A través de una videoconferencia el presidente municipal Jorge Sánchez Allec, participó en la reunión del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, este miércoles como parte de su agenda de trabajo. Al término de la reunión el ejecutivo local informó que se reforzó la coordinación entre autoridades estatales y municipales con el objetivo de aportar estrategias que permitan tener mayor certeza jurídica para tener acciones permanentes y éticas de los servidores públicos.
Autor: Despertar Redacción
Presentan iniciativa para que comparezcan ante el Congreso las autoridades que se niegan a acatar recomendaciones de derechos humanos
CHILPANCINGO. La diputada Leticia Mosso Hernández propuso un paquete de reformas a diversos ordenamientos para establecer que cuando alguna instancia no acepte o cumpla con alguna recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión estatal dé vista y solicite al Congreso local la comparecencia del o los titulares de las instancias involucradas, siempre y cuando se haya agotado el recurso de impugnación ante el organismo nacional, o bien cuando haya transcurrido el plazo para hacerlo valer.
Al presentar las iniciativas a la Constitución Política de Guerrero, a la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la legisladora representante del Partido del Trabajo fundamentó que la Constitución Política federal contempla facultades para los organismos de protección de derechos humanos, entre ellas conocer quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa que provengan de cualquier autoridad o servidor público, o por particulares.
Expuso, además, que las comisiones de derechos humanos formularán recomendaciones públicas no vinculatorias dirigidas a la autoridad o servidor público señalado como responsable de vulnerar derechos humanos, debiendo responder sobre su aceptación; sin embargo, cuando éstas no sean aceptadas o cumplidas, el Congreso de la Unión o las legislaturas de los estados, a petición de los propios organismos, podrán llamarlos a comparecer para que de manera pública funden y motiven su negativa.
Explicó que Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado contempla dos posibilidades para combatir esta situación, presentar el recurso de impugnación ante la CNDH y dar vista al Congreso del Estado, pero esto en la práctica ha presentado complicaciones y no se logra el efectivo cumplimiento de las recomendaciones, afectando los derechos de las personas que esperan ver resarcidos sus derechos vulnerados.
Por estas razones, Mosso Hernández propone una reforma integral para prever que antes de dar vista al Congreso, se agote el recurso de impugnación ante la CNDH o que haya transcurrido el plazo otorgado para ello, se establezca en la Ley Orgánica del Congreso las bases del procedimiento de comparecencia con motivo de las vistas que proporciona la CDHEG al Órgano Legislativo.
Las iniciativas se turnaron a las comisiones legislativas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Derechos Humanos, para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Supervisa Adela Román avances en obras emergentes de Capama
*En el informe semanal del organismo se destaca la reparación de cuatro colapsos sanitarios y la atención directa a usuarios
ACAPULCO. La presidenta municipal Adela Román Ocampo supervisó los avances en las obras emergentes que atiende su gobierno a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), enfrentando en menos de dos meses la reparación de cuatro colectores sanitarios.
Este martes, la alcaldesa y el director general de la Capama, José Ramón Aysa Neme, constataron la fase final de la reparación del colector Base Naval-Nao Trinidad que pasa por Costera, mismo que el pasado 18 de septiembre colapsó por desgaste en combinación con las lluvias y el cual quedará concluido esta semana, en una suma de trabajos con la Capaseg y Conagua.
Además verificaron la conclusión al cien por ciento de la reparación ejecutada por el Ayuntamiento y la Capama en el colector Hornos, que pasa por avenida Vasco Núñez de Balboa (atrás de la tienda Soriana), donde se cambiaron más de 40 metros de tubería sanitaria de 36 pulgadas de diámetro.
Tras concluir el recorrido, la primera autoridad porteña encabezó el informe semanal de la Capama, destacando los avances registrados en atención a las necesidades de la ciudadanía.
