Jorge Javier Romero Vadillo
México nunca se ha caracterizado por la solidez de su orden jurídico. Desde el nacimiento de la República, con la Constitución de 1824, el país ha vivido dificultades ingentes en la construcción de un Estado de derecho, con reglas claras, aceptadas de manera general y con capacidad estatal para ejecutarlas eficazmente.
La historia constitucional de México ha sido la de una serie de fracasos sucesivos y las dos Constituciones que han tenido una vigencia formal relativamente larga: la de 1857 –en teoría en vigor hasta 1916– y la actual, surgida del Constituyente de 1916–17, pero con centenares de reformas desde entonces, han sido en la práctica sustituidas por un arreglo institucional que mezclaba elementos constitucionales formales con reglas no escritas pero aceptadas, una suerte de Constitución consuetudinaria que modificaba y complementaba a la ley escrita.
Y de ahí hacia abajo, toda la jerarquía jurídica, hasta el último reglamento, se ha enfrentado a la incapacidad real del Estado de aplicar con eficacia las normas y a la falta de aceptación social del orden legal, dos aspectos del mismo problema, pues sin aceptación generalizada no hay Estado capaz de ejecutar con eficacia la ley en los casos en los que esta se viole. Un Estado débil, con serios problemas de agencia, donde cada funcionario se apropiaba patrimonialmente de su parcela de poder y ejercía su autoridad en beneficio personal, condujo a que la práctica común fuera la negociación personalizada de la desobediencia de la ley y el uso faccioso de la justicia y el orden jurídico para favorecer a aquellos que podían pagar por la protección estatal.
Es historia apenas ha comenzado a cambiar en las últimas tres décadas. Gradualmente se han creado espacios estatales efectivamente regidos por las normas formales, como el electoral. La transformación de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal de constitucionalidad durante la última década del siglo pasado ha sido crucial en el lento proceso de construcción de un Estado donde los derechos sean universalmente exigibles y el ejercicio del poder esté limitado efectivamente por la ley, pero en la vida cotidiana de las personas poco ha cambiado. La justicia sigue siendo inaccesible para la mayoría, la legalidad sigue siendo una frontera para la negociación, donde los más poderosos sacan ventaja, mientras los más pobre se ven sometidos a la arbitrariedad, la extorsión y el abuso de poder por parte de las autoridades. Como en el famoso corrido de La cárcel de Cananea, en México a la gente se le procesa por culpa de su torpeza o por su pobreza, no por lo que dice la ley.
Se trata de un tema central de la trayectoria histórica del país. Su reversión es compleja y requiere de cambios institucionales profundos, donde no es menor el tema de la legitimidad de la dominación Estatal. El consenso social en torno a la ley se construye gradualmente, pero requiere del reconocimiento social de la justeza de la autoridad, de la imparcialidad de los jueces y de una percepción general de que la ley es el mejor marco para dirimir el conflicto social. Puede tener momentos fundacionales, con pactos constitucionales muy incluyentes, pero es una construcción incremental que tarda generaciones en completarse. Desde luego nunca es resultado de un acto moral de un líder iluminado.
¿Por qué es importante un orden jurídico eficaz? Pues, como dicen en su presentación el World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), un “estado de derecho eficaz reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades justas, con oportunidades y paz, que sustentan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales”. Es la experiencia cotidiana de las personas la que resulta relevante a la hora de evaluar si realmente existe un Estado de derecho de acceso universal, por lo que la mejor manera de evaluar la vigencia real del orden jurídico como igualdad sustantiva ante la ley, es preguntarle a la gente su percepción y sus vivencias en relación con las autoridades y con la justicia.
El Proyecto de Justicia Mundial (WJP, por su sigla en inglés), es una organización interdisciplinaria e independiente, fundada a partir de una iniciativa de la Asociación Norteamericana de Abogados en 2006; desde entonces ha impulsado investigación relevante sobre el orden jurídico en el mundo y ha creado un índice global de imperio de la ley, basado en encuestas con población abierta y entrevistas a profundidad con profesionales del derecho. Es, sin duda, un instrumento muy útil para medir avances y retrocesos en el desarrollo del Estado de derecho en 139 países del mundo.
No resulta sorprendente que México no quede muy bien situado en este índice global. En el estudio de este año, nuestro país ocupó el lugar 113 de los 139 analizados con una metodología común, y bajó un lugar respecto al año pasado. Vale la pena ver cómo se ha movido la percepción social respecto al orden jurídico en México desde que comenzó a publicarse el índice, en 2009. Un aspecto relevante analizado por el índice es el relativo a la medición de ausencia de corrupción, donde este año México quedó en un desastroso lugar 135, solo mejor que Uganda, Camerún, Camboya y la República Democrática del Congo. Este dato provocó la furia presidencial y el índice fue descalificado como un documento elaborado por enemigos del gobierno, con información sesgada y falsa, por la encargada de los desmentidos gubernamentales de los miércoles.
Si no fuera porque el Presidente se toma todo personal y pretende convencernos de que ya nos condujo a la Arcadia de la honradez pública, el índice sería muy útil para un gobierno realmente empeñado en combatir la corrupción. Desde 2018, además, la oficina en México del WJP, dirigida por Alejandro González, hace estudios con información de las entidades federativas, muy valiosos para detectar los problemas del imperio de la ley en el ámbito local. Se trata de un trabajo notable, pero como proviene de una agencia independiente no gubernamental, enseguida resulta sospechoso para López Obrador, sobre todo cuando muestra que no basta con declarar el fin de la corrupción y la arbitrariedad para que estas desaparezcan.
