial de Facebook, después de encabezar en Acapulco una conferencia de prensa en la que fijó postura respecto a este caso.

De esta manera dio puntual respuesta al diputado Luis Enrique Ríos Saucedo, de Morena, quien el sábado 15 lo acusó de “sabotear permanentemente” los programas del gobierno federal, particularmente en el caso del fertilizante.

Dijo que el Ejecutivo guerrerense, a través del PRI y del PRD y de organizaciones adherentes a esos dos partidos, “mantienen una clara conducta de sabotaje permanente a la aplicación de los programas sociales”.

El legislador suplente de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, “superdelegado” del gobierno federal en Guerrero, le exigió al gobernador “la inmediata liberación” de Julio Lázaro Bazán, subdelegado del gobierno federal en la región Montaña, quien desde el jueves se encuentra “retenido” por campesinos de Tlatlauquitepec y Atlixtac para exigir que se agilice la distribución del insumo químico.

Y al respecto, el gobernador le respondió y recordó que su gobierno ha apoyado con recursos técnicos, humanos, materiales y económicos para “facilitar” la entrega del insumo agrícola, y llamó a todos los actores políticos y líderes de organizaciones sociales a no “desvirtuar la noble determinación” del presidente Andrés Manuel López Obrador, de apoyar el programa de fertilizante que tiene más de 24 años operando en  Guerrero.

También destacó que su gobierno entregó el fertilizante de manera gratuita durante los últimos tres años, sin ningún problema y contratiempo, en coordinación con los 81 ayuntamientos, pero que en este 2019, cuya operación está a cargo del gobierno federal, “presenta un retraso que ya genera problemas en las regiones”.

Este mismo domingo en Acapulco, Astudillo dijo que es el más interesado en que estos problemas no ocurran, porque Guerrero de por sí tiene muchos problemas “como para alentar un problema que, nos parece, nadie en su sano juicio quiere que se haya convertido en una crisis como en la que estamos” y agregó que el fertilizante “no tiene partido político”.

Y a las “voces que tratan de responsabilizar al gobernador”, las convocó a que colaboren para que este problema ya no siga creciendo, dijo, y también aclaró que el responsable del programa, Jorge Gage, aseguró hace 15 días -en la conferencia “mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador- que en el municipio de Zapotitlán Tablas iba a iniciar la distribución, y “hasta este momento no hay un solo bulto entregado”, soltó.

Respecto a la “retención” de Lázaro Bazán, el gobernador informó que el sábado envió una comisión de funcionarios liderados por su secretario de Desarrollo Rural, Juan José Castro Justo, para dialogar con los pobladores.

De acuerdo con Castro Justo, el conflicto con los campesinos de Tlatlauquitepec lo generó el “superdelegado” Pablo Sandoval, porque llevó 500 vales -uno por hectárea-, de un total de 3 mil productores,  pese a que el alcalde citó a comisarios y a los delegados municipales “y éstos llevaron gente para recibir el fertilizante, y ahí se descompuso y se descontroló el asunto”.

“Ellos (los campesinos) resumen que el problema es que no tienen certidumbre de la entrega de fertilizante, no se conoce,  por una parte, el estado de productores que se van a beneficiar, o sea el padrón, y tampoco tienen los vales que van a ser canjeados por el fertilizante y que hay un volumen menor de fertilizante en el lugar”, reveló.

Castro agregó que la principal encomienda del gobernador Astudillo era la liberación del funcionario federal, sin embargo, contó que los campesinos le informaron que Lázaro Bazán “está en buenas condiciones (de Salud)”, pero que no lo van a soltar “hasta que esté la totalidad del fertilizante que van a requerir para el pueblo”.

Dijo que en el lugar hay 600 toneladas de insumo y que entre la noche del sábado y madrugada de este domingo llegaron 17 tráileres y camiones con más producto, por lo que con Jorge Gage, responsable del programa, agilizar la entrega en esa zona para lograr la liberación de Bazán.

Y sobre el señalamiento del diputado Ríos Saucedo, de Morena, el secretario agregó: “No veo ningún conflicto entre partidos; es un movimiento de los pueblos con sus representantes. No veo presencia de ninguna organización; es una demanda como lo han hecho en mucho tiempo”.

Y añadió que “los productores en Guerrero entienden que el programa de fertilizante es una conquista por los años en que lo han tenido y les resulta muy inquietante y que tengan la duda de que se les va a entregar o no, o no se entrega a tiempo para la producción del maíz”. Y asimismo explicó que la toma de carretas y retención de funcionarios como medida de protesta por pobladores de Guerrero no es una práctica reciente.

CHILPANCINGO. La reforma al Código Civil en materia de matrimonios igualitarios provocará un nuevo “encontronazo” entre diputados de Morena y los de oposición, especialmente del PRI, PRD y PAN.