“La infraestructura de Capama es ya muy vieja y en algunos casos inservible, pues durante años se le dejó abandonada, invirtiéndose muy poco en su renovación. Esta administración que encabezo, de ninguna manera seguirá actuando irresponsablemente en este punto, enfrentamos los problemas de raíz y los solucionaremos”, dijo Román Ocampo.
Por su parte, el director del organismo, José Ramón Aysa Neme, destacó que a su llegada al frente de la Capama, en menos de dos meses se han atendido un total de cuatro colapsos en colectores sanitarios del puerto, trabajos emergentes a los que se pudo dar solución gracias a la decisión de la alcaldesa, Adela Román Ocampo, quien destinó recursos y gestionó apoyos ante los Gobiernos Federal y Estatal.
Dentro del informe se destacó la atención directa de la Capama a los usuarios, las visitas a las colonias Progreso, Che Guevara y Casitas del Quemado, así como en los fraccionamientos Gaviotas y Real del Palmar, donde se han llevado soluciones a problemáticas que se evadieron por años.
De igual forma, se remarcó el respaldo a la clase trabajadora del municipio, a pesar de las limitaciones financieras y la crisis de recaudación por la pandemia del COVID-19, logrando en esta semana la firma de pliego petitorio 2020 entre la Capama y la sección 27 del Suspeg.
La suprema corte y la consulta popular
Julio César Hernández Martínez
Hace unos días se dio a conocer el proyecto de Luis María Aguilar, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la “revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta popular 1/2020”. Como sabemos mediante escrito presentado el 15 de septiembre ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una petición de consulta popular proponiendo la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
Por acuerdo del Presidente de la SCJN se admitió a trámite el expediente relativo a la revisión de la constitucionalidad de la materia de la consulta popular y se ordenó su remisión al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. Como señalamos hace un mes en estas mismas paginas, la propuesta de López Obrador tiene un tinte político y carece de sustento jurídico. No existe materia para someter a consulta popular el juicio a Expresidentes, ya que es competencia de las autoridades respectivas como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial Federal el determinar la existencia de posibles delitos. Deben respetarse los garantías constitucionales de presunción de inocencia y el de debido proceso.
En un documento de 43 paginas se da a conocer la postura del Ministro Luis María Aguilar en donde se pronuncia porque la SCJN declare inconstitucional la pretensión de someter a consulta pública el juicio a Expresidentes. Ahí se señalan diversas razones para declarar la no procedencia de esta propuesta de consulta pública:
*Los derechos humanos protegen a todas las personas sin importar si se trata de la mayoría o de una minoría.
* La Constitución de México determina temas que no pueden ser parte de una consulta popular.
*No puede realizarse una consulta popular que condicione la vigencia de los derechos humanos a lo que decidan las mayorías.
*La consulta popular no puede tener por objeto la restricción de los derechos de las personas, lo que implica necesariamente, que tampoco puede consultarse si las autoridades pueden o deben proteger los derechos humanos, pues esa es su obligación constitucional.
* A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública, la participación ciudadana tiene otros medios de interacción en esa dimensión, a ella compete obligadamente denunciar los hechos delictivos que los que tengan noticia y coadyuvar, en su caso, con las instituciones del Estado.
* El objeto de la consulta popular que se solicita, se considera inconstitucional, pues someter a consulta si la mayoría está de acuerdo o no en que las autoridades competentes investiguen, persigan y sancionen los delitos que pudieran ser cometidos por los expresidentes de la República, implica sujetar a la condición o elección de una porción de la población, cualquiera que sea su número, si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos, pero sobre todo, implicaría desvirtuar la finalidad de la consulta popular que, como derecho humano, busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos, nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México.
*El objeto de la consulta popular puede afectar el principio de igualdad, dado que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato y, en este caso específico, no está justificado por qué a unas personas se les somete al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras que al resto de las personas no se les da ese mismo tratamiento.
