IRZA
CHILPANCINGO. La Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental abrió procedimientos administrativos contra 180 funcionarios que
no presentaron su declaración patrimonial del 2019.
También inició procesos de investigación en contra de algunos
funcionarios que sí la presentaron, pero a quienes se les detectaron anomalías
en la información e incluso desvíos financieros.
De acuerdo con Eduardo Loria Casanova, titular de la Dependencia
inquisitoria, de los casi 7 mil funcionarios sujetos a declaración patrimonial,
unos 180 no la presentaron, lo que equivale al 3 por ciento del total
– ¿Qué pasó con ellos? –
– “Algunos son policías, algunos ya no estaban trabajando, algunos no
hicieron declaración final; hay declaración inicial, la que anualmente se
actualiza y una final. Muchos funcionarios decían ‘ya me voy’, y ya no la
presentan”.
En entrevista el funcionario informó que su Dependencia investiga a los
funcionarios omisos, en cuyo proceso ya se desecharon los casos de quienes ya
no laboran en la administración estatal, “todavía no tenemos los procesos de
responsabilidad, pero ya estamos muy prontos; se pueden inhabilitar”.
Sobre las sanciones para los funcionarios que no presentaron su
declaración y que aún laboran en el gobierno estatal, Loria explicó que
dependerá de su jerarquía dentro de la administración, “puede venir desde una
amonestación de carácter administrativo hasta una inhabilitación”.
Agregó que a esos 180 funcionarios omisos se les concedió un plazo de 30
días para reponer el procedimiento, pero solo 50 cumplieron. “Ya iniciamos la
investigación para ver qué fue lo que pasó y está muy avanzada esa
investigación”, indicó, aunque se negó a revelar cuándo emitirían el dictamen
final.
Cabe mencionar que la declaración patrimonial está estipulada en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sirve
para intentar evitar desvíos o enriquecimiento de funcionarios con recursos
públicos, por eso cada año deben actualizar la información relacionada con sus
bienes, los cuales deben ser acordes, en gran medida, a su nivel de ingreso
mensual y anual.
En ese sentido el gobernador Héctor Astudillo Flores fue uno de los
primeros mandatarios estatales que cumplió con esta obligación en el año 2015,
al presentar sus tres declaraciones: la patrimonial, fiscal y de interés.
– ¿En 4 años de administración no han detectado ninguna irregularidad en
esas declaraciones, es decir, todo es pulcro? –
– “Claro que, sí tenemos irregularidades, desde omisiones, desvíos y
hay, no recuerdo cuantas investigaciones. Tenemos procesos de responsabilidad.
Diario recibimos entre 5 y 10 solicitudes de procedimiento de responsabilidad
administrativa por parte de la Secretaría de la Función Pública y de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.
Pese a revelar lo anterior, el secretario de la Contraloría se negó
tajantemente a precisar cuántos casos de desvíos tienen detectados y qué
funcionarios han incurrido en esa práctica. Solo acotó que tales servidores
públicos son “de muchos niveles”. Sin embargo, aseguró que la
administración del gobernador Astudillo no terminará sin que estos casos queden
resueltos porque “en cuanto tú inicias un procedimiento, la prescripción no
aplica”.
