IRZA
CHILPANCINGO. Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG),
habrían incurrido en un nuevo acto de corrupción al repartirse, de forma
discrecional, contratos de primer nivel en la estructura del órgano
jurisdiccional cuyo proceso carece de convocatoria y criterios de selección.
En ese proceso el magistrado Ramón Ramos Piedra, presidente
del TEEG, obtuvo la mayor cantidad de contratos, seguido de sus compañeros J.
Inés Betancourt Salgado, René Patrón Muñoz e Hilda Rosa Delgado Brito.
Con base a documentos oficiales cuyas copias obtuvo Agencia
de Noticias IRZA, al magistrado Emiliano Lozano Cruz, cuyo periodo en el
TEEG fenece en septiembre próximo, se le asignó un secretario técnico con
categoría “B”.
Así se refleja en la solicitud de información número
TEE/SA/087/2019, de la Coordinación de Contabilidad y Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración del órgano jurisdiccional, fechado el lunes 8 de
julio.
La contratación de trabajadores, presuntamente excesiva,
ocurre luego de que el órgano jurisdiccional obtuvo un presupuesto global de 80
millones de pesos para este 2019, a pesar de que no es año electoral.
Fuentes consultadas refieren también que en seis meses
transcurridos de este año, la Presidencia del TEEG no ha realizado ningún curso
de capacitación o actualización que sustente el ejercicio presupuestal.
Los contratos
Además
de chofer con cargo a la nómina del órgano jurisdiccional, el presidente del TEEG,
Ramón Ramos Piedra, contrató a Magaly Duarte Bañuelos como “coordinadora de
grupos vulnerables”, cuya figura no se sustenta en el organigrama de esa
instancia autónoma.
El magistrado presidente tiene también un coordinador de
Informática, un secretario particular y tres secretarios auxiliares, y sin
embargo también contrató a Rodolfo Montes Alcántara, como coordinador de
Estadística y Jurisprudencia Electoral.
De acuerdo con el documento, el secretario de
Administración del TEEG, Miguel Ángel Rabadán Delgado, quien depende de Ramos
Piedra, contrató a su vez a uno de sus hijos, con la categoría de auxiliar
administrativo.
El titular del Órgano de Control Interno del órgano
electoral, José Ángel Mendoza Juárez, también depende del magistrado
presidente.
Con base al reparto de contratos, los magistrados Ramón
Ramos Piedra, René Patrón Muñoz, J. Inés Betancourt e Hilda Rosa Delgado Brito,
se repartieron tres capacitadores y tres investigadores, respectivamente,
asignados al “Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral”,
quienes, de acuerdo con fuentes consultados no tienen experiencia en materia
jurisdiccional electoral.
También contrataron a Alma Gabriela Chávez Cerón, como
coordinadora de Difusión Electoral; a Jorge Emilio Díaz Fuentes, como coordinador
de la Unidad de Transparencia, y a Joheni Cecilia Vargas Arellano la nombraron
coordinadora de Comunicación Social.
Mientras tanto el secretario general de Acuerdos, Alejandro
Paul Hernández Naranjo, y la coordinadora de Contabilidad y Recursos Humanos,
fueron asignados a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.
Dentro de ese mismo “acuerdo”, el titular de la Oficina de
Actuaría y el coordinador de Recursos Financieros y Materiales, fueron
asignados al magistrado J. Inés Betancourt Salgado, así como el titular del
área de lo Contencioso Administrativo.
La directora del Centro de Capacitación, Investigación y
Difusión Electoral, Jacqueline Carranza Reyes, fue asignada al magistrado René
Patrón Muñoz, ex presidente del TEEG. Sólo a Emiliano Lozano Cruz, quien
supuestamente ha sido relegado por sus compañeros, se le asignó un secretario
técnico “B”.
Fuentes consultadas al respecto, aseguraron que ninguna de
las personas contratadas “tiene perfil” ni “experiencia en materia
jurídica-electoral”, y que su “reclutamiento” al órgano jurisdiccional fue por
“acuerdo” entre cuatro magistrados.
“No hubo proceso de selección, no hay criterios de
selección, ni siquiera hubo convocatoria para elegir los mejores perfiles”,
denunciaron los inconformes, y añadieron que los magistrados tienen alrededor
de 50 “aviadores” en nómina, que aparecen con categoría de “asimilables” o “por
honorarios”.
