Categoría: Estatal

IRZA 

 CHILPANCINGO. Este martes en la Fiscalía General del Estado (FGE), fue entregada a sus familiares la constancia de identidad de los restos de Ranferi Hernández Acevedo, que el 14 de octubre del 2017 fue encontrado calcinado en una camioneta en la que se trasladaba de  Ahuacuotzingo a Chilapa.

Junto con él también estaban calcinados su esposa, Lucía Hernández Dircio; su suegra, Juana Dircio, y su ahijado, Antonio Pineda Patricio, cuyas constancias de identidad también se entregaron.

A la Dirección de Servicios Periciales de la FGE, a recibirlas, acudieron familiares encabezados por su hija Diana Hernández Hernández, activistas de organizaciones sociales, padres de los 43 muchachos desaparecidos en Iguala y normalistas de Ayotzinapa.

Diana Hernández dijo al salir que les entregaron un dictamen de reconocimiento genético pero que faltaba el dictamen de la causa de muerte de sus cuatro familiares.

Explicó que los restos de sus cuatro familiares los iban a trasladar a la cabecera municipal de Ahuacotzingo, en la región de la Montaña, para volver a sepultarlos este miércoles.

Abel López Rosas, quien fuera yerno del ex diputado local y dirigente de la Organización Indígena y Campesina “Vicente Guerrero” de Ahuacuotzingo, sostuvo que no hay ningún avance en la investigación, “como todos los casos de asesinatos en Guerrero, las autoridades sólo se quedan en lamentar los hechos, en decir que les preocupa y no sabemos hasta cuándo van a actuar de manera contundente en estos casos de violencia”. Refirió que precisamente estos casos de violencia y la falta de justicia, han provocado un problema en la zona de la Montaña baja, donde la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) ha denunciado que el grupo criminal de “Los Ardillos” mantiene asolada la región. 

IRZA

CHILPANCINGO. El ex magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Emiliano Lozano Cruz, busca el amparo de la Justicia federal a efecto de que ese organismo lo liquide laboralmente conforme a derecho, luego de desempeñar ese cargo durante 6 años y 8 meses, hasta que el 6 de octubre del 2019 dejó el puesto porque se cumplió el periodo para el que fue designado.

Pero resulta que el presidente del TEE, Ramón Ramos Piedra, “y sus adláteres” también magistrados de ese organismo, le han negado el derecho a la liquidación laboral, señala Lozano Cruz.

Lozano Cruz sostiene que Ramos Piedra y los magistrados del TEE que le son afines, “han recurrido a marranadas jurídicas” para negarle la liquidación a la que sin lugar a dudas tiene derecho, todo porque nunca se prestó para ser cómplice de sus triquiñuelas

Dijo que tiene tanto derecho a ser liquidado como otros ex funcionarios del TEE que fueron beneficiados con esa prestación laboral, como es el caso del ex secretario general de Acuerdos, Manuel Alejandro Arroyo González, a quien se le liquidó con un millón 198 mil 468 pesos con 29 centavos, el 30 de septiembre del 2016.

Francisco Guzmán Díaz, quien también fue secretario general de Acuerdos del TEE, el 14 de diciembre del 2018 lo liquidaron con 734 mil 135 pesos con 31 centavos, agrega Lozano Cruz.

Y proporciona otro ejemplo:

René Patrón Muñoz, “con quien al mismo tiempo dejamos de ser magistrados el 6 de octubre del 2019, ya lo liquidaron con 650 mil pesos”, pero resulta que “Ramos Piedra y sus secuaces tienen escondida la resolución, el convenio de liquidación correspondiente”, documento que es una prueba contundente de que con él, con Lozano Cruz, se está cometiendo una aberrante injusticia.

Y es por esto que Lozano Cruz promovió desde el  27 de noviembre del año pasado una demanda laboral para que el TEE lo liquide con aproximadamente un millón de pesos.

IRZA

CHILPANCINGO. Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), estimaron que próximamente enfrentarán serios problemas para contar con sus ingresos, debido  a que la paramunicipal  no contará con recursos suficientes a partir de abril.

