(Misael Tamayo Hernández, in memóriam)
Cinco largos años de investigaciones, millones y millones de pesos gastados del erario público, más de 200 detenidos y hasta torturados, y casi 2 mil días de un tortuoso peregrinar de los padres cuyos hijos fueron apresados y desaparecidos en los hechos de “La negra noche de Iguala”, no han servido de gran cosa.
Los errores de la Fiscalía Estatal, la PGR, los fiscales del Caso Ayotzinapa, la tortura ejercida sobre los detenidos para resolver rápido -presionados por el entorno político y social- un caso tan complejo como la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, derivó en que los tribunales mexicanos prácticamente lo tienen perdido, y da el caso que la Fiscalía General de la República decidió comenzar de cero, para subsanar los errores que se cometieron por muchos frentes.
Primero, como señala uno de los investigadores independientes, desde el inicio se evitó seguir la línea de narcotráfico para buscar a los muchachos. Eso evitó que se desestimaran varias líneas de investigación, como es el caso de la línea que habla de que los muchachos fueron llevados a Huitzuco (al menos parte de ellos), pese a que se tuvo por lo menos con dos testimonios que involucran a policías de Iguala, de Cocula y de este último municipio.
La PGR se concretó a la línea de Cocula, donde también la CNDH confirmó que se encontraron cientos de restos óseos minúsculos, triturados y carbonizados, de los cuales por lo menos 19 pueden corresponder a los de los estudiantes.
¿Qué falta en todo esto? Primero, que se despolitice el caso. Esto permitirá retomarlo sin tintes políticos de ningún tipo, como se hizo hace 5 años, pues se aprovechó el momento para, entre otras cosas, hundir al gobernador Ángel Aguirre Rivero, y para quitarle al PRD el gobierno estatal.
De hecho, todo debió comenzar a enderezarse hace dos años, cuando la DEA entregó las conversaciones que líderes de Guerreros Unidos hicieron desde Chicago, y las cuales revelan que los muchachos fueron confundidos con gente de Los Rojos, que entonces operaban en la Zona Centro de la entidad.
Entonces, partiendo de ahí, se dio la orden de matarlos, algo de lo que se lamentaban los cabecillas desde Chicago, pues temían que se les desmantelara el cártel, como ocurrió.
Siendo sinceros, en esto ni siquiera el alcalde José Luis Abarca Velázquez, ni su esposa, María de los Ángeles Pineda, tienen responsabilidad directa. Si acaso se les puede acusar de vínculos con el cartel que se apoderó de Iguala de manera absoluta, al grado de que operaban desde dentro de la policía municipal, pero no de haber planificado la masacre de estudiantes.
En otro sentido operó la presión social y política sobre el régimen de Enrique Peña Nieto, cuyo procurador, Jesús Murillo Karam, tenía que dar resultados inmediatos, pues recordemos que la tragedia propició manifestaciones de repudio a lo largo y ancho del planeta. Hasta en los lugares más recónditos había reclamos por los 43.
Y aunque Murillo dice que logró unas 300 pruebas y testimonios que solidifican su investigación, todo eso se cae ahora que el fiscal Alejandro Gertz Manero determinó comenzar de cero, junto con el fiscal especial del caso, durante una reunión con los padres de los muchachos, y teniendo como testigo de honor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tres compromisos se hicieron en esa reunión, una de ellas es recomponer el caso, la segunda frenar las liberaciones de los implicados, y la tercera hacer evaluaciones periódicas.
Aparte, la investigación sobre los funcionarios que han llevado la causa también continuará. “La Fiscalía General de la República presentará los recursos y diligencias para responsabilizar a los funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en el desarrollo de la investigación, en particular contra los señores Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro, quien era el titular de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa…”, adelantó el Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.
Y paralelamente a la indagatoria oficial de la Fiscalía, prosigue la investigación independiente de la Comisión Especial que dirige Alejandro Encinas. Por lo tanto, podríamos afirmar que “ahora sí”, el caso será resuelto, tras 5 años perdidos en el marasmo de la política.
