Sergio Aguayo
Andrés Manuel López Obrador nos promete acervos capaces de iluminar miles de comisiones de la verdad. Para hacer factible la esperanza, sólo falta que resuelvan ambigüedades y otorguen presupuestos.
Los archivos son el acceso más seguro a la verdad y a la justicia. En México, esta vía corta se ha hecho interminable por la bipolaridad de quienes gobiernan: presumen su amor por el conocimiento y sus grados académicos -algunos inventados- pero ocultan los expedientes probatorios de violaciones a derechos, abusos de autoridad y corrupciones. Pese a todo, hemos avanzado.
En 1982 la transparencia llegó gracias a un descuido. Resulta que la Secretaría de Gobernación entregó al Archivo General de la Nación (AGN) 2,920 cajas de documentos, pero los estibadores se equivocaron y, entre ellos, iban expedientes de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Como nadie se percató del error, las cajas quedaron a disposición del AGN que sepultó la información por más de una década.
En 1993 el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, declaró que los acervos debían abrirse a los 30 años. La opinión carecía de sustento legal, pero como nadie la contradijo, Patricia Galeana, entonces directora del AGN, abrió el Fondo Gobernación; el material ha sido determinante para un buen número de investigaciones.
Otro momento fue la recuperación del riquísimo archivo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) que cubre de 1947 a 1985. Se salvó porque quien lo organizó, el agente de la DFS, Vicente Capella, defendió su integridad. Me enteré de su existencia por los diálogos con Jorge Carrillo Olea y el grupo con el cual construyó el Cisen. En 1999, cuando parecía posible la victoria de Vicente Fox, me autorizaron a consultarlo. También informé a Adolfo Aguilar Zinser de su existencia y él convenció a Fox de abrir las 4,223 cajas que se depositarían en el AGN.
Así pues, la batalla por la información tiene una historia resumible en tres generalizaciones: a) empleados públicos anónimos, mal pagados y menospreciados que salvaron para el país cantidades enormes de información; b) funcionarios de diferente ideología que lograron abrir a consulta diversas colecciones; y, c) académicos mexicanos y extranjeros que cumplieron, usando esos fondos para reescribir y reinterpretar la historia del siglo XX. El conocimiento es columna de transformaciones; una de ellas es la victoria de Andrés Manuel López Obrador que construye sobre terrenos desmontados por otros.
El 28 de febrero apareció un decreto presidencial que ordena una apertura sin precedentes. López Obrador ordena a todas “las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal” que transfieran “al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”.
Es una lástima que sea un decreto plagado de ambigüedades y vaguedades, sin propuestas sobre cómo se van a resolver las contradicciones con la normatividad existente. El organismo de la sociedad civil, Artículo 19, ya sacó un boletín con señalamientos y recomendaciones. Sería deseable que lo atienda el doctor Carlos Ruiz Abreu, director del AGN, cuyas dotes profesionales no incluyen, que yo sepa, la capacidad de hacer milagros.
Uno de ellos sería rescatar de algún archivo la fórmula alquimista para transformar el smog capitalino en oro, porque el presupuesto del AGN es insuficiente. El decreto promete que las “erogaciones” que cause “se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019 al Archivo General de la Nación”. Lo asignado para este año es ridículo: 83 millones; 11 millones más que en 2018. Si a la promoción del beisbol le dedicarán 350 millones, es obvio que el conocimiento no es prioridad de la Cuarta Transformación.
El Presidente tiene buenas intenciones e intuiciones. El decreto podría ser muy positivo si deja de ser un compendio de buenos deseos. Por ahora es una promesa, otra más.
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