Son argumentos interesantes y valiosos que se exponen en dicho proyecto. Está programado que en la primera semana de octubre, el pleno de la SCJN integrado por 11 ministras y ministros, se pronuncie por respecto de este tema que ha causado controversia en las recientes semanas. Es previsible que se declare inconstitucional la materia de consulta popular. El respeto a los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos debe ser un compromiso ineludible de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Insiste gobernador Astudillo en su llamado a la población al uso de cubrebocas, sana distancia y cuidar a la familia
*Guerrero acumula 18 mil 816 casos confirmados y mil 927 defunciones por la pandemia
CHILPANCINGO. Con un reiterado llamado a la población a usar cubrebocas, sana distancia y que cuiden a su familia, el gobernador Héctor Astudillo Flores enfatizó que de no seguir las recomendaciones sanitarias, el Covid-19 no se irá.
“Si nosotros no nos cuidamos y evitamos ir a lugares donde el riesgo de contagio es alto, los contagios seguirán”, enfatizó Astudillo Flores.
Durante la transmisión diaria, el ejecutivo guerrerense hizo un reconocimiento público a los trabajadores del sector Salud, al titular de la Secretaría, Carlos de la Peña Pintos, a la Sedena y Marina por ayudar en esta lucha constante contra el Covid-19. El mandatario estatal también señaló que se está trabajando en la elaboración del quinto Informe de gobierno, donde el tema de la pandemia, las acciones impulsadas y los insumos entregados, será un punto central. Detalló, que hasta el 11 de octubre, Guerrero continuará en semáforo naranja, por lo que en el Periódico Oficial del Estado, se publicaron las nuevas reglas y porcentaje de apertura de los establecimientos comerciales a fin de reducir el índice de contagios.
Insistió en su llamado a los guerrerenses a cuidar a los adultos mayores, que son quienes requieren de hospitalización y que el 67 por ciento de pacientes que fallecen, son personas mayores de 65 años. Asimismo, dijo que estamos por llegar a los 2 mil decesos, por lo que exhortó a todos a cuidarse, “porque la dinámica de contagio está presente y solo con las medidas preventivas se va a detener”.
Al dar a conocer el informe técnico sobre la evolución del Covid-19 en la entidad, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que a la fecha hay 18 mil 816 casos confirmados y mil 927 defunciones, con 161 nuevos casos en las últimas 24 horas y un total de 868 casos activos que se ubican, principalmente, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Tixtla. Respecto a las defunciones, indicó que en las últimas 24 horas se registraron 11, sumando 180 en el mes de septiembre, añadió que hay 246 pacientes hospitalizados, de los cuales, 104 están estables, 94 graves y 48 intubados. Se mantiene una ocupación promedio de camas del 31 por ciento y a nivel nacional, Guerrero ocupa el sexto lugar en camas ocupadas y el 19 en cuanto al uso de ventiladores.
Lo que nadie sabía de la COVID-19
Jorge Zepeda Patterson
La tentación de convertir a la pandemia en bandera para crucificar al Gobierno del López Obrador o, por el contrario, motivo para ensalzarlo por la revolucionaria y heroica manera de enfrentarla, habría que someterla al saludable ejercicio de contrastar desempeños contra realidad.
La tarea ha sido compleja por tratarse de un fenómeno inédito y del que el mundo, como un todo, ha ido aprendiendo sobre la marcha. No ha habido una fórmula correcta y otra equivocada de combatir la pandemia porque había demasiadas variables desconocidas en juego. Y si bien el continente americano tuvo la fortuna de afrontar la emergencia casi dos meses más tarde que Europa o Asia, se tradujo en escasa ventaja pues el punto de partida de los sistemas de salud pública en nuestros países tenían años de atraso.