Señalaron que a partir de ese mes seguramente la dependencia no contará con  solvencia económica como la tienen con el pago anual por el cobro del servicio de agua entubada.

Gaudencio Atrisco, dirigente de la Sección XXXII del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), incluso dijo que dudan que les paguen los 5 millones de pesos en prestaciones que les adeuda desde el año pasado.

Expuso que también falta que les paguen en este mes la segunda parte del aguinaldo, que se tiene programado para el próximo 20 de este mes, y además la segunda parte de la prima vacacional de diciembre pasado.

Insistió en que existen dudas de que les paguen en las fechas pactadas sus prestaciones económicas,  porque la CAPACH prácticamente está declarada en quiebra por el propio alcalde Antonio Gaspar Beltrán y la directora de la paramunicipal, Irma Lilia Garzón Bernal.

Agencia Reforma

CHILPANCINGO. Familiares de personas desaparecidas de comunidades indígenas retuvieron por más de seis horas el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Guerrero, Luis Camacho Mancilla, dentro de las instalaciones del organismo.

Los inconformes, encabezados por el secretario técnico del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, Manuel Olivares Hernández, decidieron retener al funcionario debido a que, afirmaron, ha incumplido con la propuesta de incrementarles el apoyo mensual y no le ha dado una fecha para sostener una reunión con el Gobernador Héctor Astudillo.

Los familiares de personas desaparecidas provenientes de municipios de Chilapa, Atlixtac y Zitlala llegaron a las oficinas de la CEAV en Chilpancingo y fueron atendidos por Camacho, pero a medida que avanzaban las pláticas la discusión subió de tono.

Los indígenas exigieron la homologación del apoyo mensual que otorga la CEAV federal a las víctimas, el cual asciende a 4 mil 565 pesos.

Sin embargo, el funcionario rechazó dicha medida debido a que el presupuesto de la dependencia, dijo, apenas alcanza los 15 millones de pesos anuales para atender a 436 familias.

“Es imposible incrementar o homologar a 4 mil 565 pesos mensuales a cada una de las familias porque tendríamos que tener más de 20 millones de pesos anuales solamente para este rubro”, señaló.

Olivares Hernández, le recordó a Camacho que este reclamo es del 2019 y que se comprometió a resolverlo en este año.

“Lo que nosotros estamos viendo es de que si usted no da una solución, vamos a pedir su destitución y que la CEAV desaparezca en Guerrero”, advirtió el activista.

Por su parte, el funcionario propuso buscar a la CEAV federal para que otorgue un subsidio a sus homólogos estatales y así obtener los recursos necesarios para las víctimas.

Alrededor de las 18:00 horas, el funcionario y el personal que labora en la CEAV fueron liberados tras la firma de una minuta de acuerdos.

En el documento se estableció que el próximo jueves, los familiares de los desaparecidos tendrán una reunión con los secretarios estatales de Salud, Carlos de la Peña Pintos y de Educación, Arturo Salgado Urióstegui.

En materia de salud se hablará sobre todos los casos de las personas que están enfermas, y en educación se buscará resolver el asunto de las becas a los hijos de los desaparecidos.

Además, Camacho se comprometió a seguir con la gestión de una reunión con el Gobernador Astudillo y el delegado del Gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval.

Jesús Guerrero

Agencia Reforma

CHILPANCINGO. Un funcionario del Gobierno de Guerrero, que es investigado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por presuntos actos de corrupción, fue señalado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Coddehum) por violencia de género contra una empleada.

Se trata del ex jefe de la Dirección de Auditorías y Contribuyentes de la Secretaría de Administración y Finanzas, Eduardo Balbuena Herrera, quien hace siete meses fue denunciado por la trabajadora Cinthia Karen Cintora Guerrero de acoso laboral y discriminación. 

En la recomendación 005/2020 que envió la Coddehum se pide que haya una reparación del daño a la empleada y una sanción al acusado.

En 2019, Balbuena ya había sido reconvenido por la Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer de la Secretaría de la Mujer, María del Carmen Gutiérrez Roa.

