Lilia Arellano
*Poder y dinero, eje de la 4T
*Super delegados intensifican “trabajo” para consolidar candidaturas
*“Ni cálculos electoreros ni politiquería”, afirma Alianza Federalista
*139 mil víctimas por COVID-19: Conacyt. Legisladores apanicados
Mientras la economía del país llega a una situación de fragilidad ante la segunda etapa de avance del Covi-19, por lo cual se requiere un programa estratégico basado en un Acuerdo Nacional, el cual incluya a todos los actores políticos y los sectores productivos, en el régimen de la Cuarta Transformación el poder y el dinero, su obtención y conservación, así como su ampliación son el centro de la actividad política, y eluden las reales necesidades de México. Ante el riesgo de perder espacios, no sólo en el Congreso de la Unión, sino también en las entidades federativas, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a sus super delegados para realizar un intenso trabajo proselitista en busca de las gubernaturas en disputa el año próximo. Diversos medios de comunicación, nacionales y locales, dan cuenta del “trabajo” para consolidar las candidaturas de Morena a las gubernaturas, realizado e intensificado por Alejandro Ruiz Uribe, en Baja California; Víctor Castro Cosío, en Baja California Sur; Indira Vizcaíno Silva, en Colima; Lorena Cuellar, en Tlaxcala; y Pablo Amílcar Sandoval, hermano de Irma Eréndira Sandoval, en Guerrero, donde ya presentó su renuncia a esa responsabilidad. Todos los mencionados han tenido dos años para realizar la compra de votos con dinero público, sostenido por los programas de Bienestar. El temor los alcanzó ante los triunfos obtenidos por el PRI en Coahuila e Hidalgo.
En la capital de la República, el diario Reforma destaca: “luego de cobrar más de 2.7 millones de pesos de salario, los super delegados del gobierno federal (…) se alistan para pelear por Morena las gubernaturas que estarán en juego en 2021”. Operando los programas de Bienestar en las entidades, los aspirantes viajan por los municipios, sostienen encuentros con pobladores, ofrecen apoyos, supervisan obras, participan en reuniones de seguridad y dejan registro público de prácticamente todas sus actividades. Cada uno de los los super delegados prestos a competir por las gubernaturas cuestan al bolsillo de los mexicanos un salario mensual bruto de 126 mil 617 pesos, es decir, más de 2.78 millones en estos 22 meses de administración. Los antecedentes de su conducción y tareas asignadas deberían ser debidamente revisados por el INE ya que son considerados, literalmente, como actos de pre campaña y se supone esto está debidamente penalizado por las leyes electorales o ¿por ser los seleccionados de AMLO poseen manto de impunidad?
Mientras el presidente López Obrador se ha concentrado en acumular poder en la figura del titular del Ejecutivo federal a costa de los otros dos poderes, Legislativo y Judicial, así como maneja a su libre albedrió recursos presupuestales, con su política de austeridad y recortes, con la desaparición de fondos públicos vitales, y va intensificando sus “afrentas y descalificaciones que obedecen a una lógica centralista que violenta el equilibrio de poderes y al pacto federal”, los gobernadores de la Alianza Federalista, convocaron ayer, en cada una de las entidades que la integran, a importantes actores sociales y ciudadanos con el fin de acreditar sus planteamientos, los cuales, sostienen, “no responden a cálculos electoreros ni a politiquería sino que emanan de un futuro que corre el riesgo de ser truncado”. Cada acción presidencial mantiene el sello de la ocurrencia, pero también de la amenaza y a cada paso, frente a la desaparición de un real equilibrio de poderes, va haciéndose presente el autoritarismo.
Alianza federalista
Los mandatarios Martín Orozco, de Aguascalientes; Miguel Riquelme, de Coahuila; Ignacio Peralta, de Colima; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; Silvano Aureoles, de Michoacán; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; y Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, destacaron la importancia de escuchar la voz de Ayuntamientos y partidos, cámaras empresariales y sindicatos, universidades y representantes del sector académico, organizaciones ambientalistas, comunidad científica y tecnológica, comisionados del campo y organizaciones de la sociedad, que desde su perspectiva expresaron los estragos que habremos de enfrentar de no corregir el camino y ahuyentar la cerrazón. Los mandatarios de la AF cerraron filas con diversos sectores sociales y económicos, para oponerse a los recortes en el gasto federalizado, la apropiación de los recursos destinados a 109 fideicomisos y la falta de previsiones y apoyos sustanciales en el manejo de la pandemia por Covid-19 a nivel federal.
