Categoría: Estatal

CHILPANCINGO. De los 370 mil productores agropecuarios que se inscriben anualmente en programas del campo del gobierno federal sólo 15 mil han podido registrarse en las ventanillas de trámite de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que organizaciones campesinas están solicitando que se flexibilicen los requisitos para poder accederá esos beneficios federales.

Este martes, organizaciones campesinas de la entidad tomaron las oficinas de la Sader en esta capital e informaron que lo hicieron también en los 32 Centros de Apoyo para el Desarrollo Rural (Cader) que hay en la entidad.

En esta capital tomaron las oficinas de la Sader que se encuentran en la colonia Burócratas, al sur de la ciudad, y bloquearon durante más de seis horas un carril de la avenida Rufo Figueroa.

Los manifestantes, aglutinados en el Frente de Organizaciones Campesinas del Estado de Guerrero (FOREG), piden que los requisitos para acceder a programas federales para el campo sean más flexibles.

Y en particular el requisito de presentar el documento de propiedad de tierra a sembrar, para lo que proponen que el Comisariado ejidal emita una constancia de posesión para poder aspirar a ingresar a esos programas federales. Esto, en el caso de que los terrenos sean ejidales.

Demandaron que se amplíe el plazo de la apertura de la ventanilla de trámites de la Sader, que se cierra el próximo 15 de abril y hasta el momento en Guerrero sólo se han registrado alrededor de 15 mil campesinos.

En esos programas se incluyen apoyos a la ganadería, la pesca, la alimentación, la siembra de maíz, arroz y frijol.

Advirtieron que se está gestando un “conflicto social grave” porque los productores del campo viven gracias a los apoyos económicos e insumos que reciben de las autoridades federales, que este año han incrementado los requisitos para poder acceder a esos beneficios.

IRZA

CHILPANCINGO. Una treintena de activistas sociales, sindicalistas y normalistas realizaron un mitin en la glorieta de Las Banderas, en esta capital, y bloquearon un carril de la avenida Lázaro Cárdena,  con motivo de que este martes se cumplen  54 meses de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala.

Colocaron dos lonas a un costado del anti monumento a los 43 que está en ese mismo lugar al sur de la ciudad y atravesaron dos autos sobre el carril sur-norte de la avenida Lázaro Cárdenas para realizar un mitin que duró un par de horas, tiempo en el que se vio afectada parcialmente la circulación vial en esa zona.

Ahí denunciaron que a 54 meses de la desaparición forzada de esos 43 normalistas, no se sabe de su paradero, ni de los responsables de aquellos hechos.

Afirmaron que a pesar de que se ha instalado una Comisión de la Verdad y la Justicia por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se ha firmado un convenio de asistencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no aprecian que haya avances efectivos en los trabajos de investigación.

Durante el mitin, normalistas de Ayotzinapa pegaron carteles en el monumento a Las Banderas con la cara del ex presidente Enrique Peña Nieto; el ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero; el ex Procurador, Jesús Murillo Karam y el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, en los que se les señala de res responsables de manera directa e indirecta de la desaparición de sus 43 compañeros en Iguala.

Exigieron al gobierno de López Obrador y a la Fiscalía General de la República (FGR) que además de que se investigue el paradero de los estudiantes y se castigue a los responsables; que también se finquen responsabilidades por las “omisiones o complicidades” en que pudiesen haber incurrido esas personas.

El mitin duró aproximadamente dos horas y concluyó sin ningún incidente, los convocantes se retiraron y reiteraron su disposición de seguir apoyando la lucha de los padres de los 43 en la exigencia de verdad y de justicia.

Este martes por la tarde en la Ciudad de México los padres de los 43 muchachos desaparecidos realizaron una marcha en el marco de “la 54 acción global por Ayotzinapa”, del monumento del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Benito Juárez y se prevé que este miércoles por la tarde depositen una ofrenda floral en los dos sitios donde hace más de 4 años cayeron Asesinados tres normalistas en esos fatídicos hechos en Iguala.

CHILPANCINGO. Amada Ramón Zamora, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (Sitach), aseguró que la denuncia penal en su contra y de otros cuatro integrantes de la Dirigencia de esa organización gremial por los presuntos delitos de coalición de servidores públicos y motín, “¡no nos va intimidar, no le tenemos miedo al alcalde perredista, Antonio Gaspar Beltrán!”.

