Por Ricardo Castillo Barrientos
La espiral de violencia que vive el país y la entidad, ha generado una descomposición social irremediable y en consecuencia, elevadas cifras de víctimas en todos los estratos sociales, sin que la justicia haga presencia, porque impera la impunidad como corolario de normalidad.
El 30 de agosto, fecha por demás trascendente, no debería pasar desapercibida: “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, instituido por la ONU, el 21 de diciembre de 2010, en consonancia con la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”, celebrada en Ginebra Suiza, en 2007.
De 1965 a 1990, se vivieron los horrores de la “Guerra Sucia”, con centenares de víctimas y personas desaparecidas por motivos políticos, a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado, cifra irrelevante frente al ascenso descomunal en las décadas siguientes.
En los últimos 15 años se reconocen más 115 mil personas desaparecidas en México. En la actual administración federal se registraron más de 50 mil desaparecidos, principalmente, por el Crimen Organizado, de las cuales más de 4 mil 500 personas pertenecen a Guerrero.
La tenacidad de los familiares obligó al Estado Mexicano a la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, en noviembre de 2017, que establece el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y comprende la creación del Consejo Nacional Ciudadano; la Comisión Nacional de Búsqueda; Grupos de Búsqueda; Fiscalías Especializadas; Programa Nacional de Búsqueda y Programa Nacional de Exhumaciones.
Estos instrumentos legales no han resultado suficientes para el esclarecimiento y localización con vida o sin ella, de la aberrante cifra, siendo los propios familiares quienes se han abocado a las investigaciones y búsquedas de sus seres queridos, con exiguas participaciones oficiales.
Ante la dolorosa desesperación de madres de familias para encontrar a sus hijos, en Guerrero se han constituido diversos Colectivos: “Memoria, Verdad y Justicia”, “Familiares de Acapulco en busca de sus Desaparecidos”, “Los Otros Desaparecidos”, Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos”, “Movimiento Nuestros Desaparecidos en México”, “Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos”, “Colectivo Lupita Rodríguez”, Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera”, “Colectivo de Víctimas de Chilapa” y “Buscando Justicia por los Nuestros de Zitlala”.
Representantes de los Colectivos recriminan al Congreso del Estado la injustificada demora de la Iniciativa de Ley en Materia de Desaparición Forzada y Cometidas por Particulares del Estado de Guerrero, ingresada al órgano legislativo el 10 de noviembre de 2022, para homologarse con la ley federal.
En la Iniciativa de Ley local se destaca la creación del Centro Estatal de Identificación Humana; Fondo para las Búsqueda, localización e Identificación de Personas; y la Autonomía de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
La propuesta tiene como objetivos “Coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento, entre los distintas autoridades, federales, estatales y municipales, relacionadas con las búsquedas de personas”.
El gobierno federal ha realizado esfuerzos en la materia, no dejando satisfechas a las familias buscadoras, que también han resultado víctimas o perdido la vida, en su doloroso trance por encontrar a sus seres queridos, ante la indiferencia e insensibilidad de funcionarios con actitudes negativas que fortalecen la impunidad y el clima de violencia.
Marea Baja.- De manera espectacular la Auditoría Superior del Estado (ASE), detectó que la alcaldesa Abelina López Rodríguez, realizó “triangulaciones financieras y operaciones bancarias sin soporte fiscal, retenciones de ISR que no entregó a la Secretaría de Hacienda, y cuotas obrero-patronales”, cuyo destino se desconoce.
Este tipo y otras noticias escandalosas sobre gobiernos municipales, son reveladas por el órgano fiscalizador el Congreso del Estado, sin que en los hechos se proceda legalmente hasta las últimas consecuencias, como se suele vociferar. Parece más a una vendeta política, que el esclarecimiento de la Cuenta Pública.
Marea Alta.- El joven empresario Lloyd Walton, metido a la política por circunstancias del destino y principal heredero de su padre, Luis Walton Aburto, quedó en la rayita de convertirse en diputado local, pues fue desplazado por el TRIFE, en el último momento.
Para el novel Walton, no todo está perdido, porque su padrino político Marcelo Ebrard, podría designarlo delegado de la Secretaría de Comercio, en Guerrero; o bien, pedirle a su pupila “la tía Abe”, lo designe secretario del Bienestar y Desarrollo Comunitario del Ayuntamiento de Acapulco.
Maremoto.- El VI Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resultó bastante optimista en todos los sentidos, detallando avances en materia de desarrollo social, donde se obtuvieron sus mayores logros, a través de los programas sociales y en materia de salud pública.
El capítulo de la violencia, la inseguridad y la extorsión, quedaron como la asignatura pendiente para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, quien tendrá que cambiar radicalmente la estrategia para disminuir los niveles de criminalidad e impunidad, porque gran parte de la población mexicana, clama a los cuatro vientos se pare en definitiva el actual estado de violencia.