Cabe destacar que en su reciente visita a Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió al presidente López Obrador equidad en la distribución de los recursos correspondientes a las entidades federativas. Le señaló: “Sabemos que tienen muchas necesidades, pero también que. para poder seguir generando riqueza, desarrollo y empleo, necesitamos ser más competitivos”. Tamaulipas es el segundo estado que más recursos aporta a la Federación, con 275 mil millones de pesos, y se ubica sólo por debajo de la Ciudad de México, por ello insistió en que “tiene que haber equidad”.
El mandatario tamaulipeco pidió: “No me agarren de pretexto, lo que queremos es que el recurso regrese a Tamaulipas para aduanas, puertos, agricultores y ganaderos, apoyar la carretera costera, que es uno de los compromisos que se requiere en el sur del estado, para apoyar la Conagua. No estamos pidiendo que llegue el recurso al gobierno estatal, pero sí que se beneficie a los tamaulipecos”. Recordó que cuando AMLO fue jefe de Gobierno en 2020, presentó una controversia constitucional para exigir los recursos que le correspondían a la Ciudad de México. “Hace algunos años se generó polémica similar en la Cámara de Diputados, en 2002 porque de igual forma a la Ciudad de México no le estaban dando los recursos que le correspondían y era el que más recursos aportaba (…) Tenía razón, usted era el jefe de Gobierno, ahora póngase en nuestros zapatos, estamos haciendo exactamente lo mismo”.
Ante los reclamos de los mandatarios, desde junio pasado, el presidente López Obrador ha subrayado que no permitirá que “ninguneen la investidura presidencial con asuntos partidistas, electoreros y politiquería”, que se generan por la proximidad de las elecciones federales. Con la Alianza Federalista “estamos al día, no les debemos nada”, sostiene el inquilino de Palacio Nacional.
Pandemia imparable
El Conacyt prevé se alargue la epidemia de Covid-19 en un tercio del país. De enero a septiembre de 2020 se registró un exceso de mortalidad de 36.8 por ciento en comparación con años anteriores, que equivale a 193 mil 170 defunciones adicionales. De éstas 72 por ciento están relacionadas con Covid-19, reportó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Un análisis preliminar a nivel nacional reveló que 72 por ciento del exceso de mortalidad, es decir, 139 mil 153 defunciones corresponden al virus. Las entidades con mayor exceso de mortalidad son Campeche, con 65 por ciento; Estado de México, con 60%; Tlaxcala, con 59%; Sonora, con 55%; y Baja California, con 52%.
Como puede observarse sigue el baile, la danza de las cifras sobre fallecimientos sin que exista autoridad alguna para poner el orden, para exigir se siga una ruta convincente, se tenga una auténtica estrategia para combatir el virus, se marquen políticas públicas en el sector salud, se atiendan las recomendaciones de auténticos y reconocidos infectólogos o de los ex titulares del sector Salud cuyos éxitos en el combate a las epidemias siguen presentes. Tal solo con observar el porcentaje de letalidad mundial y compararlo con el de México, se tiene por quintuplicado el número de muertos. Si nos atenemos al Poder Ejecutivo, su titular no hace sino lanzarle loas a López Gatell y la ausencia del titular Jorge Alcocer Varela hace presente el manto de impunidad brindado por aquello de las denuncias a futuro sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad.
En cuanto al Poder Legislativo, ya informaron son 500 los diputados a quienes han aplicado 10 mil 267 pruebas y llevan 230 infectados, 63 de ellos legisladores. Por lo que toca al senado, reportaron 160 contagios y dos senadores fallecidos. Ahora sí, el pánico les llegó a los curuleros para, tal vez, tomar en cuenta el miedo sostenido durante meses por millones de mexicanos ante la pandemia, su mal manejo, las pruebas negadas, la falta de atención en los hospitales, la escasez de medicamentos, y la furia al conocer de los negocios realizados por diversos funcionarios en plena crisis no solamente de salud sino económica.
¿No les gustaría tener a López Gatell otra vez enfrente?
Cambiaron los días de sesiones, harán selectiva la entrada de legisladores obligando a entregar la prueba en negativo de presencia del coronavirus, nada de festejos, menos aún eventos, no habrá visitas, ni aceptaran protestas. Como dice el refrán: el miedo no anda en burro ¿verdad?