Sin embargo, a ocho meses de distancia comienzan a construirse estadísticas que permiten hacer cortes de caja más allá de las estridencias a las que nos llevan nuestras fobias y filias políticas. Lo que hoy se sabe permite romper varios mitos: primero, el nivel de contagio ha sido exponencialmente mayor al que creíamos o al que reportan las cifras oficiales de cada país. Algo que se intuía, pero hoy podemos por fin dimensionarlo. The Economist de esta semana hace un análisis transversal y concluye que el número de contagiados real es siete veces más alto en Estados Unidos que la estadística oficial, en España habría que multiplicar por 10, en Inglaterra por 14, en Suecia por 17, en Rusia por 27, en India por 271. Por desgracia la revista británica no incluye a México, pero podemos asumir que estaríamos más próximos a la situación de Rusia que, al igual que nosotros, prefirió concentrar sus esfuerzos en otros frentes que en el de monitoreo de la población con pruebas clínicas. Solo por ponerle un número más realista, esto significa que en el caso mexicano habría que multiplicar por 20 o por 30 el número de contagios conocido (721 mil), lo cual supondría que entre 14 y 21 millones de personas habrían contraído el virus hasta ahora, hayan o no tenido síntomas.
Otra manera de acercarse de bulto al tamaño de la pandemia deriva de las investigaciones que se han hecho a población abierta. El reporte de The Economist cita el balance que arrojan 271 encuestas de análisis de sangre realizadas en 19 países en muestras representativas. Proyectadas al conjunto de la población ofrecen un dato brutal: entre 6 y 10 por ciento de los seres humanos ya habrían contraído la COVID-19. Para México esto significaría entre 8 y 12 millones de habitantes.
Lo que esta nueva información muestra es que el contagio es muchísimo más vasto de lo que se creía, pero al menos trae aparejada una buena noticia. La letalidad es infinitamente menor. Incluso asumiendo que muchas muertes por error no fueron atribuidas a este virus, el número de fallecidos tendría que ser dividido por una enorme masa de contagiados reales. Las estimaciones para América Latina señalan que el número de muertos por la enfermedad se situaría 50 por ciento por encima de la cifra oficial (75 mil en México). En tal caso estaríamos hablando de que 112,000 compatriotas habrían fallecido por esta causa, grosso modo 1 de cada 100 personas contagiadas.
Si eso son los datos reales, ¿qué decir de las estrategias para enfrentarlos? Según los expertos hay dos áreas básicas: por un lado, atender los enfermos graves; por otro, impedir nuevos contagios. A su vez, hay tres medidas para conseguir esto último: 1.- Reducir los contactos entre la población (evitar aglomeraciones y buscar diversos grados de confinamiento). 2.- Reducir la probabilidad de que los contactos deriven en contagios (propiciar sana distancia, medidas de higiene y de protección como cubrebocas y similares). 3.- Reducir el número de contagios que pueda provocar una persona infectada (localizar y propiciar el aislamiento de las personas que han sido contagiadas). Pero en última instancia, retrasar una pandemia solo evita el colapso del sistema de salud en un momento dado; los contagios no desaparecen hasta que no se consiga una vacuna o se alcance la inmunidad de rebaño. Un confinamiento severo en la primera oleada simplemente se traduce en segundas y terceras oleadas más crudas.
¿Conociendo lo que ahora sabemos, pudo el Gobierno mexicano haber hecho algo más? Está claro que la 4T decidió volcar los recursos en atender la primera trinchera de esta guerra: los enfermos. El déficit del sistema de salud para afrontar la crisis obligó a un esfuerzo ingente en la habilitación de camas, hospitales y personal médico. Contra ese objetivo habría que evaluar a López-Gatell y los suyos y en lo general salen bien librados: el sistema nunca se saturó. Se dice fácil pero no es poca cosa. En cambio el balance es menos favorable respecto al segundo objetivo: atenuar la velocidad de la pandemia. Se optó por una versión ligera de los puntos 1 (confinamiento parcial y voluntario con parálisis de la actividad económica), y 2 (sana distancia y medidas de prevención). Y para ser realistas tampoco es que daba para más. El Estado mexicano no puede evitar que la población se siga matando a razón de 100 por día, mucho menos habría podido hacer cumplir medidas más draconianas a 125 millones de habitantes. Tampoco tenía la capacidad para impulsar el punto 3 (monitorear contagiados y buscar aislarlos), de allí el escaso interés en hacer pruebas a la población.
