Ernesto Hernández Norzagaray
En el norte de Sinaloa está en peligro uno de los humedales más importantes del país. Se pretende la construcción de la planta de amoniaco “más grande de Latinoamérica” en la bahía de Ohuira ubicada en el municipio de Ahome y los promotores políticos de la consulta ciudadana están dispuestos a sacarla a su favor y para ello basta ver como la han diseñado.
Rabindranath Salazar, Subsecretario de Gobernación, fue a Los Mochis, a exponer las características de la consulta y a promoverla, el Gobernador Rubén Rocha estuvo en el mismo tenor, los alcaldes de Ahome, Guasave y El Fuerte y, en todos, parece haber sintonía de que se deba construir la planta en el noveno humedal Ramsar en importancia del país.
Y, así, contraviniendo los derechos de los ahomenses, los pueblos originarios y los compromisos internacionales del Estado mexicano, como son los que obliga la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, mejor conocido como Convención Ramsar, que México suscribió en 1986 para preservarlos y mantener los equilibrios en los ecosistemas húmedos del planeta.
La opinión de los científicos y activistas medioambientalistas, ecologistas, funcionarios, políticos, periodistas y, obviamente, la de quienes potencialmente serán afectados por los riesgos que oficialmente se reconocen (emisiones de gases a la atmosfera, alteración de la calidad de los recursos de la laguna de Ohuira, alteración de los suelos y modificación en los ecosistemas) en este proyecto industrial contaminante ha sido cuestionado por su impacto que habrá de tener sobre la calidad de vida los vecinos incluso algunos han señalado la experiencia de Trinidad y Tobago donde una planta similar significó un incremento sustantivo de los casos de cáncer.
Pero, eso no parece importar, se impone la racionalidad económica sobre el equilibrio de la naturaleza y la vida humana.
Así, cómo distintas fuentes lo han documentado, de salir adelante se cumpliría el negocio de dos exgobernadores y empresarios que han invertido tiempo y relaciones para hacer viable este proyecto que tendría financiamiento alemán y suizo por un monto de 100 mil millones de pesos.
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Se podrá decir que ninguno de los ex invertirá en la planta, qué cómo lo ha aceptado Francisco Labastida Ochoa, solo están ahí “gestionando” cuando en realidad estaban operando políticamente el proyecto y ahora, para que no se vea que es un negocio de políticos priistas, pierden visibilidad para que sea con cargo político para el Gobierno morenista ante esto sorprende el entusiasmo con que el ejecutivo estatal abraza el proyecto.
Rocha Moya no ha escatimado elogios al proyecto que favorecería “la agricultura de todo México”, ante el asombro de activistas morenistas, que se han opuesto desde sus orígenes y que ahora están en el dilema de apoyar a su gobernador o seguir combatiendo la instalación de la planta de amoniaco.
Al final de cuentas, es una historia depredadora, que ya hemos visto en otros lugares cuando políticos y funcionarios públicos aprovechan su estatus para hacer negocios personales o de grupo.
Pero, vamos, al tema de la consulta que ha sido diseñada para que no falle a favor de sus promotores:
Primero, se integra selectivamente un Consejo Ciudadano para la Consulta Popular con “figuras de reconocido prestigio de la región” pero, no se hace explicito, el criterio técnico que el seleccionador utilizó para elegir a cada uno de ellos y, peor, notoriamente, podrían estar en ese Consejo principalmente quienes están a favor del proyecto. Así, se hizo visible en la propia conferencia de prensa donde se presentó el modelo de consulta, con la intervención del boxeador Jorge “Travieso” Arce quien, como miembro del Consejo aprovecho para mostrar abiertamente sus simpatías por la planta. Y, curiosamente, dejan fuera de ese Consejo Ciudadano a quienes lo han cuestionado y los que serán directamente afectados con la instalación de la planta o aquellos que se han amparado contra este ecocidio largamente anunciado.
Segundo, la conferencia de prensa se celebró el 16 de noviembre y la consulta será el 28 del mismo mes, es decir, escasos 12 días después, lo que significa, que en ese tiempo breve se hará una campaña de difusión e invitación para participar en ella, lo que indica que hay prisa para sacar adelante el “sí” y, hay en marcha, todo un operativo, por lo que no se descartan prácticas perniciosas como las ocurridas en las pasadas elecciones municipales cuando los ahomenses fueron víctimas de la violencia.
Tercero, el Subsecretario de Gobernación no aceptó dar a conocer la pregunta que habrán de responder los ciudadanos involucrados con un “si” o un “no”, como tampoco explicó cómo se seleccionarán a los responsables de cada una de las 30 mesas que habrán de ser instaladas en Ahome, Guasave y El Fuerte, este último, sorprende porque no tiene salida marina
Cuarto, incluso, llama la atención que una buena parte de las mesas serán instaladas en sindicaturas rurales donde existe mayor desconocimiento del impacto medioambiental del proyecto y, sorprendentemente, se omite una mesa en las comunidades indígenas pertenecientes a la nación Yoreme-Mayo de Lázaro Cárdenas y Ohuira y sólo, una de ellas, está contemplada en Topolobampo que es el epicentro del malestar ciudadano.
Quinto, las 30 mesas de recolección de boletas se distribuirán en Ahome (16), Guasave (13) y El Fuerte (una), incluso una casilla especial en Los Mochis, pero, sin que haya un padrón de potenciales participantes y el subsecretario, a pregunta expresa de la prensa, sobre el número de boletas solo señaló que “habría suficientes” para todos aquellos que quieran manifestarse el 28 de noviembre y para darnos cuenta de la desmesura, el despropósito y la intención, basta recordar que en Ahome durante la pasada elección el INE se instalaron 650 casillas para recolectar los votos.
Y sexto, o sea, la consulta está diseñada bajo el principio de “quien hace la consulta hace la trampa”, pues define cual es el sector que más interesa que participe y de esa manera perversamente se deja en minoría a quienes serán directamente afectados como es el caso de los pueblos originarios que han elevado su voz por la negativa y se han amparado contra el proyecto.
Interesa legitimar la consulta mediante la consulta misma y con los que quieran participar, es decir, si el día de la consulta asiste un cinco o un 10 por ciento de las personas en condición de manifestarse es suficiente para legitimarla, aunque dado el interés expresado por los convocantes de la conferencia de prensa, no hay que descartar la movilización de sufragantes por el “sí”, en tanto, eso sucede, activistas ambientalistas de Ahome, Culiacán y Mazatlán, se han acercado al Congreso del Estado, para denunciar la ilegalidad de la consulta y buscar apoyo y para este viernes 19 de noviembre hay una convocatoria para movilizarse en Los Mochis.
Esto, ocurre, en medio de amenazas de muerte, contra miembros del colectivo ambientalista “Aquí no” de Topolobampo que es la parte siniestra de esta operación contra el humedal que busca legitimarse con la consulta y, por encima de los seis amparos, que existen ante las instancias jurisdiccionales del país.
En definitiva, Aquí ¡no!
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