Trinidad Zamacona López
“Las acciones de inconstitucionalidad números 78/2018; 81/2018; 136/2020 y 299/2020, pueden dar un giro inesperado, la oposición propuso un punto de acuerdo pero los de Morena, lo desestimaron, el tiempo les gana”
Tal parece que en el Congreso Local, sus integrantes de la LXIII legislatura no les interesan las sanciones que pueden acarrear el que no se pongan de acuerdo para sacar la convocatoria e iniciar los foros de consulta a los indígenas, afrodescendientes y afromexicanos.
Recuerdan Ustedes el desafuero del actual mandatario, ocurrió durante los años 2004 y 2005, eso fue porque desobedeció durante 11 meses una suspensión definitiva otorgada por un juez dentro de la tramitación de un juicio de amparo (número 872/2000 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal) para suspender obras de vialidad en el predio conocido como El Encino.
La resolución fue más o menos en este sentido, “El Pleno de la Cámara de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, ocurrió con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, el dictamen, en sus términos, elaborado por la Sección Instructora y en el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra del C. Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los resolutivos del dictamen y en términos del párrafo séptimo del Artículo 111 de la Constitución Política, queda separado inmediatamente de su cargo de Jefe de Gobierno, en tanto está sujeto a proceso penal, y en consecuencia, puesto a disposición de las autoridades competencias para que actúen con apego a la ley. Ello, por la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 206 de la Ley de Amparo, y en relación con el 215 del Código Penal Federal” extracto del boletín que se publicó en la página de la cámara de diputados, LXII legislatura federal. Ojala que en Guerrero no estemos ante algo similar.
Entonces el no cumplir las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los que son de elección popular, la sanción es la separación del cargo de manera inmediata.
Pero tal parece que eso no les importa a los congresistas guindas, obtener una sanción de esa magnitud, muchos están confiados de que van a lograr la consulta en tan poco tiempo, pero no es así, la convocatoria debe de cumplir ciertas características, que ni tan siquiera la están contemplando.
La consulta debe de ser para y con los indígenas, afrodescendientes y afromexicanos, y no veo en el punto de acuerdo que presentó la oposición que estén dentro de los parámetros de cómo lo está instruyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las resoluciones de inconstitucionalidad, pero por lo menos están mostrando disponibilidad para hacer los foros.
Propusieron en la sesión de ayer un punto de acuerdo con respecto a los foros de consulta, “nos permitimos someter a la consideración de la Plenaria, para que se discuta y en su caso se apruebe como asunto de urgente y obvia resolución, la propuesta de los grupos opositores encabezados por Héctor Apreza Patrón (PRI) Raymundo García Gutiérrez, (PRD) al que se sumaron los del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Quiñones Cortes, Hilda Jennifer Ponce Mendoza, y la del Partido Acción Nacional, Ana Lenis Reséndiz Javier; y sin darle la más mínima importancia la mandaron a la Junta de Coordinación Política, cuando existen comisiones para desahogar esos temas.
Pero la parálisis es un tema que se dio desde la LXII y esta legislatura LXIII lo está repitiendo cuando ya no tienen tiempo suficiente para sacar adelante la consulta, hacer o dejar de hacer pueden caer en responsabilidad política, ya están advertidos, los foros de consulta se deben hacer con los indígenas, con los afrodescendientes o afromexicanos; una reforma hecha desde el poder, no cumplirá con lo determinado en las sentencias de la acciones de inconstitucionalidad.
Los grupos técnicos interdisciplinarios son los más adecuados, y no la mesa de alto nivel, o el grupo técnico interinstitucional; a parte de las dependencias que mencionan en dicha propuesta, falta la integración de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, la Junta Ejecutiva Estatal del Instituto Nacional Electoral con sede en Guerrero, las organizaciones sociales, la Universidad Autónoma de Guerrero, ya que en ella estudian jóvenes indígenas, y estos pueden servir como enlaces o intérpretes en los foros, los municipios que tengan organizaciones indígenas o bien detecten población indígena en sus territorios.
Por lo menos la oposición ya dio muestra de su experiencia, propone la estrategia administrativa, tiene la idea y la intención de cumplir, con lo requerido en las sentencias de las acciones de inconstitucionalidad; saben, por su experiencia política, que el no cumplir pone en peligro su estancia en el parlamento guerrerense.
El “PROTOCOLO PARA DESARROLLAR DE MANERA LIBRE, PREVIA, INFORMADA Y DE BUENA FE, EL PROCESO DE CONSULTA PARA PODER CREAR, REFORMAR, ADICIONAR O DEROGAR LAS LEYES QUE IMPACTEN EN LA ESFERA DE DERECHOS A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS”, que enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, no es más que una carta de buenas intenciones; pero no es solo el querer, sino el hacer, es lo que no quieren hacer, dejar que todo lo haga el poder Ejecutivo es un error, los que hicieron mal las reformas fueron los integrantes del poder legislativo y no el ejecutivo, a este solo le corresponde la publicación y la iniciación de la vigencia de la norma, a los otros les corresponden las otras etapas.
Un Congreso paralizado en los trabajos legislativos, es un mal ejemplo para el país, deja mal parado a todos los Guerrerenses, en eso no piensan quienes trabajan en el Cámara de Diputados.