Otros países no salen mejor librados. Salvo el éxito de las naciones asiáticas, por razones culturales e institucionales imposible de abordar en este espacio, el resto del mundo simplemente retrasó la pandemia a un costo social y económico brutal. Los gobiernos operaron sobre el ensayo y el error y aún lo siguen haciendo. Los rebrotes en España, Inglaterra o Alemania revelan que incluso ahora se habrían precipitado en el manejo de sus semáforos sanitarios, aunque no lo llamen así.
En suma, el Gobierno mexicano habría cumplido con el desafío más relevante que era poner en pie al sistema de salud para atender a las víctimas más graves de la pandemia. Su desempeño para acortar la primera ola de infecciones ha sido menos satisfactoria, incluso asumiendo que hubiera podido hacer algo más significativo que ponerle cubrebocas al Presidente. Si de lo que se trataba era de esperar la inmunización de rebaño, esto no tendría mayores consecuencias porque tarde o temprano vendrán segundas y terceras oleadas: el objetivo era fortalecer un sistema de salud para afrontarlas. Pero esto cambia si aparece pronto una vacuna y evita una tercera oleada, por ejemplo. En tal caso atenuar la pandemia equivale a salvar vidas. Lo dicho, el balance final tendrá que esperar al desenlace de la pandemia; mientras tanto, seguir operando con recursos escasos e información parcial. Demasiado poco para crucificar o glorificar a una autoridad.
Contener la violencia
La violencia en todas sus modalidades, se ha dicho en múltiples formas, constituye uno de los signos de nuestra sociedad. Y la estadística demuestra que, lejos de estar siendo contenida, va en incremento o, cuando menos, que hoy existe una cultura de la denuncia que va en aumento.
Todas las formas de violencia deben preocuparnos y ocuparnos, desde luego. Pero la violencia ejercida en contra de quienes son más vulnerables necesariamente debe ocuparnos más porque se trata de una manifestación de abuso que debemos erradicar.
¿Qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Qué estrategias estamos instrumentando como sociedad para visibilizar el problema y atenderlo de manera eficaz? O quizá deberíamos preguntarnos ¿qué es lo que no estamos haciendo?, ¿qué es lo que nos falta por hacer?
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y agosto de este año se incrementó en 9 por ciento el número de llamadas para denunciar violencia específica contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento, actos de violación, violencia de pareja y violencia en las familias.
Estamos hablando de un promedio de 150 llamadas diarias, es decir, una cada 10 minutos aproximadamente. ¿Qué dicen estas cifras de nosotros como comunidad? ¿Qué dicen de nuestra cultura y de los valores que individual y colectivamente practicamos?
No estamos aquí ante cifras de carácter anecdótico. Estamos ante el retrato de conductas delictivas cometidas a gran escala. Porque conductas como el abuso sexual, el acoso, el hostigamiento, la violación o la violencia física constituyen delitos tipificados en nuestro Código Penal.
Se trata de conductas para las cuales existen castigos específicos que claramente no están sirviendo de disuasores eficaces para impedir que ocurran. Decir lo anterior es necesario porque lo importante no es castigar a quien incurre en dichas conductas, sino evitar que ocurran.
Es necesario, desde luego, que cuando estos hechos infortunadamente se registren, las víctimas tengan la confianza para denunciarlos y se encuentren con una autoridad diligente y eficaz que investigue los hechos, integre el caso respectivo y lo lleve ante un juez para imponer la sanción correspondiente.
Pero lo deseable no es eso, sino que la cultura de nuestra sociedad se transforme de manera que resulte inaceptable para cualquiera el ejecutar tales actos. Mejor aún: lo deseable será que nadie considere siquiera la posibilidad de incurrir en ellos porque esté convencido de que se trata de conductas impropias de individuos civilizados.