El dictamen, en manos de la Comisión de Justicia del Congreso local, no ha prosperado porque los morenistas insisten en incorporar el derecho de adopción para los matrimonios entre personas del mismo sexo, a lo cual se opone el bloque opositor.

De acuerdo con diputados consultados por Agencia de Noticias IRZA, el polémico dictamen se sometería a la consideración del pleno hasta después de septiembre próximo, cuando inicie el segundo año de ejercicio legislativo.

El presidente de la Comisión de Justicia, el priista Omar Jalil Flores Majul, dijo que ve “con preocupación el autoritarismo” de su homologo morenista, Moisés Reyes Sandoval, secretario de la citada comisión y promovente de la reforma.

“Lamento que el diputado no asista a las reuniones de trabajo de la Comisión de Justicia. Hago un llamado respetuoso para que asista y se presente con la facultad que tiene como diputado. Para analizar una ley, hay que estar presentes, hay que ver pros y contras. Y en ese orden de ideas vamos a poder sacar un dictamen”, expuso.

De acuerdo con el también ex alcalde de Taxco, en torno a esta reforma se necesita que se escuchen todos los puntos de vista, y al respecto comentó que se han realizado varias audiencias con grupos de ciudadanos a favor y en contra de la reforma, en las cuales, acusó, “el diputado Moisés no ha estado”.

– ¿Por qué dilata este dictamen? – se le preguntó.

– “Yo no estoy dilatando un dictamen. La Comisión de Justicia es de las que más turnos (de leyes, decretos y acuerdos) tiene; más de 70 turnos, y hemos sacado 15 de manera positiva, en armonía y en la suma de esfuerzos de todos”.

Cabe señalar que mientras diputados de Morena insisten en que los matrimonios igualitarios deben acompañarse de la figura de adopción, los del bloque opositor respaldaron la unión legal entre personas del mismo sexo, pero no con la segunda figura, al considerar que los niños también tienen derechos supremos, como a la decidir y de elegir.

El tema sí ha distanciado a las bancadas
Al respecto la diputada Mariana García Guillén, de Morena, dijo que su bancada siempre estará a favor de la defensa de los derechos humanos, los cuales “no se negocian; se exigen y se ejercen”, y que en el caso de matrimonios igualitarios la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció porque los congresos estatales legislen al respecto.

El problema, dijo, es que este tema “ha generado un distanciamiento entre las bancadas, porque hay distintas posturas y también debemos ser respetuosos. Lo cierto es que se tiene que dictaminar, pero el dictamen está parado en la Comisión de Justicia, desde hace cinco meses. Pedimos a las comisiones que ya lo echen para adelante”.

Precisó que si el dictamen contiene “temas muy vanguardistas en los que pudiéramos tener un choque con la sociedad; hay que sacarlo (suprimirlo), exponerlos, debatirlos; hacer una retroalimentación con la sociedad y que sea la comunidad la que empuje este proyecto, pero no dejarlo en la congeladora y en el olvido. Hablaría mal de nuestra Legislatura”.

También pidió a los diputados de oposición que no politicen esta iniciativa: “La plataforma de la oposición es denostar y desacreditar las acciones del gobierno federal; esa es su marca y ruta, y se han mantenido unidos alrededor de esa postura”.

IRZA
CHILPANCINGO. Por cuarta semana consecutiva, la Normal Rural de Ayotzinapa podría permanecer cerrada por el conflicto interno entre el director y el grupo opositor conformado por maestros que demandaron a la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) aplicar la normatividad en contra del directivo.

El grupo conformado por los dos maestros que fueron rapados por los estudiantes el pasado 23 de mayo en el interior de la escuela, denunciaron que el director, Víctor Gerardo Díaz, ha manipulado a los estudiantes y los ha llevado al cierre carretero.

Los docentes destacaron que la SEG es la única que tiene la facultad para culminar con el conflicto y sólo le piden que ejerza la normatividad respectiva con el director, que sería su destitución.

Aceptaron que la semana pasada no se presentaron a la mesa de trabajo con el titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui y representantes de la Secretaría General de Gobierno, debido a que –aseveraron- no existen condiciones, luego de que “en una primera reunión, con golpes en las ventanas y patadas en las puertas, los estudiantes nos corrieron del encuentro”, dijo uno de los maestros “rapados” que prefirió omitir su nombre.

El pasado 22 de mayo, el director Victor Gerardo Díaz se encontró con el ex subdirector Rigoberto Barrera Urióstegui, quien a decir del primero se encontraba en estado de ebriedad. Acto seguido, los estudiantes en apoyo de Gerardo Díaz cerraron la Autopista del Sol y un día después “raparon” a dos maestros que se encuentran a favor del ex subdirector.

El grupo opositor informó que este fin de semana se reunieron únicamente con los estudiantes y les “hicieron ver” que han sido manipulados por el director por defender un interés personal. Después de eso, esperan que se pueda llegar a un entendimiento, y la a la SEG le solicitaron que ejerza su autoridad.