La funcionaria dictó medidas cautelares a favor de la empleada, pero el servidor público siguió hostigándola, según la agraviada.

El 9 de agosto de 2019, tras conocerse públicamente la denuncia contra Balbuena, el Secretario de Administración y Finanzas, Tulio Pérez Calvo dijo que si se tenía “el más mínimo elemento” de prueba hacia su subalterno éste sería destituido.

Pérez Calvo, en vez de destituir o sancionar a Balbuena, lo nombró en la coordinación de la Secretaría con sede en el Fraccionamiento de Costa Azul, en Acapulco, la plaza más importante de Guerrero por el número de contribuyentes.

Una de las medidas que pidió la Coddehum al Secretario Pérez Calvo fue la implementación de acciones legales y administrativas urgentes de protección a favor de la quejosa que eviten actos de cualquier naturaleza por parte del servidor público acusado.

Recomendó que no se ejerzan acciones que victimicen o revictimice a la agraviada y que pudieran poner en riesgo su integridad física o psicológica y su trabajo.

Jesús Guerrero

Agencia Reforma

CHILPANCINGO. Crescencio Pacheco, uno de los desplazados de la Sierra de Guerrero, tuvo que migrar junto con su familia a Estados Unidos luego de recibir una serie de amenazas de muerte por parte de una organización criminal.

“Hubo llamadas, recados, de que querían atentar contra mí y mi familia”, relató el ex comisario de la comunidad de Campo de Aviación, del municipio de Leonardo Bravo.

En noviembre del 2018, 400 familias, incluida la de Pacheco, fueron expulsadas de sus comunidades –Filo de Caballos, Los Morros, Campo de Aviación, El Carrizal, La Quebradora– por supuestos policías comunitarios de Tlacotepec.

Se refugiaron en la localidad de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.

Pacheco, quien desde agosto del 2019 trabaja de manera ilegal en obras de construcción en el estado de Utha, recordó que en febrero los desplazados instalaron un plantón afuera de Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se les garantizara el regreso a sus pueblos y el repliegue de los supuestos policías comunitarios.

En marzo firmó una minuta donde Gobierno federal se comprometió a pagar la renta de viviendas a las familias desplazadas y la dotación de despensas cada mes, además de medidas de seguridad.

Sin embargo, luego de recibir amenazas de muerte decidió salir de Guerrero y del país junto con su familia.

“El 15 de julio del 2019, salí de Guerrero, fui por mi esposa y mis tres hijos que los tenía en el Estado de México y de ahí partimos hacia la frontera”, refirió.

El ex líder de los desplazados aseguró que recibió las amenazas luego de sostener reuniones con el Secretario de Gobierno, Florencio Salazar y el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado quienes, afirmó, lo querían sobornar para que dejara el movimiento, lo que rechazó.

Por esta razón, afirmó, las amenazas de los criminales se incrementaron.

“Yo siempre he dicho que el Gobernador Héctor Astudillo protege a los grupos criminales que operan en la Sierra y que tienen aterrorizada a la gente”, aseguró.

El activista indicó que regresar a Guerrero sería un riesgo porque en la Sierra siguen en activo dos grupos criminales que para él son protegidos del Gobierno.

También lamentó que el Presidente López Obrador haya dicho que el desmantelamiento de las policías comunitarias de la Sierra y de otras partes del estado llevará tiempo.

“Esas policías comunitarias de la Sierra y de otros lugares de Guerrero son integrantes de la delincuencia que están defendiendo su territorio”, señaló.

En esas localidades, aseveró, la gente tiene más carencias debido a la caída de los precios de la amapola.

Pacheco dijo que durante su estancia en un albergue religioso en Nogales Sonora constató que alrededor de mil personas de diferentes zonas de Guerrero, que también fueron desplazadas por amenazas de grupos criminales, buscan cruzar a Estados Unidos.

“En Guerrero, el Gobierno no da ninguna garantía para los desplazados de vivir en un lugar donde no seas amenazado por las bandas”, lamentó.