Esa debe ser la meta y a lograrla deberíamos orientar todas nuestras energías. Para que la siguiente vez que revisemos el indicador veamos que el número de denuncias disminuye y estemos ciertos de que no es porque se esté denunciando menos, sino porque realmente está dejando de ocurrir.
ESTRICTAMENTE PERSONAL
El último narc
Raymundo Riva Palacio
A principio de los años 80, el presidente Ronald Reagan estaba empeñado en derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Su primer instinto fue una invasión, pero luego de consultas con varios países latinoamericanos donde no encontró el apoyo para hacerlo, decidió hacer su propia guerra, como lo había hecho décadas antes en Guatemala. En el Capitolio lo frenaron, y por iniciativa del diputado de Massachusetts, Edward Boland, se enmendó el presupuesto de 1982 que limitaba la asistencia a los contras en Nicaragua a sólo asistencia humanitaria. La llamada Enmienda Boland impedía que Estados Unidos financiera una guerra.
La Casa Blanca y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) decidieron, por la vía clandestina, financiar la guerra. La logística incluyó la participación del Cártel de Guadalajara y de la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de Manuel Bartlett, en ese entonces secretario de Gobernación, y el territorio mexicano sirvió como la ruta de abastecimiento de armas a los contras, a cambio de cerrar los ojos al tráfico de drogas. Ese manejo ilegal de dos gobiernos con el narcotráfico, causó el asesinato de Manuel Buendía, el principal columnista político en el último medio siglo en 1983, y el de Enrique Camarena Salazar, el agente de la DEA en 1985.
Esta historia siniestra y de complicidades criminales volvió a resurgir al estrenarse la serie de cuatro capítulos en Amazon Prime llamada “The Last Narc”, sobre el asesinato de Camarena Salazar. “The Last Narc” no se debe traducir como “El último Narco”. La palabra “Narc” fue acuñada en la DEA para identificar a los agentes de campo, como era Camarena Salazar, asignado a la oficina de la agencia en Guadalajara, y a quien mandaron matar los entonces jefes del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo, aún preso, Ernesto Fonseca, que recuperó su libertad en 2017, y Rafael Caro Quintero, quien por un descuido –por ser lo más generoso- de la vieja PGR, fue liberado en 2013.
“The Last Narc” recuerda la historia contada por varios de sus protagonistas desde hace 20 años, de cómo la CIA, en complicidad con el gobierno mexicano y el Cártel de Guadalajara, tuvo en México un centro de entrenamiento y logística para los contras nicaragüenses, en un rancho en Veracruz. Paradójicamente, cuando preparaba la invasión a Guatemala en 1954, la CIA entrenó mercenarios en un rancho en Los Tuxtlas, también en Veracruz. Las armas para los contras llegaban por México procedentes de Irán y de los depósitos de la OTAN, que transportaba el Cártel de Guadalajara de Estados Unidos hasta entregarlos a contratistas de la CIA en Centroamérica, para evitar que hubiera rastros del involucramiento del gobierno de Reagan en violación de la Enmienda Boland.
Lo hicieron con el apoyo del gobierno mexicano, en particular del secretario Bartlett y la Dirección Federal de Seguridad, que trabajaba con la CIA. Rogelio Hernández, un periodista de investigación, publicó en aquellos años en Excélsior, algunos detalles que en ese entonces parecían fragmentados, de cómo varios agentes e la DFS introducían droga en pipas del sindicato petrolero por las fronteras de Tamaulipas, donde las aduanas estadounidenses se abrían sin problema, y regresaban con armas. En pláticas semanas antes de que lo asesinaran, Buendía comentaba la ruta de Tamaulipas a Guadalajara y de la capital tapatía a la frontera con Guatemala, donde el Cártel de Guadalajara jugaba de protagonista. Tampoco sabía en ese entonces que todo ello correspondía a lo que pocos años después se conoció como el Irán-Contras.
