Categoría: Estatal

IRZA
CHILPANCINGO. Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEG), habrían incurrido en un nuevo acto de corrupción al repartirse, de forma discrecional, contratos de primer nivel en la estructura del órgano jurisdiccional cuyo proceso carece de convocatoria y criterios de selección.

En ese proceso el magistrado Ramón Ramos Piedra, presidente del TEEG, obtuvo la mayor cantidad de contratos, seguido de sus compañeros J. Inés Betancourt Salgado, René Patrón Muñoz e Hilda Rosa Delgado Brito.

Con base a documentos oficiales cuyas copias obtuvo Agencia de Noticias IRZA, al magistrado Emiliano Lozano Cruz, cuyo periodo en el TEEG fenece en septiembre próximo, se le asignó un secretario técnico con categoría “B”.

Así se refleja en la solicitud de información número TEE/SA/087/2019, de la Coordinación de Contabilidad y Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del órgano jurisdiccional, fechado el lunes 8 de julio.

La contratación de trabajadores, presuntamente excesiva, ocurre luego de que el órgano jurisdiccional obtuvo un presupuesto global de 80 millones de pesos para este 2019, a pesar de que no es año electoral.

Fuentes consultadas refieren también que en seis meses transcurridos de este año, la Presidencia del TEEG no ha realizado ningún curso de capacitación o actualización que sustente el ejercicio presupuestal.

Los contratos
Además de chofer con cargo a la nómina del órgano jurisdiccional, el presidente del TEEG, Ramón Ramos Piedra, contrató a Magaly Duarte Bañuelos como “coordinadora de grupos vulnerables”, cuya figura no se sustenta en el organigrama de esa instancia autónoma.

El magistrado presidente tiene también un coordinador de Informática, un secretario particular y tres secretarios auxiliares, y sin embargo también contrató a Rodolfo Montes Alcántara, como coordinador de Estadística y Jurisprudencia Electoral.

De acuerdo con el documento, el secretario de Administración del TEEG, Miguel Ángel Rabadán Delgado, quien depende de Ramos Piedra, contrató a su vez a uno de sus hijos, con la categoría de auxiliar administrativo.

El titular del Órgano de Control Interno del órgano electoral, José Ángel Mendoza Juárez, también depende del magistrado presidente.

Con base al reparto de contratos, los magistrados Ramón Ramos Piedra, René Patrón Muñoz, J. Inés Betancourt e Hilda Rosa Delgado Brito, se repartieron tres capacitadores y tres investigadores, respectivamente, asignados al “Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral”, quienes, de acuerdo con fuentes consultados no tienen experiencia en materia jurisdiccional electoral.

También contrataron a Alma Gabriela Chávez Cerón, como coordinadora de Difusión Electoral; a Jorge Emilio Díaz Fuentes, como coordinador de la Unidad de Transparencia, y a Joheni Cecilia Vargas Arellano la nombraron coordinadora de Comunicación Social.

Mientras tanto el secretario general de Acuerdos, Alejandro Paul Hernández Naranjo, y la coordinadora de Contabilidad y Recursos Humanos, fueron asignados a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito.

Dentro de ese mismo “acuerdo”, el titular de la Oficina de Actuaría y el coordinador de Recursos Financieros y Materiales, fueron asignados al magistrado J. Inés Betancourt Salgado, así como el titular del área de lo Contencioso Administrativo.

La directora del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral, Jacqueline Carranza Reyes, fue asignada al magistrado René Patrón Muñoz, ex presidente del TEEG. Sólo a Emiliano Lozano Cruz, quien supuestamente ha sido relegado por sus compañeros, se le asignó un secretario técnico “B”.

Fuentes consultadas al respecto, aseguraron que ninguna de las personas contratadas “tiene perfil” ni “experiencia en materia jurídica-electoral”, y que su “reclutamiento” al órgano jurisdiccional fue por “acuerdo” entre cuatro magistrados.

“No hubo proceso de selección, no hay criterios de selección, ni siquiera hubo convocatoria para elegir los mejores perfiles”, denunciaron los inconformes, y añadieron que los magistrados tienen alrededor de 50 “aviadores” en nómina, que aparecen con categoría de “asimilables” o “por honorarios”.

IRZA

ACAPULCO. La alcaldesa de este municipio, Adela Román Ocampo, consideró que se percibe una “mano negra” en la advertencia que emitió la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al declarar no aptas para el uso recreativo a cinco de las principales playas de este destino turístico.

“Hay otros destinos turísticos que se sienten en desventaja, como es el caso de Cancún con el Sargazo (alga), que incluso ya está llegando a Veracruz, y aunque yo no le quiero echar la culpa a nadie, lo que sí quiero decirles es que desde que llegamos a la administración, nuestra preocupación ha sido checar que nuestras playas estén siempre limpias”, dijo.