Los líderes del Sitach fueron denunciados el lunes tras la toma del Palacio Municipal y los bloqueos viales a las avenidas Benito Juárez e Ignacio Ramírez y el acceso al paso a desnivel, en la esquina de la avenida Juan Álvarez y la calle Cristóbal Colón de esta capital.

Esas acciones las realizaron en exigencia de aumento salarial a 3 mil pesos quincenales para todos los agremiados al citado sindicato y para que se les ratifique 10 plazas de base que les autorizó la pasada administración municipal que encabezó el priista Marco Antonio Leyva Mena.

La denuncia penal fue presentada el lunes por la noche ante la Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de los Bravo, por conducto de la síndica Vianey Castorena Tenorio, en su calidad de representante legal del Ayuntamiento, en contra la líder del Sitach, Amada Ramón Zamora; Vicenta Balbina Díaz Ramírez, secretaria de Organización y Propaganda; Isidro Cuevas Muñiz, secretario de Finanzas; Bernarda Carreño Segura, secretaria de Estadística; Fabiola Vélez Carbajal, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.

Este martes, las instalaciones del Palacio Municipal continuaron tomadas por los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo.

En entrevista, Amada Ramón Zamora, manifestó que tomaron las instalaciones del Ayuntamiento porque Antonio Gaspar “no tuvo la capacidad para llegar a buenos acuerdos”.

Dijo que “me gustan los retos” del alcalde Antonio Gaspar y advirtió que “el movimiento continuará hasta las últimas consecuencias” y que no liberará el edificio hasta que lleguen a acuerdos con el alcalde.

La dirigente sindical consideró que con la denuncia penal impera “la soberbia” y no el diálogo.

Amada Ramón señaló que el paro laboral por tiempo indefinido es por una exigencia justa, “no estoy pidiendo nada extraordinario que no se nos pueda dar”.

Este martes las instalaciones del Palacio Municipal seguían tomadas y de nueva cuenta bloquearon las avenidas Benito Juárez, Ignacio Ramírez y Juan Álvarez esquina con la calle Cristóbal Colón, a la altura del acceso al paso a desnivel.

IRZA

CHILPANCINGO. A cuatro días de cumplirse la segunda quincena de marzo, el gobierno de Guerrero no ha firmado el convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el reintegro de los 190 millones de pesos que destinó entre enero y febrero para pagarle a los 5 mil 743 profesores fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).

Pese al compromiso que asumieron las autoridades federales de que el lunes 25 firmarían el convenio, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que no fue posible y que, en consecuencia, el tema no está resuelto.

En entrevista al concluir un encuentro con dirigentes campesinos, informó que los secretarios de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, y de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, fueron citados a una reunión a la Ciudad de México, donde firmarían el convenio.

Dijo que el encuentro finalizó a las 22:00 horas del lunes y no fue posible firmar el convenio, el cual le fue enviado dos horas después a través de correo electrónico, mismo que hasta las 14:00 horas no había podido revisar por la excesiva carga de trabajo.

“Lo voy a revisar, la verdad no es un convenio que haya yo dictado, lo tengo que revisar para saber qué voy a firmar”, aseguró y confió que este mismo martes regresaría el documento firmado para que la SHCP libere el recurso a la brevedad.

Pero adelantó que de los recursos que serán reintegrados por la federación, es muy probable que vuelva a tomar una parte para pagarle a los 5 mil 743 trabajadores de la SEG fuera del FONE, porque hasta el momento no hay un compromiso sólido del gobierno federal para asumir el control de esta nómina.

“Yo espero que con el recurso del convenio se pueda cubrir la siguiente quincena a los trabajadores del sector educativo fuera del FONE”, indicó. También reiteró que el único compromiso es el reintegro del recurso que su gobierno ya aportó para pagare a los citados docentes.

Reforma Educativa no funcionará si no tiene presupuesto

El gobernador Astudillo también confió en que la nueva Reforma Educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador esté respaldada presupuestalmente para garantizar una plena operación.

“Cualquier reforma educativa, y se los digo con una gran claridad y con una gran responsabilidad, cualquier reforma educativa que no se haga incluida con tema presupuestal, va a ser una reforma que va a seguir encontrando una gran cantidad de problemas en el país, no de Guerrero, en el país”, advirtió.

Comentó que ha tenido acercamiento con legisladores federales y les ha comentado que deben preocuparse por poner presupuesto a la reforma educativa, porque consideró no justo que la federación haya absorbido la nómina y haya dejado los problemas. “Eso es lo que no debe pasar, que no se sigan llevando lo importante y dejen los problemas”.