“The Last Narc” no revela casi nada, pero refresca la memoria de las imputaciones que la CIA tuvo un papel central en el asesinato de Camarena Salazar, de quien temían iba a descubrir el entramado clandestino. La CIA, que no suele opinar sobre estos temas, siempre lo ha negado. La serie no es objetiva ni equilibrada, al apoyarse completamente en las afirmaciones de Héctor Berrellez, quien estuvo a cargo en un principio de la investigación del asesinato, y que gradualmente fue encontrando, para su sorpresa, el involucramiento de la CIA.
Todo fue, sin embargo, de oídas, sin pruebas documentales. Bartlett jugaba un papel central como miembro del crimen organizado, según un testigo de Berrellez, Víctor Lawrence Harrison, que manejaba las comunicaciones del Cártel de Guadalajara, que acusó al entonces secretario de Gobernación y hoy director de la Comisión Federal de Electricidad, y a los entonces jefes de la DFS, de vinculaciones con el crimen organizado. Un juez en Los Angeles censuró el testimonio de Harrison en el juicio de Camarena, luego que llegara a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para eliminara su acusación a cambio de inmunidad.
El conflicto entre la DEA y la CIA no era nuevo, y se alimentaba de objetivos distintos. La primera era policía, mientras la segunda atendía los asuntos de interés para la seguridad estadounidense. Chocaron en Colombia y Panamá, donde la DEA ganó la batalla al lograr el asesinato de Pablo Escobar y la captura de Manuel Antonio Noriega, que estaban en la nómina de la CIA. La perdieron en Honduras, donde la CIA organizó y armó a los contras. Y perdió en México con el asesinato de Camarena Salazar. La dinámica de confrontación se daba en los diferentes campos de batalla donde sus metas eran excluyentes.
“The Last Narc” nos estrella en la cara que este pasaje siniestro en la historia de la Guerra Fría en nuestra región, no lo hemos discutido debidamente. Bartlett es el mejor ejemplo, y sigue siendo poderoso y arropado por la impunidad. Pero él es sólo una pieza. El Estado Mexicano no ha aireado lo que fuimos y lo que somos, donde por años los gobiernos, incluido el actual, no han querido abrir esa puerta. Quizás, porque todos saben que son culpables de algo y no quieren que se sepa. Mejor el olvido, que rendir cuentas.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
SOS COSTA GRANDE
(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
La influenza es una enfermedad infecciosa que se comporta de una manera muy semejante al Covid-19, pues las personas presentan fiebre, tos, dolor de garganta y dolor en músculos y articulaciones.
En el mes de octubre, estimado lector (o sea, mañana jueves), comienza la temporada de influenza, que se extiende hasta por 6 meses, aprovechando el inicio de la época de frío.
La recomendación que está dando la Secretaría de Salud federal es que sean vacunados contra la influenza los adultos mayores, embarazadas y menores de edad, pues se trata de un padecimiento que también provoca neumonía, pero para el cual, afortunadamente, ya hay una vacuna.
Lamentablemente, las autoridades locales no han anunciado si las vacunas ya están disponibles en los centros de salud, o en los hospitales regionales y comunitarios. Pero por la situación de emergencia que se tiene por la pandemia de Covid-19, y por las similitudes con los síntomas, vale más que actuemos antes de tiempo, para por lo menos descartar la influenza entre la población vulnerable, y que no se vayan a perder vidas por la confusión con los síntomas.
Recuerden que cuando comenzó el Covid-19 en nuestro medio, los médicos lo diagnosticaban como dengue, o como fiebre tifoidea -sobre todo aquellos cuadros donde la diarrea era el principal síntoma- y mucha gente es agravó a partir de estos diagnósticos confusos.
