Hace unos días Omar Gómez Trejo quien es el fiscal del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la Republica, dio a conocer que existen nuevos avances en este caso tan lamentable que enluteció a Guerrero y México. Señaló con énfasis que “con este nuevo hallazgo la verdad histórica se acabó”, en referencia a que los restos del normalista Cristian Rodríguez fueron encontrados a 800 metros del basurero del municipio de Cocula, donde supuestamente fueron incinerados. Vamos a analizar lo que está sucediendo. Se conoce en el derecho penal mexicano como “verdad histórica” a los hechos con los que el investigador presenta sus conclusiones al juez, quien se encarga de dictar “la verdad legal”.
Durante su campaña electoral que lo llevó a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador denunció que el caso Ayotzinapa había sido “un crimen de Estado”, y que llegando al poder, utilizaría toda su voluntad para esclarecer el caso. Al ser nombrado Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República, procedió a designar a Omar Gómez Trejo como el responsable de de el trámite y resolución de las averiguaciones previas, las carpetas de investigación, los procedimientos judiciales y administrativos, las medidas cautelares, los medios de defensa ordinarios y extraordinarios, los juicios de amparo y otros recursos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Cabe señalar que el abogado Omar ya conocía de cerca el caso, ya que había fungido como Secretario Ejecutivo del Grupo Interdisciplinario creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para darle seguimiento. Dicho Grupo se opuso a los trabajos realizados por la “verdad histórica” resultado del trabajo del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien conto con el apoyo de Tomas Zeron, Titular de la Agencia de Investigación Criminal, exponiendo como razones que los testimonios presentados como prueba habían sido obtenidos mediante tortura. A lo largo de los meses subsecuentes, varios presuntos responsables han sido liberados precisamente por esta conducta antijuridica de las autoridades.
Sin embargo, podemos señalar que hasta el momento existen coincidencias en la mayoría de las conclusiones de la administración de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador:
- Los normalistas fueron secuestrados por un grupo delictivo con apoyo de las policías de los municipios de Iguala y Cocula.
- Ese grupo delictivo es conocido como “Guerreros Unidos”.
- Los normalistas fueron asesinados.
El punto de divergencia hasta el momento es donde se encuentran los restos; la administración de Enrique Peña señaló que fueron incinerados y posteriormente arrojados sus restos al río San Juan. La actual administración señala que esa versión es falsa.
Esperemos que los próximos días se vayan conociendo mayores detalles de la investigación que interesa a los mexicanos. Debe ser una investigación seria y profesional, alejada de intereses político-partidistas rumbo al 2021. El mejor homenaje a los normalistas desaparecidos debe ser generar un mejor sistema educativo en Guerrero, con mejores instalaciones; que sus alumnos mejoren su rendimiento, así como incrementar el salario y número de maestros. Así la lucha de Ayotzinapa no será infructuosa.
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