Pide el gobernador Héctor Astudillo el retiro inmediato del barco remolque y balsa metálica

ACAPULCO. Esta noche de lunes, las autoridades de los tres niveles de Gobierno determinaron que todas las actividades turísticas pueden reanudarse de manera normal en la bahía de Puerto Marqués y descartaron que haya derramamiento de diésel  tras el hundimiento del barco remolque y una balsa metálica (chalán flotador).

En una reunión en las instalaciones de la Octava Zona Naval, al gobernador Héctor Astudillo Flores, le dieron una explicación de todas las acciones realizadas.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), informó que lo que ha salido de la embarcación que se hundió, son los aceites y residuos del motor.

En un resumen, el gobernador mencionó que con base a la explicación de especialistas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), existe una capa en las aguas del mar “muy delgada, no es gruesa”, que con el calor solar se disolvería.

Héctor Astudillo solicitó realizar acciones inmediatas para sacar del fondo del mar y retirar el barco remolque y la balsa metálica, para evitar el riesgo de que los 5 mil litros de combustible se derramen.

“De mi parte como gobernador del estado reitero mi agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría de Marina, gracias mi almirante (Francisco) Limas (López)”, comandante de la Octava Región Naval.

También expresó su solidaridad con los pobladores, autoridades y prestadores de servicios de Puerto Marqués: no están solos, todo lo que venga estamos con ustedes”.

Pidió un informe más completo de la situación para las próximas horas y una actuación inmediata.

Héctor Astudillo solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que, con la instalación del Plan Local de Contingencia que fue declarado y que encabeza la Secretaría de Marina por medio de la Octava Región Naval a cargo del almirante Francisco Limas López y la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, se le dé seguimiento al caso y se inicien los procedimientos respectivos para aplicar las sanciones que correspondan contra quienes sean responsables de este hecho.

Reiteró que su gobierno apoyará en todo lo necesario para que los residuos sean retirados lo más pronto posible “sin afectar la economía de quienes viven del turismo”.

ACAPULCO. Un barco remolque y una balsa metálica (chalán flotador), esta mañana de lunes se hundieron en la bahía de Puerto Marqués, provocando el derramamiento de aceite, lo que contamina ese cuerpo de agua.

Por medio de un comunicado, la Subdelegación de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que la balsa metálica conocida como chalán flotador se hundió y jaló al barco remolque que contenía aceite, ocasionando con ello el derrame del hidrocarburo.

Vía su cuenta de Twitter, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la Secretaría de Marina (Semar), así como dependencias federales y estatales, coordinan acciones “ante la emergencia que presenta la bahía de Puerto Marqués por el derramamiento de combustible provocado por el hundimiento”.

Esta tarde, elementos de la Semar se encontraban colocando en las aguas del mar una barrera en un diámetro de 50 metros para la contención del combustible y evitar que llegue a la flanja de arena.

En la zona de playa se ubicaron unos 30 marinos para realizar acciones en caso de que el diésel llegue hasta ese punto.

En entrevista en Ixtapa-Zihuatanejo, después de una reunión con el sector empresarial, el gobernador Astudillo Flores dijo que “la idea es instalar una barrera de 150 metros alrededor de donde se está derramando el combustible y por supuesto también buzos de la Marina están tratando de taponear los tanques de combustible”.

“Es algo muy desafortunado, yo creo que el primer paso es parar la emergencia evitando el derramamiento del combustible de los tanques de estas dos embarcaciones, un chalán y el otro no sé cómo le llaman”, mencionó.

Alrededor de 5 buzos de la Semar realizaban acciones para taponar la salida del diésel y se espera que en las próximas horas realicen labores para recoger el hidrocarburo, apoyados por personal de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Profepa, Gobernación federal, Capitanía de Puerto, Protección Civil del Estado y cooperativistas de Puerto Marqués.

Las autoridades recomendaron tanto a bañistas como a operadores de embarcaciones, que no se acerquen a este punto donde se registró el derrame en Puerto Marqués, para que las labores no se obstaculicen y se evite cualquier afectación mayor.

Alrededor de las 18:30 horas de este lunes, la Secretaría de Marina determinó poner en marcha el Plan Local de Contingencia.

CHILPANCINGO. Trabajadores sindicalizados de la Clínica del ISSSTE realizaron una protesta por cuarto día en sus instalaciones para exigir la intervención del delegado de esa Dependencia en Guerrero, Marcelino Miranda Añorve, “que deje su pachorra” y atienda  las precarias condiciones en que se encuentra ese nosocomio, sobre todo porque se perjudica a los derechohabientes, a los pacientes y a sus familiares.