Sin embargo, apenas el lunes de la presente semana, la Cofepris afirmó que las playas de Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo, de este puerto, no son aptas para el uso recreativo, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Según esa Comisión, las citadas playas “rebasaron el límite permitido con base en lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Están contaminadas con enterococos, bacterias que contiene el excremento de algunos animales y del ser humano.

Afirmó que por normatividad, antes de iniciar cada temporada vacacional las autoridades del sector salud les exigen realizar estudios de laboratorio para verificar la calidad del agua en las playas, lo cual se realiza de manera permanente.

Entrevistada antes de firmar un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la alcaldesa morenista calificó como “golpe bajo” para este destino turístico la postura que emitió Cofepris, al declarar no aptas para el uso recreativo las playas Caletilla, Hornos, Suave, Carabalí y Manzanillo, a unos días de comenzar la temporada vacacional de verano.

Asimismo, insistió en que este destino de turístico estará lleno de visitantes durante las vacaciones de verano porque “Acapulco es la principal playa de todo México”.

“Llegará mucha gente, porque la gente ama a Acapulco y esta es la playa de todo México. Sin duda turistas tendremos a reventar”.  

IRZA
CHILPANCINGO. Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) volvieron a tomar la Dirección de Personal y denunciaron que funcionarios de la Secretaría de Educación en la entidad (SEG) continúan “solapando” a las trabajadoras administrativas Ofelia Moctezuma y Martha Castro, quienes se niegan a dejar el área de Selección y Contratación de Personal, donde se ha lucrado con la venta de contratos y basificaciones de docentes.

Los maestros disidentes denunciaron que la trabajadora Martha Castro ubicó a su hermana en una zona privilegiada de Acapulco y a otro familiar en un escuela de la colonia Independencia, mientras que a los trabajadores de base que se jubilaron les negaron el derecho de heredar plazas por el proceso de la Reforma Educativa.

Por segunda semana consecutiva de protesta y un día después de haber “liberado” las oficinas ubicadas en la calle capitán Julio Calva de la colonia Universal, el grupo disidente volvió a tomar el inmueble.

María del Carmen Lorenzo Miguel señaló que la SEG había acordado la reubicación de las dos trabajadoras y que este martes les extendería un oficio en el que se les separaba de los cargos que ostentan desde hace al menos cinco años en la Dirección de Personal.

Mencionó que la Contraloría Interna de la SEG ha iniciado un procedimiento después de “múltiples” denuncias. “Se entregaron como pruebas algunos ‘voucher’ con depósitos bancarios a nombre de Martha Castro”.

La dirigente cetegista dijo que la SEG ha “solapado” la venta de plazas -ahora venta de contratos- por tres mil a cuatro mil pesos y una basificación por 30 mil pesos.

Aseveró que las trabajadoras son de base y no se les está afectando su derecho, “lo que estamos pidiendo es la remoción de sus cargos, que las ubiquen en otras áreas”.

“Tenemos las pruebas de que el lapso que duró la reforma, ellas continuaron con la venta de plazas; ellas han retenido la base de datos y no la quieren entregar porque están ocultando algo”, refirió.

Los manifestantes arribaron desde las 8:00 horas al inmueble y hasta la tarde de este martes advirtieron con mantener indefinidamente su plantón y el cierre de la calle.

Acusan que ningún funcionario fue a atenderlos

IGUALA. La mañana de este lunes, poco más de un centenar de campesinos de varias comunidades del vecino municipio de Taxco, se manifestaron ante la sede de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y otros bloquearon la carretera hacia la localidad Puente Campuzano.

Los bloqueos en ambos lugares de Taxco tuvieron una duración de casi ocho horas. Por la tarde se retiraron, sin que nadie acudiera a atender su demanda.

El motivo de las protestas es el mismo por el que desde hace un mes se han registrado este tipo de manifestaciones en diferentes regiones del estado: la exigencia del fertilizante.

La sede de la Sader está en la avenida Plateros, a unos metros de la central de la Estrella de Oro, y campesino y comisarios de al menos 16 localidades bloquearon en su totalidad esa vía.

Sobre ese tramo de la avenida Plateros, se generó un gran caos vial por ubicarse a la orilla de la carretera México-Acapulco, y lo mismo sucedía a la altura del Puente Campuzano, pues es una vía de comunicación hacia esta ciudad de Iguala.

En ambas protestas recriminaron al gobierno federal su falta de compromiso con el campo guerrerense, y el hecho de que no cumplan con la entrega del insumo.

Denunciaron que además de la tardanza en la entrega total del fertilizante, a muchos campesinos los dejaron fuera del padrón de beneficiarios.

Sus acciones de protesta iniciaron alrededor de las 10:00 horas y amenazaron con mantenerse en ambos lugares, hasta que el gobierno federal les cumpla con la entrega del insumo.