Por otra parte, hay que entender que mientras las lluvias persistan (el ciclo de lluvias abarca el mes de octubre), todavía estamos en época de dengue, y de ahí que tanto las familias como los médicos en general, deban estar alertas acerca de los síntomas, tratando de descartar qué es Covid, qué es influenza y qué es dengue.
De verdad que todo parece complicarse, y por lo tanto la disciplina en el cumplimiento de las normas de control e higiene del Covid-19 no deben relajarse.
Desafortunadamente, la gente ya bajó la guardia. Nos enteramos de personas que han muerto por Covid-19 y aún así, en lugar de que los familiares los velen el tiempo reglamentario, hacen las velaciones de manera tradicional, con música de viento, aglomeración de personas y todo el rito. Lo único que cambió la iglesia católica, por cierto, es que ahora la misa de muertos la hacen vía internet, mediante alguna de las aplicaciones disponibles para ministrar a los difuntos por computadora o pantalla, lo cual es una buena medida, que viene a resolver la necesidad de las personas porque sus familiares muertos reciban los sacramentos mortuorios, como por la protección de los párrocos, a los que no les ha ido nada bien con el Covid-19, pues varios ya han fallecido por esta enfermedad.
El gobernador Héctor Astudillo volvió a hacer hincapié en el uso del cubrebocas. Día con día, el mandatario estatal ha estado haciendo un llamado a la población para que se proteja. Desafortunadamente, también hay que decirlo, se lee en los medios cómo gente de la política ha estado haciendo fiestas y francachelas. Por ejemplo, leíamos que, en Ometepec, con el pretexto de una fiesta religiosa, en este mes de septiembre fueron inevitables las borracheras y las aglomeraciones con el pretexto de los rezos, en torno a una fiesta que saca la Danza del Toro de Petate. Hubo videos de una trifulca que se armó en las calles del centro de la ciudad, donde desde temprano la gente comenzó a beber, hasta que todo terminó en golpes.
Y este domingo, los mayordomos de la fiesta fueron a entregar al toro a los que harán el festejo para el siguiente año. Pero resulta que el que recibió la mayordomía es nada más y nada menos que el ¡regidor de Salud del municipio!, junto con su padre, un líder ganadero. Lo más grave es que el presidente municipal envió al director de Reglamentos para pedirles que se suspendiera esa reunión, pero el sujeto, quien por cierto es del PRI, no quiso y siguió con su fiesta. Y, para colmo, al reportero que estuvo cubriendo ese desfiguro le dijeron que “por eso amanecen muertos los periodistas”.
Lamentable suceso. Y como estos, hay muchos más que contar en el estado. Por lo tanto, el gobernador y los presidentes municipales deben ser mucho más estrictos y por lo menos a sus allegados meterlos en cintura, porque son los que ponen el mal ejemplo. Mínimo un exhorto para ese regidor de parte de los diputados locales, o del Cabildo municipal.
Choca su camioneta contra un muro en el mirador de Ixtapa
ELEAZAR ARZATE MORALES
Una camioneta se impactó contra un muro de tierra y piedras al salirse ligeramente de la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, en la curva del mirador de Ixtapa, siniestro vehicular que dejó un saldo de daños materiales.
Lo anterior ocurrió a las 22:30 horas del lunes, cuando el chofer de una camioneta Chevrolet Tornado, blanca, con placas del estado de Michoacán y logos de una empresa de fumigación; perdió el control y al impactarse con el muro finalmente se detuvo en sentido opuesto sobre el carril que dirige a Lázaro Cárdenas.
Acudieron los paramédicos de Protección Civil del estado, pero el chofer que tenía aliento alcohólico logró salir ileso y fue necesario que lo trasladaran a un hospital.
Por su parte el personal de Bomberos municipal arrojó tierra en el área donde se derramaron los líquidos del motor de la camioneta para evitar otro siniestro, posteriormente los oficiales de la Guardia Nacional, sector caminos, solicitaron una grúa para remolcar la Tornado al corralón para los trámites correspondientes.