Desde el miércoles de la semana pasada los trabajadores de esa Clínica han realizado paros de labores escalonados para llamar la atención de los directivos en la Ciudad de México y lanzaron un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda sus peticiones de mejorar radicalmente con equipo e infraestructura, ya que “el delegado Marcelino Miranda, le hace al occiso”.

De acuerdo a cifras aportadas por los propios trabajadores, la cobertura de esa Clínica es para más de 170 mil derechohabientes, pero cuenta con sólo 12 médicos generales.

Este lunes los trabajadores de nueva cuenta realizaron una protesta y pidieron el apoyo de los centenares de pacientes que a diario acuden a consulta, y a las 13:00 horas cerraron el acceso a ese inmueble.

La delegada sindical de la Clínica, Rocío Larumbe Gutiérrez, explicó  que las protestas iniciaron porque el miércoles de la semana pasada no había alimentos para los pacientes ahí internados y para los trabajadores que ese día cumplían 20 días de que no se les daba de comer.

Dijo que todo esto es del conocimiento de la secretaria General de la Delegación sindical del ISSSTE en Guerrero, Patricia Galeana Medellín.

Aceptó que el tema de los alimentos se resolvió el pasado  fin de semana y que ya se da de comer  a pacientes y trabajadores, “pero tenemos el problema de los refrigeradores que están descompuestos, la congeladora de carnes no sirve”.

Manifestó que continuarán con sus protestas porque en esa Clínica los dos aparatos que tienen en el área de Rayos X no sirven, en el Laboratorio tienen pocos reactivos químicos y están imposibilitados para  atender como se debe a los pacientes.

Agregó que por si fuera poco el recurso que se tiene para atender a pacientes subrogados ha disminuido, “atendemos a cien pacientes a la semana, sólo en hemodiálisis”.

Informó que atienden en promedio a 500 derechohabientes a diario, “estamos obligados a atenderlos, el problema es que no hay herramientas e insumos para dar una atención adecuada, hay sillas que están destrozadas, los médicos tienen que traer sus instrumentos para atender a los pacientes”, agregó.

Reveló que desde hace 35 años que se inauguró esta Clínica del ISSSTE, no se ha vuelto a invertir recursos en infraestructura, mobiliario y equipo: “desde ese tiempo solo han cambiado camas, no muy frecuente porque hay camas que ya no son suficientes, ya no sirven”.

Señaló que como trabajadores han exigido a las autoridades centrales del ISSSTE que la Clínica de Chilpancingo se convierta en un verdadero hospital general: “se gasta mucho en traslado de pacientes a hospitales foráneos, a la Ciudad de México y Cuernavaca, por ejemplo.

Y comentó  que en el área de urgencias no se tiene la atención adecuada por la falta de camas, “hay pacientes en el piso, en las sillas, en camillas porque no hay donde darles la atención y quisiéramos que las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador voltee los ojos a esta Clínica”.

 IRZA

CHILPANCINGO. Cuatro de los seis promotores despedidos del programa Servidores de la Nación, denunciaron que están siendo víctimas de amenazas y acoso por parte de funcionarios la delegación estatal del órgano de control interno de la Secretaría de Bienestar federal, quienes les están exigiendo que firmen documentación del año pasado para justificar sus pagos y el finiquito laboral.

Aseveraron que les han advertido que si no firman, serán “boletinados” para no ser contratados en ninguna dependencia federal y por ello hacen responsable de lo que les suceda al delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Este jueves, Ester Bartolo Zeferino, Reyna Bartolo Zeferino, Adilene Ontiveros Solano, Víctor Alberto Castro Urias, quienes laboraron como Servidores de la Nación hasta febrero pasado, denunciaron que debido a esas presiones, dos de sus compañeros han desistido de continuar con su movimiento.

Informaron que el pasado 11 de marzo interpusieron una demanda laboral ante las instancias correspondientes por despido injustificado y el reclamo de otras prestaciones laborales que no recibieron el tiempo trabajaron como Servidores de la Nación, brigadas de encuestadores para censar a las personas que serán beneficiadas con los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteraron que fueron parte de la estructura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el distrito 06 de Chilapa y que una vez concluidas las elecciones en julio pasado, en septiembre recibieron capacitación para trabajar en la elaboración de los censos de los 12 programas del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.