Los inconformes provenían de comunidades como San Domingo, San Miguel Huertas, Huizotitla, El Aguacate, San Juan Tenería y Xochipisca.

Minutos antes de las 18:00 horas levantaron sus movimientos. Acusaron que ningún funcionario federal acudió a atenderlos, e informaron que la mañana de este martes regresarán a bloquear esos y quizá otros puntos del vecino municipio de Taxco.

* El gobernador tomó protesta como integrante del Consejo Nacional de Protección Civil

* Imprescindible el respaldo de los gobernadores en el despliegue de la Guardia Nacional: Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO. El gobernador Héctor Astudillo Flores, participó en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidida por Alfonso Durazo Montaño secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde se evaluaron las acciones e informes en la materia, además el Ejecutivo guerrerense tomó protesta como integrante del Consejo Nacional de Protección Civil.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ante gobernadores, el gabinete de seguridad federal, secretarios federales y legisladores, Durazo Montaño afirmó que el respaldo de los mandatarios estatales es imprescindible en el despliegue de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que agradeció el apoyo político de los ejecutivos estatales para conformar está corporación.

Al inaugurar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, Durazo Montaño indicó que la Guardia Nacional será insuficiente en la labor de recuperar la paz si no se refuerzan las instituciones policiales estatales y municipales.

El funcionario federal, precisó que el nuevo cuerpo de seguridad y el modelo planteado es estratégico en el objetivo de recuperar la paz, pero estamos muy lejos de una visión centralista, por lo que no será la panacea: “Es un organismo indispensable, pero complementario al trabajo que deben realizar las policías estatales”.

El secretario de Seguridad federal mencionó que los objetivos se centran en promover la disciplina en las corporaciones, fortalecer los programas de atención a víctimas y estandarizar capacitación, certificación y dignificación de todos los cuerpos de seguridad pública en el país.

Alfonso Durazo explicó que el modelo incluye la revisión de varios instrumentos y medidas relevantes para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública, así como la simplificación del informe policial homologado, los procedimientos de control de confianza y la expedición del certificado único policial.

Además, dijo que se revisarán los recursos económicos, el funcionamiento del 911 y revisión de incidencia delictiva. “Este conjunto de acciones transformarán sustancialmente el país en esta materia para bien de los mexicanos”.

Para financiarlo se hará uso de Fideicomisos en Materia de Seguridad, pero que actualmente suman recursos por 11 mil millones de pesos, mismos que son insuficientes, por ello propuso revisar las reglas de operación de Fortamun para que al menos 50 por ciento se oriente a fortalecer a policías locales. De concretarse, se destinarían 42 mil millones de pesos para este objetivo.

Por lo que llamó a gobernadores y autoridades locales a actuar al margen de políticas personales o de partido “que agregan dificultades innecesarias”. La sociedad, sostuvo, reclame un nuevo código de conducta y nueva ética, así como un solo frente contra la violencia sin repartir culpas.

Asistieron al evento el presidente de la Cámara de Senadores, Martí Batres Guadarrama, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González, el secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, así como gobernadores del país.

IRZA

TECOANAPA. El bloqueo de la carretera interestatal Cruz Grande-Tierra Colorada, a la altura del municipio de Tecoanapa, cumplió este domingo 16 días en demanda de fertilizante por parte de campesinos de esa zona.

Los campesinos empezaron sus bloqueos debido a que funcionarios del gobierno federales les prometieron que el insumo lo tendrían a principios del mes pasado, y no cumplieron en reiteradas ocasiones.

Han mantenido el diálogo con el “servidor de la Nación”, Gilberto Martínez, pero continúan a la espera del fertilizante, y la preocupación crece día a día porque las lluvias ya son constantes en la parte alta de la región Costa Chica.

Debido a eso los hombres del campo advierten serios problemas con sus cosechas, y casi dan por hecho que no tendrán una producción de buena calidad y por eso difícilmente les comprarán los mayoristas.

El campesino Gustavo Morales Herrera, dijo que si es necesario asistirán al Congreso local a solicitar el apoyo de diputados, y mencionó específicamente a Alfredo Sánchez Esquivel, quien representa el Distrito XIV con sede en Ayutla por el partido de Morena.

“Si es un problema estatal o federal, como se ha venido comentando, ¿por qué no intervienen los diputados locales y federales para darnos solución, o ellos sólo están para acompañamientos de clausuras y corridas de toros”? Y aseveró que “ya es tiempo de irlos a buscar y que nos den una solución”.

Cabe recordar que el 21 de junio se realizó una protesta en el zócalo de esta cabecera municipal, porque recibieron un vale de fertilizante para sólo una hectárea, cuando muchos campesinos registraron dos o tres, como cada año lo hacían.

La protesta siguió con un bloqueo carretero, los cuales continuaron e incluso llegaron a retener a seis “servidores de la Nación”.