Lilia Arellano
*Política por encima de la seguridad pública
*Atacan a Calderón y no a los delincuentes
*Fabrican culpables y olvidan a las víctimas
*OCDE: México, el 2do. lugar en inflación
“Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”: Mahatma Gandhi
En momentos en los cuales la violencia se ha desbordado en México, tal pareciera el principal punto de la conversación de alto nivel sobre seguridad, a efectuarse el próximo viernes, es desaparecer la Iniciativa Mérida de Felipe Calderón, dejando ver claramente y de nuevo, rebasan los objetivos políticos lo considerado una de las principales demandas de los mexicanos: el retorno de la seguridad. Sin embargo y de acuerdo a lo informado en EU con respeto a la reunión entre el fiscal Alejandro Gertz Manero y Merrick B. Garland, una vez han revisado esta estrategia –por cierto en su momento muy aplaudida por EU- pondrán sobre la mesa la discusión para permitir de nueva cuenta la DEA lleve a cabo operaciones conjuntas con policías mexicanos, exigiendo seriedad en los procesos de extradición pendientes, lo cual lejos de eliminar pone en marcha una segunda etapa del viejo acuerdo
Como es sabido, la DEA está ahora encabezada por una fémina: Anne Milgram, quien no refiere el intercambio de información para lograr la captura de los grandes capos e inclusive atender directamente los decomisos de droga, sino va más allá al exigir la entrega de las operaciones de inteligencia y las evidencias recabadas en México para ser analizados por la dependencia norteamericana. En este rubro las relaciones se han tensado pues tienen presente la liberación hace dos años de Ovidio Guzmán; insisten en la cancelación de cualquier tipo de investigación sobre el General Cienfuegos y también han manifestado su inconformidad sobre las restricciones a la operación de la DEA establecidas en la nueva Ley de Seguridad Nacional. Aún y cuando los funcionarios participantes en la reunión del próximo 8 de octubre pretenden llevar los temas a un terreno de discusión diplomática, se duda logre Marcelo Ebrard, se pueda mantener ese rumbo al existir reclamos presentados a la llegada de AMLO al poder, sobre la negativa de intercambio informativo, considerando como consecuencia las erráticas medidas de seguridad unilaterales.
En el gobierno del presidente López Obrador, la estrategia “dejar hacer, dejar pasar” permite a las actividades del crimen organizado tener al territorio nacional ahogado en sangre y convertido en un panteón nacional. Los efectos de su propuesta de “abrazos no balazos” ante los cárteles de la droga preocupan en alto grado a la administración del presidente estadounidense Joe Biden. El panorama de inseguridad en México es desolador, fúnebre y lamentable. El estudio de TResearch-La Guerra de los números: homicidios dolosos en México, señala se han cometido 101 mil 280 crímenes en el país en lo que va de la gestión de López Obrador, lo cual representa un total de 23 mil 255 homicidios dolosos, número mayor al registrado en el mismo lapso durante el sexenio anterior. En este rubro, en los primeros tres años del sexenio de Felipe Calderón, se contabilizaron 60 mil 281 crímenes, por lo tanto, el comparativo de los primeros tres años de la actual administración representaría 40 mil 998 asesinatos más.
En este año, la organización Causa en Común reportó de enero a septiembre se han registrado “al menos 800 casos de tortura”, y sólo en septiembre ocurrieron 438 eventos catalogados como “atrocidades” arrojando mil 490 víctimas. De acuerdo con el estudio “Atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios periodísticos”, realizado por la organización que encabeza María Elena Morera, prevalecen los hechos de extrema violencia en el país, considerados “atrocidades”, es decir, actos en los que se hace “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte en un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerable o de interés político y/o para provocar terror”.