En octubre pasado fueron capacitados y después empezaron con el Censo de Bienestar  casa por casa hasta febrero de este año, cuando los dieron de baja del sistema donde subían información de su labor diaria.

Aseveraron que en esos cinco meses que trabajaron, sólo recibieron dos pagos y ningún funcionario les informó el motivo de sus despidos, por lo que hicieron la denuncia pública en una conferencia de prensa en esta capital.

Explicaron que a consecuencia de esa denuncia pública, quien era su jefa en campaña y coordinadora del distrito 06 de los Servidores de la Nación, Paula Angélica Miranda Silva,  les llamó por teléfono y de manera amenazante les exigió que pasaran a firmar unos documentos en donde aceptaban un pago y un finiquito sobre su relación laboral.

“Se trata de un documento en donde aceptamos que recibimos un recurso, lo cual es falso, y le dijimos que no teníamos nada que tratar con ella, porque hemos interpuesto una demanda laboral y que en todo caso acuda a las instancias correspondientes”, aseveró, Adilene Ontiveros.
Sostuvo que los seis brigadistas estuvieron trabajando de manera directa a través del Fideicomiso de Transición desde octubre del 2018 y, que no quisieron darles una copia de lo que pretendían hacerles firmar.

Informaron que esta semana, cuatro de los seis despedidos, recibieron llamadas telefónicas de Juan Carlos Gómez y Mireya González, quienes se identificaron como parte del órgano de control de la delegación de la Secretaría de Bienestar federal y que debían acudir a un citatorio en sus oficinas en esta capital.

Sin embargo, la mayoría se negaron a asistir a las oficinas de la dependencia federal, “nos decían que teníamos que firmar para que ya recibíamos el pago, que si no firmaba me demandarían, que me podían boletinar para que no trabajáramos en otro lugar del gobierno federal”.
Indicaron que lo que pretenden es que esa relación laboral se establezca con la Secretaría de Bienestar y no con el Fondo de Transición, “quieren que firmemos documentos de esa dependencia del año pasado cuando no existía (la dependencia), documentos con logotipos oficiales y lo cual es ilegal, no trabajamos con ellos, ni para ellos, trabajamos para alguien más”.
Ante esta ola de amenazas y presiones dijo que responsabilizaban de lo que les pueda suceder al delegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.

Señalaron que están violentando sus derechos laborales haciendo una sustitución patronal, porque “primero dependíamos de Paula Angélica Miranda y ahora que de la Secretaría de Bienestar, es ilegal porque nos quieren hacer firmar documentos del 2018 cuando no se creaba esa dependencia”.

Agregaron que tienen grabadas las llamadas telefónicas que les hicieron tanto su ex jefa como otros funcionarios federales, “que vamos a utilizar para demostrar esta presión exagerada para demostrar que nos despidieron de manera injustificada y que ahora quieren tapar con otros actos ilegales”.

CHILPANCINGO. La nómina de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) fue absorbida por el Gobierno de la República y será auditada por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Lo anterior lo reveló el titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui, quien advirtió que los maestros que no estén frente a sus aulas o no devenguen sus salarios en sus funciones administrativas, serán sancionados por la federación.

“Nadie pude estar sin trabajar”, por lo que emplazó a los trabajadores de la Secretaría de Educación de Guerrero a devengar sus salarios.

Salgado Urióstegui aceptó que hay maestros comisionados en tareas sindicales, pero reiteró que quienes no tengan alguna encomienda y no den clases ni realicen labores de oficina serán sancionados.

Dijo que todas las plazas de trabajo que están reconocidas oficialmente en cada área de la SEG, serán revisadas por la federación.

“Los compañeros que tengan plaza de docente deben estar frente a grupo atendido a los niños y a los jóvenes, porque carecemos plazas de maestros y no es correcto que haya una plaza de maestro y no esté atendiendo a los niños”, mencionó.

“Vamos a invitarlos que se incorporen a sus plazas y, después, si no hay respuesta, se implementarán medidas administrativas. Los que tengan plaza docente deben estar frente a grupo”, insistió.

Por otro lado, dijo que no hay ninguna razón para que algún normalista en Guerrero salga a protestar o a tomar casetas de peaje, como ha sucedido en los últimos días, ya que a todos se las ha pagado una beca de estudios a través programa federal “Benito Juárez”.

Aseguró que a los normalistas “ya se les entrego su tarjeta bancaria y se les pagó el bimestre enero y febrero”.