Boletín
Chilpancingo, Gro.- El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, con el propósito de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos mediante la adopción del modelo social y de derechos, la eliminación de barreras estructurales y de accesibilidad, así como su plena inclusión y participación en todas las esferas de la vida pública.
Durante la exposición de motivos, el legislador afirmó que la propuesta busca cambiar la visión actual sobre la discapacidad, dejando atrás enfoques asistenciales para avanzar hacia un modelo basado en la justicia, la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad de las personas. Señaló que más de 50 mil guerrerenses continúan enfrentando obstáculos sociales, institucionales y burocráticos que les impiden ejercer plenamente sus derechos.
Parra García refirió que la iniciativa plantea una actualización profunda de la legislación vigente, retomando estándares internacionales y nacionales, así como el modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, se propone reconocer expresamente la discapacidad intelectual y psicosocial; redefinir el concepto de discapacidad bajo criterios internacionales; establecer la obligación de garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios y servicios; prohibir el lenguaje discriminatorio en normas y actos oficiales; e incorporar a personas indígenas y afromexicanas con discapacidad como población sujeta a protección reforzada.
Asimismo, fortalece la participación ciudadana al contemplar la intervención activa de colectivos, especialistas y la academia en los procesos de consulta, diseño, evaluación y supervisión de políticas públicas. Además, incorpora obligaciones específicas para instituciones públicas y privadas en materia de ajustes razonables, accesibilidad digital, infraestructura urbana, transporte y servicios esenciales.
La propuesta plantea garantizar derechos fundamentales a través de la educación inclusiva y adaptada; transporte accesible; empleo equitativo; mecanismos de supervisión y rendición de cuentas; monitoreo ciudadano; consulta previa vinculante; y sanciones ejemplares para quienes incumplan las obligaciones establecidas en la ley.
El diputado Jesús Parra subrayó que legislar a favor de las personas con discapacidad no es un acto de voluntad, sino un deber constitucional y moral. Para cumplir con esta obligación, es necesario seguir trabajando en una legislación que busque pasar de la invisibilidad a la plena dignidad, y de la simulación a una verdadera política pública de inclusión.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad para su análisis y dictaminación.
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