El recuento llevado a cabo por esa organización evidenció en el noveno mes del año hubo 14 casos de extrema violencia, entre ellos “los actos de terrorismo presentados en Guanajuato y Puebla”, hechos que impactaron la situación de seguridad en el país. En septiembre, la entidad con el mayor número de masacres fue Zacatecas, con 14, mientras Guanajuato se distinguió por ser el estado “con más casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, con al menos 15 casos”. Durante los primeros nueve meses de este año, Causa en Común identificó en medios de comunicación 4 mil 093 atrocidades, de las cuales destacaron la tortura, con al menos 800 casos; mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, con 640 referencias; fosas clandestinas, 502 casos; masacres, 418 menciones; asesinato de mujeres con crueldad, 341; 310 casos de calcinamiento y 290 asesinatos de menores de edad.
Tal es el panorama en México antes del encuentro de alto nivel en materia de seguridad. De acuerdo con lo señalado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, los puntos de interés para el gobierno lópezobradorista se centran en 10 prioridades: “En esencia es reducir homicidios y más que pensar en lo que se pensaba antes, pedir que haya reciprocidad en materia del control del tráfico de armas, que haya reciprocidad en asistencias jurídicas, que hay reciprocidad en materia de extradiciones y así sucesivamente”. Lo anterior permite ver claramente no comparten las mismas agendas y los reflectores mexicanos siguen apuntando a la estrategia calderonista para resaltar su fracaso.
López Obrador ofrecerá un desayuno a los enviados por el presidente Biden al dialogo sobre seguridad: Anthony Blinken, secretario de Estado; el titular de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; Merrick Garlanda, fiscal general; el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols; y el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González. Dadas las actuales circunstancias, lo próximo a discutir debería tener su base, el principal objetivo centrado en el retorno de la seguridad en México, dejando de lado, atrás, los renglones politiqueros, los ataques a gobiernos anteriores y valorando en su justa dimensión la corresponsabilidad de EU, consumidor de estupefacientes número uno en el mundo. Ellos obtienen dinero, negro, pero dinero, de este lado se ponen cadáveres.
De los pasillos
A cinco años de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al sistema de justicia penal (SJP) en México, el éxito de su operación pasa necesariamente por reducir la asimetría que existe en la igualdad de las partes que conforman un proceso penal: víctimas y procesadas. En su octava edición de la evaluación del sistema de justicia penal, Hallazgos, México Evalúa sostiene que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías. Ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación ni para contar con análisis periciales propios.
Por otro lado, la octava edición de Hallazgos también revela que el incremento de la prisión preventiva oficiosa (+21%) y de los procedimientos abreviados (+16%) vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas.
En la práctica, ningún delito se esclarece realmente: sólo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país. La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas…
El ex alcalde de Benito Juárez, Cancún, Gregorio Sánchez, pone el primer cascabel al gobierno de Juanita Alonso, alcaldesa de Cozumel. Tras haber obtenido el permiso para desmontar hectáreas de la Isla sobre las cuales tiene elaborado desde hace años un proyecto de construcción, recurrirá a la obtención de las respectivas licencias y es ahí en donde se sabrá si los reclamos, la negativa de los cozumeleños para devastar la zona son escuchados…
Informes van y vienen y cada gobierno municipal o estatal se maneja bajo cánones políticos, imperando en sus reportes las mentiras. Las encuestas se cucharean y ponen en lugares privilegiados a gobernadores o alcaldes sumamente cuestionados. Tal es el caso de Mara Lezama presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, quien abdicó, por segunda ocasión, de su obligación de brindar seguridad. El Inegi le manda decir es esta ciudad la segunda más peligrosa de México ¿eso le merece semejantes sonrisas?…
¿A cuánto ascienden los contratos por asesoría legal pagados por la Fiscalía quintanarroense?…
En una encuesta encargada por quiensabequien, les faltó incluir, como posible sucesor de Carlos Manuel Joaquín González a un perico. Ya veremos…
Con una inflación de 5.6 por ciento anual en agosto de 2021, México se mantiene como el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor inflación, sólo por debajo de Turquía y por arriba del promedio del organismo, de 4.3 por ciento.
En un reporte, explicó que la tasa de inflación en México en agosto pasado fue resultado del incremento de 10.1 por ciento de los precios de la energía, mientras que los precios de los alimentos se elevaron 7.9 por ciento el mismo mes…
En lo de la contrareforma energética ¿nos vamos al Siglo pasado o más para atrás?
